lunes, 27 de junio de 2011

LA FISCALÍA INVESTIGA EL DESVÍO DE 3,6 MILLONES EN LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE CÁDIZ

11 imputados y 18 empresas implicadas

* El dinero se destinaba a reformas en los colegios que nunca se acometieron
* El PP pide la comparecencia de Álvarez de la Chica en el Parlamento
* El principal denunciado es el ex gerente del ente público ISE
* En el fraude, investigado por la Agencia Tributaria, ha8 18 empresas implicadas

Ana María Fopiani | Cádiz

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado a 11 personas, entre ellas un alto funcionario, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, que deberían de haberse dedicado a obras de reforma en colegios de la provincia gaditana y que nunca llegaron a ejecutarse.

Una investigación de la Agencia Tributaria ha destapado la presunta trama en la que el principal implicado es el ex gerente del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) Fernando Ameyugo Catalán, que podría ser responsable de la malversación de más de 3,6 millones de euros de las arcas públicas.

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha confirmado a ELMUNDO.es que "esta misma semana y la siguiente" comenzarán a prestar declaración los denunciados, además de atribuir todo el mérito a los efectivos de la Agencia Tributaria. Durante una inspección fiscal de distintas empresas de construcción, hasta 18 hay implicadas, los funcionarios comprobaron que las facturaciones no cuadraban y que, además, muchas de estas sociedades no contaban con la infraestructura necesaria para realizar los trabajos.

La propia Ayuso ha declarado que "era un poco insólito que algunas de estas empresas recibieran adjudicaciones para unas obras que no podían realizar, porque no tenían ni personal". Efectivamente, las obras, de reforma y reparación, nunca llegaron a realizarse en los centros educativos, aunque sí fueron abonadas por parte del ISE.

La denuncia de la Fiscalía recoge que todas las adjudicaciones fueron realizadas por el principal sospechoso entre los años 2006 y 2008, sin concurso previo, por lo que fueron otorgadas a dedo. La Agencia Tributaria reconoce que desde el propio ISE se justificó estas adjudicaciones por el carácter urgente de los trabajos en los centros educativos y la necesidad de realizarlos en un corto espacio de tiempo, antes del comienzo del curso escolar.

Sin embargo, los expertos fiscales consideran que la intención era saltarse los controles y contratar por debajo del presupuesto máximo que la Ley exige para sacar a concurso público estas contrataciones. El ex gerente dejó su cargo, tras ser destituido a mediados de 2010, fecha en la que ya estaba siendo investigado.

Junto a Fernando Ameyugo Catalán, ha sido también denunciado un matrimonio de la localidad gaditana de Rota, titulares de la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco SL. A esta firma, el ISE le habría adjudicado reparaciones de hasta 24 centros escolares de la provincia de Cádiz, pese a que sus responsables reconocen que no tienen personal para ejecutar estos trabajos, por lo que habrían tenido que subcontratar, lo que está prohibido por Ley en este tipo de contratos. Con esta irregularidad, la sociedad investigada habría eludido el pago de 969.590 por el Impuesto de Sociedades y 610.650 euros por cuotas del IVA.

La Fiscalía incluye en su denuncia a 18 empresas, que no han podido justificar los pagos que les fueron reembolsados, además de no haber realizado, en la mayoría de los casos, las obras por las que fueron contratadas. La Agencia Tributaria también recoge en su investigación que, "en muchos casos, se realizaron contrataciones de material excesivas para los trabajos a realizar".

En su informe, los efectivos fiscales recogen la valoración de una arquitecta de la Agencia Tributaria que inspeccionó los colegios en los que deberían de haberse realizado las reformas que fueron contratadas y pagadas. La técnica constató que en los años en los que se realizaron las adjudicaciones no se había llegado a ejecutar ni el 20 por ciento de los trabajos abonados.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz instruye el caso, investigado por el fiscal de delitos económico, Juan Peña. En total son 11 los denunciados y 18 las sociedades bajo sospecha, la mayoría con sede social en las localidades de Rota y Sanlúcar de Barrameda. La investigación deberá aclarar dónde han ido a parar los 3.647.161,17 euros que salieron de los fondos públicos de la Consejería de Educación.
 
Reacciones
El presidente del Partido Popular (PP) de Cádiz, José Loaiza, ha calificado de "nuevo escándalo en la gestión socialista" la denuncia de la Fiscalía por una posible malversación de fondos públicos. Por ello, ha exigido a la Delegación Provincial de Educación "mayor transparencia y colaboración con la Fiscalía, así como una investigación interna, para aclarar este asunto".

Loaiza ha recordado que el PP ya ha pedido la comparecencia del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, en el Parlamento andaluz para que informe del alcance de la investigación.

El también parlamentario andaluz ha incidido en las carencias que en materia educativa existen en la provincia y en "los numerosos compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía en la mejora de los colegios gaditanos, pero que acumulan años de retrasos".


elmundo.es

domingo, 26 de junio de 2011

LOS INTERROGATORIOS DEL "CASO RENEDO" DESVELAN CONEXIONES EN OTRAS CONSEJERÍAS

Las declaraciones de altos cargos de Educación revelan relaciones de los empresarios con personal de Economía y de Justicia

RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.

Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, están imputados en el 'caso Renedo' por los manejos presuntamente corruptos que mantenían con personas claves en la Consejería de Administraciones Públicas (la jefa de servicio Marta Renedo Avilés) y de Educación y Ciencia (el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y la exdirectora general María Jesús Otero). Las escuchas a las que fueron sometidos el pasado año sugerían relaciones también con trabajadores de otros departamentos. Los interrogatorios que el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla ha dirigido en los últimos días permiten ahora perfilar mejor esas conexiones en, al menos, dos consejerías: Economía y Hacienda y Presidencia, Justicia e Igualdad.

Los 'pinchazos' demuestran que los dos empresarios hablaban, cada uno por su cuenta, con un empleado del Principado al que denominan «Luciano» y que les va informando del estado en el que se encuentran algunos expedientes, además de darles consejos sobre cómo preparar sus respectivas ofertas.

El que más confianza tiene es Alfonso Carlos Sánchez. El funcionario le llega a pedir cuatro carnés para ver el fútbol, mientras el empresario «le dice que vive de él (de Luciano)». En las transcripciones de noviembre, el funcionario le concerta una comida con un tercero «que no se atreve demasiado, sobre todo ahora mismo», y le informa de gestiones entre María José Ramos y Rabanal. A cada duda que manifiesta el empleado público, Sánchez opone que «la situación es salvaje y hay que adelantarse, tomar medidas». El dueño de APSA confiesa a su amigo que «tengo miedo que me dejen fuera de juego» en relación a un contrato con el nuevo HUCA; «le pide consejo; Luciano le dice que hable primero con Floro».

Los contactos entre Luciano y Víctor Muñiz son más limitados. El 6 de mayo el de Igrafo pide una entrevista a Luciano, quien concede al encuentro mientras no sea dentro de la consejería. Quedan en verse en unas horas. Tras la cita, el empresario llamará a uno de sus socios señalándole que por Luciano sabe que «el problema no era que estuviese mal presentada la oferta». Este periódico ha podido confirmar que el teléfono desde el que llamaba «Luciano» a ambos aparece en la guía del Principado asignado a Luciano G. S., jefe de sección en Economía y Hacienda. Según el mismo listín, sólo existen otros dos trabajadores del Principado con ese nombre.

El interrogatorio que Sorando celebró el pasado día 20 con P. R. P., exsecretario general de Educación, abunda en el asunto. Durante el mismo, el testigo aseguró conocer bien cuál es el procedimiento interno que sigue la Administración antes de elaborar sus catálogos homologados. Estos listados recogen una relación de productos como el material de oficina o el mobiliario, de uso frecuente. El Principado pacta un precio fijo con una serie reducida de empresas y a partir de entonces, cualquier órgano de contratación puede encargar los productos, simplificando el procedimiento y los controles a superar. Igrafo y Almacenes Pumarín son de las pocas empresas que consiguen esta relación con la Administración.

El abogado de Avall preguntó a P. R. P. si, gracias a su experiencia en la materia, tenía conocimiento de «un tal Luciano». «Es un funcionario de carrera que estaba en esa sección (...) pienso que era de un grupo C, administrativo (...) era el que participaba en esa homologación, en coordinación con todas las consejerías». Según explicó, a la hora de elaborar los catálogos, funcionarios del resto de consejerías acudían al departamento de Luciano a «explicar sus necesidades».

El testigo también aportó datos de otra relación hasta ahora desconocida. Durante el interrogatorio a que fue sometido, el abogado que defiende a la exdirectora general María Jesús Otero demandó aclarar las competencias que P. R. P. tenía en las contrataciones de Educación. El aludido señaló que como secretario general técnico ejercía una responsabilidad «genérica». Dijo que tenía capacidad para autorizar y disponer gastos por debajo de los 30.050 euros por delegación del consejero, pero que él daba tal refrendo a propuestas que le llegaban desde la dirección general correspondiente, que era la encargada de escoger a los proveedores.

Citas todas las semanas
P. R. P. ejerció dichas responsabilidades entre los meses de julio de 2006 y 2007. A preguntas de Avall, admitió que precisamente uno de los contratistas más habituales en Educación, Víctor Muñiz, trató de captarle para unas comidas que celebraba semanalmente con un alto cargo conocido de ambos: «Manuel Cabaleiro». Entonces era director general de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico. Entre julio de 2007 y noviembre de 2008 ejerció de director general de Justicia. «Les vi muchas veces juntos (...) debían comer un día a la semana (...) ¿Que si trataron de invitarme? Sí, en más de una ocasión, sobre todo Víctor Manuel».

La relación de Cabaleiro y Muñiz se mantiene incluso después de que éste último abandone formalmente la Administración. En varias ocasiones los agentes identifican conversaciones entre el empresario y alguien a quien en ocasiones identifican como «Cavaleiro» y otros como «Cabaleiro». Una de estas charlas se produce a las 13.42 horas del ocho de julio pasado. Hace escasos minutos que Vicente Álvarez Areces ha anunciado que no volverá a optar a la Presidencia del Gobierno. El de Igrafo llama al teléfono que aún hoy utiliza Manuel Cabaleiro. Debaten la noticia y «el interlocutor dice que siempre ayudará a Víctor, esté fuera o dentro...».


elcomercio.es

DEL NIDO CARGA CONTRA EL PROCEDIMIENTO DEL "CASO MINUTAS" EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL JUICIO

TRIBUNALES | Visto para sentencia

Europa Press | Málaga

El letrado José María del Nido, acusado en caso 'Minutas', ha asegurado, en su derecho a la última palabra del juicio que se ha seguido en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, que "jamás he visto un procedimiento en el que se intente menospreciar el honor y la honra de una persona". El juicio ha quedado visto para sentencia.

"Yo entiendo que en mi persona se ha aplicado el derecho penal de autor, porque si José María del Nido Benavente no fuera el que estaba sentado en el banquillo de los acusados no se le habría pedido 30 años y medio de cárcel", ha manifestado el letrado, acusado por las presuntas irregularidades en los encargos que le hizo el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) frente al proceso de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Ha recordado que se le juzga "como letrado". La Fiscalía Anticorrupción le acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos societarios, falsedad documental, deslealtad profesional, fraude y tráfico de influencias y solicita 30 años y medio de prisión.

Por su parte, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha asegurado que a pesar de haber estado tres años en la cárcel por licencias urbanísticas cree "firmemente que siempre he actuado correctamente" y ha dicho a la Sala que "intencionadamente jamás he pensado que cometía un delito".


elmundo.es

jueves, 23 de junio de 2011

"CASO IBATUR"; EL JUEZ CITA AL EMPRESARIO QUE DIJO HABER PAGADO COMISIONES A ALÍA

Un 10% sobre el importe del contrato
Efe | Palma

El juez instructor del caso Ibatur ha citado a declarar la próxima semana como imputado a Bartolomé Morey, el empresario que afirmó haber pagado comisiones al exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía a cambio de recibir contratos de este organismo público.

Según han informado fuentes jurídicas, Morey tendrá que comparecer el martes 28 ante el juez que investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Ibatur durante la legislatura 2003-2007, cuando el PP gobernaba en Baleares.

Morey, administrador de la empresa Centro de Comunicación Creativa, declaró en julio de 2010 ante el juez que Alía le había cobrado comisiones de alrededor del 10 % por conseguirle contratos con el Ibatur, lo que motivó que el magistrado decretase el ingreso en prisión del exgerente del organismo.

Después de unos tres meses, el juez dictó libertad bajo una fianza de 150.000 euros para Alía, el único imputado en este caso que ha estado en prisión provisional.

En febrero de este año, el abogado de Alía, José Ignacio Herrero, pidió la rebaja o cancelación de su fianza por falta de pruebas contra él, pero el juez rechazó su petición.

El letrado de Alía pidió asimismo que Morey volviera a declarar para poder preguntarle sobre sus afirmaciones, pero el empresario presentó entonces un escrito en el que se acogió a su derecho a no declarar.

Además de Morey, también está citada el día 6 de julio Enriqueta Castelló, proveedora del Ibatur cuya declaración prevista para el día 16 de este mes se tuvo que suspender.

Castelló tendrá que dar explicaciones sobre un supuesto fraccionamiento de contratos a la hora de contratar con el instituto público, que habría servido para evitar publicidad y dar los servicios a dedo.

La instrucción del caso Ibatur comenzó en febrero de 2009 y dio lugar en junio de ese año a la operación policial denominada Pasarela, dentro de la cual se detuvo a al menos 16 personas.

Entre los detenidos estaban los directores gerentes del Ibatur en la legislatura 2003-2007, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, y el exsecretario del organismo Miquel Àngel Bonet.

También figura como imputado en esta causa de supuesta corrupción el exconseller de Turismo Joan Flaquer, que dirigió este departamento del Govern durante la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas.


elmundo.es

"CASO MINUTAS"; LA DEFENSA DE ROCA DICE QUE NO HAY PRUEBAS Y QUE LA OPERACIÓN FUE LEGAL

* El fiscal solicita seis años de prisión y 15 de inhabilitación para Roca
* La defensa afirma que los cambios fiscales han vulnerado el derecho de defensa

Europa Press | Málaga

La defensa del exresponsable de la sociedad municipal de Marbella (Málaga) Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, ha asegurado este jueves que hay "una clamorosa ausencia de pruebas" respecto a su cliente en el caso 'Minutas' y que la operación por la que se le acusa, el pago de 80.000 euros a una asesoría en relación a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, fue legal.

En esta causa, sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella al letrado José María del Nido, el fiscal acusa a Roca de un delito de malversación de caudales, solicitando seis años de prisión y 15 de inhabilitación, en relación con el pago a un asesoría para supuestamente hacer alegaciones al anteproyecto de fiscalización sobre tres sociedades.

En su informe final, el letrado de Roca ha explicado que el fiscal "no cree a unos testigos y a otros sí, no cree a unos acusados y a otros sí, pero no se nos dice por qué", lo que lleva, en su opinión, "a errores de bulto por los que se sienta en el banquillo al señor Roca cuando no había indicios de que la operación fuera ilícita". "Fue perfectamente lícita y no había nada que ocultar", ha dicho.

Ha entendido que al margen de si Roca era apoderado o gerente de la sociedad "no se ha acreditado deberes de control, que además no tenía". "Con independencia de que en otro juicio el fiscal quiera sostener que el señor Roca controlaba todo en Planeamiento 2000, aquí no", ha apuntado el letrado, quien añade que no se puede confundir el control sobre una cuenta con el control sobre un pago.

La defensa de Roca ha insistido en que "tal y como dice el fiscal, el pago de los 80.000 euros está perfectamente contabilizado y documentado" y ha apuntado que no se ha probado la voluntad por parte de su cliente de cometer el delito, preguntándose "qué interés iba a tener si no se hubiera hecho el trabajo o se hubiera hecho mal, de que cobraran unos señores que no conoce y sin que él cobrara nada".

El abogado se ha referido a la "calificación imposible del fiscal", indicando que primero pone en duda que el trabajo por el que se pagó dicha cantidad se hubiera realizado, pero "acto seguido", ha manifestado la defensa, apunta que lo realizado "tiene defectos". Además, ha dicho que éste no realizó un informe jurídico, sino "de hechos, sin citar el precepto por el que se le acusa".

Modificaciones del fiscal
En su opinión, la calificación "deja al desnudo la debilidad acusatoria y la clamorosa falta de pruebas". Ha aludido a que "a estas alturas del plenario, no tiene claro cuáles son los hechos punibles por los que esta Sala tendría que condenar" y a que ha desaparecido el delito de fraude y el fiscal ha modificado el tipo de malversación por el que se acusa "sin decirlo en el informe".

Ha señalado que sobre estas modificaciones realizadas por el fiscal "por vía de informe final" no se ha podido solicitar ni practicar prueba, por lo que se ha vulnerado el derecho de defensa. Ha aludido a que "hay derecho penal de autor, porque no se cree nada de lo que dice el señor Roca" y porque se mantiene la petición de seis años a pesar de haber cambiado la calificación.

"No hay otra posibilidad que absolver al señor Roca, salvo que asumamos esta calificación que entendemos son resquicios, no con mala fe, pero el ministerio público también está influido por el juicio mediático, por otros juicios y en esta operación desde luego el señor Roca tiene que salir absuelto", ha concluido el letrado defensor.

La alusión al derecho penal de autor ha provocado la respuesta del fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, que al término de la exposición del letrado ha considerado "inadmisible que se utilice esa referencia para criticar una acusación, porque es una teoría elaborada durante el Régimen Nacional Socialista del III Reich". Sobre las modificaciones, ha dicho que están explicadas, aunque el letrado "ha debido de escuchar sólo una parte del DVD".

Otras defensas
También han informado las defensas de la exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, negando cualquier responsabilidad penal de su cliente y defendiendo su actuación profesional en la segregación de San Pedro; y la del que fuera edil de Marbella Tomás Reñones, quien ha lamentado que éste haya sido juzgado "sin que exista ni un solo indicio" y ha considerado que el delito de malversación del que se le acusa, por el que se piden cuatro años de cárcel, está prescrito.

Ha apuntado que su cliente "no era la persona que habitualmente hacía los pagos y comprobó y controló dentro de sus posibilidades que los trabajos se habían realizados" y ha recordado que Reñones declaró en el juicio que el propio interventor le dio el cheque para pagar a Del Nido. En este punto, ha hecho hincapié en que personas "que autorizan y ordenan vienen como testigos".

En este sentido, el letrado se ha referido a una "desigualdad" de su cliente respecto a otras personas que han autorizado pagos y ha dicho que se ha tratado "de diferente forma a quien es concejal, porque no ha llegado a entender que en el grupo político al que pertenecía mi representado existen personas buenas, malas y regulares".

"Algunas personas han creído actuar correctamente basados en el principio de confianza y buena fe", ha manifestado el abogado de Reñones, quien ha instado al fiscal a reflexionar sobre la idea de que "muchas de estas personas quieren colaborar con la justicia, pero no a golpe de imputaciones constantes". "Tomás Reñones lo único que hizo fue cumplir la orden de pago dada por una persona no acusada", ha dicho.

Faltan por exponer sus informes finales tres defensas, que lo harán este viernes, según prevé la Sala, jornada para la que también está previsto citar a todos los acusados para que los que quieran hagan uso de su derecho a la última palabra, tras lo que el juicio, que comenzó en abril del pasado año, quedará visto para sentencia.


elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; LA AUDIENCIA DE SEVILLA DECLARA QUE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO NO SON SECRETAS

Las actas del Consejo de Gobierno, tal cual las envió la Junta al juzgado.
Revés judicial al Gobierno andaluz

* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"
* La Junta dice que el conflicto deber resolverlo del Tribunal Supremo

S. Torres | A. Salvador | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha declarado que las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas. La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, solicitó estos documentos al Gobierno andaluz en su investigación de la trama de los ERE, pero el Ejecutivo de Griñán se los denegó alegando que su contenido era reservado.

En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.

"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".

Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.

Las actas, en dependencias judiciales
Por contra, el auto constituye un severo revés a la posicion jurídica que venía defendiendo la Junta de Andalucía, que tras varios requerimientos de la juez, sólo entregó las actas previamente precintadas, y así se hallan aún en las dependencias judiciales.

Por su parte, La Junta de Andalucía considera que la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno a la juez debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.

Según han informado fuentes del Gobierno andaluz, este conflicto que ha sido planteado por la Junta de Andalucía "todavía no ha sido tramitado por el Juzgado de Instrucción numero 6", cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya y que investiga las ayudas de la administración andaluza a los ERE irregulares.

El Gobierno andaluz recalca que "la cuestión de fondo, es decir, la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno" a la juez, debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.

También pone en cuestión que la juez suspendiera la tramitación del conflicto de jurisdicción ante el Supremo, tal como le había planteado la Junta, "ya que no hay norma legal alguna que apoye dicha suspensión o paralización".

Además


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ AMPLÍA LOS DELITOS DE PANERO E IMPUTA A SU EXMUJER POR DELITO FISCAL

Arturo González Panero- GORKA LEJARCEGI
Sobre el exalcalde de Boadilla pesan cinco acusaciones de corrupción por Gürtel

TONO CALLEJA - Madrid 

El magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha ampliado la imputación al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero por un supuesto fraude fiscal de 365.000 euros. El juez imputa también, por este mismo delito, a la exesposa del regidor, Elena Villarroya. Pedreira ha citado para declarar al exalcalde el próximo miércoles. Los investigadores de Gürtel han descubierto que González Panero y su ahora exesposa tenían una sociedad en Suiza, Longgridge Internacional, con una cuenta en el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC-Private Bank Suisse), no declarada al fisco español.

Pedreira fija en 365.000 euros el dinero no declarado por el matrimonio

La apoderada de la sociedad era la exmujer y él figuraba como gestor. El juez atribuye a González Panero, además de este nuevo delito contra la Hacienda pública, otros de tráfico de influencias y cohecho. Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones de euros para afrontar futuras garantías económicas. A causa de la trama Gürtel, Boadilla ha tenido tres alcaldes en dos años. En febrero, comunicó su cese como alcalde Juan Siguero, a la sazón el cuarto regidor del PP madrileño imputado en el caso Gürtel. Siguero dimitió como alcalde el día 10, horas después de que Pedreira le imputara por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a su predecesor. González Panero, que dimitió en 2009 y fue expulsado del PP. Al igual que Panero, Siguero pidió la baja del PP tras la decisión del juez, y también su dimisión del cargo institucional que desempeñaba.

El 29 de octubre de 2009, González Panero y su exesposa firmaron ante notario una escritura de capitulaciones para modificar el régimen por el que se regía su ya extinto matrimonio, pasando de gananciales a separación de bienes, cuyo valor superaba el millón de euros.

González Panero, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, hasta ahora había sido acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el exalcalde.

Pese a que hasta ayer no estaba imputada, esta no es la primera vez que aparece el nombre de la exmujer de Panero en la instrucción del caso. Entre los contratos solicitados por el juez al Ayuntamiento de Boadilla se encuentran los relacionados con la adjudicación en 2005 de tres seguros por parte de El Albondiguilla. El equipo de Gobierno popular adjudicó ese año tres contratos municipales por un valor de 117.000 euros [en cuatro años 468.000 euros] a una compañía, representada por la empresa F Y A De Lope. Según consta en el sumario, esta sociedad pagó 20.000 euros en 2007 a la mujer de González Panero, Elena Villarroya, en concepto de rendimientos del trabajo.
   
Más información:
* Tema: Caso Gürtel
 
elpaís.com

"CASO PALAU" EL JUEZ IMPUTA A ROSA GARICANO Y A ÁNGEL COLOM

Àngel Colom en una convención municipal de Barcelona de CiU.- MARCEL.LÍ SÁENZ
La exdirectora general del Palau y el secretario de Inmigración de CDC declararán en julio

JESÚS GARCÍA - Barcelona 

El nuevo juez del 'caso Palau' se ha puesto manos a la obra y ha dado un ritmo más trepidante a la investigación sobre el saqueo perpetrado por Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, en el Palau de la Música. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijoan, ha citado a declarar el próximo 18 de julio como imputados a la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano, y al secretario de Inmigració de Convergència Democràtica de Catalunya, Àngel Colom.

La fiscalía había solicitado la imputación de Garicano al considerarle conocedora de la estafa en la institución musical. El juez que hasta ahora llevaba el caso admitió que Garicano era uno de los directivos con mayor poder de decisión y que mantenía una relación de "especial confianza" con Millet. Pero apreció que no había indicios suficientes para tomarle declaración como imputada. La exdirectora ya declaró al juez, pero en calidad de testigo, para explicar que solo se ocupaba de lanzar la marca Palau. Y que si en sus tarjetas de visita aparecía el cargo de "directora general" era solo para tener mayor capacidad de maniobra en las negociaciones con los patrocinadores.

Colom declarará en calidad de responsable civil subsidiario, aunque con las garantías de un imputado (o sea, que asistirá a la vista con abogado). El dirigente deberá aclarar por qué Millet le entregó 75.000 euros que fueron a parar al extinto Partit per la Independència (PI) que él mismo dirigía.
   
Más información:
* La fiscalía pide de nuevo que se impute a cargos de CDC por el 'caso Palau'
* Àngel Colom: "Millet me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista"
* El juez imputa al extesorero de CDC por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial



elpaís.com

EL JUEZ REMITE AL TSJCV LA CAUSA DE BELLVER POR SU CONDICIÓN DE AFORADO

El concejal y diputado está imputado por autorizar un aparcamiento junto al BIC de los Jardines de Monforte sin informe de patrimonio

EL PAÍS - Valencia

El titular del juzgado de lo Penal número 4 de Valencia ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa de los jardines de Monforte ante la condición de aforado del edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Corts, Jorge Bellver.

La causa contra Bellver y otros cuatro funcionarios del consistorio por la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte se abrió antes de las últimas elecciones locales de 2011 en el juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que en enero de este año acordó la apertura de juicio oral por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación administrativa.

Tras varios recursos interpuestos por Bellver -contra el que el ministerio fiscal pide la pena de ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público-, la sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado al entender que existían "bastantes razones" para considerar que el hecho de no haber pedido una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para construir el aparcamiento podía constituir, dadas las características de las obras, "una manifiesta contravención o incumplimiento de la legalidad".

La Audiencia también señalaba que no era descartable que los técnicos municipales imputados y el secretario municipal, también imputado, conocieran, por su dedicación profesional y su formación, la "necesidad" de pedir esa autorización a Patrimonio.

Seguidamente, en junio de este año, el ministerio fiscal presentó un escrito ante el juzgado de lo Penal en el que informaba de que Bellver fue proclamado diputado electo de las Corts Valencianes tras las elecciones del 22 de mayo. Así, solicitaba que elevase el caso al TSJCV para que valorase su competencia para enjuiciamiento y fallo.

El juez ha decidido aceptar esta petición al considerar que es competencia de la Sala instruir y enjuiciar las causas penales que resulten imputables a quienes ostentan la cualidad de diputado de las Corts. Asimismo, cree necesario hacer un examen conjunto de los hechos y de los autores, "pues de otra forma se rompería la continencia de la causa, primando la especialidad del aforamiento frente a la competencia ordinaria".

elpaís.com

GÜRTEL Y BRUGAL DEJAN SIN PODER A LOS IMPUTADOS

Camps y Castedo son los únicos bajo sospecha que quedan en un gobierno

MARÍA FABRA - Castellón

La corrupción cala. Las alegrías de los imputados e implicados en los casos Gürtel y Brugal han durado lo mismo que unas vacaciones escolares. Poco más de dos meses después de que el presidente del PP valenciano, Francisco Camps, decidiera incluir en las listas autonómicas al grueso de ambas tramas, con el beneplácito de la dirección nacional, las expectativas han quedado reducidas a "diputado raso". Todos, o muchos de ellos, pensaron que traspasar el primer gran obstáculo de aparecer en una candidatura electoral, cuando el triunfo electoral del PP era evidente, era garantía de repetir o entrar en un Gobierno autónomo que iba a estar liderado por otro imputado, un igual, jurídicamente hablando. Sin embargo, no ha sido así.

Las urnas avalaron a implicados en corrupción que no conservan el cargo

Camps quiere distanciar su imputación de las del resto del PP

Pese a las graves acusaciones de cohecho, financiación irregular y delito fiscal, entre otras, las urnas avalaron estas candidaturas otorgando a los populares valencianos una nueva mayoría absoluta que, en cualquier caso, se obtuvo con la pérdida de casi cuatro puntos respecto a las anteriores elecciones, cuando el tsunami azul aún no había arrasado en todo el panorama español.

Pero la corrupción no es buena carta de presentación y pesa. Y en el caso del PP valenciano ha sido como la fina lluvia, que ha ido salpicando y mojando hasta calar.

Hasta las elecciones, y desde que se destapó el caso Gürtel y el grueso del caso Brugal, la huella y consecuencia pública de la corrupción se habían hecho ya evidentes en el PP madrileño. Un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero y un senador, además de cinco alcaldes, fueron forzados a dejar sus cargos e incluso expulsados del partido. En el PP valenciano todo parecía seguir igual y, muy al contrario, todo apuntaba a que, incluso, el estar imputado contabilizaba como mérito para seguir manteniendo un cargo, para seguir siendo un administrador del dinero público. Para no dejar solo al líder, tanto del partido como de la Administración con los que se ha relacionado a las tramas corruptas. Pero no ha sido así.

Francisco Camps se ha deshecho de todos los imputados o implicados en casos de corrupción política y los ha dejado con el aforamiento que les dispensa su condición de parlamentarios pero sin ningún otro cargo. Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, al igual que Luis Díaz Alperi, permanecerán en la bancada popular de las Cortes valencianas pero como meros espectadores de lo que decide el nuevo Gobierno. El ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tampoco podrá optar a la reelección. Ninguno de ellos volverá a administrar dinero público.

Hay dos excepciones: la del propio Camps y la de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que fue reelegida con una abrumadora mayoría antes de que se levantara el secreto del sumario de la parte del caso Brugal en el que está implicada y que desvela su connivencia con el más importante constructor de Alicante, Enrique Ortiz.

Fuentes consultadas aseguran que la decisión de Camps se basa en dos premisas: la primera, la necesidad de desprenderse de la marca de corrupción con la que está etiquetada la Comunidad Valenciana, tanto en su imagen pública como en el mismo seno del PP. "Daba igual que habláramos de los ERE de Andalucía, en la Comunidad Valenciana siempre era más", sostiene un dirigente popular. En el caso del partido, al requisito de cambiar esa imagen se uniría la exigencia de la dirección de evitar la reedición de la avalancha de críticas que supuso la inclusión de 11 implicados en casos de corrupción en las listas y la incomodidad del propio Mariano Rajoy por tener que respaldar esas decisiones.

La segunda intención de Camps es distinguir su implicación judicial de la del resto de quienes han sido sus hombres de confianza, con la idea de marcar distancias. Pese a que la trama corrupta, liderada por Francisco Correa y su "amiguito del alma", Álvaro Pérez, El Bigotes, entró de su mano, tanto en el PP como en la Generalitat valenciana, el reelegido presidente pretende que las referencias a su imputación se mantengan en el "caso de los tres trajes" y no se pueda hablar de la cúpula de Camps vinculada a los otros asuntos judiciales, como el de la financiación irregular del PP.
  
Más información:
* Personaje: Francisco Camps Ortiz
* Tema: Caso Gürtel


elpaís.com

miércoles, 22 de junio de 2011

"CASO MALAYA"; VARIOS ACUSADOS DE HACER NEGOCIOS CON ROCA DICEN QUE NO SABÍAN QUE PARTICIPABA

Juan Antonio Roca en una de sus declaraciones del juicio. | ELMUNDO.es
Aseguran que no le conocían
Europa Press | Málaga

Acusados en el caso 'Malaya', que supuestamente participaron en un negocio inmobiliario con sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, han negado este miércoles que supieran que el principal acusado estuviera detrás de la operación y que estuviera trabajando en el Ayuntamiento marbellí, ya que no lo conocían.

Los empresarios acusados Jesús Bravo y Osvaldo Godfrid, según la acusación pública, asumieron el control de una sociedad comprando la mayoría de las participaciones que en la misma tenían dos sociedades, una de ellas vinculada a la familia del exalcalde Jesús Gil, aunque en esta entidad permanece Roca a través de otra empresa, con el 25 por ciento del capital social.

El fiscal sostiene que la participación de ambos es para desarrollar urbanísticamente los terrenos de una finca, mediante la construcción de un campo de golf y viviendas, que pertenecía a la sociedad en la que entran, "asegurándose el éxito de la aventura empresarial acometida al contar con el poder del señor Roca, uno de sus socios, en materia urbanística en el Ayuntamiento de Marbella".

Declaraciones de los acusados
El primero de los acusados en declarar en esta sesión del juicio ha explicado que la inversión fue de unos cinco millones de euros y ha señalado que no estuvo en el día a día de la compra, "sólo fui al notario". Ha afirmado que compraron "una finca rústica con posibilidades de ser urbanizable", pero no sabían cuándo podía ser, y que "había tantas dudas en el urbanismo de Marbella que tuvimos recelos".

Ha negado en varias ocasiones que conociera entonces a Roca y que supiera que estaba detrás de la sociedad con la que se realizó la operación, participando en parte del capital social con otra empresa; y ha manifestado que los vendedores, entre los que, según el fiscal había familiares de Gil, "ya habían iniciado una serie de gestiones para promover un cambio urbanístico".

Aunque ha admitido que era una operación "de alto riesgo" porque "no era inminente poder urbanizar", ha dicho que no sabían quiénes eran los otros accionistas ni se preocuparon en saberlo "porque teníamos el 75 por ciento de la sociedad y podíamos hacer casi lo que quisiéramos". Ha afirmado que, finalmente, no hay construido ni la promoción ni el campo de golf, aunque se obtuvo licencia para éste.

El otro acusado de blanqueo de capitales por esta operación, que ha dicho que no es promotor, sino que se dedica a "comerciar con lámparas", ha afirmado que no sabía antes de entrar en el negocio quiénes eran los socios anteriores ni que estaba participada por sociedades relacionadas con Gil o con Roca ni tampoco que éste último trabajaba en el Ayuntamiento marbellí. Ha dicho que entró en el negocio pensando que le hacían "un favor, pero al final resultó así".

También ha declarado José Luis Benavente, hermano de uno de los principales testaferros de Roca, quien ha indicado que desconocía que la sociedad de la que fue administrador era de éste último, asegurando que por esto cobraba en efectivo 15.000 pesetas al mes. Ha dicho que no sospechó de nada porque "todo se hacía ante notario". "Yo iba, firmaba y me iba", ha señalado, indicando que las negociaciones las hacía el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta.

Ha asegurado que su hermano, en quien tenía "total confianza", le pidió que fuera administrador, pero nunca le preguntó a éste de quién eran las sociedades ni si eran de Roca, a quien sí le presentó su hermano. También ha declarado el acusado Óscar Jiménez y ha empezado a hacerlo el ganadero Manuel Sánchez Dalp, que vendió una sociedad de ganadería a Roca y que seguirá este próximo lunes.

Además
* Gráfico: las claves del caso 

*¿Quién es quién en 'Malaya'?
* Lea todo sobre el juicio

elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; LA AUDIENCIA DECLARA QUE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO NO SON SECRETAS

Revés judicial al Gobierno andaluz

* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"

S. Torres | A. Salvador | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha declarado que las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas. La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, solicitó estos documentos al Gobierno andaluz en su investigación de la trama de los ERE, pero el Ejecutivo de Griñán se los denegó alegando que su contenido era reservado.

En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.

"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".

Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.

Por contra, el auto constituye un severo revés a la posicion jurídica que venía defendiendo la Junta de Andalucía, que tras varios requerimientos de la juez, sólo entregó las actas previamente precintadas, y así se hallan aún en las dependencias judiciales.

Además
* El día que cambió la versión oficial

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA IMPUTA UN DELITO FISCAL AL EX ALCALDE DE BOADILLA Y A SU EX MUJER

Contra la hacienda pública

Europa Press | Madrid

El magistrado que investiga la rama madrileña de la trama Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero por un delito contra la hacienda pública y le ha citado a declarar el 29 de junio a las 13 horas.

Así consta en un auto emitido por el magistrado en el que también imputa a la esposa del exregidor, Elena Villarroya, por el mismo delito, razón por la que tendrá que declarar ante el juez el día 29 a las 11 horas.

La decisión de Pedreira parte de un informe de la Fiscalía en el que se pone de manifiesto la posible comisión de un delito contra la Hacienda pública por parte de González Panero y de Villarroya relacionado con la disposición de cuenta abierta en una sucursal bancaria con sede en Suiza.

Según el documento, habrían defraudado una cuota de 238.429 euros en 2005 y 123.396 euros en el años 2006 en el pago del IRPF. La cuenta fue abierta en 2005 y en ella aparece Villarroya como apoderada y ex alcalde como gestor. El magistrado recuerda que González Panero está imputado en el caso Gürtel por un delito de cohecho y por prevaricación.

Además, señala que la disposición de fondos de la cuenta a la que se hace referencia ponen de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares y, un año después, contaba con 866.216 dólares, "cantidades que no fueron declaradas en las autoliquidaciones de IRPF por ambos en el 2005 y 2006".

Pedreira considera que estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos contra la hacienda públicas siendo la cuota defraudada de 283.429,06 euros para el ejercicio 2005 y 123.396 euros en 2006.


elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA FISCALÍA SE OPONE A LA NULIDAD DE LAS GRABACIONES PLANTEADA POR EL EX GERENTE FERNANDO MELLER

En el caso de las presuntas comisiones ilegales

El fiscal entiende que en ningún caso se ha producido indefensión
La juez aplazó la vista preliminar hasta que las partes se pronunciaran

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición realizada por el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet para que se declaren nulas las grabaciones que dieron lugar a la investigación por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en el mercado central de abastos, ya que entiende que "ninguna indefensión se ha provocado" al acusado con estas grabaciones por parte de los empresarios del grupo La Raza.

En su escrito de defensa, el abogado de Mellet argumenta que "las grabaciones efectuadas y aportadas al procedimiento carecen de valor probatorio resultando nulas, y por ende, igualmente nulas sus transcripciones, las declaraciones de los testigos, y de todos los que hubieran declarado con conocimiento directo o indirecto de las mismas", añadiendo que estas grabaciones "se efectuaron malintencionadamente y como un ardid dirigido a obtener una serie de informaciones de forma provocada".

La juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, decidió suspender la convocatoria de la audiencia preliminar para que las partes se pronunciaran sobre la nulidad planteada.

En un escrito elevado este mismo martes ante el Juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Juan Enrique Egocheaga se opone a esta petición y pone de manifiesto que "si se escuchan tales grabaciones, se observa que se trata de manifestaciones espontáneas por parte de los acusados, sin que haya incitación o provocación alguna por parte de quien realiza la grabación para que los acusados -Mellet y el exdirectivo del merca Daniel Ponce- manifiesten sus intenciones".

Al hilo de ello, muestra su sorpresa por esta petición de nulidad "en el presente momento procesal, máxime cuando se alega una indefensión", y señala que, "de todos modos, de la lectura de las actuaciones practicadas se desprende que Mellet nunca ha manifestado en sus declaraciones en sede policial ni en las hechas en la Fiscalía, en las que reconoció su participación en la conversación grabada, que se les haya causado indefensión alguna con la grabación de su conversación con los representantes" del grupo La Raza.

"Es más, nunca han manifestado, en las mismas declaraciones, que se les haya 'provocado ni inducido' a realizar ninguna de las manifestaciones por ellos vertidas en tales grabaciones, siendo las alegaciones de la defensa de Mellet sobre el 'mal actuar' de los citados empresarios una simple alegación de defensa sin soporte alguno", asevera el fiscal, tras lo que recuerda que Mellet, en sede policial, reconoció "íntegramente" el contenido de las grabaciones y la identidad de las personas que intervienen.

Dentro de esta causa, que será enjuiciada por un jurado popular en una fecha aún por concretar, la Fiscalía reclamó sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados, como son Mellet, Ponce, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, y la que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, María Regla Pereira.

Además
La juez investiga los préstamos a un 'intruso' del PSOE

EL FISCAL SUPERIOR DE ANDALUCÍA, PREOCUPADO POR LAS "NUEVAS FORMAS DE CORRUPCIÓN"

FISCALÍA | Se refiere al escándalo de los ERE pagados por la Junta

'Antes, la corrupción se ceñía a la gestión urbanística', dice García Calderon
El Fiscal Superior de Andalucía pide más medios para la Fiscalía Anticorrupción

Europa Press | Granada

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha mostrado este martes su "preocupación" por la aparición de nuevas formas de corrupción, y ha puesto como ejemplo el caso de la investigación de las supuestas irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) gestionados por la Junta de Andalucía, de la que se encarga la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla.

En la presentación ante los medios de comunicación de la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2010, que llevó este lunes al Parlamento andaluz, García Calderón ha señalado que la corrupción, que antes se vinculaba con la gestión urbanística o municipal, se está alejando de estos ámbitos para adentrarse en nuevos caminos, que suponen una "preocupación básica" para el Ministerio Público.

"La lucha contra la corrupción es fundamental y máxime en una situación económica como la actual, en la que el dinero público tiene que ser fiscalizado hasta el último euro", ha dicho.

En ese sentido, ha abogado por la necesidad de apoyar a los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción, que existen en Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería, e incrementar el personal auxiliar "para ayudarles en sus funciones y para una mejor coordinación". Asimismo, ha valorado que las actuaciones del Ministerio Público en este aspecto están siendo "discretas y por lo tanto eficaces" y están "siempre inspiradas" por el principio de imparcialidad.


elmundo.es

domingo, 19 de junio de 2011

ASTAPA, EL SECRETO DE UN RÉCORD JUDICIAL

El caso contra la corrupción en Estepona lleva más de cuatro años de sigilo sumarial

F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ - Málaga

Si el caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga) fuera un barco, tendría las dimensiones de un transatlántico o un superpetrolero. La causa lleva cuatro años y tres meses en instrucción, acumula 30.000 folios divididos en 45 tomos y 30 piezas documentales y afecta a 94 imputados. Por el número de implicados, solo se ve superado por el caso Malaya (95) de Marbella, y va muy por delante de otros procesos famosos como el caso Ekin, contra los aparatos de apoyo a ETA, en cuyo juicio -el más largo de la historia judicial hasta ahora- se citó a 71 acusados.

Barrientos: "Con el secreto estamos en una indefensión total y absoluta"

Mansilla: "A este ritmo se tardarán cuatro o cinco años en llegar a juicio"

La Fiscalía lamenta que la Junta no ayude a digitalizar el material intervenido

"Esta causa no es ni parecida a Malaya; ni en el fondo ni en los medios"

Siguiendo con la socorrida metáfora marítima, el caso Astapa parece aún bastante lejos de tocar puerto, e incluso se podría decir que sufre alguna vía de agua preocupante. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción calculan que por la "complejidad" de la investigación y el "ingente volumen de documentación intervenida" la instrucción todavía se demorará un año más, para desesperación de los imputados y de sus defensas. Estos se quejan de la duración extremadamente larga del secreto del sumario, que han ido prorrogando mes a mes los tres jueces que se han sucedido en el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona desde el 29 de marzo de 2007, Isabel Conejo, Virtudes Molina y Jesús Torres.

El más conocido de los imputados es Antonio Barrientos, alcalde socialista de Estepona hasta el 17 de junio de 2008. Ese día, decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía tomaron las dependencias municipales y detuvieron al regidor y a otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios con intereses diversos -aunque predominaban los urbanísticos- en la ciudad. Se iniciaba la operación Astapa, que acaparó portadas de periódicos y abrió los informativos de todas las televisiones.

Tras declarar ante la juez Conejo por espacio de "no más de un cuarto de hora", Barrientos ingresó en prisión provisional el 19 de junio. El regidor, que dimitió de su cargo, no abandonaría la prisión de Alhaurín de la Torre hasta seis meses después, el 10 de diciembre de 2008. Barrientos asegura que no ha vuelto a ser llamado por el juez instructor.

"Mi abogado [Horacio Oliva] me aconseja que no declare nada más hasta que no se levante el secreto. No sé más que cosas genéricas del caso. Es una impotencia y una indefensión total y absoluta. Llevamos tres años desde las detenciones, pero los pinchazos telefónicos arrancan en marzo de 2007. Han sido cuatro años de calvario sin poder defendernos", afirma el exregidor.

No todo el sumario permanece secreto. Con el paso de los meses, los diferentes instructores fueron levantando el sigilo sobre algunos tomos. Esto ha permitido conocer que el exalcalde fue enviado a prisión en virtud de un informe policial sobre su patrimonio y el de su familia plagado de errores, como reconoció en un auto el pasado octubre el último juez instructor de la causa, Jesús Torres. Este magistrado ordenó la elaboración de otro informe -que permanece bajo secreto- y rechazó la pretensión de Barrientos de sacar del caso a los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la policía con base en Madrid que elaboraron el primer dossier.

Este sigilo sumarial sobre la "corrupción generalizada" que, según la Fiscalía, afectó al Ayuntamiento de Estepona y a sus sociedades municipales hasta 2007 sigue dando frutos: el pasado jueves se anunció la imputación de 21 personas más. Sin embargo, su enorme duración escandaliza a los abogados: "Astapa representa un claro ejemplo del recurso abusivo al secreto: se está menoscabando de forma irreversible el derecho de defensa", se queja el letrado José Carlos Aguilera. "Estamos ante un verdadero caso de justicia secreta. A estas alturas el que haya querido manipular o eliminar una prueba ha tenido tiempo más que suficiente; nada justifica el mantenimiento del secreto a estas alturas", prosigue.

"Estamos cayendo en los mismos errores del caso Malaya, la instrucción está siendo demasiado larga. Creo que se debería hacer cuantas piezas separadas se pueda porque de lo contrario el juicio se va a eternizar y eso no hay bolsillo que lo resista", sostiene el también letrado Jorge Mansilla. Este abogado calcula que, a este ritmo, "se tardarán cuatro o cinco años en llegar a juicio, y habrá muchos delitos, como los fiscales, que van a prescribir.

Además de a la enorme complejidad de la causa, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción achacan la lentitud a un factor externo: la escasez de medios que sufre el Juzgado de Instrucción 2 de Estepona y la policía judicial. En el Ministerio Público están "decepcionados" porque la Junta de Andalucía "ni siquiera ha contestado a sucesivas peticiones" para digitalizar el material intervenido en los registros. "Esto nos está obligando a procesar la información de manera artesanal y mucho más lenta", lamentan.

Además, la Agencia Tributaria se ha negado por escrito a proporcionar más ayuda para la investigación por su propia falta de medios. En este caso, la Fiscalía es más indulgente: "El delito fiscal no es objeto primario de la investigación y es cierto que han rebasado el compromiso de colaboración que le atribuyen las leyes y los convenios".

Pese a todo, los acusadores públicos destacan la "encomiable" labor de los técnicos de la Agencia Tributaria -"su ayuda en materia de investigación patrimonial ha sido excepcional"- y de la Junta, especialmente en la inspección urbanística. En el caso Astapa trabajan dos grupos policiales de Madrid, con unas 15 personas. "Esta causa no es ni parecida al caso Malaya, ni en el fondo del asunto ni en los medios. Esta es una investigación más ardua, más lenta y menos espectacular", afirman en la Fiscalía.

Los fiscales confían en que el secreto de Astapa se levante pronto completamente. "No puede durar mucho más, ya ha durado demasiado, aunque esté justificado."
 
Las claves del caso
- El caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga) saltó a la luz el 17 de junio de 2007, aunque llevaba investigándose desde noviembre del año anterior. Los entonces concejales del equipo de gobierno, David Valadez y Cristina Rodríguez, acudieron a la policía a denunciar una serie de prácticas corruptas en el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Antonio Barrientos.

- Los ediles contaron en una comisaría de Madrid que desde junio de 2003, cuando fueron nombrados concejales, algunos cargos municipales cobraban a cambio de resoluciones favorables y que se habían realizado tasaciones a la baja en la valoración de los convenios urbanísticos. En el centro de la trama, los concejales situaron a José Flores, entonces jefe de gabinete de la alcaldía.

- Según la declaración de los ediles, Flores "conseguía financiación mediante donaciones de empresarios con intereses en Estepona para las delegaciones del Ayuntamiento en manos de los socialistas". Los concejales aportaron un dossier con 18 folios en los que exponían que el Ayuntamiento contaba con "tres cajas de contabilidad (A, B y C)". La primera contenía el dinero fiscalizado y se usaba para los fines previstos por la ley. La segunda se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la tercera, se ingresaba el dinero destinado a cuentas particulares de los corruptos.

- También se aportaron documentos con valoraciones de convenios urbanísticos tasados por el técnico municipal Javier Wittmeur, que había concurrido a las elecciones de 2003 en las filas de la formación posgilista Partido Estepona (PES). Según los denunciantes, Wittmeur tasaba los terrenos de los convenios a la baja, de forma que los promotores obtenían mayor beneficio en detrimento de las arcas municipales.

- En la denuncia se mencionaba también a José Ignacio Crespo, líder del PES, a quien el Tribunal de Cuentas responsabiliza de la falta de justificación de importantes cantidades de dinero municipal entre 1995 y 1999, cuando fue teniente de alcalde con el Grupo Independiente Liberal.

- Valadez y Rodríguez apuntaron a la figura de Pedro López, gerente de Urbanismo con el PES, como una de las personas a las que las promotoras abonaban las comisiones. También se mencionaban adjudicaciones irregulares de obras, servicios, licencias municipales de todo tipo bajo pago y favores municipales a amigos y parientes. A familiares de López se les han intervenido 10 millones de euros en cuentas corrientes en el principado de Andorra.

- Francisco Zamorano, exconcejal expulsado del PSOE, recibió entre 2005 y 2006 un total de 794.000 euros de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad, según la investigación. El dinero se ingresó en las cuentas de una sociedad a nombre de la esposa del edil.

elpaís.com

UN JUEZ INVESTIGA A UN ALCALDE DENUNCIADO POR EL QUE ERA SU PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

GRANADA | Malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación

* El alcalde del Valle del Zalabí, reelegido el 22-M, efectuó pagos indebidos

José A. Cano | Granada

El Juzgado de Instrucción número 2 de Guadix, en Granada, ha abierto una investigación contra el alcalde del Valle del Zalabí, el socialista Manuel Aranda, a raíz de un denuncia interpuesta por su antiguo teniente de alcalde y ex concejal Daniel Fernández, en la que se le atribuyen los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.

El punto de partida de la denuncia es la obra de urbanización del Camino Viejo de la localidad, afectada al Fondo Estatal, y en la que el denunciante siempre sostuvo que debía ajustarse al presupuesto de adjudicación, "a lo que el alcalde siempre defendía que ésta no se podía ejecutar en ese precio y habría que pagarle unos extras que ya se cuantificarían al final de la obra".

"Ante estas irregularidades, el 25 de mayo de 2010 se solicitan por escrito el estado de deuda y pagos pendientes hasta la fecha. Aún no se ha tenido respuesta", apostilla. El denunciante continúa que, el 12 de noviembre de 2010, "me opongo al pago de una serie de facturas, como miembro de la junta de gobierno, que según manifestaciones del propio alcalde ya habían sido pagadas con fondos procedentes de otros recursos, concretamente de la recaudación de las instalaciones deportivas".

"Esto es, no entiendo cómo se adelantan los pagos, previo a la realización de los mismos, cuando el trámite normal en los ayuntamientos es que primero se efectúen los trabajos y suministran los proveedores, y posteriormente se paga. Para este hecho, las explicaciones que se daban desde el Ayuntamiento eran que estas empresas pedían dinero por adelantado, eso es otro hecho que denotaba algún tipo de irregularidad, ya que por norma en la administración primero se hacen los trabajos y después se cobra. Más aún importante en este punto es que las facturas son pagadas por Pepe Pandero, que está contratado como personal de confianza del alcalde y ostenta la secretaría general de la agrupación local del PSOE", prosigue la denuncia.

Otra presunta irregularidad puesta en conocimiento por el ex concejal socialista son una serie de facturas presentadas por la empresa adjudicataria, por un valor de 200.000 euros, en concepto de mejoras en la obra del camino viejo, que, según el denunciante, "se realizan sin consignación presupuestaria, sin proyecto técnico, carencia de procedimiento de adjudicación, sin certificación de obra, ni dirección facultativa".

"Queda advertido al alcalde y resto de concejales que estas facturas no deben ser pagadas ya que se refieren a trabajos ya contemplados en el proyecto del camino viejo y subvencionado por un Fondo Estatal. Supuestamente, se están pagando dos veces los mismos trabajos. El 21 de enero de 2011 se me cesa como teniente de alcalde y miembro de la junta de gobierno, por el afán de ocultarme información, puesto que por calificación técnica discutía la naturaleza de algunos trabajos", señaló el denunciante.

Fernández afirma que presentó en varias ocasiones escritos manifestando su disconformidad con estas actuaciones, tras lo que recibió un correo electrónico del alcalde en el que le decía: "No estoy dispuesto a que un concejal socialista intente buscar donde no hay. Tú sabrás qué haces, pero confírmame si quieres que entremos en la línea que planteas", con un tono que el denunciante considera "amenazante".

El 21 de enero de 2011 Fernández fue cesado como teniente de alcalde y miembro de la junta de gobierno local, un cese que, entiende el denunciante, fue motivado "por el afán de ocultar información" al propio denunciante, "puesto que por calificación técnica discutía la naturaleza de algunos trabajos".


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sábado, 18 de junio de 2011

"CASO SON OMS"; ANTICORRUPCIÓN IMPUTA A VICENS COHECHOS, ESTAFA Y DELITOS FISCALES

Bartomeu Vicens, en el juzgado de instrucción 2.  B. ramón
La fiscalía quiere agilizar un caso abierto en octubre de 2007 y dividirlo en cuatro piezas separadas para su mejor enjuiciamiento

FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

La fiscalía anticorrupción acusa al exdiputado de UM Bartomeu Vicens de delitos tributarios, cohechos y estafa o tráfico de influencias derivados de sus relaciones con el polígono industrial de Son Oms y las empresas impulsoras del mismo. Anticorrupción quiere agilizar la instrucción y enjuiciamiento del caso Son Oms, iniciado en 2007, mediante su división en cuatro piezas separadas.
 
Las pesquisas sobre Son Oms empezaron en octubre del 2007 con unas diligencias informativas de la fiscalía, dirigidas contra Bartomeu Vicens, entonces diputado por UM en el Parlament balear, y Maximilià Morales, expresidente de dicha Cámara con UM.
 
Casi cuatro años después, el caso gira sobre los mismos hechos denunciados, un supuesto entramado de corrupción en torno a la génesis y explotación del área industrial palmesana, pero con el añadido de descubrimientos relevantes realizados por los investigadores de la Policía y la Agencia Tributaria. Estas pistas giran en torno a Metalumba, la empresa tapadera de Vicens y su esposa Antònia Martorell, y Gestora de Desarrollo Son Oms, una sociedad vinculada al abogado Jaime Montis y que se dedicó a impulsar el área industrial.
 
El sumario, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia debido a la condición de diputado de Vicens, se ha reactivado hace algunas semanas, tras pasar meses paralizado. La acumulación de asuntos de corrupción que investigan los fiscales Carrau, Horrach y Subirán, unida a la elevada carga de trabajo del juez Juan Ignacio Lope Sola, que también se ocupa de los casos Maquillaje e Ibatur, ha empantanado Son Oms.
 
Anticorrupción propone para salir del bloqueo dividir la causa en cuatro piezas separadas, en dos de las cuales el principal imputado sería Vicens, defendido por Valdivia y Campaner.
 
La primera pieza ya está creada y versa sobre una presunta estafa de la que habrían sido víctimas pequeños propietarios de solares en Son Oms, entre ellos Ángel Ochando (denunciante del caso) por parte de la junta de compensación del polígono y un posible desvío de fondos de esa entidad.
 
La primera pieza contra Vicens sería por el cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos en Son Oms y los delitos fiscales cometidos al invertir ese dinero negro en naves, solares y vehículos. La segunda giraría en torno al papel de Vicens para convencer a los dueños de parcelas rústicas en Son Oms a la cesión gratuita del 15% de sus solares recalificados a Montis. La tercera enjuiciaría un presunto delito fiscal de Montis.

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Quieren que Lope Sola instruya otra causa.  Mallorca

LA JUEZA DUDA DE LA VERACIDAD DE LOS PAPELES DE LOS ERE

Alaya ordena a la policía que indague si la Junta “reconstruyó” expedientes

FRANCISCO MERCADO

Archivado en: Política, Andalucía, Investigación judicial, Tribunales, Expedientes regulación empleo, Gobierno autonómico, Junta Andalucía
  
Mercedes Alaya, titular del juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el pago fraudulento con fondos públicos de la Junta de Andalucía a decenas de personas de indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo, ha vuelto a cuestionar en forma de auto la actuación del Gobierno de José Antonio Griñán. En su último escrito, con fecha del pasado día 7 de junio, no solo reitera que sigue sin recibir material que solicitó al Gobierno regional, sino que sospecha sobre la veracidad de la documentación que ya ha recibido de la Junta: “Sin dudar de que lo remitido es lo que actualmente existe en los archivos, la apariencia de tales actuaciones diametralmente opuesta a lo que es en realidad un expediente administrativo nos hace pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos, debiendo oficiarse a la Policía Judicial para que investigue ambos extremos que no han sido explicados o justificados tal y como se pedía por la Junta”.

La juez utiliza en apoyo de su tesis un escrito de la fiscalía que entrecomilla: “Se observa que dicha documentación no merece en ningún modo la citada denominación de expediente administrativo, pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas, arrancadas de un bloc de espiral cuando no garabateadas en simples post it adhesivos”.

Por todo ello, la juez Alaya ve inapropiado aún realizar un análisis pericial de la documentación, pues “a los peritos que se designen habrá que hacerles entrega de una documentación que se ha reclamado y aún no consta en las actuaciones como son: todos los convenios suscritos entre la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y el IFA o el IDEA desde el año 2001; la documentación que posea la Cámara de Cuentas sobre ayudas excepcionales en materia de Trabajo y Seguridad Social realizadas por la Consejería de Empleo para trabajadores o empresas en crisis y que fue acordado por auto de fecha de 16 de abril; documentación contable e informes reclamados a IDEA en virtud de lo acordado por auto de este juzgado de fecha de 21 de marzo; e incluso la abundante documentación que en virtud de la presente resolución va a ser reclamada”.

Intervención deberá aclarar si el Gobierno aprobó los fondos gastados

La juez apunta directamente a la cabeza del Gobierno andaluz: “Este juzgado estima necesario acreditar si las ayudas sociolaborales que pagaba la consejería de Empleo a través del IFA o IDEA en concepto de primas de pólizas de prejubilación, mediante transferencias de financiación, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban de algún tipo de autorización del Consejo de Gobierno en lo que respecta al límite del crédito correspondiente a los ejercicios futuros o aquel en el que se aprobó el gasto”. Y solicita que la Intervención General lo aclare. La juez anuncia que, al tiempo que iniciará ya el interrogatorio de los acusados, creará piezas separadas para cada imputado, en las que recogerá toda suerte de datos sobre su patrimonio, declaración fiscal y vida laboral.
 

jueves, 16 de junio de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL TSJCV CONFIRMA QUE ASUME LA INVESTIGACIÓN DE LA PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

Francisco Camps y Vicente Rambla en la sesión parlamentaria de este jueves | Vicent Bosch
* Rechaza recursos del PP, el PSPV, Fiscalía, Abogacía del Estado y 'El Bigotes'
* Plazo de 5 días a las partes para que se pronuncien sobre acumular causas
* Después el tribunal valenciano decidirá si acumula trajes y financiación
* Rechaza la inclusión de Camps y confirma la de Rambla y Milagrosa Martínez
* El voto particular de Montero discrepa de incluir a Rambla y Milagrosa

Iván Pérez | Valencia

El TSJ de la Comunidad Valenciana ha rechazado los recursos presentados por el PP, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Cándido Herrero, la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y el PSPV al auto en el que dicha sala asumió parcialmente la competencia de la causa remitida por el juez Pedreira de Madrid sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano.

De esta forma, la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal autonómico confirma que hace suya esta causa y concede un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la acumulación de la investigación por presunta financiación irregular con la causa de los trajes que investiga igualmente el TSJCV.

El TSJ valenciano ha rechazado la inclusión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como pedía el PSPV, en la causa por supuesta financiación ilegal del PP y ha confirmado la implicación de su vicepresidente Vicente Rambla y de la ex presidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.

La resolución incluye un voto particular, que lo firma el magistrado Juan Montero, con el que discrepa de que el auto que asumió parcialmente la competencia incluyera al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y a la ex presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, en esta investigación, por cuestiones formales.

El tribunal rechaza el recurso presentado por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', en el que el principal responsable de la trama en tierras valencianas solicitaba la de claración de incompetencia o la no aceptación de la inhibición, por "contravención del ordenamiento procesal penal y la vulneración de derechos fundamentales, según reza el auto de este jueves en el punto segundo de los razonamientos jurídicos.

En cuanto al recurso presentado por el Partido Popular, el tribunal no admite la revocación solicitada por los 'populares' para no incluir a Milagrosa Martínez y Vicente Rambla en la inhibición aceptada por el tribunal valenciano.

Por su parte, los socialistas pedían en su recurso al auto de 25 de mayo que se incluyera en la investigación por la presunta financiación irregular del PP al ex director de RTVV, Pedro García, por posibles delitos de cohecho y prevaricación en relación a la visita del Papa a Valencia en 2006.

Una vez finalizado el plazo concedido a las partes, el tribunal decidirá si se juntan ambas causas o cada una sigue su recorrido judicial por separado.

"CASO MAR BLAU"; EL EX CONTABLE DE TRAPSA REAFIRMA QUE DÍAZ FERRÁN PERCIBIÓ 140.000 EUROS EN NEGRO

De la empresa

Europa Press | Palma

El que fuera contable del conglomerado de empresas Trapsayates, que está siendo investigada en el marco del caso Mar Blau por haber resultado favorecida de forma presuntamente irregular en dos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza, ha reafirmado que el propietario de Trapsa Gerardo Díaz Ferrán percibió un pago de 140.000 euros en negro procedentes de la contabilidad 'en B' de este grupo.

Así lo ha puesto de manifiesto Miguel V. durante la declaración que ha efectuado en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en la que ha manifestado que aproximadamento un 5% de las cuentas de Trapsayates correspondía, desde que él llegó a esta sociedad en el año 2000, a cobros y pagos no declarados, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

De este modo, el ex contable se ha ratificado en la declaración que ya prestó el pasado mes de diciembre en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, después de que durante un registro en su vivienda fuese hallada documentación relacionada con esta contabilidad opaca al fisco.

El testigo ha puesto de manifiesto que esta práctica le fue ordenada por el consejero delegado José Manuel Domínguez, imputado en esta causa de presunta corrupción y quien también le dijo que preparase los 140.000 euros para que pudieran ser entregados a Díaz Ferrán, ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Sin embargo, este extremo fue negado por éste en su declaración como encausado, en la que rechazó que Trapsa haya tenido contabilidad en negro y que Domínguez le llevase a Madrid 140.000 euros en efectivo.

Mientras tanto, en el marco de este mismo caso aunque dentro de una ramificación que se encuentra bajo secreto, este miércoles quedaron en libertad el director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, y el ingeniero y ex funcionario del organismo público, Justo Aguado, tras ser detenidos el pasado martes. En concreto, sobre ellos pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Ambos fueron arrestados el martes en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, cuyas pesquisas se centran en el supuesto amaño de concursos para la adjudicación de la explotación de amarres en los puertos de Mahón e Ibiza Nueva en favor de Trapsayates, vinculada a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. No obstante, dentro de esta nueva pieza se indaga el posible cobro de comisiones de un empresario catalán por unos informes que habrían tenido escasa utilidad.

Junto a Matías, defendido por José Zaforteza, y Aguado, asistido por Carlos Barceló, también fue detenido en esta operación el empresario J.L.C.E., quien el mismo martes fue puesto en libertad con cargos.

Durante esa jornada se llevaron a cabo tres registros por orden del magistrado instructor del caso, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.

Aguado, funcionario ya jubilado de la APB y quien fue detenido en el aeropuerto de Son Sant Joan procedente de Ibiza, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates.

El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver --perteneciente a Trapsa-- habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa --si renunciaba a la concesión-- tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA


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