* El Partido Socialista rebaja el caso a un intento de estafa de Mellet y Ponce
* Deja así fuera del caso al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas
Sebastián Torres | Sevilla
El Partido Socialista sostiene en su querella por el 'caso Mercasevilla' que el ex director general del mercado de mayoristas, Fernando Mellet, y el ex subdirector, Daniel Ponce, pedían comisiones ilegales a empresarios de forma habitual, pero no por encargo de la Junta de Andalucía. De ese modo, reduce el escándalo a un mero intento de estafa por parte de los dos ex directivos y deja fuera del caso al delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla y dirigente del PSOE, Antonio Rivas.
En esta querella, notificada a las partes, el PSOE sugiere que la petición de comisiones ilegales a los dueños del restaurante La Raza no son un hecho aislado sino que, «al parecer, tal proceder de los querellados [Mellet y Ponce] venía siendo la norma frecuente con otras empresas y diversos motivos; es decir, los querellados han podido venir solicitando o exigiendo el pago de donaciones en metálico y por distintas cuantías a otras personas, empresas o profesionales, siempre a cambio de obtener de la empresa pública Mercasevilla la materialización de contrataciones, colaboraciones mercantiles o trabajos profesionales». En esta línea, el PSOE aprecia la existencia de un «modus operandi o pauta de comportamiento generalizado por parte de Mellet y Ponce».
El 'caso Mercasevilla' estalló a raíz de una grabación realizada por los dueños del restaurante La Raza en la que Mellet y Ponce, presuntamente, les exigían 450.000 euros de comisión ilegal o «donación» a cambio de entregarles los 900.000 euros de una subvención concedida por la Consejería de Empleo -y de la que Mercasevilla era intermediaria- para una escuela de hostelería.
Petición 'desorbitada y descomunal'
Dice la querella del PSOE que esta petición económica es «desorbitada y descomunal» por su cuantía y su exigencia «descabellada» y considera que al declarar Mellet y Ponce que actuaban por imperativo del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, estaban «tratando de manera burda de ‘oficializar’ o ‘dar legitimidad o autoridad’ a la contraprestación».
El PSOE considera estos hechos constitutivos de un presunto delito de estafa en grado de tentativa ya que «la comisión solicitada nunca llegó a cobrarse», sin referirse en ningún momento al cohecho. No obstante, considera a Mellet y a Ponce la condición de autoridad o funcionario público, por lo que considera que los querellados deberían ser inhabilitados para empleo o cargo público.
Además
* Rivas declara que Mellet lo inculpó por presiones de terceros
* Los escándalos frenan el plan de prejubilaciones
* La juez imputa a tres altos cargos de Sando
elmundo.es
En esta querella, notificada a las partes, el PSOE sugiere que la petición de comisiones ilegales a los dueños del restaurante La Raza no son un hecho aislado sino que, «al parecer, tal proceder de los querellados [Mellet y Ponce] venía siendo la norma frecuente con otras empresas y diversos motivos; es decir, los querellados han podido venir solicitando o exigiendo el pago de donaciones en metálico y por distintas cuantías a otras personas, empresas o profesionales, siempre a cambio de obtener de la empresa pública Mercasevilla la materialización de contrataciones, colaboraciones mercantiles o trabajos profesionales». En esta línea, el PSOE aprecia la existencia de un «modus operandi o pauta de comportamiento generalizado por parte de Mellet y Ponce».
El 'caso Mercasevilla' estalló a raíz de una grabación realizada por los dueños del restaurante La Raza en la que Mellet y Ponce, presuntamente, les exigían 450.000 euros de comisión ilegal o «donación» a cambio de entregarles los 900.000 euros de una subvención concedida por la Consejería de Empleo -y de la que Mercasevilla era intermediaria- para una escuela de hostelería.
Petición 'desorbitada y descomunal'
Dice la querella del PSOE que esta petición económica es «desorbitada y descomunal» por su cuantía y su exigencia «descabellada» y considera que al declarar Mellet y Ponce que actuaban por imperativo del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, estaban «tratando de manera burda de ‘oficializar’ o ‘dar legitimidad o autoridad’ a la contraprestación».
El PSOE considera estos hechos constitutivos de un presunto delito de estafa en grado de tentativa ya que «la comisión solicitada nunca llegó a cobrarse», sin referirse en ningún momento al cohecho. No obstante, considera a Mellet y a Ponce la condición de autoridad o funcionario público, por lo que considera que los querellados deberían ser inhabilitados para empleo o cargo público.
Además
* Rivas declara que Mellet lo inculpó por presiones de terceros
* Los escándalos frenan el plan de prejubilaciones
* La juez imputa a tres altos cargos de Sando
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario