Malversación de fondos públicos
El juez imputa al ex gerente de la EFM por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la Administración, amenzas y coacciones, entre otras causas
El juez imputa al ex gerente de la EFM por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la Administración, amenzas y coacciones, entre otras causas
EFE. PALMA. El ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma Óscar Collado se enfrenta a diez delitos por su gestión al frente de esta empresa pública durante 18 años (de 1989 a 2007), incluido uno de amenazas a un proveedor a quien prometió "arruinarle la vida" por no pagarle comisiones.
Así lo refleja el juez instructor del llamado "caso Funeraria" en un auto en el que ordena continuar la tramitación de la causa elevándola a procedimiento abreviado, pidiendo a la Fiscalía y las acusaciones que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa.
El juez considera en su escrito que existen indicios de delito por parte de Collado y su esposa; de la concejal del PP y ex presidenta de la EFM, Marina Sans; de dos constructores y de otros dos proveedores.
En el caso de Collado, que fue gerente, director y director gerente de la empresa (este último cargo en la pasada legislatura del PP), el juez le imputa un total de nueve delitos, que son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la Administración, prevaricación, fraude, exacción legal, blanqueo de capitales, amenazas y coacciones.
Los delitos económicos citados responden a numerosas actuaciones irregulares del ex gerente, como la petición a proveedores y constructores de facturas falsas de trabajos no realizados por valor de 48.000 euros y la apropiación de entre 42.000 y 87.000 euros entregados por particulares para adquirir capillas y tumbas, dinero que nunca se contabilizó como ingreso en la EFM.
Además, Collado tomó de la caja de la EFM 16.000 euros como préstamo que nunca devolvió y adquiría "sistemáticamente" material de algunos proveedores que colaboraban con él en sus ilegalidades por precio superior al de mercado.
Según el juez, numerosos testigos afirmaron que Collado, defendido por José Ignacio Herrero, "ostentaba el total control de la administración, estando especialmente interesado en que la gestión administrativa fuera caótica y desorganizada".
En cuanto a supuestas dádivas, "la mayoría" de testigos, afirma el juez en el auto, "declararon que era 'vox populi' que el señor Collado cobraba comisiones" y uno de ellos indicó que "si le hubiera pagado comisiones no le habría hecho la vida imposible".
Precisamente respecto a estas comisiones, el juez imputa a Collado un delito de amenazas por intimidar a un proveedor con "arruinarle la vida" si no le entregaba el dinero exigido, tras lo que anuló sus pedidos con la EFM, por lo que el empresario tuvo que dejar su negocio.
Con el dinero obtenido de estas actuaciones, Collado compró viviendas y cuatro vehículos de alta gama en seis años y registró "numerosos y sospechosos ingresos en efectivo" -400.000 euros en seis años-, hechos que son, según el juez, "altamente reveladores de que el señor Collado y su esposa llevaban un nivel de vida superior a sus posibilidades".
El ex gerente se enfrenta asimismo a un delito de malversación por gastar "ingentes cantidades de dinero público" en comidas en numerosos restaurantes de Mallorca, España y el extranjero, algunas en fin de semana, con una cifra global de 210.000 euros en nueve años.
También gastó unos 40.000 euros anuales en viajes, algunos con su esposa y en hoteles de lujo (casi 1.400 euros en un fin de semana de hotel con su mujer).
Respecto a la concejala del PP Marina Sans, el juez le atribuye un delito de malversación por usar los fondos de la EFM para viajes privados con su familia por unos 6.800 euros (dinero que abonó en su día tras publicarse una noticia al respecto), así como varios cientos de euros en comidas en fin de semana y 4.879 euros en una sola comida.
Además, el juez indica que su chófer como presidenta de la EFM estaba a su disposición fuera de horario laboral, por lo que cobraba un plus de 400 euros mensuales y un total de 1.248 horas extras.
El resto de los imputados por el juez son la mujer de Collado, Francisca Moll, por receptación o encubrimiento y posible cómplice de los delitos de su marido; los constructores Juan Perelló por falsedad y malversación y Esteban Serrer por cohecho; y los proveedores Ramon Chao y Wenceslao Malas, ambos por fraude y cohecho.
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El juez considera en su escrito que existen indicios de delito por parte de Collado y su esposa; de la concejal del PP y ex presidenta de la EFM, Marina Sans; de dos constructores y de otros dos proveedores.
En el caso de Collado, que fue gerente, director y director gerente de la empresa (este último cargo en la pasada legislatura del PP), el juez le imputa un total de nueve delitos, que son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la Administración, prevaricación, fraude, exacción legal, blanqueo de capitales, amenazas y coacciones.
Los delitos económicos citados responden a numerosas actuaciones irregulares del ex gerente, como la petición a proveedores y constructores de facturas falsas de trabajos no realizados por valor de 48.000 euros y la apropiación de entre 42.000 y 87.000 euros entregados por particulares para adquirir capillas y tumbas, dinero que nunca se contabilizó como ingreso en la EFM.
Además, Collado tomó de la caja de la EFM 16.000 euros como préstamo que nunca devolvió y adquiría "sistemáticamente" material de algunos proveedores que colaboraban con él en sus ilegalidades por precio superior al de mercado.
Según el juez, numerosos testigos afirmaron que Collado, defendido por José Ignacio Herrero, "ostentaba el total control de la administración, estando especialmente interesado en que la gestión administrativa fuera caótica y desorganizada".
En cuanto a supuestas dádivas, "la mayoría" de testigos, afirma el juez en el auto, "declararon que era 'vox populi' que el señor Collado cobraba comisiones" y uno de ellos indicó que "si le hubiera pagado comisiones no le habría hecho la vida imposible".
Precisamente respecto a estas comisiones, el juez imputa a Collado un delito de amenazas por intimidar a un proveedor con "arruinarle la vida" si no le entregaba el dinero exigido, tras lo que anuló sus pedidos con la EFM, por lo que el empresario tuvo que dejar su negocio.
Con el dinero obtenido de estas actuaciones, Collado compró viviendas y cuatro vehículos de alta gama en seis años y registró "numerosos y sospechosos ingresos en efectivo" -400.000 euros en seis años-, hechos que son, según el juez, "altamente reveladores de que el señor Collado y su esposa llevaban un nivel de vida superior a sus posibilidades".
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También gastó unos 40.000 euros anuales en viajes, algunos con su esposa y en hoteles de lujo (casi 1.400 euros en un fin de semana de hotel con su mujer).
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Además, el juez indica que su chófer como presidenta de la EFM estaba a su disposición fuera de horario laboral, por lo que cobraba un plus de 400 euros mensuales y un total de 1.248 horas extras.
El resto de los imputados por el juez son la mujer de Collado, Francisca Moll, por receptación o encubrimiento y posible cómplice de los delitos de su marido; los constructores Juan Perelló por falsedad y malversación y Esteban Serrer por cohecho; y los proveedores Ramon Chao y Wenceslao Malas, ambos por fraude y cohecho.
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