Un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos, incautado por la policía a un contable de Francisco Correa, delató a la trama corrupta
J. M. ROMERO - Madrid -
José Luis Izquierdo, administrativo con ciertos conocimientos de contabilidad, algunas acciones de Telefónica y una nómina mensual de 2.000 euros más un sobresueldo de 500, dedicó su última etapa profesional a trabajar a las órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la trama de corrupción masiva vinculada a gobiernos del PP. Izquierdo intentó poner orden en un caótico negocio formado por más de una decena de pequeñas empresas que generó unos beneficios de al menos 50 millones de euros en los últimos diez años.
Francisco CorreaA FONDO
Cuando el pasado 13 de febrero la policía se presentó en su despacho, en un edificio situado en el número 40 de la madrileña calle de Serrano, el contable de Correa guardó en una de sus manos un pequeño dispositivo de almacenamiento de datos (pen drive). No le sirvió de mucho, porque la policía descubrió el movimiento, requisó el pen drive y procedió a leer su contenido: 107 archivos que han puesto al PP contra las cuerdas en el mayor caso de corrupción que ha sufrido esta formación política en toda su historia.
Un diputado, un senador -y entonces tesorero del partido-, varios diputados autonómicos, un consejero del Gobierno madrileño, alcaldes y concejales de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León han sido imputados, han dimitido o están a punto de hacerlo ante las revelaciones del pequeño dispositivo de almacenamiento masivo de datos.
Los 107 archivos del pen drive resumían los 13 años de historia de la trama empresarial fundada por Francisco Correa en 1996. Durante todo este tiempo, Correa practicó supuestamente el cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el fraude fiscal para alimentar un negocio sobre el que José Luis Izquierdo intentaba llevar cierto control, informando a sus jefes de los ingresos y los gastos. Aunque, como el contable declaró a la policía, ignoraba en muchos casos el origen del dinero y sólo lo anotaba porque se lo mandaban. Izquierdo no preguntaba: hacía montones que iba guardando en distintas cajas de seguridad de sucursales bancarias repartidas por Madrid.
Tras ser detenido, la policía le interrogó en la tarde del pasado 13 de febrero. Fue una declaración larga en la que Izquierdo dejó sin contestar algunas preguntas pero respondió a otras que permitieron a los investigadores hacerse una primera idea de la trama de corrupción que habían desarticulado. Sus prácticas delictivas quedaron impresas en alguno de los 107 archivos que Izquierdo explicó a la policía.
- Pago de comisiones ilegales. El contable, por orden del número dos de la red, Pablo Crespo, anotó el pago de dinero a una decena de dirigentes del PP que tenían capacidad para adjudicar contratos millonarios. Entre ellos estaban el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas; el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo -ambos dimitieron de esos cargos después-, dos diputados autonómicos y cuatro alcaldes.
- Financiación irregular del partido. Varios apuntes delataban cobros en dinero B al PP por el montaje del congreso regional de Valencia, el 10 de diciembre de 2002; o por la organización de actos para los populares en las elecciones gallegas de 1997.
- Blanqueo de capitales. Izquierdo reflejó también el trasiego de grandes cantidades entre sociedades patrimoniales y algunos paraísos fiscales.
- Implicación de constructores. Al menos tres de los archivos analizados por la policía incluían el pago de cantidades importantes de dinero por constructoras a la trama corrupta.
Los datos almacenados en el pen drive que probaba la corrupción masiva vinculada al PP se correspondían con ingresos de las empresas de la trama que la policía ha logrado acreditar durante los 14 meses que ya dura esta investigación.
"Aquí tenemos un problema..."
Durante una conversación mantenida en la cárcel con su abogado el pasado 6 de marzo, el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se lamenta de su suerte. Es consciente de que, aunque se enroque y niegue todas las acusaciones, no puede borrar los cientos de datos sobre pagos en dinero negro que aparecen en el pen drive del contable de las empresas. "El puto pen drive, macho [...] Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo", dice Correa. El abogado coincide: "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. [El juez] Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno".
En ese archivo de memoria USB, que el contable José Luis Izquierdo trató de esconder cuando fue detenido, están registrados los ingresos de las distintas empresas de la red de Correa durante varios años, y también, con detalle, los supuestos pagos en comisiones ilegales realizados a políticos del PP que beneficiaban a esas empresas. Izquierdo, además, confirmó punto por punto esos datos en su declaración ante la policía primero y ante Garzón después. "Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo", le cuenta el abogado a Correa cuando están barruntando qué declararán los otros imputados al juez.
El letrado, a pesar de todo, mantiene una esperanza: que los sobornos revelados por el pen drive no puedan ser vinculados a favores concretos de los políticos sobornados. Si ese vínculo no se prueba, asegura, no hay delito.
elpaís.com
Un diputado, un senador -y entonces tesorero del partido-, varios diputados autonómicos, un consejero del Gobierno madrileño, alcaldes y concejales de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León han sido imputados, han dimitido o están a punto de hacerlo ante las revelaciones del pequeño dispositivo de almacenamiento masivo de datos.
Los 107 archivos del pen drive resumían los 13 años de historia de la trama empresarial fundada por Francisco Correa en 1996. Durante todo este tiempo, Correa practicó supuestamente el cohecho, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el fraude fiscal para alimentar un negocio sobre el que José Luis Izquierdo intentaba llevar cierto control, informando a sus jefes de los ingresos y los gastos. Aunque, como el contable declaró a la policía, ignoraba en muchos casos el origen del dinero y sólo lo anotaba porque se lo mandaban. Izquierdo no preguntaba: hacía montones que iba guardando en distintas cajas de seguridad de sucursales bancarias repartidas por Madrid.
Tras ser detenido, la policía le interrogó en la tarde del pasado 13 de febrero. Fue una declaración larga en la que Izquierdo dejó sin contestar algunas preguntas pero respondió a otras que permitieron a los investigadores hacerse una primera idea de la trama de corrupción que habían desarticulado. Sus prácticas delictivas quedaron impresas en alguno de los 107 archivos que Izquierdo explicó a la policía.
- Pago de comisiones ilegales. El contable, por orden del número dos de la red, Pablo Crespo, anotó el pago de dinero a una decena de dirigentes del PP que tenían capacidad para adjudicar contratos millonarios. Entre ellos estaban el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas; el consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo -ambos dimitieron de esos cargos después-, dos diputados autonómicos y cuatro alcaldes.
- Financiación irregular del partido. Varios apuntes delataban cobros en dinero B al PP por el montaje del congreso regional de Valencia, el 10 de diciembre de 2002; o por la organización de actos para los populares en las elecciones gallegas de 1997.
- Blanqueo de capitales. Izquierdo reflejó también el trasiego de grandes cantidades entre sociedades patrimoniales y algunos paraísos fiscales.
- Implicación de constructores. Al menos tres de los archivos analizados por la policía incluían el pago de cantidades importantes de dinero por constructoras a la trama corrupta.
Los datos almacenados en el pen drive que probaba la corrupción masiva vinculada al PP se correspondían con ingresos de las empresas de la trama que la policía ha logrado acreditar durante los 14 meses que ya dura esta investigación.
"Aquí tenemos un problema..."
Durante una conversación mantenida en la cárcel con su abogado el pasado 6 de marzo, el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se lamenta de su suerte. Es consciente de que, aunque se enroque y niegue todas las acusaciones, no puede borrar los cientos de datos sobre pagos en dinero negro que aparecen en el pen drive del contable de las empresas. "El puto pen drive, macho [...] Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo", dice Correa. El abogado coincide: "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. [El juez] Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno".
En ese archivo de memoria USB, que el contable José Luis Izquierdo trató de esconder cuando fue detenido, están registrados los ingresos de las distintas empresas de la red de Correa durante varios años, y también, con detalle, los supuestos pagos en comisiones ilegales realizados a políticos del PP que beneficiaban a esas empresas. Izquierdo, además, confirmó punto por punto esos datos en su declaración ante la policía primero y ante Garzón después. "Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo", le cuenta el abogado a Correa cuando están barruntando qué declararán los otros imputados al juez.
El letrado, a pesar de todo, mantiene una esperanza: que los sobornos revelados por el pen drive no puedan ser vinculados a favores concretos de los políticos sobornados. Si ese vínculo no se prueba, asegura, no hay delito.
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