EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE VALLADOLID EN UN CASO DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Está citado a declarar el próximo 12 de julio en relación con el Plan de Ordenación Urbana

Julio M. Lázaro Madrid

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Javier León de la Riva

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El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. / REUTERS

 El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, del PP, ha sido citado a declarar como imputado sobre la alteración ilegal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. La Fiscalía de Valladolid pidió su imputación el pasado lunes, y el juez acordó ayer citar a León de la Riva y a otros siete concejales y exconcejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. La decisión de actuar contra León de la Riva fue comunicada por la fiscalía de Valladolid a la Fiscalía General del Estado, que se ha dado por enterada.

León de la Riva ha sido citado para el 12 de julio, a las 9.30, según una providencia del juez de instrucción número 1 de Valladolid. Además del alcalde, han sido llamados a declarar como imputados el concejal Tomás Punzano Ruiz y los exediles María Luisa Ramírez Carballedo y José Carlos Muñoz Mateo, a lo largo de la mañana del próximo 21 de junio. Los concejales Gonzalo Hernández Santamaría, Manuel Sánchez Fernández y el director del Servicio de Obras de la corporación municipal, Pablo Luis Gigosos Pérez, tendrán que comparecer el 5 de julio. El juez también ha aceptado la petición de la fiscalía de llamar nuevamente a declarar al que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y al arquitecto Luis Álvarez Aller, para el 4 de septiembre.

El asunto se remonta a 2003, pero agotada ya la investigación, la fiscal de urbanismo de Valladolid propuso que el alcalde León de la Riva declarase como imputado, lo que ayer fue aceptado por el juez de instrucción número 1. Los indicios apuntan a que  el PGOU de Valladolid aprobado por el Ayuntamiento se modificó ilegalmente por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico.

Tras aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17; aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación; conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.

En febrero de 2011, el Tribunal Superior de Castilla y León obligó al alcalde de Valladolid a revisar el PGOU y remitió las actuaciones al juzgado de instrucción para su investigación en vía penal, dadas las “alteraciones conscientes” con las que se encubrió una “auténtica revisión” del Plan General.

Óscar Puente, presidente del grupo socialista del Ayuntamiento vallisoletano y denunciante de los hechos en 2008, manifestó a EL PAÍS que su objetivo no es León de la Riva, “sino que se esclarezcan unos hechos muy graves, como fueron la modificación de 74 artículos y el cambio de 14 planos del PGOU”. León de la Riva había declarado hace unos días que tenía el “convencimiento” de que no iba a “sentarse en el banquillo” por este asunto.

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"CASO MALAYA"; LA EX ASESORA DE ROCA NO INFORMABA A LOS CONCEJALES SOBRE LICENCIAS ILEGALES

Un ex edil del GIL apunta a la responsabilidad de la abogada Raquel Escobar

José Carlos Villanueva | Málaga

Entre la mayoría de los procesados en el juicio por el llamado caso 'Malaya' existe la creencia de que antiguos técnicos y asesores municipales deberían compartir junto a ellos el banquillo de los acusados. El ex edil del GIL Alberto García Muñoz, testigo declarante este lunes, ha apuntado hacia las responsabilidades que desempeñó, como asesora urbanística municipal, la abogada Raquel Escobar, persona de confianza de Juan Antonio Roca y ahora testigo de cargo contra él.

García Muñoz, sobrino del ex alcalde Julián Muñoz y ex concejal de gobiernos del GIL entre 1999 y 2003 (luego en la oposición) ha relatado que en 1999 los ediles gilistas "exigimos" al entonces alcalde, Jesús Gil, que se emitieran informes jurídicos sobre si se podían emitir licencias de obras en base a la revisión del PGOU.

Desde que Escobar fue designada en su puesto de asesora jurídica de Urbanismo "jamás me advirtió sobre licencias ilegales", ha denunciado García Muñoz. De hecho, Escobar figura imputada por delitos urbanísticos en distintas causas abiertas en Marbella.

El ex edil mencionado ha recordado también una declaración judicial de dicha letrada en la que dijo que "no era posible otorgar licencias en base a la revisión del Plan General". La abogada quiso elaborar un informe al respecto pero "Gil le dijo que no lo hiciera", según el ex munícipe que ha declarado este lunes.

"Nos pusieron allí a esta señora, que decía algo que nos dejaba a los pies de los caballos, y nos advirtió de que estábamos actuando contra la legalidad", ha criticado García Muñoz. En su opinión, Escobar "fue absolutamente desleal con el equipo de gobierno".

"Aquí parece que la cadena de mando acaba en los concejales y los técnicos no tienen nada que ver. Yo he estado en la cárcel y esta señora está en su casa", ha lamentado el testigo ex edil del GIL.

Y es que la mencionada jurista, hija del conocido magistrado sevillano Francisco Escobar, también ex presidente del Sevilla, se convirtió en una gran ayuda para el juez instructor, Miguel Ángel Torres, y los investigadores de la Policía Nacional al inicio de las pesquisas del caso 'Malaya'. Pasó de ser estrecha colaboradora de Juan Antonio Roca a incriminarle en sus declaraciones, al igual que la abogada María Castañón, redactora de convenios urbanísticos. Ambas ya mostraron durante el juicio oral su hostilidad hacia el ex gerente de Urbanismo.

A preguntas del recién nombrado fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, García Muñoz ha concretado que Escobar siempre informaba a los concejales "de acuerdo a la revisión del PGOU del 98", pero no sobre el PGOU vigente entonces, que era el de 1986, incumplido sistemáticamente por Jesús Gil. "Ella nunca se pronunciaba sobre si una licencia era legal en base a la revisión del Plan. Hablaba de informes favorables".

El ex edil sobrino de Julián Muñoz recuerda, además, que en las comisiones de gobierno Raquel escobar "nunca" informaba sobre las licencias urbanísticas que iban a ser aprobadas por los ediles.

Otro dato, no menos relevante, es que el ex secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes, también procesado en el juicio por presunta corrupción municipal, "nunca" puso reparos a los informes jurídicos de Escobar.

En otro orden de cosas, al explicar la peculiar forma de gobernar del ex alcalde Jesús Gil, García Muñoz ha dicho que tenía "una especie de guardia pretoriana" que no intervenía públicamente. "Eran José Luis Jiménez, José Luis Sierra y Roca", en alusión al todopoderoso ex gerente de sociedades municipales, ya fallecido, el ex asesor jurídico del Consistorio, así como el ex gerente de Urbanismo.

Moción de censura contra Muñoz

Sobre las causas que motivaron la moción de censura contra Muñoz, en agosto de 2003, su sobrino, a preguntas de la defensa de Roca, se ha mostrado seguro de que Jesús Gil planeó dicha operación de transfuguismo en la Semana Santa de dicho año. Según esta teoría el ex presidente del Atlético de Madrid pretendía colocar a Julián Muñoz como cabeza de lista para luego prescindir de él.

No obstante, para García Muñoz "la gota que colmó el vaso" antes de interponer la moción de censura fue el cese de Juan Antonio Roca, por parte del entonces regidor.

El sobrino de Julián Muñoz fue testigo presencia de las reuniones de su tío con representantes de la Junta de Andalucía y ha ofrecido este lunes interesantes detalles: "Julián quería legalizar el PGOU y le dijeron que podía haber una gerencia con Roca y una oficina de la redacción del Plan, donde Roca no podía poner ni medio pie".

"El señor Muñoz equivocadamente se precipita y en vez de dejar aparcado a Roca le cesa y eso desemboca en un moción de censura", ha concluido el ex edil del GIL.

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elmundo.es

REGISTRAN EL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE FARNALS EN BUSCA DE NUEVOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

INVESTIGACIÓN | Por orden de Anticorrupción

La Policía Judicial registró el pasado miércoles el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals en busca de nuevos expedientes, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos urbanísticos.

Según fuentes próximas al caso, los agentes acudieron a la sede consistorial para reclamar más documentos ante el avance de las investigaciones.

Se trata de la segunda ocasión en apenas un mes en que la policía se persona en el Ayuntamiento para recabar informes urbanísticos. En la primera, que tuvo lugar el pasado 28 de octubre, se incautaron una decena de cajas con documentos.

Contra el ex alcalde socialista Vicente Sanchis y varios miembros de su equipo se han interpuesto dos denuncias por prevaricación y malversación de fondos.

Las querellas, que fueron presentadas por el que fuera alcalde popular José Manuel Peralta y un vecino de la localidad, apuntan irregularidades en la concesión de licencias, obras y operaciones urbanísticas (entre ellas, cuatro permutas).

Los 'populares' también instaron a investigar la relación entre los 15.000 euros anuales que cobraba la edil Julia Moreno en el Ayuntamiento con los 544.784 euros en los que está tasada su vivienda.

Las presuntas irregularidades fueron destapadas tras una auditoría independiente impulsada tras la victoria del PP en los comicios municipales de 2007.

Gobierno tránsfuga 

Sin embargo, el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals está dirigido por un gobierno tránsfuga desde diciembre de 2008, cuando así fue declarado por la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

La ex popular Natividad García fue nombrada alcaldesa en octubre de 2008 tras la votación de una moción de censura contra el anterior alcalde, José Manuel Peralta (PP), gracias al apoyo del grupo socialista y el concejal popular Ignacio José Lluch, ahora primer teniente de alcalde.

Posteriormente, la Comisión del Pacto Antitransfuguismo condenaría "tránsfugas" a los dos concejales del PP y a los seis ediles del PSPV-PSOE, que fueron expulsados del partido.

elmundo.es

LA GUARDIA CIVIL REGISTRA EL AYUNTAMIENTO VALENCIANO DE LA POBLA DE FARNALS

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos urbanísticos

LYDIA GARRIDO - Valencia

La Guardia Civil está registrando las dependencias del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals (Valencia) por orden de la Fiscalía anticorrupción, que investiga varias denuncias por presuntos delitos urbanísticos. Las pesquisas afectan a decisiones adoptadas presuntamente por la actual alcaldesa, Natividad García, pero sobre todo a la etapa del anterior regidor, José Manuel Peralta. García, tránsfuga del PP, se apoyó en otro compañero de grupo y en los seis concejales socialistas de la Pobla de Farnals para derribar en octubre de 2008 a su ex jefe, el popular José Manuel Peralta. El PP dio entonces por expulsados a García y al también tránsfuga Ignacio Lluch. El PSPV suspendió de militancia a sus seis ediles como paso previo a la expulsión.
 
La alcaldesa ha confirmado a Efe que los agentes han pedido dos expedientes municipales de urbanismo que les han sido facilitados. "Hemos colaborado con ellos", ha dicho la alcaldesa, y "la justicia decidirá". García, quien asegura desconocer el contenido de los expedientes, ha mostrado su respeto al "secreto" bajo el que se encuentran estos documentos en el marco de la investigación policial. La alcaldesa, no obstante, ha apuntado a la etapa anterior a su toma de posesión, con Peralta como regidor, al afirmar que los expedientes exigidos por mandato judicial se centran en la construcción de "dos manzanas" de edificios construidos por el equipo de gobierno local anterior, del PP.

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elpaís.com

INHABILITAN POR 20 AÑOS AL EX ALCALDE Y A DOS EX EDILES DE ALOZAINA POR DELITOS URBANÍSTICOS.

Más una multa de 4.320 euros

Europa Press | Málaga

El ex alcalde de Alozaina (Málaga) Antonio Blanco y dos ex ediles han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para el pago de una multa de 4.320 euros e inhabilitación por 20 años por dos delitos urbanísticos por la concesión de licencias, según confirmó el propio ex regidor.

Blanco explicó que estas causas "se remontan al año 2002 cuando se aprobó la ley y se aprobaron unas licencias que no tenían todos los condicionantes" y aseguró en declaraciones a Europa Press que "hay dos tipos de alcaldes y cargos públicos, los que meten la mano y los que meten la pata".

"Y nosotros somos de los que hemos metido la pata", aseveró el ex regidor, quien aseguró que las licencias eran para viviendas "en el campo, de trabajadores, porque esto no es Marbella". Precisó que el juicio estaba previsto esta mañana, pero señaló que no se ha celebrado porque se había llegado a un acuerdo.

Blanco precisó que "hay que buscar algún tipo de solución" a la problemática urbanística, porque consideró que "si sigue así, mucha gente se lo va a pensar antes de meterse en esto". En este sentido, dijo que "está claro que hay que hacer legalidades y no ilegalidades y eso ya lo he reconocido", pero añadió que algunos asuntos "deben tratarse por el ámbito administrativo".

elmundo.es

APLAZAN EL JUICIO AL ALCALDE DE LA VIÑUELA POR UN DELITO URBANÍSTICO

TRIBUNALES | Hasta el mes de marzo

Europa Press | Málaga

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha vuelto a aplazar el juicio previsto para este viernes contra el alcalde del municipio malagueño de La Viñuela, Juan Millán, por delitos urbanísticos y lo ha fijado inicialmente para el 5 de marzo del próximo año, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La Fiscalía malagueña solicita provisionalmente para Millán dos años de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público por conceder varias licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y presuntamente sin hacer los trámites necesarios en los expedientes.

Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, el acusado, como alcalde de dicho municipio, concedió mediante dos decretos de agosto de 2001 y otro de octubre de 2003 sendas licencias a particulares para construir tres viviendas unifamiliares en Pago Guerrero.

Todo ello lo realizó, según el escrito presentado en su día por la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección de embalse de La Viñuela", según las normas subsidiarias de planeamiento de 1996, vigentes en el momento en el que se concedieron las licencias de obra.

Además, el fiscal considera que para estos permisos "se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes", puesto que en los dos primeros expedientes el secretario hacía constar la calificación del terreno y que para su edificación se precisaba "justificación de la nulidad e interés social de la obra"; mientras que en el tercero se instaba a acreditar la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero "no habiéndose realizado nada de ello".

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación, por el que solicita un año y medio de prisión y 10 de inhabilitación; y otro de prevaricación, del mismo artículo 320 del Código Penal, por el que pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación, también especial para empleo o cargo público.

elmundo.es

LA JUEZ DECRETA EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EX ALCALDE DE LLÍBER Y EL EX APAREJADOR

CORRUPCIÓN | Por cohecho y estafa urbanística

* Fueron detenidos por delitos urbanísticos cometidos entre 1999 y 2003

ELMUNDO.es | Dénia (Alicante)

La juez de Instrucción número 3 de Denia, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional de los dos detenidos en relación a la trama urbanística de Llíber.

Se trata del ex alcalde del municipio, José Mas Avellà (PP) y del ex arquitecto técnico municipal. Ambos han pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles y mantienen la condición de imputados en la causa abierta por estafa, cohecho y prevaricación tras haber prestado declaración .

El ex primer edil y el ex aparejador fueron detenidos por la Guardia Civil a principios de esta semana en relación con delitos urbanísticos cometidos durante los años 1999 y 2003 en este municipio de la Marina Alta.

La operación, que continúa abierta y en la que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones, ha permitido el arresto de otras seis personas, todos ellos empresarios de nacionalidades británica, alemana y española.

La magistrada instructora tomó declaración este martes a tres de los constructores en calidad de imputados por los mismos delitos. Dos de ellos quedaron en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado para firmar, mientras que para el tercero de ellos se decretó prisión provisional, eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros.

Está previsto que en los próximos días la magistrada que dirige el procedimiento cite a declarar a otros implicados, que no han sido detenidos

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* El PP suspende de militancia al ex alcalde de Llíber
* Declaran libremente el alcalde actual y cuatro ediles

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LA POLICÍA INTERVIENE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS DE ARBOLEAS NO REMITIDOS AL JUEZ

ALMERÍA | Por orden judicial

Europa Press | Almería

Los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta que han procedido este lunes por la mañana al registro, por orden judicial, del despacho del ex secretario del Ayuntamiento de Arboleas (Almería) han solicitado a Fernando García Benito documentación sobre "algunos expedientes urbanísticos" que, en su día, fue requerida mediante providencias por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa, sin que el Consistorio los remitiese en respuesta a esa demanda.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han precisado que la actuación, iniciada pasadas las 10.00 horas en dependencias municipales, ha sido ordenada por el juez Alberto Blanco en el marco de unas diligencias previas incoadas por este órgano, aunque por el momento no ha trascendido si de ellas se deriva algún tipo de imputación por la comisión de presuntos delitos urbanísticos.

García Benito, quien fue relevado del cargo de ex secretario e interventor municipal el pasado mes de julio por el actual alcalde, Ángel Jesús García (PSOE), abandonaba las dependencias del Consistorio arboleano pasadas las 16.45 horas después de permanecer retenido en el departamento que ocupa con la categoría de técnico de la Administración General junto a tres agentes de la Policía Autonómica de paisano y otros dos uniformados que lo han acompañado a la salida por la puerta de atrás del edificio.

Funcionamiento normal
La operación relacionada con la concesión de licencias urbanísticas no ha paralizado el normal funcionamiento del Ayuntamiento, tal y como ha destacado el primer edil ya que toda la atención de los efectivos movilizados por el juzgado instructor se han centrado en la persona del funcionario que asumió las competencias antes mencionadas en el año 2000, según García, aunque consta en registro a los que tuvo acceso Europa Press que hasta 2004 estuvo ejerciendo en el Ayuntamiento de Bacares para después ser trasladado a Arboleas.

El ex secretario e interventor municipal fue cesado en virtud de una de las primeras decisiones "que adopté -explicó el regidor- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior alcalde, el también socialista Francisco Pérez Miras. Aseguró, en esta línea, que la documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal y no a periodos recientes".

García asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía Autonómica en el Consistorio de Arboleas, que "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".

Viviendas fuera de ordenación
La Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Zurgena, Albox, Cantoria, Arboleas, Partaloa, Albanchez y Lubrín alcanzaron en septiembre de 2008 un acuerdo de colaboración para elaborar planes de inspección locales que servirán para detectar las viviendas fuera de regulación en el término municipal y diseñar una ficha individualizada sobre la situación específica de cada una de ellas.

El delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, anunciaba entonces que la solución a las más de 5.000 viviendas propiedad de residentes británicos fuera de ordenación en doce municipios de la comarca del Almanzora y el Levante almeriense pasaba por los instrumentos de planificación municipal y autonómicos al tiempo que afirmaba que la Junta de Andalucía estaba "obligada a colaborar con la Justicia" y a acatar cualquier resolución judicial referente a los inmuebles.

elmundo.es

DETENIDOS EL EX ALCALDE DE YAIZA Y DOS HIJOS SUYOS POR CORRUPCIÓN

URBANISMO | Registro domiciliario en Lanzarote

* El ex edil salió esposado de su domilicio por agentes de la Policía Nacional
* Está acusado de la posible comisión de varios delitos urbanísticos

Efe | Lanzarote

El ex alcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), y dos de sus hijos han sido detenidos por la Policía acusados de presunta corrupción urbanística relacionada con irregularidades en la concesión de licencias supuestamente ilegales para proyectos hoteleros en el municipio lanzaroteño.

Los agentes irrumpieron por sorpresa en el domicilio del político sobre las 10 horas para proceder a un registro ordenado por la autoridad judicial.

Testigos presenciales indicaron que Reyes, que ya fue detenido también en el marco de la 'Operación Unión', que investiga una trama de corrupción urbanística en Lanzarote, salió de la vivienda esposado, mientras que al menos uno de sus hijos permaneció retenido por los agentes en el interior de un vehículo policial durante el registro domiciliario.

La detención del ex alcalde y sus dos hijos está relacionada con una denuncia que en su día presentó el ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y actual secretario general del PSOE en la isla, Carlos Espino, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.

Espino denunció entonces al ex alcalde de Yaiza y al actual alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, de CC, a partir de un informe elaborado por los servicios jurídicos externos del Cabildo en el que se le advertía de la posible comisión de varios delitos urbanísticos por parte de los citados regidores municipales.

En vista de ese informe, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo se presentó a finales de 2006 ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, Grupo de Blanqueo de Capitales, para denunciar los hechos supuestamente delictivos. En concreto, el ex alcalde está imputado en esta causa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística, blanqueo de capitales y cohecho.

ELMUNDO.ES

LOS DOS EX EDILES DE BAENA IMPUTADOS POR DELITOS URBANÍSTICOS NIEGAN LAS IRREGULARIDADES

BAENA | Los abogados piden el archivo de la causa

Toñi Caravaca | Córdoba

Una hora y media. Este fue el tiempo que consumieron los dos imputados por delitos urbanísticos en Baena, Fernando Mora Molina y Alberto Sánchez, para decirle al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad que durante el tiempo que estuvieron al frente del área de Urbanismo como tenientes de alcaldes de este municipio no cometieron ninguna irregularidad en el ejercicio de su actividad.

Mora Molina ocupó este puesto entre los años 2003 y 2007 y Sánchez entre 1999 y 2003. No obstante, el primero ostenta en la actualidad el puesto de gerente de esta misma área en el Ayuntamiento sevillano de Écija, que preside el socialista Juan Wic, a falta de que el Partido Socialista (PSOE) apruebe su dimisión tras conocerse su imputación por prevaricación y delito contra el territorio durante su gestión como teniente de alcalde de Urbanismo en Baena.

Una duda que se cernió sobre éste y Alberto Sánchez después de que el primer alcalde democrático de Baena, Carlos Arenas (IU), denunciara hace dos años por la vía penal presuntas irregularidades al comprobar, presuntamente, que se había aprobado la ejecución de obras sin la preceptiva licencia en al menos una docena de parcelas e inmuebles ubicadas en esta localidad entre 2002 y 2004. De hecho, ayer, ambos fueron llamados a declarar en calidad de imputados por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento cordobés de Baena.

El abogado de Mora Molina, Francisco Lobo, señaló que su defendido negó ante el magistrado que durante el periodo en el que ostentó el cargo de teniente de alcalde de Urbanismo en el Consistorio de Baena hubiese "intervenido en ninguna actuación irregular", por lo que, como dice, "a priori, nos hace pensar que se va a adoptar una solución de archivo con respecto a mi cliente de forma inmediata".

Y es que, aunque resultó imposible que tanto el abogado de Mora Molina como la letrada de Alberto Sánchez, Ana Moreno, ofreciesen más detalles de la declaración de sus defendidos, sí que mantuvieron en todo momento que ambos negaron haber cometido delitos de prevaricación o contra la ordenación del territorio en el desempeño de su labor al frente del área de Urbanismo. De hecho, como destacó Lobo, los dos imputados se limitaron a explicar ante el juez cuáles eran sus funciones como responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento baenense durante su mandato.

Los dos abogados aseguraron, al término de las declaraciones, que no hay ninguna prueba que presuponga la posible incriminación de los dos imputados, por lo que "a la vista de sus declaraciones no tienen ningún tipo de responsabilidad penal", señaló Francisco Lobo. Sin embargo, preguntado éste por qué entonces han sido llamados a declarar en calidad de "imputados" en lugar de «testigos», éste manifestó que por "un exceso de celo de la Justicia, que ha preferido darles el foro de imputados para asegurar que sus declaraciones se producían con todas las garantías".

Insisten en su inocencia

Por su parte, la abogada de Alberto Sánchez, Ana Moreno, coincidió con su colega en que lo previsible es que el juez ordene el archivo del caso, ya que "en su declaración Alberto ha explicado cómo se llevaba toda la tramitación administrativa para comprobar que no se ha producido ninguna irregularidad y que él no ha tenido nada que ver en ninguno de los expedientes sobre los que el juez le ha interrogado". Por tanto, como avanzó ayer Moreno, su defendido negó cualquier participación en los hechos porque "no ha habido ninguna irregularidad en su actuación".

Unas declaraciones que fueron ratificadas ayer por los dos testigos que el juez llamó también a declarar, siendo uno de ellos funcionario municipal encargado de la vigilancia de obras y otro un ex trabajador del Ayuntamiento baenense que realizaba también esa función. Según el abogado del Consistorio, Fernando Llagas, los dos afirmaron "que no recibieron instrucción alguna de ningún superior, ni político ni funcionario, para actuar en una determinada dirección". No obstante, los dos testigos, mostraron, según el letrado del Consistorio, su "sorpresa" por el hecho de que "los partes que obran en las actuaciones y que deberían estar en el archivo municipal no estén ahí".

Sea como fuere, los imputados eludieron responder ayer a las preguntas de los periodistas al entrar en el Juzgado antes del horario previsto y por una puerta de atrás, no por la principal. A la hora de la salida, ambos aprovecharon que sus abogados estaban atendiendo a los medios para escapar en un coche con las lunas tintadas a toda prisa y cuesta arriba.

ELMUNDO.ES

DIEZ ALCALDES SEVILLANOS SON INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA POR DELITOS URBANÍSTICOS

MERCEDES BENÍTEZ. SEVILLA

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tiene abiertas investigaciones al menos contra diez alcaldes de la provincia de Sevilla. La mayoría de ellos por delitos urbanísticos que, en todos los casos, tienen un denominador común según explican desde la propia Fiscalía: la falta de respeto a la legalidad.

Se trata de un puñado de primeros ediles (también hay un par de ellos que ya han dejado el sillón municipal) que han permitido que en sus municipios se construyera sin licencia y que anteponen sus propios criterios a los que estipula la norma urbanística. Estos son los que actualmente están siendo investigados.

Gerena. El alcalde de esta localidad, Jacinto Pereira, (PSOE) se enfrenta una investigación sobre destrucción de yacimientos arqueológicos para que se construyera una urbanización sobre el yacimiento. Además ese mismo alcalde también está siendo investigado por la Fiscalía por el derribo de un edificio catalogado para la construcción de una residencia de ancianos. Y se libró de otra denuncia porque ya había prescrito al haber pasado más de tres años que recaía sobre él por la construcción de una nave en suelo rústico.

Castilblanco de los Arroyos. En este caso se trata del ex alcalde, Manuel Ruiz (IU). Tiene un juicio inminente por haber permitido edificar centenares de construcciones ilegales en las Minas de Castilblanco. En este caso, según fuentes de la Fiscalía, «las toleró y las alentó durante varios años». Se enfrenta por tanto a un posible delito de prevaricación por omisión.

Morón de la Frontera. Su alcalde Manuel Morilla (PP) ha sido objeto de una querella por autorizar vertidos ilegales al cauce del río Guadaira. Se trata de un presunto delito contra el medio ambiente ya que durante años no ha evitado que los vertidos de derivados de la aceituna llegaran al río. Además, Morilla se alió con su antecesor, el ex alcalde del PSOE, José Párraga y ambos aprobaron un aparcamiento ilegal en suelo rústico.

Guillena. El alcalde socialista Justo Padilla tiene en el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla un juicio pendiente con una acusación de prevaricación urbanística por permitir la edificación en suelo rústico sin hacer nada durante años. Se trata de una urbanización «Los lagos del Serrano». Pero el primer edil de Guillena también está siendo investigado por la Fiscalía por permitir el vertido al río de todas las aguas residuales de la población sin depurarse. Burguillos. José Juan López, alcalde socialista autorizó un edificio ilegal en suelo urbano. Era un edificio que tenía más altura de la permitida. El juicio tendrá lugar en el juzgado de lo penal número 12 de Sevilla en unos días. En este caso la Fiscalía pide varios meses de prisión y al menos ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El Madroño. La alcaldesa, la socialista María Josefa Rubiano, también está siendo investigada por conceder licencias ilegales en suelo rústico. Al parecer se trataba de una vivienda unifamiliar a la que concedió la citada licencia en 2004 pese a que el arquitecto municipal informó de que estaba en suelo rústico.

Aguadulce. Otra mujer, la ya ex alcaldesa socialista Isabel Ortiz, a quién también se acusa de prevaricación urbanística por dar licencias contrarias a la legalidad. La licencia en cuestión se otorgó para la construcción de dos naves para engorde de pavos en suelo calificado como no urbanizable en el PGOU. Y ello pese a que los técnicos municipales habían informado contrariamente a esa licencia.

El Viso del Alcor. Manuel García Benítez, alcalde socialista y el concejal Antonio Salvat fueron denunciados por un delito urbanístico ya que realizaron una adjudicación en suelo rústico sin licencia.

Cazalla de la Sierra. Se trata del ex alcalde socialista, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del ex presidente de la Junta), también denunciado por prevaricación urbanística. Falta el escrito de acusación y el caso se ha demorado por la avalancha de recursos.

Lora de Estepa El alcalde socialista Salvador Guerrero, también se tuvo que enfrentar a un juicio similar. Por haber tolerado la construcción de un edificio ilegal en suelo rústico llegaron a pedirle un año de cárcel aunque fue absuelto hace un par de meses.

Cinco fiscales dedicados a ello

En Sevilla hay cinco fiscales de la red de fiscales medioambientales dedicados a eso: a investigar los asuntos urbanísticos, contra el medio ambiente o el patrimonio. Su trabajo está surtiendo efecto dado que cada años son más los casos. El problema es que cada asunto tarda dos o tres años en resolverse por que a la lentitud de la justicia se suma que, cuanto toca en órganos de pueblo, los juzgados son aún mas lentos

ABCDESEVILLA.ES

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LA CORRUPCIÓN DESBORDA LA COMUNITAT VALENCIANA

Veintidós alcaldes enfrentan causas judiciales por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad documental

CECILIA GUZMÁN

Veintidós alcaldes o ex alcaldes de la Comunitat Valenciana se enfrentan a acusaciones por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad en documento público, según denuncia el diario Levante, que detalla y argumenta cada uno de los casos.

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Dénia es posiblemente la ciudad valenciana con más políticos implicados en procesos judiciales en la actualidad, en total son 13 los imputados, 11 de ellos son concejales o ex concejales y 2, técnicos municipales. La ex alcaldesa Paqui Viciano (PSPV) enfrenta tres cargos, mientras que la actual, la popular Ana Kringe, tampoco escapa a la justicia con dos acusaciones, una de ellas por presunta prevaricación, tras haber ejercido durante un año el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria.

Benitatxell
El ex alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, que pertenecía a un grupo independiente con gran apoyo de residentes extranjeros, está imputado por un delito de cohecho. Cardona supuestamente pidió a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil austriaca, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada. Ambos fueron detenidos el pasado mes de julio cuando trascendió el presunto chantaje.

Pego y Vall del Laguar
En Pego, está imputado el alcalde, el independiente Carmelo Ortolà, y todo su equipo de gobierno (Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación. Otro responsable de gobierno procesado y cuyo juicio se aplazó esta misma semana, al extraviarse una importante prueba, es el alcalde de Vall del Laguar, Juan José Puchol, del PSPV. Se le acusa de falsedad documental por presuntamente cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad.

Calpe
El alcalde de Calpe, el popular Juan Roselló, quien también es diputado provincial, está acusado de contratar a una empresa de su cuñado, durante su etapa de consejero de la entidad Aguas de Calpe, con un sobrecoste de 1,1 millones de euros, según revela Levante.

Oropesa
El alcalde de Oropesa, el popular Rafael Albert, lleva a cuestas dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Una tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos bloques de 600 apartamentos, conocidos como Edificios Mar, construidos sobre suelo no urbanizable. La otra acusación está relacionada con la posible aprobación de la venta de suelo público en Balcó del monte Renegà a un precio ridículamente menor que el establecido por el mercado (seis euros por metro cuadrado).

Moncofa
Otro de los alcaldes con causas abiertas en los juzgados de la Comunicat Valenciana es el de Moncofa, José Vicente Isach, del PSPV, al que se le atribuye un presunto delito de prevaricación por otorgar licencias de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Alcalà de Xivert
En Alcalà de Xivert, municipio del Baix Maestrat, están actualmente imputados el alcalde, el popular Francisco Juan Mars, también diputado provincial, y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.

Zarra
El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, es uno de los casos más sonoros, según Levante, porque autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos. Rubio dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de esas autorizaciones se otorgaron a la empresa de su hijo.

Otras ciudades
Alcaldes o ex alcaldes de otras ciudades valencianas, citadas por el diario Levante, también enfrentan causas judiciales. Entre estas localidades se encuentran: Xàbia, Burriana, Alzira, Cullera, Benimodo, Tous, Montserrat, Ribaroja, Olocau, A’Alcora y Sagunt Veintidós alcaldes enfrentan causas judiciales por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad documental

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