DETIENEN AL EXALCALDE DE ALCAUCÍN Y A SIETE FUNCIONARIOS POR EL "CASO ARCOS"

La Guardia Civil registra la sede del Patronato de Recaudación Provincial. | A. Pastor

SUCESOS | Registro en el Catastro y en el Patronato de Recaudación

Álvaro Frías | Málaga

El ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y el ex jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, han sido detenidos este martes a raíz de una línea de investigación derivada de la documentación intervenida en el 'caso Arcos'. El arresto del ex regidor socialista y de Mora se ha producido sobre las 8.00 horas en Alcaucín y en la capital malagueña respectivamente. Además, hay otras ocho personas que han sido imputadas.

Ambos ya fueron detenidos hace tres años al descubrirse esta operación, que suma medio centenar de imputados y destapó una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía. También ha sido detenido el asesor jurídico Pedro José Grandfils.

Además, al menos seis funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación, han sido arrestados también por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín.

La investigación se centra en una de las nueve piezas separadas de dicho caso y no se descartan más arrestos, según han informado fuentes cercanas a las pesquisas, que han precisado que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se han desplazado desde Madrid tres funcionarios del Catastro para el desarrollo de esta operación.

La Guardia Civil registra desde primeras horas de este martes en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados, domicilios de particulares y el archivo del Catastro, que se encuentra en la calle Cristo de la Epidemia. En la Gerencia del Catastro de la Delegación de Hacienda, en concreto en la segunda planta, que ha sido cerrada, los funcionarios no pueden salir ni tampoco dejan entrar al público.

Los delitos que se investigan son cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y urbanística, contra ordenación del territorio, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

La operación en Alcaucín, que se inició con la detención de trece personas hace tres años, entre ellas el ex alcalde, José Manuel Martín Alba, que llegó a permanecer tres meses en prisión, suma 55 imputados, entre los que figuran técnicos, promotores y particulares.

Las investigaciones se centran en las actividades del que fuera alcalde de la localidad y su presunta relación con las operaciones urbanísticas desarrolladas en Alcaucín, así como en los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento a partir del año 2000 y en las reparcelaciones de terrenos realizadas en el municipio malagueño.

elmundo.es

"CASO ARCOS"; EL ALCALDE DE ALCAUCÍN ALERTÓ A LOS PROMOTORES DE QUE ERAN INVESTIGADOS

* 'Posiblemente tengamos que abrirte expediente para que ellos no actúen', le dijo a un promotor

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La connivencia que según la Guardia Civil sostiene en sus informes existía entre el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, y varios promotores con intereses en el municipio queda patente en varias de las conversaciones telefónicas intervenidas en el marco de la 'operación Arcos', y que constan en el sumario.

En ellas se observa cómo el regidor alerta a varios promotores de que un juzgado ha requerido al Ayuntamiento documentación sobre sus obras, o cómo les ayuda a obtener financiación bancaria pidiendo al arquitecto imputado informes ficticios sobre la calificación de sus terrenos.

En una conversación intervenida el 11 de noviembre de 2008, por ejemplo, el alcalde avisa a Luis Crooke, uno de los promotores imputados junto a su suegro, Francisco Llamas, de que un juzgado ha pedido al Ayuntamiento informes sobre la construcción del residencial Arco Iris, promovido por la mercantil Crocasa, e incluso les cita para hacerles entrega de lo solicitado por el juez.

El complejo, según los investigadores, vulneraría «todos y cada uno de los puntos» sobre los que el juez solicitaba informes. «Yo de la mejor manera lógicamente, no te quepa la menor duda, que ya lo mandaremos y además te daremos más o menos copia de lo que hemos mandado», se llega a comprometer el alcalde con Crooke.

En otra de las conversaciones, el alcalde avisa a otro promotor, en este caso un particular que había ejecutado una construcción ilegal, de que el Ayuntamiento no ha tenido otro remedio que enviar a un policía local a hacer fotografías, dado que se ha recibido un requerimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. «Posiblemente tengamos hasta que abrirte expediente, ¿entiendes?», le indica el alcalde, que tras varias explicaciones más le comenta que la actuación municipal se realizará «pa que ellos no actúen», en referencia al Seprona y a la Junta de Andalucía.

El alcalde además facilitó a los promotores antes citados informes para hacerlos valer ante determinadas entidades bancarias, y, al resultar estos insuficientes, instó al arquitecto de Diputación, José Mora, a elaborar otro informe que afirmase que los terrenos eran urbanizables, de forma que, bajo el paraguas de la Diputación, este documento sirviera a los empresarios para lograr la ansiada financiación a sus proyectos, levantados en suelos no urbanizables del municipio.

Además, ante la denuncia de un particular contra la construcción del complejo Arco Iris por parte de Crocasa, y la consiguiente causa judicial, el alcalde se compromete a proteger los intereses de los promotores, y acuerda con los denunciados que solicitará un nuevo informe a José Mora para facilitarles que puedan eludir la acción de la Justicia.

Complicidad
La complicidad entre el alcalde y el arquitecto de la Diputación encargado de la comarca de la Axarquía se concretó además en el inteto de ambos por obtener cobertura legal para las irregularidades urbanísticas cometidas durante años en el municipio, mediante un documento denominado ‘Innovación de las Normas Subsidiarias de Alcaucín en suelos anejos al núcleo’, que elaboró José Mora, el Consistorio aprobó en pleno el 21 de diciembre de 2006 y que la Comisión Provincial de Urbanismo desestimó en 2008, señalando que la memoria del documento carecía «del mínimo rigor necesario incumpliendo de forma flagrante y directa distintos preceptos de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y del Reglamento de Planeamiento».

Un completo informe del Seprona incluido en el sumario alude a 14 áreas del municipio que el documento pretendía convertir en suelo urbanizable, en muchas de las cuales ya existen edificaciones u obras en ejecución. El documento detalla dos operaciones presuntamente irregulares, varias actuaciones del regidor para obstaculizar investigaciones judiciales abiertas, y varios supuestos colaboradores del regidor.

Además
* El PP pide una comisión de investigación en el Parlamento
* El PSOE desoyó al militante que denunció la trama
* 'Cuanto más grande es la mentira, más caro es el informe'
* La concejal de Urbanismo que no sabe nada de urbanismo

elmundo.es

"CASO ARCOS"; INVESTIGAN EL AUMENTO DE VALOR DE UNA FINCA DE 180.000 A 6.774.588 EUROS

Según consta en el sumario

Efe | Málaga

El caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín investiga una operación de compraventa de una finca que sufrió un importante incremento de valor al pasar de 180.303 euros en septiembre de 1999 a 6.774.588 euros en marzo de 2004.

Según consta en el sumario de las actuaciones, al que ha tenido acceso Efe, se indaga la presunta operación especulativa de la finca 'Cortijo Salto', debido al aumento de valor que sufrió en cinco años pese a estar clasificada como terreno rústico y dedicada únicamente al cultivo y explotación del olivo.

De las investigaciones practicadas "solamente se desprende como hipótesis lógica para justificar tan cuantioso incremento de valor", el hecho de que existiesen unas "fundadas expectativas" de poder ver modificada su condición de rústico a urbanizable, señala.

Esta reclasificación, que estaba prevista en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se presentó a los compradores y ahora propietarios, los cuales se dedican principalmente a negocios inmobiliarios.

En un informe de la Guardia Civil figura que la mencionada operación de compraventa era "conocida" por el entonces alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, quien adjudicó la elaboración del avance del PGOU a unos arquitectos de Huelva, que también fueron los adjudicatarios de la redacción del documento, proyecto que abandonaron a petición del regidor.

Los investigadores mantienen que tras la venta de la finca se "ocultaban solamente intereses especulativos" que "debían ser conocidos" por el alcalde, quien "con su complacencia, posiblemente, alentaba las expectativas de los ahora propietarios", en el sentido de que un día podrían desarrollar en ella un importante proyecto urbanístico que rentabilizara su inversión.

En el sumario consta otra operación en la que "ha debido de tener una participación relevante" Martín Alba, relativa a la compraventa de un suelo rústico que, merced a un certificado con su visto bueno, pasa a inscribirse como urbano y autoriza la posterior construcción de 36 viviendas, "todo ello sin atender a la legal clasificación del suelo".

Deducen los investigadores que el ex alcalde podría haber sido "el verdadero comprador de la finca, de ahí el contrato a nombre de sus hijas", que éste posteriormente vendió a una promotora con un importante incremento, al pasar de 120.000 a 330.000 euros.

Por otro lado, las conversaciones telefónicas intervenidas en el procedimiento ponen de manifiesto, según los investigadores, la "connivencia" existente entre Martín Alba, el ex jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, y un gestor inmobiliario.

Estos tres han "consentido" y participado en la construcción de viviendas de nueva planta las cuales se "justifican y legalizan" en base a que en los lugares de construcción existían unas ruinas, indica.

Antecedentes
La trama caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín, que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía, y con una veintena de imputados, llevó a prisión a dos de ellos: el ex alcalde del municipio y el jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

Además
* Martín Alba otorgaba licencias con documentos falsos
* Un promotor devolvió a Martín Alba lo que pagó por una finca
* Abren diligencias para esclarecer el retraso del sumario

elmundo.es

DENUNCIAN RETRASOS EN LA ENTREGA DEL SUMARIO DEL CASO "ARCOS" DE ALCAUCÍN

TRIBUNALES | Se levantó el secreto hace dos meses

Efe | Málaga

Uno de los abogados personados en el caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín ha denunciado que no entregan el sumario a ninguno de los letrados pese a que han pasado dos meses desde que la instructora levantase el secreto parcialmente.

Por ello, el abogado, Jose Carlos Aguilera, ha dirigido un escrito al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la secretaria general para la Justicia para que se abra un expediente informativo y se depuren responsabilidades.

Para este letrado "es injustificable e injustificado el retraso", ya que se están perjudicando gravemente y de forma irreversible los derechos constitucionales de los imputados en el mencionado procedimiento. "Algo está funcionado, no mal, sino muy mal", afirmó Aguilera, ya que han pasado dos meses sin haber hecho todavía las copias digitalizadas de 7.657 folios, "lo que excede con creces el tiempo razonable que se precisa para ello: no más de dos días", apostilló.

La trama del caso 'Arcos', con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora. Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

El 13 de noviembre de 2008 la jueza de Instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, decretó el levantamiento parcial del secreto de sumario. Las actuaciones que podrían estar estudiando los abogados si se les hubiese entregado corresponden a los primeros nueve tomos de las actuaciones, así como de otros trece tomos de la pieza separada de atestados policiales.

El resto de procedimiento sigue secreto debido a que la Guardia Civil continúa el análisis de la documentación intervenida y la práctica de diligencias. La jueza argumenta en su ultima resolución que existe riesgo de destrucción y manipulación de pruebas por parte de algunos de los imputados, por lo que entiende que debe mantenerse el secreto "el tiempo imprescindible" para asegurar dichas pruebas.

La instructora del caso acordó el secreto de las actuaciones el pasado 19 de septiembre de 2008, decisión que ha prorrogado en más de una docena de ocasiones. Debido a que el Juzgado "carecía de medios suficientes" para hacer y entregar copias a las 37 partes personadas la jueza libró un oficio a la Delegación de la Consejería de Justicia en Málaga para que buscara los medios necesarios para escanear 7.657 folios y dar las correspondientes copias.

elmundo.es

"CASO ARCOS"; LEVANTAN PARCIALMENTE EL SECRETO DE SUMARIO

TRIBUNALES | Alcaucín

Efe | Málaga

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, ha decretado el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín.

Fuentes próximas al caso han informado a Efe de que la juez ha decidido levantar el secreto de los primeros nueve tomos de las actuaciones, así como de otros trece tomos de la pieza separada de atestados policiales.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el procedimiento debe continuar secreto -por el plazo de un mes- debido a que la Guardia Civil continúa el análisis de la documentación intervenida y la práctica de diligencias.

Argumenta que existe riesgo de destrucción y manipulación de pruebas por parte de algunos de los imputados, por lo que entiende que debe mantenerse el secreto "el tiempo imprescindible" para asegurar dichas pruebas.

La instructora del caso Arcos acordó el secreto de las actuaciones el pasado 19 de septiembre de 2008, decisión que ha prorrogado en doce ocasiones.

En el escrito, el Juzgado señala que "carece de medios suficientes para hacer y entregar copias a todas las partes personadas", situación que en otros procedimientos de "semejante volumen" se ha solucionado con el escaneo de los folios para entregar las copias en formato digital.

Por ello, la jueza libra un oficio a la Delegación de la Consejería de Justicia en Málaga para que "provea de los medios necesarios" para escanear 7.657 folios y dar las copias a las 37 partes personadas en el procedimiento.

La trama del caso 'Arcos', con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la juez.

La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

elmundo.es

LOS VECINOS DE SAYALONGA DEFIENDEN A SU ALCALDE Y CULPAN A LA JUNTA Y A LA LOUA

Condenado por prevaricación

Una de las pancartas de apoyo al alcalde que se puede ver en Sayalonga. | C. Díaz

Berta González de Vega | Málaga

Puede que el níspero haya encontrado en Sayalonga su paraíso, como reza un cartel a la entrada del pueblo. También los europeos que se han retirado en estas montañas, que han preferido la casita y el jardín con frutales, el mar de lejos, al bloque alto, el cemento y el mar de cerca. Pero, ahora mismo, para los nativos, Sayalonga es el pueblecito donde les ha atrapado el paro, desprevenidos, después de tantos años de bonanza con obras en monte y playa. «¿De qué vamos a comer ahora?», se pregunta una señora en una pequeña tienda de ultramarinos. Nadie habla del níspero, claro.

Esta semana, en Sayalonga se ha vivido la última movilización de la Axarquía contra unas leyes y normas de siglas difíciles, muchos artículos, buenas intenciones, lenguaje enrevesado y, para esta zona, una consecuencia: paralización de la construcción. Los tribunales van declarando culpables a varios alcaldes de la zona por permitir construcciones ilegales.

El último caso ha ocurrido aquí y el alcalde, José Luis Navas, dimitirá en breve por condena de inhabilitación de nueve años para cargo público, y doce meses de cárcel. Pero la justicia popular ha encontrado a otros culpables: la LOUA y el POTA, unas normas que, ya desde que se empezaron a tramitar, provocaron las suspicacias de los alcaldes de esta sierra donde se levantaron los moriscos.

El pasado lunes, en el pueblo hubo huelga general en apoyo a un alcalde socialista que gobierna en un ayuntamiento con siete concejales del PSOE, uno del PP y uno del PA. Hubo varios alcaldes de la comarca e incluso alguno del PP.

La capacidad de síntesis de los hombres es legendaria cuando se ven afectados los intereses propios. En el mundo, se habla del crack financiero para explicar esta crisis y se siguen escribiendo libros a diario sobre ella y las hipotecas subprime. En España, ha calado que mucha culpa de lo que nos ocurre la tuvo un urbanismo incontrolado, el peso de plomo del ladrillo en la economía. En la Axarquía, en los análisis apresurados, la culpable es la Junta, promotora de esas normas que han parado en seco, según los habitantes de Sayalonga, una época de prosperidad y que ahora ha dejado «a un hombre parado en cada casa, por lo menos».

Apoyo al alcalde
En el pueblo, además de los verbales, quedan restos físicos del apoyo a su alcalde. Del diminuto ayuntamiento –en la entrada, una cuartilla pegada a la pared anuncia clases particulares para escolares– cuelga una pancarta en la que se lee: «Aquí no hay maletas ni bolsas de basura, sólo un alcalde que nos aporta mucha ayuda». Y, ahora, más, porque en el pueblo explican que para muchos hombres la alternativa al paro sólo pasa por trabajos municipales.

El pareado solidario de la fachada hace referencia claramente a casos de corrupción muy distintos ocurridos en la costa occidental o, más cerca, en Alcaucín, donde el alcalde tenía efectivo debajo del colchón. La orografía de Sayalonga es tan difícil –el mareo en la subida en coche es inevitable– que desarrollos inmobiliarios importantes son imposibles, porque no hay parcelas donde hacer planes parciales y que los arquitectos den rienda suelta a bloques y adosados bajo el nombre de una gran promotora. Tampoco puede haber grandes extensiones de cultivos tropicales, que da de comer en pueblos como Vélez.

Navas archivó un expediente de sanción y años después le ha costado el puesto

El urbanismo de este pueblo ha sido el de tantos de la zona, una sucesión de pequeñas manchas por las montañas, pero cada año la cosecha de esos champiñones de ladrillo era más numerosa. Y más ilegal. O alegal, si se quiere, porque muchas de las casas eran lo que se ha denominado ya «chalés de apero», viviendas de apenas 100 metros que supuestamente sólo deberían servir para albergar las herramientas del campo.

La camarera de un restaurante de la plaza del pueblo lo explica: «La ley esa valdrá para las grandes fincas, pero aquí la gente tiene parcelillas con cuatro olivos y unos nísperos y eso no da para comer». Sí que daba la construcción de las casas para los extranjeros: «Los guiris metieron a mucha gente a trabajar. Tenías que ver la plaza, estaba llena de gente comiendo de menús y mira ahora». Tres mesas ocupadas con extranjeros, sus copas de vino y sus tapas y esa cara de felicidad que les pone el sol colándose entre las nubes.

Los hay que ven la botella medio llena. Habla Anthony Hicks, dueño de la inmobiliaria Taurus, doce años en la zona. «Los precios no han bajado como en la costa, porque aquí no hay grandes bloques vacíos. Llegan menos ingleses porque la libra ha bajado, pero ahora tenemos a más escandinavos».

En el pueblo el tipo de comercio que más abunda es precisamente las inmobiliarias, con sus anuncios en tres idiomas: primero inglés, luego alemán y el español, el último. El taxi del pueblo también lleva la publicidad de una inmobiliaria en la puerta trasera. En los escaparates, no hay chollos. Las casas son pequeñas, casi no hay de más de 120 metros, y pocas bajan de los 250.000 euros.

Los extranjeros encuentran que la norma urbanística es demasiado confusa

Dice Hicks, que también tiene oficina en Cómpeta, que el alcalde ha tenido el colmo de la mala suerte, que ha sido condenado por la única casa ilegal que hay en el pueblo, a la vuelta de la carretera, subiendo hacia la antena grande.

«Las cosas han cambiado desde hace cuatro años. Ahora, nos exigen que las escrituras estén bien, pagado el IBI. Yo diría que ya el 90% de las casas están legalizadas. De todas formas, los extranjeros encontramos que las normas urbanísticas siguen siendo demasiado confusas», dice. Le pregunto que si él cree en la inocencia del alcalde. Es tajante: «I love him passionately». Le quiere apasionadamente. No parece el único en el pueblo. ¿Qué cree que ha pasado? La explicación habitual: «En el pueblo se conoce todo el mundo y le pedirían el favor», dice este inglés. Así que José Luis Navas archivó un expediente sancionador contra esa casa edificada en suelo no urbanizable y, años después, le ha costado el puesto.
Celtas y Vikingos

El alcalde ha anunciado el recurso a la sentencia. La comarca ha presentado en forma de protesta popular un recurso contra la leyes urbanísticas de la zona. Pero Luis Pizarro, consejero de Gobernación, ha sido tajante: no hay vuelta atrás ni excepciones . Sayalonga tendrá que explotar lo que pueda el níspero y su paraíso, su cementerio redondo y a esos guiris que beben vino al sol o que incluso pueden tomarse comida india en el restaurante que anuncia tandoori chicken.

En el museo morisco anuncian que se pueden observar restos prehistóricos, romanos y fenicios. En cientos de años, habrá restos de casitas que fueran habitadas por unos celtas y vikingos que llegaron buscando sol barato. La avalancha, contará la pequeña historia, causó problemas con leyes sobre el suelo y la edificabilidad. El desenlace todavía no se ha escrito.

Además
* Piden 4 años más de cárcel para el alcalde de Sayalonga

elmundo.es

EL EX ALCALDE DE ALCAUCÍN SALE DE LA CÁRCEL TRAS PAGAR UNA FIANZA DE 120.000 EUROS

CASO 'ARCOS'

Corrupción municipal en la Axarquía

José Manuel Martín abandona la prisión. | Jesús Domínguez

* Proclama a las puertas de la prisión de Alhaurín que es inocente
* Asegura que tiene muchas ganas de hablar y "contarlo todo"

Efe | Málaga

El ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín ha proclamado su inocencia al abandonar este viernes la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, una vez hecha efectiva la fianza de 120.000 euros fijada por la juez instructora del caso "Arcos" contra la corrupción urbanística en el municipio.

Martín, que fue detenido el pasado 27 de febrero y era la única persona que permanecía encarcelada por esta causa, abandonó el centro penitenciario sobre las 21.30 horas y subió en un vehículo en dirección a su domicilio.

Preguntado por los periodistas que le aguardaban a su salida, se limitó a decir que tiene "muchas ganas de hablar y de aclarar todo" porque es "inocente", aunque los emplazó para más adelante porque tenía ganas de irse a su casa.

Respecto a la reacción de su pueblo tras su detención, agradeció las muestras de apoyo recibidas y se mostró contento "aunque es lo que esperaba, que me apoyaran".

Tras pagar la fianza a última hora de la mañana y una vez en libertad, el ex alcalde no podrá salir de España y tendrá que comparecer ante la juez instructora cuando se le reclame, dijeron a Efe fuentes judiciales.

Para reunir el importe total de la fianza han colaborado, según las fuentes, numerosos vecinos del municipio, familiares y amigos del ex regidor.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo.

El ex alcalde, elegido por el PSOE y único encarcelado que quedaba por esta causa, fue detenido el pasado 27 de febrero por orden de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vélez-Málaga.

Esta operación, que suma más de una veintena de imputados, destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.

Por su parte, el que era jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga José Francisco Mora, que ingresó en prisión junto al ex alcalde por su presunta implicación en este caso, quedó también en libertad tras pagar una fianza del mismo importe el mes pasado.

Este técnico fue imputado de los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación.

Además

* IU acusa a la Junta de hacer 'la vista gorda' con Alcaucín

ELMUNDO.ES

DECRETAN LA LIBERTAD DEL EX ALCALDE DE ALCAUCÍN BAJO FIANZA DE 120.000 EUROS

CASO 'ARCOS'

Corrupción urbanística



José Manuel Martín acompañado por dos agentes de la Guardia Civil. | elmundo.es


Efe | Málaga

La jueza del caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística ha dictado este jueves un auto de libertad bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín, elegido por el PSOE y único encarcelado que quedaba por esta causa tras salir de la prisión un arquitecto de Diputación.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo.

Fuentes judiciales han informado de la resolución judicial sobre su libertad y desde fuentes de su defensa han apuntado a Efe que la fianza se prestará previsiblemente este viernes.

El ex alcalde imputado fue detenido el pasado 27 de febrero por este caso y se ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza cuatro días después por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vélez-Málaga, del que es titular la jueza Irene Urbón.

Ahora tendrá prohibido salir del territorio nacional y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando se le reclame, mientras que el caso continúa bajo secreto sumarial.

Esta operación, que suma más de una veintena de imputados, destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.

Por su parte, el que era jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga José Francisco Mora, que ingresó en prisión junto al ex alcalde por su presunta implicación en este caso, quedó también en libertad tras pagar una fianza del mismo importe el mes pasado.

Este técnico fue imputado de los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación.

La cuantía de estas dos fianzas es similar a la fijada en su momento por la jueza para tres de los empresarios detenidos en esta causa para eludir la prisión.

ELMUNDO.ES

LA JUSTICIA INVESTIGA EL URBANISMO DE 18 DE LOS 29 ALCALDES DE LA AXARQUÍA

La mayoría de los casos es por dar licencia de construcción en suelo rústico

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

El descontrol urbanístico de La Axarquía sobrecarga el trabajo de los juzgados de la provincia de Málaga. La desmesurada construcción de viviendas en suelos rústicos no urbanizables en la comarca y las numerosas denuncias al respecto formuladas en los últimos años han deparado la apertura ya de un buen cúmulo de procedimientos judiciales.

* El ex alcalde encarcelado trató de cambiar las normas urbanísticas con informes anómalos

El único alcalde condenado por prevaricación urbanística es del PP

Las investigaciones abiertas por la Fiscalía o por los distintos juzgados de la provincia de Málaga afectan al menos a 18 de los 29 municipios de la comarca en no menos de 70 diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

El grueso de los casos de momento está pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía sobre si procede o no la apertura de una causa judicial.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, informó anteayer de que los inspectores de Urbanismo autonómicos han emitido en los últimos dos años 62 informes a requerimiento de jueces y fiscales.

Además, por propia iniciativa, la Dirección General de Inspección Urbanística ha formulado siete denuncias en Fiscalía.

Los municipios que han sido objeto de alguna pesquisa judicial por irregularidades urbanísticas son Alcaucín, Alfarnate, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Algarrobo, Cómpeta, Macharaviaya, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez Málaga y Viñuela. La mayoría de estos municipios están gobernados por el PSOE (12), que es hegemómico en la comarca; tres por el PA, dos por el PP y uno por IU; aunque ése es el mapa actual, en algunos de ellos ha habido alternativas a lo largo de los años.

Pese a que la construcción de viviendas en suelo no urbanizablees un fenómeno común en la comarca, las irregularidades con alcance judicial no se reparten en todos por igual. Alcaucín, Viñuela y Cómpeta son los municipios que más han requerido la atención de la Fiscalía y que tienen procedimientos judiciales más avanzados.

La Junta estimó hace cinco años que en la comarca existen unas 10.000 viviendas en suelo rústico, cifra que el Gabinete de estudios de la Naturaleza de La Axarquía (Gena) eleva a 21.000 en el conjunto de los 29 municipios de ámbito del Plan de Ordenación del Territorio (POT) más Rincón de la Victoria y Totalán.

Según este censo, tras Vélez Málaga y Torrox, ciudades con un término municipal mucho más grande que ocupan también costa, Alcaucín y Cómpeta son los dos municipios con más casas en situación irregular (1.420 y 1.392, respectivamente).

De momento la única condena por prevaricación urbanística en La Axarquía es para un alcalde del PP, Leovigildo López, que ha sido regidor de los dos municipios gobernados por esta formación que figuran en la lista de los investigados: Canillas de Albaida y Cómpeta. Cuando ya había abandonado la política, en marzo de 2008, fue condenado a siete años de inhabilitación por haber dado una licencia en 2001 en suelo no urbanizable en Cómpeta.

Éste es el municipio sobre el que más informes han requerido los órganos judiciales a los inspectores de Urbanismo, 14 de los 62 realizados en la comarca, según los datos facilitados el jueves por Juan espadas.

Con más de medio centenar de impugnaciones de licencias, el nuevo alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, que hasta 2007 fue su párroco, ha sido uno de los primeros ediles de la comarca que solicitó a la Junta acogerse al plan de inspección para poner en orden su urbanismo.

El alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), será juzgado en breve por dar tres licencias en suelo no urbanizable por las que el ministerio público le solicita un año y medio de prisión.

Millán se enfrentó a la Junta en octubre de 2007 al dar por aprobado por silencio administrativo un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba un crecimiento muy superior al permitido por la normativa autonómica.

El alcalde ignoró que el trámite había sido suspendido por una resolución de la Junta, que impugnó la aprobación del plan en lo contencioso.

Pero el alcalde de Viñuela tiene ahora en su haber haber sido el primer munícipe de La Axarquía en ordenar el derribo de una construcción ilegal. También colabora con la Junta en el plan de revisión.

Mención aparte es el caso de Alcaucín, cuyo alcalde José Manuel Martín Alba, ha traspasado con su actuación el ámbito del ordenamiento urbanístico y ha protagonizado el primer caso de corrupción.

Martín Alba, que dimitió la noche del martes poco antes de ingresar en prisión, está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de recalificaciones y licencias de obras en el municipio. Antes de destaparse este caso por el que han sido detenidas otras 12 personas en la operación Arcos, los juzgados ya instruían alguna causa por prevaricación urbanística contra Martín Alba. Los inspectores de Urbanismo han redactado seis informes sobre el municipio a requerimiento judicial.

ELPAIS.COM

EL ALCALDE DE ALCAUCÍN ESCONDÍA 160.000 EUROS DEBAJO DEL COLCHÓN

La Guardia Civil ha incautado 160.000 euros en los registros de la casa de José Manuel Martín. El alcalde socialista de Alcaucín los escondía bajo el colchón de su propia casa.
En conjunto, los agentes se han hecho con más de 250.000 euros en los sucesivos registros de la "operación Arcos".

José Manuel Martín, detenido. Archivo.

* Arenas pide responsabilidades a Chaves

L D (EFE) El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), detenido por la Guardia Civil por presunta corrupción urbanística, guardaba 160.000 euros en efectivo distribuidos en varias bolsas bajo un colchón de una cama de su casa, según publica el diario SUR de Málaga. Javier Arenas ya ha pedido responsabilidades políticas a la Junta de Manuel Chaves.

El dinero supuestamente fue hallado en uno de los registros efectuados por la Guardia Civil en el marco de la "operación Arcos", que ha destapado una trama que construía viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía y en la que también fueron detenidas las dos hijas del alcalde y otras diez personas.

El inmueble fue inspeccionado varias horas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil y, cuando éstos descubrieron el dinero, Martín manifestó que los 160.000 euros eran "los ahorros de toda una vida", según el periódico, que cita fuentes consultadas por el periódico sin precisar cuáles son.

En total, los agentes se habrían incautado de más de 250.000 euros en los once registros llevados a cabo en la operación, que también ha salpicado a la Diputación de Málaga con la detención de un responsable del Servicio de Arquitectura y de su secretaria.

Esta última quedó en libertad tras ser interrogada por los agentes que investigan el caso, añade el diario.

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LA GUARDIA CIVIL DETIENE AL ALCALDE SOCIALISTA DE ALCAUCÍN POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Dos hijas del regidor se encuentran entre los doce arrestados en el municipio malagueño

SANTI SOUVIRON | MÁLAGA

El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, detenido por la Guardia Civil, saluda ante los aplausos de los vecinos.

La Guardia Civil detuvo ayer a trece personas en la denominada operación Arco contra una trama de corrupción urbanística en Málaga. Entre los arrestados destaca el alcalde socialista del municipio malagueño de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, dos de sus hijas y el aparejador municipal. Junto a ellos, el adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, dos funcionarios de ese organismo y varios administradores, apoderados de empresas y gestores inmobiliarios.

La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, delito urbanístico y actividades prohibidas a los funcionarios. Según los primeros datos, la red se dedicaba a encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones ilegales realizadas en suelo rústico de la comarca malagueña de la Axarquía. Además de las detenciones, agentes de la Guardia Civil registraron bajo supervisión municipal numerosas dependencias municipales en Alcaucín, viviendas particulares de los arrestados y distintos despachos del área del Servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña.

Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil el que inició las pesquisas a impulso de varias organizaciones ecologistas que desde hace años denuncian el aumento de las construcciones ilegales en la sierra de la Axarquía, de alto valor medioambiental. Al descubrir los primeros indicios de una posible trama corrupta, el caso pasó a la Fiscalía de Málaga, que a su vez lo derivó a la de Anticorrupción.

Las pesquisas detectaron la trama de parcelación irregular y construcción en suelo rústico, promovida al parecer desde el Ayuntamiento de Alcaucín, que habría contado para ello con los informes favorables emitidos por la diputación malagueña. La Guardia Civil investiga si este actuar fraudulento se extendió al vecino municipio de La Viñuela, cuyo alcalde, también del PSOE, es un habitual de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos urbanísticos.

El PSOE lo expulsará
La Diputación de Málaga, gobernada por PSOE e IU, se desvinculó de la actividad de la presunta trama de corrupción. El vicepresidente del ente, el socialista Francisco Fernández España, aseguró que los hechos investigados forman parte de "la actividad privada de los presuntos implicados y en ningún caso están relacionados con la que desarrollan para la institución".

En Alcaucín, la operación de la Guardia Civil dejó boquiabierta a la población. José Manuel Martín Alba, nacido en 1953, es albañil y un conocido cantaor flamenco. Entró en política hace dos décadas, y ha ganado por mayoría absoluta las cinco últimas elecciones municipales. Numerosos vecinos se concentraron a las puertas de su domicilio mientras era registrado, y le dedicaron gritos de ánimo y apoyo durante su traslado hacia el ayuntamiento, donde presenció la inspección de varias dependencias municipales. Alcaucín es un primoroso pueblo serrano de apenas 2.500 habitantes.

Sin embargo, según las incesantes denuncias de los grupos ecologistas en los últimos años, en su extenso término municipal se han construido unas 20.000 viviendas de todo tipo. Según las investigaciones fiscales, se erigieron en suelo rústico, aunque desde el ayuntamiento y la diputación se disimuló esa circunstancia.

Por su parte, el PSOE anunció ayer que expulsará a todos los militantes que sean imputados en el caso del Ayuntamiento de Alcaucín. La comisión ejecutiva de Málaga y la regional de Andalucía aseguraron que los socialistas mantendrán "tolerancia cero" ante la corrupción. El vicepresidente del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, anunció ayer el envío de un escrito a los órganos de garantía del partido para tramitar la expulsión de José Martín Alba y de todos aquellos afiliados que estén relacionados con los posibles delitos por los que han sido detenidos. Pizarro subrayó el respeto y respaldo de su formación al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad contra la corrupción, y apostilló que el partido "va a asumir responsabilidades y no se va a querellar con el juez instructor", en referencia al PP y su acusación a Baltasar Garzón. Desde el PP señalaron a la Junta de Andalucía como máximo responsable, por acción u omisión, de lo ocurrido al ostentar las competencias en control y disciplina urbanística. A juicio del secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, el caso de Alcaucín confirma la "extensa mancha de corrupción" del PSOE en la comunidad autónoma.

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