Pide al instructor del Supremo que mantenga el secreto de sumario y que solicite al TSJ de Madrid algunas diligencias
Costa presenta el recurso contra el auto de José Flors
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas y número dos de los populares valencianos, Ricardo Costa, presentó ayer ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso de apelación que había anunciado contra el auto del magistrado instructor, José Flors. Costa se mostró convencido de que el resultado del proceso judicial determinará que las acusaciones que se vierten sobre los imputados «son injustificadas».
N. COLLI/ M. CONEJOS |MADRID/VALENCIA
En ese mismo escrito, y según informaron fuentes jurídicas, la Fiscalía pide al magistrado que reclame del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversas diligencias practicadas durante la investigación, y que se refieren directamente a Bárcenas y Merino. También solicita a Monterde que decrete el secreto de las actuaciones que se siguen por esta causa en el Tribunal Supremo.
La petición de la Fiscalía se produce después de que el pasado 25 de junio el Tribunal Supremo se declarara competente para investigar la vinculación de los dos aforados con la presunta trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa y dejara el resto de la investigación en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Recepción de cantidades
En aquella resolución el Supremo afirmaba respecto a Bárcenas que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso de Correa eran «indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas» por parte del senador, al que «se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis “el cabrón”».
Sobre Merino señalaba que «los indicios sobre la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente»: la documentación intervenida en el registro domiciliario de la «trama» y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como «grupo Correa», «en referencia a quien parece ser el principal responsable de un entramado de sociedades y empresas» que son investigadas por su participación en la obtención irregular e ilícita de contrataciones a cambio de pagos a funcionarios, así como por operaciones de blanqueo.
Sobre otros delitos apuntados en la exposición motivada remitida al Supremo por el instructor del TSJM, Antonio Pedreira, como la pertenencia a la «trama» o la participación de las aforados en el desvío de fondos típico del blanqueo, el alto Tribunal considera que no hay elementos que sustenten esta imputación.
Desde el PP, su portavoz en temas de Justicia, Federico Trillo, consideró que el escrito de la Fiscalía es «extemporáneo» y que no aporta nada nuevo. Considera que el Ministerio Público está siendo «utilizado como instrumento de propaganda política, «para hacer ruido», por lo que el partido se plantea pedir la comparecencia de Cándido Conde-Pumpido.
Por otra parte, y en relación con la pieza que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el portavoz del gobierno regional, Vicente Rambla, consideró ayer que se está realizando «un acecho y una caza y captura absolutamente desproporcionada y fuera de lugar» hacia el presidente, Francisco Camps.
«Echarse al monte»
Rambla acusó a los socialistas de haberse «echado al monte» por el boicot de varios actos del PP esta misma semana y lamentó esa «deriva radical». Sobre la situación procesal de Camps, el consejero Portavoz entiende que no se sentará en el banquillo y se mostró orgulloso de «la honradez y la capacidad de trabajo» del presidente valenciano. Rambla también puso en solfa el artículo 426 del Código Penal porque «genera indefinición jurídica al no fijar límites ni cuantías», aunque matizó que abrir un debate en torno a su revisión en estos momentos «podría llevar a malas interpretaciones».
ABC.ES
Costa presenta el recurso contra el auto de José Flors
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas y número dos de los populares valencianos, Ricardo Costa, presentó ayer ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso de apelación que había anunciado contra el auto del magistrado instructor, José Flors. Costa se mostró convencido de que el resultado del proceso judicial determinará que las acusaciones que se vierten sobre los imputados «son injustificadas».
N. COLLI/ M. CONEJOS |MADRID/VALENCIA
En ese mismo escrito, y según informaron fuentes jurídicas, la Fiscalía pide al magistrado que reclame del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversas diligencias practicadas durante la investigación, y que se refieren directamente a Bárcenas y Merino. También solicita a Monterde que decrete el secreto de las actuaciones que se siguen por esta causa en el Tribunal Supremo.
La petición de la Fiscalía se produce después de que el pasado 25 de junio el Tribunal Supremo se declarara competente para investigar la vinculación de los dos aforados con la presunta trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa y dejara el resto de la investigación en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Recepción de cantidades
En aquella resolución el Supremo afirmaba respecto a Bárcenas que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso de Correa eran «indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas» por parte del senador, al que «se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis “el cabrón”».
Sobre Merino señalaba que «los indicios sobre la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente»: la documentación intervenida en el registro domiciliario de la «trama» y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como «grupo Correa», «en referencia a quien parece ser el principal responsable de un entramado de sociedades y empresas» que son investigadas por su participación en la obtención irregular e ilícita de contrataciones a cambio de pagos a funcionarios, así como por operaciones de blanqueo.
Sobre otros delitos apuntados en la exposición motivada remitida al Supremo por el instructor del TSJM, Antonio Pedreira, como la pertenencia a la «trama» o la participación de las aforados en el desvío de fondos típico del blanqueo, el alto Tribunal considera que no hay elementos que sustenten esta imputación.
Desde el PP, su portavoz en temas de Justicia, Federico Trillo, consideró que el escrito de la Fiscalía es «extemporáneo» y que no aporta nada nuevo. Considera que el Ministerio Público está siendo «utilizado como instrumento de propaganda política, «para hacer ruido», por lo que el partido se plantea pedir la comparecencia de Cándido Conde-Pumpido.
Por otra parte, y en relación con la pieza que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el portavoz del gobierno regional, Vicente Rambla, consideró ayer que se está realizando «un acecho y una caza y captura absolutamente desproporcionada y fuera de lugar» hacia el presidente, Francisco Camps.
«Echarse al monte»
Rambla acusó a los socialistas de haberse «echado al monte» por el boicot de varios actos del PP esta misma semana y lamentó esa «deriva radical». Sobre la situación procesal de Camps, el consejero Portavoz entiende que no se sentará en el banquillo y se mostró orgulloso de «la honradez y la capacidad de trabajo» del presidente valenciano. Rambla también puso en solfa el artículo 426 del Código Penal porque «genera indefinición jurídica al no fijar límites ni cuantías», aunque matizó que abrir un debate en torno a su revisión en estos momentos «podría llevar a malas interpretaciones».
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