* Analiza los pagos a las productoras del gestor de Nadal y del pariente de Munar
* Denuncia que manipulaban sus cuentas para 'hacerlas encajar con la subvención'
* Denuncia que manipulaban sus cuentas para 'hacerlas encajar con la subvención'
Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma
Tras analizar uno a uno todos los contratos públicos que el Consell de UM otorgó a dedo a Video U y sus empresas satélite, las productoras de televisión controladas por el gestor de Nadal y el entorno familiar de Maria Antònia Munar, la Policía ha llegado a la conclusión de que existen poderosos indicios de que se falseron gastos millonarios para justificar un uso irreal del dinero público.
Según recogen los informes policiales, "hinchando y deshinchando facturas a conveniencia" para hacer coincidir gastos con los 4,3 millones de euros que percibieron en forma de subvenciones nominativas para teóricamente realizar programas en Televisió de Mallorca, la cadena pública que creó Munar mientras ella era presidenta del Consell y Nadal ocupaba la vicepresidencia (2003-2007).
Entre las conclusiones que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha puesto sobre la mesa del Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma que investiga el asunto se puede leer: "Se han detectado enmiendas en facturación justificativa de las subvenciones que podrían responder a rectificaciones contables para ajustar los gastos a la subvención dada". Lo que, prosigue la Policía, "podría representar una presunta manipulación [de las cuentas] con ánimo defraudatorio".
Especialmente "habida cuenta de que se dejaba al arbitrio de las sociedades partícipes del grupo [empresarial que acaparaba las subvenciones] la elaboración de las mismas sin ningún tipo de cortapisa o fiscalización". Sin control por parte del organismo público.
La Sindicatura de Cuentas ya denunció que en expedientes en los que se habían entregado hasta 270.000 euros públicos en un solo pago y siempre sin publicidad o posibilidad de competencia no halló en los originales las facturas que justificasen ese gasto. Algo que reitera la Policía. Tras registrar la sede de la productora investigada y de todo el entramado empresarial en el que está integrada (Video U comparte sede y accionariado con otras empresas del ramo regadas con dinero público) y requisar en el Consell los expedientes, la Policía desglosa pago a pago en un informe de 150 páginas aportado al sumario judicial.
Los retoques
Al rastrear, por ejemplo, el uso de 90.000 euros públicos que Bahía Difusión (empresa fusionada con Video U) recibió del Consell para la emisión de un programa, los investigadores han hallado facturas "con la anotación manuscrita anulada, siendo sustituidas por otras de fecha y número idénticos pero de menor cuantía". Según la Policía, "las facturas se hinchaban o deshinchaban a conveniencia del autor de la misma".
De tal forma que "un servicio que en una primera versión se dijo que había costado 50.107,45 euros en la segunda versión pasaba a costar 36.107,76". 14.000 euros menos por "idéntico concepto". En otros casos se inflaron facturas. Para los especialistas policiales en blanqueo de capitales esta "arbitrariedad cobra luz" al comprobar que la suma de las nuevas cantidades facturadas da como resultado "la cantidad exacta de la subvención". Esta práctica, "una ocultación de lo evidente", se asume en las conclusiones policiales como mecánica recurrente. "Se manipulaba, se usaba la fórmula de ensayo y error para cuadrar las cuentas y hacerlas encajar exactamente en el capital provisto para la subvención".
La Policía pone sistemáticamente en duda la veracidad del destino del dinero y denuncia que en numerosas ocasiones se firmaba la subvención antes de que los técnicos de fiscalización hubieran siquiera elaborado sus informes. Toma como ejemplo para ello varios pagos ordenados por la propia presidenta Maria Antònia Munar en los que asegura haber atendido al informe de fiscalización cuando éste fue emitido con posterioridad.
En uno de esos casos, revela la Policía, se han hallado dos borradores de concesión de subvención. Uno sin firmar y fechado el 8 de julio. Otro "firmado por la presidenta pero dejando en blanco la casilla correspondiente al día de la firma". ¿Por qué motivo?, se pregunta la Policía. "La respuesta viene dada por el informe de fiscalización, que no fue elevado hasta el 21 de julio, por lo que se redactó la proposición sin contar con éste". En otro expediente el informe de Munar se firmó días antes de los informes técnicos pese a que en él decía que los había atendido.
Además
* Opinión: La corrupción que nos ahoga, por Tomás Bordoy
* Dejaron por escrito que UM controlaba la mesa de contratación
* Los testaferros de UM exigían con amenazas 3 millones
elmundo.es
Según recogen los informes policiales, "hinchando y deshinchando facturas a conveniencia" para hacer coincidir gastos con los 4,3 millones de euros que percibieron en forma de subvenciones nominativas para teóricamente realizar programas en Televisió de Mallorca, la cadena pública que creó Munar mientras ella era presidenta del Consell y Nadal ocupaba la vicepresidencia (2003-2007).
Entre las conclusiones que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha puesto sobre la mesa del Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma que investiga el asunto se puede leer: "Se han detectado enmiendas en facturación justificativa de las subvenciones que podrían responder a rectificaciones contables para ajustar los gastos a la subvención dada". Lo que, prosigue la Policía, "podría representar una presunta manipulación [de las cuentas] con ánimo defraudatorio".
Especialmente "habida cuenta de que se dejaba al arbitrio de las sociedades partícipes del grupo [empresarial que acaparaba las subvenciones] la elaboración de las mismas sin ningún tipo de cortapisa o fiscalización". Sin control por parte del organismo público.
La Sindicatura de Cuentas ya denunció que en expedientes en los que se habían entregado hasta 270.000 euros públicos en un solo pago y siempre sin publicidad o posibilidad de competencia no halló en los originales las facturas que justificasen ese gasto. Algo que reitera la Policía. Tras registrar la sede de la productora investigada y de todo el entramado empresarial en el que está integrada (Video U comparte sede y accionariado con otras empresas del ramo regadas con dinero público) y requisar en el Consell los expedientes, la Policía desglosa pago a pago en un informe de 150 páginas aportado al sumario judicial.
Los retoques
Al rastrear, por ejemplo, el uso de 90.000 euros públicos que Bahía Difusión (empresa fusionada con Video U) recibió del Consell para la emisión de un programa, los investigadores han hallado facturas "con la anotación manuscrita anulada, siendo sustituidas por otras de fecha y número idénticos pero de menor cuantía". Según la Policía, "las facturas se hinchaban o deshinchaban a conveniencia del autor de la misma".
De tal forma que "un servicio que en una primera versión se dijo que había costado 50.107,45 euros en la segunda versión pasaba a costar 36.107,76". 14.000 euros menos por "idéntico concepto". En otros casos se inflaron facturas. Para los especialistas policiales en blanqueo de capitales esta "arbitrariedad cobra luz" al comprobar que la suma de las nuevas cantidades facturadas da como resultado "la cantidad exacta de la subvención". Esta práctica, "una ocultación de lo evidente", se asume en las conclusiones policiales como mecánica recurrente. "Se manipulaba, se usaba la fórmula de ensayo y error para cuadrar las cuentas y hacerlas encajar exactamente en el capital provisto para la subvención".
La Policía pone sistemáticamente en duda la veracidad del destino del dinero y denuncia que en numerosas ocasiones se firmaba la subvención antes de que los técnicos de fiscalización hubieran siquiera elaborado sus informes. Toma como ejemplo para ello varios pagos ordenados por la propia presidenta Maria Antònia Munar en los que asegura haber atendido al informe de fiscalización cuando éste fue emitido con posterioridad.
En uno de esos casos, revela la Policía, se han hallado dos borradores de concesión de subvención. Uno sin firmar y fechado el 8 de julio. Otro "firmado por la presidenta pero dejando en blanco la casilla correspondiente al día de la firma". ¿Por qué motivo?, se pregunta la Policía. "La respuesta viene dada por el informe de fiscalización, que no fue elevado hasta el 21 de julio, por lo que se redactó la proposición sin contar con éste". En otro expediente el informe de Munar se firmó días antes de los informes técnicos pese a que en él decía que los había atendido.
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