Escrito por Carmen Echarri La obra de las torres del Hacho, en el punto de mira.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha considerado como “un motivo de garantía” la determinación del Tribunal de Cuentas de investigar la denuncia que el pasado mes de julio interpusiera CCOO por una presunta malversación de fondos en la obra desarrollada en las torres del Hacho. Así lo ha indicado en declaraciones a ‘El Faro’ ya que, considera, dicha investigación permitirá “demostrar ante este órgano que se ha actuado de manera correcta”.
Lo manifestado por Vivas sigue la misma línea que mostrara pública el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, después de conocer la decisión del Tribunal de Cuentas de dar traslado a la Sección de Enjuiciamiento de la denuncia contra Emvicesa y la constructora Acciona por esas presuntas irregularidades en la gestión llevada a cabo en el complejo de viviendas.
Para Márquez la decisión del órgano judicial económico es la normal en una situación como la que les ocupa, donde se le pone en conocimientos unos hechos determinados. De hecho dijo estar convencido de que al final de todo este procedimiento se demostrará que los fondos públicos utilizados para la construcción de las viviendas de la promoción del Monte Hacho se emplearon bien y no quedará más remedio que “cerrar la causa abierta con la denuncia de Comisiones Obreras”.
Tal y como publicara este medio la semana pasada, en el auto dictado por el tribunal se ordena que la Sección de Enjuiciamiento nombre a un delegado instructor para que investigue el asunto al objeto de conocer si pudiera haber existido alguna irregularidad tal y como mantiene el sindicato.
Ahora se abre el periodo de investigación que puede derivar en la ratificación de lo que sospecha CCOO, o en el archivo de las actuaciones.
En sus razonamientos jurídicos que han dado forma al auto emitido por el tribunal se considera que se está ante unos hechos que podrían ser “constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos, al haberse podido originar un perjuicio patrimonial a los fondos públicos por lo que resultaría procedente, en consonancia con lo aducido, que se nombre un delegado instructor”, señala. Todo ello con el objetivo de que éste “practique cuantas diligencias sean a su juicio precisas para averiguar y analizar siempre con carácter previo y provisional los hechos y documentos de que se trate y, si estima que de los mismos se desprenden indicios racionales de responsabilidad contable por alcance, proceder a su cuantificación y a la determinación de los presuntos responsables”.
Para el secretario general de CCOO esos “presuntos responsables” son, en primera instancia, los máximos responsables de Emvicesa, para después señalar también a la constructora Acciona que se encargó del desarrollo de las obras en el Hacho. En los fundamentos jurídicos que dan pie a esta decisión se hace constar la apreciación del Ministerio Fiscal que considera que los hechos denunciados pueden ser susceptibles “de suponer un menoscabo patrimonial”.
elfarodeceuta.es
Lo manifestado por Vivas sigue la misma línea que mostrara pública el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, después de conocer la decisión del Tribunal de Cuentas de dar traslado a la Sección de Enjuiciamiento de la denuncia contra Emvicesa y la constructora Acciona por esas presuntas irregularidades en la gestión llevada a cabo en el complejo de viviendas.
Para Márquez la decisión del órgano judicial económico es la normal en una situación como la que les ocupa, donde se le pone en conocimientos unos hechos determinados. De hecho dijo estar convencido de que al final de todo este procedimiento se demostrará que los fondos públicos utilizados para la construcción de las viviendas de la promoción del Monte Hacho se emplearon bien y no quedará más remedio que “cerrar la causa abierta con la denuncia de Comisiones Obreras”.
Tal y como publicara este medio la semana pasada, en el auto dictado por el tribunal se ordena que la Sección de Enjuiciamiento nombre a un delegado instructor para que investigue el asunto al objeto de conocer si pudiera haber existido alguna irregularidad tal y como mantiene el sindicato.
Ahora se abre el periodo de investigación que puede derivar en la ratificación de lo que sospecha CCOO, o en el archivo de las actuaciones.
En sus razonamientos jurídicos que han dado forma al auto emitido por el tribunal se considera que se está ante unos hechos que podrían ser “constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos, al haberse podido originar un perjuicio patrimonial a los fondos públicos por lo que resultaría procedente, en consonancia con lo aducido, que se nombre un delegado instructor”, señala. Todo ello con el objetivo de que éste “practique cuantas diligencias sean a su juicio precisas para averiguar y analizar siempre con carácter previo y provisional los hechos y documentos de que se trate y, si estima que de los mismos se desprenden indicios racionales de responsabilidad contable por alcance, proceder a su cuantificación y a la determinación de los presuntos responsables”.
Para el secretario general de CCOO esos “presuntos responsables” son, en primera instancia, los máximos responsables de Emvicesa, para después señalar también a la constructora Acciona que se encargó del desarrollo de las obras en el Hacho. En los fundamentos jurídicos que dan pie a esta decisión se hace constar la apreciación del Ministerio Fiscal que considera que los hechos denunciados pueden ser susceptibles “de suponer un menoscabo patrimonial”.
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