miércoles, 3 de junio de 2009

LOS ESPAÑOLES CREEN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SON LA INSTITUTCIÓN MÁS CORRUPTA

La percepción de la corrupción es menor en España que en la media de la UE

FERNANDO PEINADO - Madrid

Los españoles creen que los partidos políticos son el sector más afectado por la corrupción por delante de empresas, poder judicial o medios de comunicación, según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, que se ha hecho público esta mañana. Para los ciudadanos el grado de corrupción de los partidos es de 3,6 en una escala del 1 (nada corrupto) al 5 (extremadamente corrupto), según esta encuesta elaborada en España por Gallup mediante 602 entrevistas telefónicas entre noviembre y diciembre.

Informe de Transparencia Internacional
DOCUMENTO (PDF - 620,44Kb) - 03-06-2009

TI-España cree que las cuentas de los partidos son opacas, especialmente en el ámbito local, como ha señalado un reciente informe del Consejo de Europa. En especial, preocupa el alto grado de endeudamiento de los ayuntamientos. En 2005, las obligaciones con los bancos ascendían a cerca de 150 millones de euros. "Los partidos políticos son focos de corrupción. No puede tolerarse más tiempo esta situación y la sociedad civil debería hartarse", ha dicho Antonio Garrigues, patrono de la Fundación Ortega y Gasset en la presentación del estudio esta mañana en Madrid. En el resto del mundo, los partidos son también la institución más afectada por la corrupción. El Barómetro de TI entrevistó a 73.000 personas en 69 países.

El promedio de percepción de la corrupción es en España de 3,2, menor que el de la UE, que es de 3,4. Aunque la percepción de la corrupción ha disminuido tres décimas en España con respecto al último Barómetro de TI, de 2007, los responsables de esta ONG en España han precisado que la metodología se ha simplificado y actualmente se miden 6 sectores en lugar de 14. Se han suprimido instituciones como el ejército, que en el mundo desarrollado han dejado de tener una presencia social significativa, explicó Jesús Lizcano, presidente de TI-España, quien agregó que la bajada de la percepción de la corrupción depende de la época en que elaboró el estudio o de que los medios de comunicación destaquen hechos concretos de corrupción.

España ocupa el puesto 28 en un ranking de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de TI, otro conocido informe de TI, que a diferencia del Barómetro sólo mide la corrupción en el sector público. El país menos corrupto del mundo es Dinamarca, según ese estudio, cuya última edición fue publicada en 2008.

Las empresas son el segundo sector más corrupto

Las empresas se sitúan en el segundo lugar de las instituciones más corruptas, tanto en España (3,5) como en el resto del mundo (3,5), aunque el estudio se elaboró antes de que estallara el escándalo sobre los gastos injustificados en Westmister -en 2007 los parlamentos ocupaban la segunda posición- TI interpreta que es una prueba de que la corrupción es una enfermedad sistémica que afecta también a la sociedad civil. "La crisis financiera con las restricciones de crédito está propiciando que muchas empresas recurran a métodos corruptos para mantenerse a flote", ha manifestado Garrigues: "Una de las consecuencias de toda crisis, junto con el crecimiento del paro y de la inseguridad ciudadana, es el aumento de la corrupción".

Tras el sector privado se sitúa el Parlamento y los medios de comunicación (ambos con un 3,1) y el Poder Judicial y los funcionarios (3,0). Sobre las medidas del Gobierno para combatir la corrupción, el 44 por ciento de los encuestados las considera inefectivas, el 27 por ciento ni efectivas ni inefectivas y el 29 por ciento efectivas.

TI-España cree que la medida más eficaz para solucionar la corrupción es aumentar la transparencia y en ese sentido Lizcano recordó al Gobierno que España es uno de los cuatro países de la UE que aún no cuenta con una ley específica de acceso a la información, junto con Grecia, Luxemburgo y Chipre. Una ley de este tipo, que amplie el acceso a la información pública a cualquier ciudadano y limite los plazos de respuesta es un compromiso pendiente del Gobierno. El PSOE lo ha incluido en su programa electoral en las dos últimas campañas.

ELPAÍS.COM

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