viernes, 12 de junio de 2009

EL JUEZ DA CINCO DÍAS A CAMPS PARA REPLICAR A LA POLICÍA JUDICIAL


La investigación del 'caso Gürtel'

El instructor encargó a los agentes que contrastaran las declaraciones que hicieron ante él varios testigos

LYDIA GARRIDO - Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que investiga un supuesto delito de cohecho atribuido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, les ha dado un plazo de cinco días para que respondan al último informe aportado por la policía judicial.

* El Tribunal de Madrid ve indicios de delito fiscal y cohecho contra Bárcenas y Merino

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

El juez instructor de la trama valenciana del caso Gürtel, José Flors, pidió a la policía judicial que contrastara las declaraciones que han prestado ante él varios testigos con las que les tomaron previamente, en el marco de la investigación que desarrolló el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Además de éstos, también solicitó la misma prueba sobre las manifestaciones de Álvaro Pérez, responsable de la empresa Orange Market.

Álvaro Pérez, hombre en Valencia de Francisco Correa, cabecilla de una supuesta trama de corrupción vinculada al PP, declaró ante la policía y en la Audiencia Nacional antes de hacerlo en el TSJ. Su declaración en Valencia fue selectiva, ya que no respondió a la Fiscalía. Además de Pérez, imputado, han declarado testigos como el sastre José Tomás, la cajera de Milano y dos empleados de Forever Young, tiendas donde el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compró los trajes que le habría pagado la trama corrupta.

Los abogados de los cuatro imputados por cohecho, Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, buscaron hasta la saciedad las contradicciones de los testigos. Además, pusieron en duda la autenticidad de alguna documentación, y para salvar la situación el juez decidió acudir a la policía judicial.

ELPAÍS.COM

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