Una juez ha encargado un informe pericial sobre la contabilidad de la empresa Obras Hidráulicas de Levante, propiedad de Francisco Artacho, cuñado del edil del PP de Calp Juan Roselló, para establecer por qué causas Aguas de Calpe le adjudicó en 2004 la renovación de la red de agua en el municipio por 3,3 millones cuando, según la Consejería de Comercio, sólo costaban 2,2 millones. El paso debe desmadejar la complicada trama financiera de un caso que estalló cuando el PP gobernaba Calp con mayoría absoluta: la mercantil de Artacho subcontrató las obras a otra firma, Montubo, que ejecutó los trabajos, supuestamente por 2,4 millones.
La prueba pericial pretende dictaminar qué sucedió con el resto del dinero y qué empresas se repartieron los presuntos sobrecostes de la obra. En el caso están imputados Roselló -que sigue en el gobierno local- Artacho y el dueño de Montubo, Salvador Ibarra.
Ayer declaró ante la juez de Dénia que instruye el caso el principal funcionario municipal vinculado al proyecto, Juan Cervantes. Semanas antes de la adjudicación, Cervantes redactó cinco informes a la medida de Obras Hidráulicas para que se quedara con las obras. Pero además, en una declaración anterior ante la juez, Ibarra situó al funcionario en una reunión en Zaragoza en febrero de 2004 en la que Artacho le ofreció ejecutar las actuaciones cuando éstas aún no se habían adjudicado.
Cervantes negó que hubiera influido en la adjudicación de los trabajos y que tuviera información sobre la trama. Y añadió que se limitó a cumplir con tareas administrativas y a supervisar las obras. La falta de datos aportados por el técnico motiva que el informe pericial solicitado por la juez tenga sea ahora vital para esclarecer la trama.
elpaís.com
La prueba pericial pretende dictaminar qué sucedió con el resto del dinero y qué empresas se repartieron los presuntos sobrecostes de la obra. En el caso están imputados Roselló -que sigue en el gobierno local- Artacho y el dueño de Montubo, Salvador Ibarra.
Ayer declaró ante la juez de Dénia que instruye el caso el principal funcionario municipal vinculado al proyecto, Juan Cervantes. Semanas antes de la adjudicación, Cervantes redactó cinco informes a la medida de Obras Hidráulicas para que se quedara con las obras. Pero además, en una declaración anterior ante la juez, Ibarra situó al funcionario en una reunión en Zaragoza en febrero de 2004 en la que Artacho le ofreció ejecutar las actuaciones cuando éstas aún no se habían adjudicado.
Cervantes negó que hubiera influido en la adjudicación de los trabajos y que tuviera información sobre la trama. Y añadió que se limitó a cumplir con tareas administrativas y a supervisar las obras. La falta de datos aportados por el técnico motiva que el informe pericial solicitado por la juez tenga sea ahora vital para esclarecer la trama.
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