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sábado, 7 de abril de 2012

"CASO MAQUILLAJE"; UM COMPRÓ EL "VOTO LATINO" CON EMPLEOS PÚBLICOS Y "PARRILLADAS"

CORRUPCIÓN | Conclusiones policiales tras la investigación
Dos jueces indagan el desvío de fondos públicos a UM en campaña
Existen testimonios de compra de votos por '80 euros y trabajo en EMAYA'

Eduardo Colom | María J. García | Palma

El «plan preconcebido» de Unió Mallorquina para «captar y comprar votos» con cargo al Consell de Mallorca y otras instituciones de cara a las «elecciones de 2007» se extendió también a «líderes de colectivos y asociaciones de inmigrantes». Principalmente, «auspiciando» y costeando desde la institución insular «ingentes» eventos y fiestas como «parrilladas y asados» con el objetivo de la «emisión de votos para la formación a cambio de trabajos y beneficios que en algunos casos se concretaron en contrataciones en Emaya».

Estas son algunas de las conclusiones preliminares a las que ha llegado el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía en el último año de pesquisas. Una información plasmada en los informes judiciales sobre los que se acaba de levantar el secreto de sumario y que reflejan las gestiones que durante un año han estado efectuando los agentes policiales en torno a la última ramificación del llamado caso Maquillaje.

La que empezó a destapar este diario hace meses y que implica de lleno a las pseudoasociaciones de inmigrantes latinoamericanos entre las que UM realizó una activa campaña de captación de voto utilizando la maquinaria de los organismos públicos que gobernaba. La Policía ha peinado una treintena de expedientes de contratación del Consell de Mallorca que hasta 2007 presidía la histórica líder de UM Maria Antònia Munar por valor de decenas de miles de euros, a los que llegó tirando del hilo de unas compras de 4.300 euros efectuadas por miembros del colectivo argentino en el comercio para mayoristas Makro en los días previos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Adquisiciones de comida, bebida, utensilios de menaje y electrónica entre las que, como reveló EL MUNDO/El Día de Baleares, se detectó la compra de viandas para el catering del certamen de Miss Argentina en Baleares con cargo a la tarjeta de compra del Consell.

'Ingentes eventos'
Tras analizar esos expedientes e interrogar a un variado grupo de activistas del colectivo inmigrante, principalmente de origen argentino, la Policía ha emitido extensos informes en los que disecciona la trama y a los que ahora ha tenido acceso este diario.

«A raíz del estudio policial de los expedientes tramitados en la Dirección Insular de Relaciones Institucionales del Consell –a cuyo frente estaba Josep Lliteres– que contienen facturas de Makro», relata la Policía en documentos que todavía están siendo fruto de investigación judicial, «se ha llegado a un expurgo de documentación que ha revelado hechos de interés». Para los expertos de Delincuencia Económica, esos hallazgos «se encuadran en el plan preconcebido de captación y compra de votos de las elecciones de 2007» entre «líderes de colectivos y asociaciones de inmigrantes». Especialmente entre aquellos que tenían también la nacionalidad española o alguna otra comunitaria, lo que les daba derecho a votar.

A ese colectivo, prosigue la Policía, el partido «movilizó para que con promesas de empleo a ellos mismos, a sus socios y seguidores, todos votasen a UM, preferiblemente por correo», pues esta última fórmula «con el resguardo correspondiente tiene más garantías».

La Policía esboza también el modo en que se desarrollaba en la práctica esa estrategia. Así, relata cómo «en actos o eventos tales como parrilladas o asados auspiciados por el Consell de Mallorca» se empleaban métodos «sutiles pero contundentes y convincentes» para comprar votos. «Los líderes o captadores de voto de UM no se subían a un escenario y desde la palestra solicitaban por megafonía a voz en grito ese voto» sino que se dedicaban a «ir de mesa en mesa» y aprovechar «el boca a boca de los captadores y dinamizadores de voto que a cambio de emitir este a favor de UM prometían a los electores trabajos y beneficios, que en algunos casos se concretaron en contrataciones en EMAYA».

Fue el caso, por ejemplo, de un extrabajador de la empresa de aguas y alcantarillado quien confesó ante la Policía cómo «ingresaron en EMAYA premiados por UM» tanto él mismo como otros «miembros de la Casa Argentina y de otros colectivos de inmigrantes», llegando a dar cuatro nombres, entre ellos el del cantante de tangos que amenizaba las famosas fiestas argentinas. El número de esos eventos pagados por el Consell, subraya la Policía, no sólo «fue ingente» sino que «fue acrecentándose al acercarse el 23 de mayo de 2007, fecha final para ejercer el voto por correo»

El propio exgerente de la Fundación Pública Illesport, destacado integrante del colectivo argentino incluido en la candidatura de UM, confesó ante la Policía que medió para colocar a «cinco» de sus compatriotas cazavotos cuando éstos presionaron para que el partido cumpliera sus promesas de colocación. Es más, ha admitido ante la Policía que lo hizo «desconociendo si tenían calificación profesional para ello».

Para recompensar a los líderes de esas asociaciones (el mismo ex alto cargo de Illesport ha testificado que «algunas de esas asociaciones eran ficticias o tenían un solo integrante») «previamente se les 'contrataba o colocaba' en el Consorcio de Informática Local del Consell» o en empresas contratistas de la órbita del partido. De tal forma, relata el análisis policial, que «luego pudieran realizar su labor de captación del voto a tiempo completo». Incluso en algunos casos «se les realizaban transferencias o pagos por servicios totalmente intangibles» a sus empresas a través del Consell.

Sea como fuere, todas estas averiguaciones se hallan todavía en fase de investigación judicial, habiéndose reactivado recientemente las pesquisas tras levantarse el secreto de sumario.

miércoles, 28 de marzo de 2012

CHACÓN, IMPUTADO POR "COMPRAR VOTOS" EN MELILLA DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008


Chacón, junto a Vivas y Carracao.
Escrito por CAD  


- El Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 4 de la ciudad hermana le atribuye la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

- El PSOE de Ceuta dice tener una confianza "total y absoluta" en la Justicia y en que el resultado final del proceso será "favorable" al presidente de la Fundación Zeituna


El último delegado del Gobierno de Zapatero en Ceuta, José Fernández Chacón, que entre 2004 y 2008 ocupó este mismo cargo en Melilla, ha sido imputado junto a quien le relevó en tal responsabilidad en la ciudad hermana, Gregorio Escobar, por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación durante las elecciones generales de 2008 mediante la "compra de votos" a través de puestos de trabajo en los Planes de Empleo del Estado.

Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Melilla, al que ha tenido acceso Europa Press, también han sido imputados tanto el anterior secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz como el actual, el propio Gregorio Escobar, además de Felipe Gismera Bruna, exsubdirector general de Promoción de Empleo y Javier Alfaya Hurtado, exsubdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, entre otros.

Fernández Chacón, Gregorio Escobar, Dionisio Muñoz, Felipe Gismera Bruna y Javier Alfaya Hurtado también han sido acusados de un delito de malversación de caudales públicos por un supuesto "desvío de las cantidades económicas que debiera haberse dado a las subvenciones públicas, hacia personas que habían votado en las elecciones generales de 2008 a la coalición PSOE-CPM, así como a simpatizantes, militantes, etc., ascendiendo el montante total de la subvenciones concedidas para los tres planes de empleo a 26.572.988'04 euros".

Subvenciones para "minimizar el paro" y "dar trabajo a quienes votaban CPM-PSOE"
El documento judicial indica que "la coalición Política CPM-PSOE Melilla ha usado las subvenciones concedidas para minimizar el impacto del paro sobre la Ciudad Autónoma de Melilla para dar puestos de trabajo a personas que habían dado su voto en los comicios generales de marzo de 2008 o a familiares de estas, así como a compromisos de ambos partidos, como militantes o simpatizantes, evidenciándose así una desviación del destino que debería darse al dinero público que debiera haber recaído finalmente con preferencia absoluta a los ciudadanos melillenses parados de larga duración".

"Por lo que se pueden", añade el auto, "considerar autores del delito todos los que desde un cargo público con poder de toma de decisiones, han participado en la trama delictiva, al ser todos ellos necesarios para que dicho delito haya quedado consumado".

El gaditano preside ahora la Fundación Zeituna
Asimismo, las que fueran autoridades socialistas citadas también están imputadas por la presunta comisión de sendos delitos de tráfico de influencias "al influir desde distintos cargos públicos o políticos sobre diversos funcionarios públicos encargados de la realización de tareas relacionadas con la selección del personal a contratar en los puestos de trabajo de los planes de empleo".

Por último, el actual secretario general socialista, Gregorio Escobar, también ha sido acusado de un delito de obstrucción a la justicia y falsedad documental, al dificultar presuntamente la investigación penal "mediante contestaciones falsas y dilaciones indebidas en los requerimientos judiciales con intención de ocultar la verdad o desviar la atención de los investigadores y Autoridad Judicial".

El PSOE de Ceuta no duda de que Chacón saldrá absuelto
El secretario de Economía del PSOE de Ceuta, José María Mas, que pasó los últimos tres años y medio junto a Chacón como su asesor en la Delegación, ha asegurado este martes por la tarde en declaraciones a los medios que el partido que lidera Carracao tiene una confianza "total y absoluta" en la Justicia y ha anunciado que los socialistas están "seguros" de que el resultado final del proceso será "favorable" para el actual responsable de la Fundación Zeituna, donde encontró acomodo de la mano de la Cámara de Comercio de Ceuta en cuanto salió de la Delegación.

"La Justicia es la mejor garantía de ello", ha señalado Mas.

viernes, 25 de febrero de 2011

"CASO MAQUILLAJE"; LA POLICÍA DETIENE A UN MIEMBRO DE UM TRAS EL REGISTRO DE SU SEDE EN PALMA Y LA DE UNA EMPRESA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO



La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta financiación irregular

ANDREU MANRESA - Palma

Nueva nube de sospecha sobre Unió Mallorquina (UM), cuya imagen ha recibido otro duro golpe a menos de 100 días de las elecciones. La sede central del partido en Palma, está siendo registrada desde primera hora de la mañana por orden judicial, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción que trabaja con expertos del Grupo de Delincuencia Económica y especialistas en informática.

La acción pretende hallar pistas o documentos de una supuesta trama delictiva ligada a una presunta financiación ilegal, con supuesta compra de votos con pagos y contratos laborales hechas por las instituciones y empresas contratadas.

La sede de UM no es el único lugar que está registrando la Policía Judial. Los agentes también han entrado en las oficinas del Intituto Municipal de Formación y Ocupación (IMOF), una empresa pública controlada por los regionalistas hasta febrero de 2010, y la plataforma de la que el partido presuntamente se valía para realizar los contratos objeto de la investigación.

La operación ya se ha saldado con una detención. La de Paula Cortés, número dos de la que fuera líder de UM en Palma, Cristina Cerdó. Cortés fue coordinadora del área de medio ambiente del Ayuntamiento de la localidad y gestionaba una red de informadores medioambientales, subvencionada presuntamente por UM, que se había contratado a través del INFOB. Su arresto no ha sido el único. Anoche, la exgerente del organismo, Catalina Palleras, fue detenida e interrogada sobre una supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por UM. Palleras que, según fuentes de la investigación, se avino a contar todo lo que sabía a cambio de un mejor trato penal, quedó en libertad sin cargos.

No es el único escándalo en el que está inmersa UM, excargos y políticos en ejercicio de esa formación están sometidos a investigación y pendientes de juicios por diferentes causas penales por supuesta corrupción. Un exsecretario general, Tomeu Vicens, está en la cárcel con una condena firme por malversación y los tres últimos presidentes, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, están imputados en diferentes causas.

La operación dirigida por el juez Antonio Rotger, el fiscal Pedro Horrach y el comisario Antonio Cerdá, ha causado gran expectación desde que ha trascendido. No en vano, las oficinas de UM están en la populosa calle comercial de la Via Sindicato.

UM fue partido clave de la política y el poder en Baleares -ayudando alternativamente al PP o a la izquierda- desde 1983 hasta febrero de 2011, cuando el PSOE expulsó a sus políticos de los pactos de Gobierno por la multiplicación de sus escándalos de supuesta corrupción. La formación nacionalista logró 28.178 sufragios entre 700.000 electores, un 6,9%, en 2007. Con esta fuerza de palanca UM ejerció de nuevo de bisagra y mandó a la oposición a un PP que había obtenido el 47% de los votos, dando al PSOE las presidencias de Baleares, Mallorca y Palma. Sin este apoyo, la izquierda habría quedado en la oposición en la inmensa mayoría de instituciones de las islas.

elpaís.com

"CASO MAQUILLAJE"; REGISTRAN LA SEDE DE UM PARA INVESTIGAR LA CONTABILIDAD B DESTAPADA POR EL MUNDO

La Policía Judicial a su entrada en la sede de UM en Palma. Pep Vicens

Habrá más registros a lo largo del día

* Investigan la captación irregular de votos y las contrataciones fantasma
* El registro ha durado 7 horas y se han incautado abundante documentación
* Hasta el momento hay tres detenidos en la operación

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Policía Judicial ha registrado este viernes durante 7 horas la sede de Unió Mallorquina (UM) para investigar la contabilidad B del partido desvelada por EL MUNDO con la que se llevó a cabo la compra de votos durante las pasadas elecciones. Los agentes han acudido al local junto al fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Está previsto que haya más registros a lo largo del día.

El registro se produce por orden del titular de juzgado de instrucción número 8 de Palma Antoni Rotger a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, informa Europa Press. Esta es la primera vez que se registra la sede de un partido político en la historia democrática de Baleares.

Tras siete horas de registro, la policía ha salido a las 15:37 horas de la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, con media docena de cajas de documentación. A la misma hora han salido de la sede de UM los fiscales anticorrupción encargados del caso, quienes llevaban toda la mañana en el registro del partido político.

Las investigaciones se enmarcan dentro del caso Maquillaje y se centran en una presunta compra de votos a nivel municipal durante las pasadas elecciones y en la contratación de militantes de UM en diferentes cargos del ayuntamiento a pesar de que en estos cargos ellos no tenían ninguna función, sino que se dedicaban a labores de partido.

Los registros se dan después de que este diario adelantara que UM compró el voto gitano de las barriadas más populares de Palma, entre las que destacaron las de Son Gotleu y La Soledad, mediante sobres repletos de billetes de 500 euros que fueron entregados a uno de sus cabecillas en plena campaña electoral en la propia sede del partido tras pactar con ellos las cantidades en una céntrico taberna de Palma.

El partido que presidía Maria Antònia Munar contactó con varios líderes gitanos de estas zonas, que se ofrecieron a lograr el voto de al menos 20 familias. A cambio, eso sí, exigieron dinero en efectivo para repartir entre los nuevos votantes de la formación nacionalista que con sus tres diputados desbancó al PP de Jaume Matas y entregó el poder al PSOE de Francesc Antich.

EL MUNDO/El Día de Baleares también destapó la colocación de empleados fantasma en las empresas relacionadas con el entramado audiovisual de Video-U, que fue ordenada y coordinada presuntamente por el ex presidente de UM Miquel Nadal a cambio de la realización de trabajos durante su campaña para acceder a la Alcaldía de Palma en 2007.

Según pudo saber este diario, fue el ex conseller de Turismo del Govern de Antich quien urdió el sistema para gratificar a quienes le ayudaron durante su candidatura para optar a la Alcaldía de Palma.

Este fue el método empleado para premiar, por citar algunos ejemplos, al hermano del ex conseller de Deportes Mateu Cañellas, que acabó prestando servicios para Nadal; o al presidente de la Casa Argentina en Baleares. A este último se le fichó como asesor de una de las empresas del grupo de Video-U, Ambbit Digital, durante varios meses pese a no tener, al igual que ocurre con el hermano de Cañellas, experiencia alguna en el sector audiovisual. En el caso de Jorge Joaquín Mandado, el principal objetivo de su fichaje pasaba por la captación de votos entre sus compatriotas censados en Baleares y acabó siendo colocado por UM como director gerente de la Fundación Illesport en el Govern presidido por Francesc Antich.

La sede como caja fuerte
UM utilizaba su propia sede para custodiar las comisiones que cobraba en efectivo a sus proveedores y con las que posteriormente financió la pasada campaña electoral.

Algunos de los principales contratistas del Consell de Mallorca, que presidía la histórica líder de la formación nacionalista Maria Antònia Munar, realizaban entregas de sobres en mano a las secretarias de sus altos cargos durante los meses previos a los comicios autonómicos y municipales de 2007, en los que UM obtuvo tres diputados que acabaron convirtiéndose en la llave para que el PSOE de Francesc Antich lograse el Gobierno de Baleares.

Acto seguido, las secretarias tenían orden de sus superiores políticos de depositar el dinero en la sede central de la formación política.

Entre quienes entregaban en mano los fondos se encontraban las administradoras de la productora audiovisual Video-U, adquiridas mediante testaferros por Munar y su delfín Miquel Nadal, y a la que desviaron cinco millones de euros públicos del Consell de Mallorca mediante el pretexto de programas de radio y televisión que nunca se llevaron a cabo.

Una vez en el partido, se colocaban en casilleros sobres con cantidades que rondaban los 300 euros con los nombres de los activistas de UM que se encargaban de pedir el voto puerta a puerta y que, en el seno de la formación nacionalista, fueron bautizaron como biblieros. Con el resto del dinero en efectivo se abonaba todo tipo de gastos derivados de los comicios, desde cenas a los catering de los mítines que se organizaban.

Además
* El Govern está preocupado
* Melià: 'No afecta a nadie de la nueva UM'
* Los casilleros
* ¿Queda algún papel?
* Detienen a la mano derecha de Cerdó

elmundo.es

martes, 13 de julio de 2010

LOS INMIGRANTES QUE VENDIERON SU VOTO A UM COMIENZAN A DECLARAR ANTE LA POLICÍA

CORRUPCIÓN | Elecciones bajo sospecha

* Inician las investigaciones y llaman a los primeros testigos
* El caso fue destapado en abril por EL MUNDO


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

En el transcurso de los últimos días la Policía ha iniciado la investigación encargada por la Fiscalía de Baleares en torno a la presunta compra de votos por parte del partido Unió Mallorquina en las últimas elecciones autonómicas y europeas, así como el supuesto ofrecimiento de trabajos en la administración pública a cambio de la obtención de sufragios para este partido, especialmente entre el colectivo inmigrante. El escándalo fue desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares el pasado mes de abril.

La Policía lleva unas semanas realizando averiguaciones en torno a este caso y en los últimos días se habrían producido de hecho los primeros interrogatorios policiales a alguno de los militantes de UM que entrevistó este periódico, quienes han acudido para testificar sobre el caso. Se trata de unas pruebas preliminares enmarcadas en las diligencias abiertas de oficio por el Ministerio Fiscal el pasado 20 de abril con el fin de esclarecer si hubo una trama de compra de votos y voluntades que pudieran haber viciado el ajustado resultado electoral de 2007.

Según denunció, contactó por primera vez con el partido mallorquinista «en mayo de 2006» y siempre a través de la Casa Argentina de Baleares. «Tengo familiares y amigos que la integran y fui a una parrillada, un asado argentino que organizó Josep Lliteres en la rotonda de Palmanova». Siempre según la versión de M. B., allí entró en contacto con Lliteres, «y me pareció una manera de entrar en el partido porque la Casa Argentina se acopló a UM».

En su confesión recordaba que se le prometió que si Unió Mallorquina ganaba las elecciones se le daría «un empleo» en alguna de las empresas públicas o departamentos de las administraciones controladas por la formación entonces presidida por Maria Antònia Munar.

elmundo.es

martes, 22 de diciembre de 2009

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA; LOS INTOCABLES DE MURCIA

El PP arrasó en Murcia en las elecciones europeas. Seis de cada diez votantes confiaron en ese partido, comandado por el presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel. Nada importa la larga lista de escándalos judiciales que acumula el partido.

Daniel Montero

Torre Pacheco es la zona cero de la crisis económica. Allí donde el espejismo inmobiliario creó riqueza en los eriales, el frenazo de la construcción ha dejado sin trabajo a miles de familias. Algunos no trabajan desde hace meses. Son las cinco de la tarde y las tiendas están abiertas. Pero nadie compra. No se mueve ni un alma en este pueblo de 30.000 habitantes. Javier cruza una esquina: “Yo de toda la vida soy del PP”, reconoce sorprendido por la pregunta, mientras juguetea con sus anillos, anillos de oro. El joven es cristalero. Y no encuentra trabajo desde que el PSOE llegó al poder. Crisis económica y gobierno socialista: dos conceptos que Javier liga sin remisión. “Desde que está Zapatero en el Gobierno yo no he tenido trabajo. Y tengo la FP y carné de conducir”, explica. “Así que por eso voto al PP”, afirma seguro.

Hace 14 meses que la Guardia Civil llegó al pueblo de Javier a buscar al alcalde. El popular Daniel García Madrid fue arrestado el 3 de abril de 2008 y acusado de participar en una presunta trama de corrupción urbanística que supuso importantes pérdidas para el patrimonio del ayuntamiento. Junto a él fueron imputadas otras 13 personas. El escándalo salpicó también a los principales constructores de la zona: Facundo Armero y José Luis Hernández, presidente de la firma de turismo residencial Polaris World. La Justicia le echó mano al motor económico de la región. Y el caso todavía está a la espera de juicio.

Las elecciones europeas del 7 de junio fueron el primer examen electoral para Torre Pacheco tras el escándalo. Al contrario de lo que cabría esperar, el PP arrasó. El alcalde pasó por el calabozo, pero no sufre desgaste electoral ni de popularidad en su pueblo. Está por encima del 69 por ciento. Sólo dos de cada diez personas confían en los socialistas en el pueblo. “Yo veo normal que la gente vote al PP, porque el alcalde sólo está imputado. Y mientras la Justicia no diga nada, él sigue siendo inocente. Aquí no se ha condenado a nadie”, argumenta Noelia, vecina de Torre Pacheco, sentada en un banco frente al ayuntamiento.

La situación se reproduce en toda Murcia. Y es que en 26 municipios de la comunidad autónoma –sobre un total de 45 ayuntamientos– tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus cargos, la inmensa mayoría del PP. Hasta 26 cargos populares acumulan imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental. También hay dos imputados que pertenecen al PSOE murciano. Algunos alcaldes llevan años a la espera de juicio. Años con la sospecha de corrupción. Y años sin la confirmación o rechazo de esas sospechas que aporta la Justicia. Pero poco importan las sospechas. En las pasadas elecciones europeas, la formación del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, se consolidó como la más votada de España con el 61,55 por ciento de los votos. Por el contrario, el PSOE de Murcia es el segundo grupo socialista menos votado del país, sólo detrás de los vascos, comunidad con fuerte peso nacionalista inexistente en Murcia. La campaña electoral de los populares se basó en dos pilares: la relación entre la crisis económica y el Gobierno socialista y su apuesta tajante por el trasvase del Ebro. “El agua se ha convertido en un tema determinante. Y mientras el PSOE tiene que ser tibio en sus declaraciones porque el Gobierno derogó el trasvase del Ebro, el PP se puede permitir ser tajante y apostar desde Murcia por el trasvase”, explican fuentes ecologistas. “Al final, los votos que el PSOE pierde en Murcia los recupera en Castilla-La Mancha, contraria al trasvase”, añaden.

Polémica regional
El 24 de junio se celebró en Cartagena el debate sobre el estado de la región. Allí, PP y PSOE volvieron a enfrentarse en el asunto del agua: “¿Usted no se ha enterado de que no soy un político felpudo?”, preguntó el presidente Valcárcel a Pedro Saura, líder de la oposición socialista. Valcárcel incluso presumió de rebeldía ante el PP nacional: “Ya le he dicho a [María Dolores de] Cospedal [contraria al trasvase del Ebro, como el PP de Castilla-La Mancha] no, no y no. Aprendan ustedes a decir que no, que es muy fácil. ¿O acaso el gobierno de Zapatero no tiene competencia sobre el tema?”.

Sobre la gestión de Ramón Luis Valcárcel –presidente autonómico desde 1995– suma con fuerza el hecho incontestable de que Murcia haya sido la región de España que más ha crecido económicamente en los últimos diez años, con un incremento del Producto Interior Bruto del 3,94 por ciento desde la entrada del nuevo siglo, medio punto por encima de la media nacional. Un crecimiento empujado por la construcción y que se ha frenado de golpe con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se ha doblado en Murcia en los primeros tres meses de este año. Según la Encuesta de Población Activa, la comunidad cuenta ya con 28.800 desempleados. “La especulación inmobiliaria ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones. Eso ha calado en la gente, que aquí todo el mundo se creyó el espejismo de que se iban a hacer ricos con las tierras”, explican fuentes ecologistas. “Y ahora echan la culpa a los socialistas de que esa burbuja se rompa”, sentencian.

Un cartel de “agua para todos” pende del balcón municipal de Totana. Y obreros vestidos con colores chillones sudan la mañana en la plaza del pueblo. Es la resaca del Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como el plan Zapatero. El Gobierno ha inyectado 7.999 millones de euros en toda España para realizar obras públicas que fomenten el empleo. Y ha dejado cinco millones en el pueblo. El Ayuntamiento de Totana se ha convertido en el principal empleador de la región, azotada por el paro. Quinientas familias locales tienen alguno de sus miembros trabajando y cobrando de la corporación, sacudida en 2007 por la operación Tótem de la Guardia Civil.

Allí fue detenido hace 19 meses el alcalde, José Martínez Andreo, pendiente de juicio por nueve presuntos delitos relacionados con la corrupción: desde prevaricación hasta violación de correspondencia. La misma instrucción terminó también con la carrera política del ex edil y diputado autonómico del PP Juan Morales y puso de relieve la bonanza económica de su novia, una joven brasileña sin empleo conocido. En aquellas fechas, desde las filas populares se tachó la actuación de la Guardia Civil como un ataque al pueblo. Los ciudadanos afines crearon incluso una plataforma en defensa del alcalde, mientras el sumario destapaba las presuntas irregularidades. El juzgado que lleva el caso está a menos de quinientos metros de la oficina del alcalde. Año y medio después, la instrucción todavía no está cerrada.

Tras pasar dos meses en prisión y pagar una fianza de 70.000 euros, Martínez Andreo se incorporó de nuevo a su puesto de alcalde. Pidió la baja temporal del partido, pero ha participado en la campaña de las elecciones europeas, donde el PP ha vuelto a ganar. Y con más votos si cabe. A pesar de la mancha sobre los dos últimos alcaldes, el 63,5 por ciento de los electores en Totana confiaron en los populares el pasado 7 de junio.

“Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos”, considera Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana. Tras salir de prisión, el equipo de gobierno retiró las dos plazas de liberado para los concejales de la oposición, mientras ocho ediles del PP siguen dedicados en exclusiva al ayuntamiento, y cobrando por ello. El consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones a las que acceden las asociaciones locales, las agrupaciones de fiestas e incluso las entidades de recreo para la tercera edad, muy importantes en los municipios con población envejecida. Totana será incluso la sede del encuentro mundial de peñas del Fútbol Club Barcelona en septiembre. El presidente de la peña barcelonista es el número dos del ayuntamiento, Juan Carrión, que prepara una exposición en el pueblo con los tres trofeos que ha ganado el Barcelona esta temporada.

“Aquí la gente se ha hecho toda del PP”, constata Paco mientras departe en una terraza de Librilla. Es la hora de comer y el calor ataca. El alcalde de este pueblo, José Martínez García, ha sido el único retirado del partido tras su detención, en noviembre de 2008. Martínez García sigue como alcalde, pero ha quedado fuera de las listas populares. En Librilla, el apoyo electoral al PP ha bajado, pero de una forma muy leve. Todavía cuenta con el 60 por ciento de los votos. “¿Sabes lo que pasa? Que aquí el PSOE no pinta nada”, constata Paco. “Así que muchos socialistas no fuimos a votar. La mayoría de la gente que puede votar eso se fue a la playa”.

interviu.es

martes, 25 de agosto de 2009

¿RAJOY SE EQUIVOCA O MIENTE?: "TREINTA Y OCHO DE LOS 40 CASOS ABIERTOS EN LA REGIÓN HAN SIDO ARCHIVADOS"

La corrupción en Murcia y aquello de “la manzana podrida…” (II)

CECILIA GUZMÁN

Mariano Rajoy ha asegurado que “treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la región de Murcia contra militantes populares han sido archivados”. ¿El líder de la oposición vive de espaldas a la realidad de su partido o miente deliberadamente? ¿Es esta la prueba que puede ofrecer sobre la supuesta persecución por parte de los que calificó como “Torquemadas de Zapatero”. No son 40 los sumarios abiertos en esa Comunidad contra militantes del PP, ni, 38 las actuaciones archivadas. Además, los casos más importantes de presunta corrupción destapados por la Fiscalía continúan siendo investigados.

Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. A esto se suman las causas que implican al gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel Siso.

En la foto, Mariano Rajoy, Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Totana, José Martínez Andreo.

Estos son algunos de los casos de corrupción investigados por los tribunales en Murcia, según fuentes consultadas por Público, Interviu y la web La Sombra de Aznar:

Televisión Autonómica
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM).El empresario Facundo Armero [fundador de Polaris World], que aparece imputado en el caso de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.

La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción ha visto indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita, por parte del Gobierno autonómico, de una balsa de acopio de minerales contaminantes a la empresa Portman Golf, cuya limpieza luego se realizó con dinero público y a un coste de 5,4 millones de euros. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, miembros del Equipo del presidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones en terrenos protegidos. La primera, en el paraje de Lo Poyo, cuyo fin era la construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad en un 15% de la Caja del Mediterráneo, y que planeaba construir una urbanización en un paraje protegido por la Unión Europa como zona de protección de aves.

Abanilla
Varios cargos populares han sido imputados tras la acusación de una propia concejala del PP, María Dolores García, de haber comprado votos en las elecciones locales, con empleos municipales y vales de comida. Además, el concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Blasco, el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López, han sido acusados de falsedad documental en contratos de obras.

Aguilas, caso La Zerrichera
Diez personas implicadas en la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, entre ellas los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad murciana, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Aguilas, Juan Ramírez, el ex concejal de Agricultura y Pesca, José López Díaz, y el empresario Trinitario Casanova Abadía.

Fuente Álamo y Torre Pacheco
Catorce imputados, incluidos los alcaldes, María Antonia Conesa, y Daniel García Madrid, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. También está implicado el fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de esa empresa, José Luis Hernández.

Los Alcázares, caso Ninette
Catorce imputados y seis detenidos, entre ellos el arquitecto Mariano Ayuso, que permanece en la cárcel, y el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Entre los que tuvieron que declarar, Juan Antonio Roca. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento, por el que la sociedad pagó 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas.

Cieza
El alcalde popular Antonio Tamayo acusado por una presunta recalificación de 270 hectáreas de suelo rústico, en la cual favorecía a su nuera y a otros familiares, para la construcción de unas 5.000 viviendas.

Mazarrón
El alcalde, Francisco Blaya, imputado por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista para que apoyaran al equipo de Gobierno popular en la recalificación de suelo rústico.

Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

San Javier
El ex regidor popular José Hernández Sánchez está siendo investigado por presuntas adjudicaciones a dos promotores, socios suyos en la empresa Nueva Valencia al Mal, S.L, en la que figura como consejero Antonio Sánchez Carrillo, dirigente del PP murciano. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.

Puerto Lumbreras
El alcalde popular, y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, está acusado de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

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