miércoles, 21 de octubre de 2009

"CASO CAN DOMENGE"; MARÍA ANTONIA MUNAR, PRESIDENTA DE HONOR DE UNIÓ MALLORQUINA (UM), HA SIDO CITADA PARA DECLARAR

Imputada la presidenta del Parlamento balear por corrupción urbanística

ANDREU MANRESA - Palma

El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Javier Muñoz ha dictado hoy una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Maria Antònia Munar, presidenta del Parlamento balear, y al diputado del PP Fernando Rubio. El juez investiga el caso Can Domege, por posibles delitos de malversación de fondos, revelación de secretos oficiales y prevaricación en la adjudicación de unos terrenos de Palma para construir 600 viviendas. La operación la efectuó el Consell de Mallorca en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, con el apoyo del PP.

Fotografía de archivo del 11 de julio de 2009 de la presidenta del Parlamento balear, Maria Antónia Munar, imputada por un caso urbanístico.- EFE

Munar, presidenta fundadora de Unió Mallorquina (UM), es una de las figuras clave en la formación de las mayorías políticas con el PP desde los años 80. En las últimas legislaturas ha dado mayoría parlamentaria al PP encabezado por Jaume Matas y al PSOE liderado por Francesc Antich. En la causa de Can Domenge, por el último gran solar disponible en el centro de Palma, de 52.000 metros cuadrados, está imputado también Miquel Nadal, consejero de Turismo de Baleares y ex dirigente de Unió Mallorquina (UM). Nadal, ex vicepresidente del Consell, rechazó que vaya a dimitir del Gobierno de Baleares. Cuatro políticos de UM están encausados en este sumario.

El Consell premió la oferta inmobiliaria de 30 millones de las firmas Sacresa y Ferrá-Tur con un proyecto del arquitecto Jean Nouvel. Nadal, antes de convocar el concurso, se reunió con el ex consejero de la Generalitat Joan Maria Pujals (CIU), que representaba a Sacresa. La empresa Núñez y Navarro, que ofreció 60 millones al Consell, se querelló contra los políticos de la antigua mayoría de UM y PP que votaron la decisión.

Un juez de Palma fijó una fianza de 38,5 millones de euros para diversos políticos y empresarios que intervinieron en la toma de decisiones y trámites previos, entre ellos el actual presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; la empresa Sacrera y el político catalán Joan Maria Pujals.

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elpaís.com

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