Carmen Torres | Sevilla
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha alertado de nuevas irregularidades en un grupo de tres empresas dependientes de la Junta de Andalucía, que cometen diversas irregularidades.
Se trata de las sociedades mercantiles públicas Sandetel (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones), empresa matriz del grupo, y sus filiales Sadesi (Sociedad para el desarrollo de la Sociedad de la Información) y Citandalucía (Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía). Las tres dependen de las consejerías de Presidencia e Innovación, Ciencia y Empresa.
Las irregularidades se produjeron con Zarrías y Vallejo de consejeros de la Junta
La fiscalización realizada corresponde al ejercicio de 2007, cuando la responsabilidad política de su control recaía en el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, actual secretario de Estado de Cooperación Territorial, y el titular de Innovación, Francisco Vallejo, hoy diputado raso.
Según explica el informe, la actividad principal de la sociedad consiste en la realización de proyectos subvencionados por la Junta de Andalucía y convenios de colaboración suscritos con la Comisión Europea encaminados a potenciar la difusión y el intercambio de tecnologías.
En esta labor, ninguna de ellas tiene definido en su organigrama un puesto de trabajo destinado a las funciones de auditoría y control interno que garantice un adecuado funcionamiento de los sistemas de control administrativo y contable.
La forma de inyectar dinero utilizada incumple la Ley de PresupuestosTampoco cuentan con un sistema de gestión de inventario general que permita el control físico de sus activos ni existe ningúna elección de personal que garantice el acceso al puesto de trabajo según los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En este sentido, también destaca el hecho de que seis de los 35 empleados de Citanadalucía y uno de Sandetel presten su servicio permanente en y para la Consejería, lo que supondría una contratación encubierta de la misma.
A esas irregularidades se suma un clásico en la Administración: el fraccionamiento de servicios y obras para evitar un concurso público y adjudicar los contratos ‘a dedo’. Así lo ha constatado la Cámara de Cuentas, que ha detectado varios pagos a un mismo proveedor en un mismo ejercicio que superan los 30.050 euros que obligan a convocar un concurso público según la ley.
El año pasado, las 146 empresas públicas costaron 3.130 millones de eurosConcursos amañados
«Por otra parte, se han detectado contratos para los que, con independencia del procedimiento de contratación utilizado por la empresa, existía indicación expresa por parte la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa del tercero que debía resultar adjudicatario», subraya el informe.
La Cámara de Cuentas también advierte de posibles infracciones en la Ley de Presupuestos por la forma de inyectar dinero de la Junta en las empreas. Entre otras, las irregularidades radican en el uso de ‘subvenciones’ en vez de transferencias corrientes para pagar gasto corriente y de personal; problemas de liquidez y superación del límite legal del coste de las actuaciones encargadas por la Junta de Andalucía, en el que incluyen la totalidad de los gastos generales y corporativos.
Tras conocer estos datos, el PP anunció ayer que pedirá que el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, y el titular de Presidencia, Antonio Ávila, comparezcan en el pleno del Parlamento andaluz para que expliquen y den cuenta sobre las «gravísimas irregularidades contables, laborales y de contratación» detectadas.
elmundo.es
Se trata de las sociedades mercantiles públicas Sandetel (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones), empresa matriz del grupo, y sus filiales Sadesi (Sociedad para el desarrollo de la Sociedad de la Información) y Citandalucía (Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía). Las tres dependen de las consejerías de Presidencia e Innovación, Ciencia y Empresa.
Las irregularidades se produjeron con Zarrías y Vallejo de consejeros de la Junta
La fiscalización realizada corresponde al ejercicio de 2007, cuando la responsabilidad política de su control recaía en el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, actual secretario de Estado de Cooperación Territorial, y el titular de Innovación, Francisco Vallejo, hoy diputado raso.
Según explica el informe, la actividad principal de la sociedad consiste en la realización de proyectos subvencionados por la Junta de Andalucía y convenios de colaboración suscritos con la Comisión Europea encaminados a potenciar la difusión y el intercambio de tecnologías.
En esta labor, ninguna de ellas tiene definido en su organigrama un puesto de trabajo destinado a las funciones de auditoría y control interno que garantice un adecuado funcionamiento de los sistemas de control administrativo y contable.
La forma de inyectar dinero utilizada incumple la Ley de PresupuestosTampoco cuentan con un sistema de gestión de inventario general que permita el control físico de sus activos ni existe ningúna elección de personal que garantice el acceso al puesto de trabajo según los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En este sentido, también destaca el hecho de que seis de los 35 empleados de Citanadalucía y uno de Sandetel presten su servicio permanente en y para la Consejería, lo que supondría una contratación encubierta de la misma.
A esas irregularidades se suma un clásico en la Administración: el fraccionamiento de servicios y obras para evitar un concurso público y adjudicar los contratos ‘a dedo’. Así lo ha constatado la Cámara de Cuentas, que ha detectado varios pagos a un mismo proveedor en un mismo ejercicio que superan los 30.050 euros que obligan a convocar un concurso público según la ley.
El año pasado, las 146 empresas públicas costaron 3.130 millones de eurosConcursos amañados
«Por otra parte, se han detectado contratos para los que, con independencia del procedimiento de contratación utilizado por la empresa, existía indicación expresa por parte la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa del tercero que debía resultar adjudicatario», subraya el informe.
La Cámara de Cuentas también advierte de posibles infracciones en la Ley de Presupuestos por la forma de inyectar dinero de la Junta en las empreas. Entre otras, las irregularidades radican en el uso de ‘subvenciones’ en vez de transferencias corrientes para pagar gasto corriente y de personal; problemas de liquidez y superación del límite legal del coste de las actuaciones encargadas por la Junta de Andalucía, en el que incluyen la totalidad de los gastos generales y corporativos.
Tras conocer estos datos, el PP anunció ayer que pedirá que el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, y el titular de Presidencia, Antonio Ávila, comparezcan en el pleno del Parlamento andaluz para que expliquen y den cuenta sobre las «gravísimas irregularidades contables, laborales y de contratación» detectadas.
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