El partido se sentará en el banquillo por supuesta financiación con fondos de la Generalitat
PERE RÍOS - Barcelona
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se sentará en el banquillo de los acusados por haberse financiado supuestamente con fondos públicos de la Generalitat destinados a la formación de parados. El fiscal considera que el partido de Josep Antoni Duran i Lleida debe responder como responsable civil subsidiario de los hechos por la supuesta malversación de 595.972 euros procedentes de las subvenciones que concedía el Departamento de Trabajo y que supuestamente se desviaron para financiar el partido democristiano.
La fiscalía realiza estas consideraciones en el escrito de acusación presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que investiga el caso desde 1999. El fiscal Fernando Rodríguez Rey acusa a seis personas de los delitos de malversación, cohecho y falsedad y solicita para ellas penas que suman entre siete y 11 años de cárcel. Cinco de los acusados eran militantes de Unió cuando se produjo el supuesto desvío del dinero para el partido, entre 1994 y 1996. Uno de ellos es Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió de 1992 a 1996 y secretario de relaciones institucionales de 1997 a 1999.
El fiscal solicita para él 11 años de cárcel y multa de un millón y medio de euros y que podría ascender a tres millones y medio si, de manera alternativa, se rechaza el delito continuado de malversación y se considera que cometió un delito de fraude de subvenciones. Para la fiscalía existió "un mutuo acuerdo" entre los cargos del Departamento de Trabajo, cuyo titular era entonces el democristiano Ignasi Farreras, con el fin de desviar el 10% de las subvenciones públicas que recibían las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols para formar parados. Según el fiscal, Gavaldà "jugó un papel decisivo" en la trama supuestamente delictiva y que "actuó procurando vías de financiación para las actividades y gastos de UDC".
Otra de las acusadas es Dolors Llorens, miembro del comité de gobierno del partido y que fue directora de Empleo de la Generalitat entre 1993 y 1990. También están acusados los todavía militantes de Unió Santiago Vallvé, Lluís Gavaldà y Maria Cruz Guerrero, que se dio de baja en 1998 y que es esposa de Fidel Pallerols , propietario de las tres empresas que recibieron las subvenciones y para quien el fiscal solicita 10 años de cárcel. El fiscal asegura que fue él "quien personalmente mantenía los contactos, acordaba cantidades, y ejecutaba el contenido de los acuerdos entablados entre todos los acusados".
El fiscalía considera que el dinero desviado se empleó para comprar material de oficina e informática para las sedes del partido o bien para pagar las nóminas de las empresas que estaban en nómina de las empresas beneficiarias pero que simplemente eran militantes de Unió.
El ministerio público cuantifica el perjuicio causado a las arcas públicas en 595.972 euros más intereses y entiende que deben abonarlo Vicenç Gavaldà y Santiago Vallvé, pero en caso de que se declaren insolventes se pide que Unió responda como responsable civil subsidiario. Y si se rechazara esa pretensión, el fiscal pide que el partido de Duran sea declarado partícipe a título lucrativo y abone 197.284 euros por el dinero del que se benefició.
Unió niega que se haya financiado con el 'caso Pallerols'
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha comunicado a través de un breve comunicado que no se financió a través del "caso Pallerols" y ha subrayado que no ha sido parte en este proceso judicial.
Aunque Unió ha rechazado pronunciarse en profundidad hasta que no se le notifique oficialmente, sí ha querido dejar claro que no ha recibido "ninguna financiación de las actuaciones que se derivan de este caso" y ha recordado que "Unió nunca ha sido parte en este proceso a lo largo de más de once años de instrucción".
elpaís.com
La fiscalía realiza estas consideraciones en el escrito de acusación presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que investiga el caso desde 1999. El fiscal Fernando Rodríguez Rey acusa a seis personas de los delitos de malversación, cohecho y falsedad y solicita para ellas penas que suman entre siete y 11 años de cárcel. Cinco de los acusados eran militantes de Unió cuando se produjo el supuesto desvío del dinero para el partido, entre 1994 y 1996. Uno de ellos es Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió de 1992 a 1996 y secretario de relaciones institucionales de 1997 a 1999.
El fiscal solicita para él 11 años de cárcel y multa de un millón y medio de euros y que podría ascender a tres millones y medio si, de manera alternativa, se rechaza el delito continuado de malversación y se considera que cometió un delito de fraude de subvenciones. Para la fiscalía existió "un mutuo acuerdo" entre los cargos del Departamento de Trabajo, cuyo titular era entonces el democristiano Ignasi Farreras, con el fin de desviar el 10% de las subvenciones públicas que recibían las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols para formar parados. Según el fiscal, Gavaldà "jugó un papel decisivo" en la trama supuestamente delictiva y que "actuó procurando vías de financiación para las actividades y gastos de UDC".
Otra de las acusadas es Dolors Llorens, miembro del comité de gobierno del partido y que fue directora de Empleo de la Generalitat entre 1993 y 1990. También están acusados los todavía militantes de Unió Santiago Vallvé, Lluís Gavaldà y Maria Cruz Guerrero, que se dio de baja en 1998 y que es esposa de Fidel Pallerols , propietario de las tres empresas que recibieron las subvenciones y para quien el fiscal solicita 10 años de cárcel. El fiscal asegura que fue él "quien personalmente mantenía los contactos, acordaba cantidades, y ejecutaba el contenido de los acuerdos entablados entre todos los acusados".
El fiscalía considera que el dinero desviado se empleó para comprar material de oficina e informática para las sedes del partido o bien para pagar las nóminas de las empresas que estaban en nómina de las empresas beneficiarias pero que simplemente eran militantes de Unió.
El ministerio público cuantifica el perjuicio causado a las arcas públicas en 595.972 euros más intereses y entiende que deben abonarlo Vicenç Gavaldà y Santiago Vallvé, pero en caso de que se declaren insolventes se pide que Unió responda como responsable civil subsidiario. Y si se rechazara esa pretensión, el fiscal pide que el partido de Duran sea declarado partícipe a título lucrativo y abone 197.284 euros por el dinero del que se benefició.
Unió niega que se haya financiado con el 'caso Pallerols'
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha comunicado a través de un breve comunicado que no se financió a través del "caso Pallerols" y ha subrayado que no ha sido parte en este proceso judicial.
Aunque Unió ha rechazado pronunciarse en profundidad hasta que no se le notifique oficialmente, sí ha querido dejar claro que no ha recibido "ninguna financiación de las actuaciones que se derivan de este caso" y ha recordado que "Unió nunca ha sido parte en este proceso a lo largo de más de once años de instrucción".
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