jueves, 19 de marzo de 2009

EL CONSTRUCTOR DETENIDO EN LA MUELA, IMPLICADO TAMBIÉN EN UN ESCÁNDALO DE VPO EN NAVARRA



El exministro de justicia Bermejo y la alcaldesa de la Muela

El huracán que azotó ayer La Muela, municipio zaragozano epicentro de la Operación Molinos contra la corrupción urbanística que se ha llevado por delante a su alcaldesa y a 17 personas más, tuvo su particular onda expansiva en Navarra. Concretamente, en Orkoien, localidad de izquierdas donde Julián de Miguel, constructor detenido ayer, mantiene intereses urbanísticos.


Además del constructor y la alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), fueron detenidos el marido de la edil y uno de sus hijos, el concejal del PAR Carlos Rodrigo Vela, el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento, presuntamente implicados en delitos de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Las detenciones fueron repartidas entre Zaragoza, Madrid y San Sebastián.


Julián de Miguel es el titular de Aranade (Aragón Navarra de Gestión), empresa de la construcción cuya sede fue registrada este miércoles en el seno de la Operación policial por ser la promotora de Centrovía, un pujante parque empresarial de La Muela que ha ido hasta ahora viento en popa merced a la energía eólica.


En la página web de la compañía se puede ver cómo Aranade se ha encargado de proyectos tales como el polígono industrial Centrovía, el auditorio, el complejo deportivo, la planta potabilizadora, la deputadora, residenciales varios y hasta la plaza de toros de La Muela. Entre los proyectos en curso se cuentan, precisamente, el polígono industrial Cruz Blanca, el Sector Sur Residencial Orkorien y Natura Orkorien, en Navarra. Da la casualidad de que el pasado mes de enero comenzó el juicio contra el alcalde de Orkorien, Casimiro Larrea, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de viviendas de protección oficial promovidas por Aranade a través de la sociedad municipal Iturgain.


Aires de grandeza

A estas alturas, ya no sorprende que una empresa estrechamente vinculada a un municipio del Partido Aragonés (PAR) –sí, el mismo que impulsa el casino a gran escala en Los Monegros- como La Muela se vea implicado también en escándalos urbanísticos de un ayuntamiento constuituido por la Unión de las Izquierdas, donde también comparten concejalía Nafarroa Bai, PSN y UPN.


Volviendo a La Muela, también llamada ‘la Marbella del Viento’, el día que Aranade inauguró su nueva sede en Centrovía acudieron el vicepresidente del Ejecutivo autonómico aragonés, José Ángel Biel, el consejero de Industria, Comercio y Turismo de la DGA, Arturo Aliaga y la propia alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, detenida ayer.


Curiosa la gestión de esta mujer, histórica del PAR que lleva al frente de esta alcaldía desde hace 22 años y auténtica factótum del milagro obrado en el pueblo gracias a los molinillos de viento. Esta prosperidad le ha permitido darse aires de grandeza, como llevarse de bolos a la plaza de toros del pueblo a Isabel Pantoja o a Julio Iglesias, o llevarse de viaje por Iberoamérica a medio vecindario. En la imagen se la puede ver brindando con Mariano Fernández Bermejo, ex ministro de Justicia, con el que coincidió en un viaje a Argentina.


ELCONFIDENCIAL


NOTICIAS RELACIONADAS:


Corrupción urbanística


La Muela


Aranade


Orkorien


María Victoria Pinilla


.

LO QUE FALTABA: EL JUEZ QUE INVESTIGARÁ A CAMPS ESTÁ VINCULADO CON LA ABOGADA DE "EL BIGOTES"

POLÍTICA

La imparcialidad del Tribunal de Justicia de Valencia, más en entredicho aún

Una vez más se pone en evidencia el entramado de amistades del aparato judicial valenciano con la figura del presidente de la Comunitat, Francisco Camps. Esta vez, se ha sabido que el juez que investigará a Camps está vinculado al marido de la abogada de Alvaro Pérez (El Bigotes), quien supuestamente pagaba los trajes del político popular.

El juez José Flors, que investigará al presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, por su presunta vinculación con el caso Gürtel, trabaja en una empresa del marido de la abogada que representó a Alvaro Pérez (El Bigotes) cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional, según revela el diario Levante.

Tirant lo Blanch
El Juez Flors es el director de la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, que publica la editorial Tirant lo Blanch, de la que es administrador único Salvador Vives López, marido de la abogada Angela Coquillat, que representó a El Bigotes cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón, por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Gürtel. El Bigotes, presidente de Orange Market, quedó en libertad con cargos tras prestar su declaración, y salió de la Audiencia Nacional acompañado por Coquillat sin hacer ningún tipo de comentarios a la prensa.

Instructor del sumario
El magistrado José Flors es el encargado de establecer si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente para asumir la causa remitida por el juez Baltasar Garzón, y juzgar a los presuntamente implicados: el presidente, Francisco Camps, y el número dos del PP regional, Ricardo Costa. En el caso de que sea así, Flors será el instructor del procedimiento.

Conservador moderado
José Flors, catalogado como conservador moderado, accedió a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia en octubre de 1995, después de ser presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de la Comunitat. Su designación fue acogida de forma positiva en círculos políticos y jurídicos.

Estrechas relaciones
Esta revelación del diario Levante pone en evidencia, otra vez, el entramado de amistades del aparato de los jueces valencianos alrededor de la figura de Francisco Camps, que salió a la luz al publicarse las estrechas relaciones personales que mantiene el político popular con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien fuera, además, consejero de Justicia de Camps.

ELPLURAL.COM

AHORA ES "EL MUNDO" EL QUE SITUA A LOS HERMANOS BÁRCENAS BAJO SOSPECHA DE CORRUPCIÓN

POLÍTICA

EL ACTUAL TESORERO DEL PP HA ACUSADO A GARZÓN Y EL PAIS DE VIOLAR SU INOCENCIA

Juan Carlos Bárcenas, hermano del senador y tesorero popular, Luis Bárcenas, en su calidad de consejero de la empresa Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Sumpasa), otorgó contratos millonarios a la constructora Hispánica, implicada en la trama de corrupción del caso Gürtel.


Hispánica, investigada por el juez Baltasar Garzón, recibió adjudicaciones por más de 4,5 millones de euros a través de un contrato para la ejecución de 60 Viviendas de Protección en Camino Alcorcón, en Pozuelo. Además, la constructora consiguió la concesión del plan de acondicionamiento de local para oficinas centrales de la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Sumpasa), presupuestado en 212.790 euros, según publica El Mundo.

Bárcenas se adueñó de Sumpasa
Juan Carlos Bárcenas figura como consejero de Sumpasa desde 2007, año en que la empresa municipal de Pozuelo sufrió un cambio radical en sus estatutos y eliminó a la oposición política de sus juntas generales. El grupo socialista denunció esa modificación como una campaña para impedir que se fiscalizara la gestión de las sociedades municipales.

El hermano, el tesorero
El nombre del tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, apareció el pasado 25 de febrero en un informe policial que maneja el juez Garzón sobre el caso Gürtel. Según la investigación, Luis Bárcenas aparece vinculado a cobros millonarios y paraísos fiscales en conversaciones grabadas al jefe de la trama, Francisco Correa, quien presumía de haberle entregado 1.000 millones de pesetas al tesorero de los populares. Luís Bárcenas, estos días, ha reivindicado su inocencia y ha amenazado a El País y a Garzón con querellas judiciales. Es ahora El Mundo el que parece darle la puntilla al tesorero del PP.

Boadilla, Majadahonda y Pozuelo
En uno de los autos del caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón asegura que Constructora Hispánica fue beneficiaria de contratos millonarios en los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo. En el primero de estos tres consistorios se investiga la adjudicación del contrato de las obras del 'Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte', una de las inversiones más importantes de ese municipio, que asciende a 30 millones de euros.

La Comunidad le adjudicó contratos
Hispánica también fue escogida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid, otro de los focos de atención de la Operación Gürtel. Durante 2007, por el procedimiento de concurso ordinario, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó, a través de la empresa pública Arpegio, las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, por algo más de un millón de euros. Por su parte, el servicio madrileño de salud de Atención Primaria escogió a la constructora para el mantenimiento de edificios, por un importe de medio millón de euros, según revela una información de Eco Diario.

Más obras con la Comunidad
Hispánica fue la encargada de realizar las obras de la variante de la polémica carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa, por una cantidad cercana al millón de euros, contrato que le adjudicó la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Igualmente, la constructora consiguió, por parte de Arpegio nuevamente, las obras de la estación de bombeo y nuevo colector entre el margen derecho de la nacional VI y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, por un importe total de 2,1 millones.

Operaciones en Marbella
Pero sin lugar a dudas el mejor contrato de todo lo obtuvo en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. En junio de 2007 la Constructora Hispánica, a través de la UTE formada con la sociedad Inabensa, se hizo con las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con un presupuesto base inicial de 48,4 millones de euros.

Contratos multimillonarios en un año
Según Eco Diario, la constructora Hispánica se ha embolsado en prácticamente un año un total casi 40 millones de euros en obras adjudicadas desde los Ayuntamientos madrileños que actualmente están implicados en la Operación Gürtel. A esta cantidad hay que añadir los 48,4 millones de ampliación del Hospital del Sol de Marbella.

EL PLURAL.COM




LA ALCALDESA DE LA MUELA ES ACUSADA DE NUEVE DELITOS



La policía registra el ayuntamiento de La Muela durante casi diez horas

EFE - La Muela

La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Vitoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), detenida por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística junto a otras 18 personas, ha sido acusada por el juzgado que investiga los hechos de nueve delitos vinculados a la gestión económica del Ayuntamiento. Pinilla, que ha declarado hoy ante la policía judicial en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, se ha mostrado "absolutamente segura de su inocencia".

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado de la alcaldesa, Javier Notivoli ha explicado que los cargos que se le atribuyen a Pinilla son los de cohecho; revelación de secretos; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; fraude en las subvenciones; fraude y exacciones ilegales, y blanqueo de capitales. Notivoli ha afirmado, en todo momento, que María Victoria Pinilla se siente inocente y que, de hecho, confía en poder demostrar su inocencia "con relativa sencillez", por lo que "está deseando que le pregunten para poder contestar".

Asimismo, el concejal Juan Carlos Rodrigo, también del PAR, quien también ha declarado en las mismas dependencias durante otra hora, es acusado de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, negociaciones prohibidas, blanqueo de capitales, fraudes y exacciones ilegales, y tenencia ilícita de armas.

Notivoli ha avanzado que tanto Pinilla como Rodrigo podrían pasar el sábado a primera hora a disposición del titular del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que investiga la supuesta trama desde hace un año, a raíz de la denuncia de un particular ante la Policía Nacional, y que ha ordenado las detenciones. El abogado ha confiado en que el juez decida entonces levantar el secreto de sumario, de modo que se pueda revelar más información sobre esta investigación sobre la corrupción urbanística.

Registros en el Ayuntamiento

La policía ha registrado esta madrugada el Ayuntamiento de la Muela. Situada a 23 kilómetros de la capital aragonesa, La Muela se convirtió en noticia este miércoles después de que la policía detuviese a 18 personas, entre las que se encuentran la alcaldesa y dos miembros de su familia, por su supuesta relación con la recalificación irregular de terrenos industriales para construir viviendas.

Tras la inspección, que ha durado casi diez horas, desde las cuatro de la tarde del miércoles hasta aproximadamente la 1.30 de la madrugada del viernes, las autoridades han sacado del consistorio cajas con documentación, además de haber registrado las oficinas y los ordenadores.

La alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, miembro del Partido Aragonés (PAR), ha estado presente durante toda la operación de registro, tras lo que ha sido trasladada por la policía a la Jefatura Superior de Zaragoza. Allí la regidora pasará la noche junto a los otros 17 detenidos, incluidos el secretario y el arquitecto municipal, varios empresarios, además del marido y uno de los hijos de Pinilla.

Los domicilios de la alcaldesay de su hijo, además de la casa del empresario Julián de Miguel, responsable de la sociedad Arenare, que ha realizado numerosos trabajos para el consistorio también han sido objeto de registro por parte de la policía.

Está previsto que los detenidos comiencen este jueves a prestar declaración ante la policía de los cargos que se les imputan antes de pasar a disposición judicial.


EL PAIS

18 DETENIDOS POR CORRUPCIÓN EN UNO DE LOS PUEBLOS MÁS RICOS DE ARAGÓN

La alcaldesa de La Muela, del Par, entre los arrestados por cohecho y blanqueo



CONCHA MONSERRAT - Zaragoza

La alcaldesa de La Muela (Zaragoza, 5.000 habitantes), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés, fue detenida ayer junto a otras 17 personas -entre las que se incluyen su marido y uno de sus hijos- por su supuesta relación con un caso de corrupción urbanística. Según las fuentes consultadas, la operación estaría relacionada con la recalificación irregular para la construcción de viviendas de terrenos industriales próximos a los parques eólicos que han enriquecido el pueblo. Según información de los juzgados, los presuntos delitos son blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. La Muela es uno de los pueblos más ricos de España y está en los primeros puestos de la lista de municipios con mayor calidad de vida.

Unos 100 agentes de la policía ejecutaron las detenciones de orden del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina. Entre los detenidos, además de la alcaldesa, su marido y su hijo (Víctor Embarba), están el secretario municipal, Luis Ruiz; el arquitecto municipal, Francisco Núñez; el concejal Rodrigo Vela, y empresarios de Madrid, San Sebastián y Zaragoza. El juez ha decretado el secreto de sumario, que ya suma 20 tomos. La investigación arrancó hace un año tras una denuncia presentada ante la policía. También fue detenido Julián de Miguel, presidente de Aranade (Aragón-Navarra de Gestión, SL), sociedad encargada de gestionar el suelo de La Muela, incluido el polígono industrial Centrovía. Aranade ya fue objeto en 2006 de una investigación de la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Navarra, que apreció indicios de delito.

La mayoría de los detenidos pasó por la tarde a dependencias policiales de Zaragoza. Anoche faltaba por arrestar Antonio Royo (escolta del consejero aragonés de Medio Ambiente), quien ayer regresaba desde Estambul para entregarse. Los agentes registraron varias casas y las dependencias del ayuntamiento. Los registros en dependencias municipales, en presencia de la alcaldesa, duraron nueve horas y media, desde las cuatro de la tarde hasta la una y media de la madrugada. Pinilla fue trasladada a esa hora a la Jefatura Superior de Zaragoza, informa Efe. Está previsto que los detenidos comiencen hoy a prestar declaración.

La Muela, a 23 kilómetros de Zaragoza, ha visto levantarse en los últimos años cientos de viviendas y alberga desde 1986 uno de los principales parques eólicos de Aragón y un gran polígono en el que se han ubicado más de 500 empresas. Los molinos han permitido ingresar en las arcas municipales cantidades que han hecho posible construir un auditorio, tres museos, piscinas climatizadas y un campo de fútbol de césped artificial.

La última revisión del Plan de Ordenación Urbana de La Muela planteaba la construcción de 30.000 viviendas, que finalmente el Gobierno de Aragón rebajó a la mitad. La urbanización con campo de golf, frente a Centrovía está impugnada. Pinilla ha reconocido públicamente que para llegar a los 15.000 habitantes hay que recalificar terrenos, incluidos los de su familia. La alcaldesa tiene propiedades en Sotogrande (Cádiz) y en el Caribe. La regidora se sentó en el banquillo en octubre por presuntas calumnias a un agente forestal. Pinilla accedió a la alcaldía hace 22 años con el CDS y ahora sigue en el cargo con el Par, que suma siete concejales en el consistorio. El presidente del Par y vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, aseguró: "Si hay algo, el partido tomará medidas".

Molinos de oro

- Ayuntamiento. María Victoria Pinilla (Partido Aragonés) gobierna La Muela desde 1987.

- Fiebre eólica y 'boom' demográfico. En 1986, el pueblo tenía 12 molinos y 800 vecinos. Hoy son unos 5.000 habitantes y 500 molinos.

- La rentabilidad del viento. Los molinos de viento han subvencionado viajes al Caribe a precio de ganga y becas universitarias para muchos de los vecinos del pueblo.


EL PAIS

LA POLICÍA REGISTRÓ EL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA (ZARAGOZA) DURANTE CASI DIEZ HORAS

La Policía registró el ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) durante casi diez horas
La Policía Nacional ha registrado durante más de nueve horas y media el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), en el que investiga una presunta trama de corrupción urbanística por la que han sido detenidas 18 personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, su esposo y uno de sus hijos.

El registro del Ayuntamiento comenzó ayer, a las 16:00 horas, en presencia de la alcaldesa, María Victoria Pinilla, miembro del Partido Aragonés (PAR), que ha salido del consistorio en torno a las 01:30 horas en un Audi y seguida de un furgón policial con varios agentes que la han trasladado a la Jefatura Superior de Zaragoza, donde pasará la noche junto a los otros detenidos, entre los que también se encuentran el secretario y arquitecto municipales y varios empresarios.

Del ayuntamiento, que está custodiado por varios agentes y vehículos de la Policía Nacional, los investigadores han sacado cajas con documentación y han registrado ordenadores y las oficinas del consistorio.

Los detenidos, entre los que se encuentran un concejal del PAR y empresarios de La Muela, Zaragoza capital, Madrid y San Sebastián, son acusados de los delitos de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho por el titular del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que es el que ha ordenado su detención tras una larga investigación que comenzó hace un año por una denuncia de un ciudadano particular.

Desde que se produjeron las detenciones, a primeras horas de la mañana de ayer, los agentes de policía que han participado en la operación han registrado los domicilios de la alcaldesa y de su hijo, la casa del empresario Julián de Miguel, responsable de la sociedad Arenare, que ha realizado numerosos trabajos para el consistorio, además del Ayuntamiento.

Los detenidos, según han señalado a Efe fuentes jurídicas, está previsto que comiencen a prestar declaración hoy ante la policía de los cargos de que se le imputa antes de pasar a disposición judicial. La Muela está situada a 20 kilómetros de Zaragoza y cuenta con 5.000 habitantes.

ABC.ES

Noticia relacionada:

La alcaldesa de La Muela, su marido y otras 16 personas, detenidas por corrupción urbanística

EL NÚMERO DOS DEL PSOE VALENCIANO, IMPUTADO POR MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

La mano derecha de Pajín en la Comunidad pagó publicidad del partido con dinero del Ayuntamiento de Elche
El «número dos» del PSOE valenciano, imputado por malversación y prevaricación
El alcalde de Elche, Alejandro Soler, en el centro, asistió ayer desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia a la «mascletà» | ROBER SOLSONA

El juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha imputado al alcalde y «número dos» del PSOE valenciano, Alejandro Soler, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al haber sufragado con dinero público la inserción de publicidad de su partido en un medio local en la precampaña de las últimas municipales.

Soler, hombre de confianza de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, en la Comunidad Valenciana -y principal apoyo del secretario general valenciano, Jorge Alarte-, sufragó con cargo a las arcas municipales la inserción de varios publirreportajes relativos a su actividad como candidato a la Alcaldía ilicitana, e incluso sobre actos de partido organizados por Ferraz.

Tal como ha venido publicando ABC desde el pasado 25 de febrero, el gasto del Ayuntamiento en publicidad socialista podría rozar los 35.000 euros, repartidos en 19 facturas. Por el momento, el juez ha imputado a Soler por el pago de dos de ellas, que ascienden a algo menos de 6.000 euros. Las dos facturas que el PP de Elche llevó a los tribunales el mismo día que saltó el escándalo.

En un auto notificado ayer, el titular del juzgado número 4 acuerda «admitir a trámite la querella» presentada por los concejales populares -acusación popular-, al considerar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de «malversación de caudales públicos y prevaricación». Unos hechos que se imputan al alcalde socialista y «número dos» del PSOE valenciano.

Citación

Entre otras diligencias, el juez cita a Soler para que declare en calidad de «imputado-querellado» el próximo 21 de abril. Asimismo, el titular del juzgado número 4 de Elche requiere al Ayuntamiento diversa documentación -como las órdenes de pago y los registros de entrada en el Ayuntamiento- sobre las dos facturas aportadas por el PP ilicitano en su querella.

Las facturas de publirreportajes socialistas sufragados con dinero municipal arrancan en octubre de 2006, con la publicidad sobre la proclamación de Soler como candidato a la Alcaldía (3.000 euros), y siguen en febrero con otra inserción sobre la asamblea local que ratificó la candidatura (2.320 euros). Estos dos son los pagos que el PP llevó a los juzgados.

La práctica se dilató en el tiempo hasta dos días antes de las elecciones municipales. Siempre en el mismo medio gratuito, inserciones pagadas por el Ayuntamiento ofrecían en realidad «información» sobre la agenda del candidato o aspectos concretos de su programa electoral.

Hasta el momento, según la contabilidad municipal, el presunto desvío de fondos al PSOE alcanza los 34.900 euros, repartidos en 19 facturas. El equipo de gobierno, que ha admitido haber pagado irregularmente 12.800 euros del total de 34.900, se ha escudado desde que saltó el escándalo en la teoría del «error administrativo».

«Error administrativo»

Una excusa en la que insistió ayer la propia Leire Pajín desde Valencia, junto al secretario general del PSOE valenciano, Jorge Alarte -que también ha dado por buenas las explicaciones de su «número dos»-, antes de conocer el auto que imputaba a Soler.

Pajín, tercera en el organigrama de Ferraz, se esforzaba por marcar distancias entre lo que consideró un «error administrativo» y los «casos de corrupción» que supuestamente afectan al PP. «No somos lo mismo», añadió.

La socialista, con el propio Soler presente en la sala de prensa, consideró innecesaria una comisión investigadora y acusó al PP de querer arrebatar al PSOE la alcaldía «por la vía de la injuria».

ABC.ES

IMPUTADO EL ALCALDE DE ELCHE POR PAGAR ANUNCIOS DEL PSPV CON FONDOS PÚBLICOS


Pajín y Alarte defienden que el regidor, al contrario que el PP, da explicaciones

S. NAVARRO / C. MEDINA - Alicante / Elche

Alejandro Soler (en la foto), alcalde socialista de Elche, tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, tendrá que pasar por el juzgado para declarar como imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación derivados del pago de inserciones publicitarias de actos del PSPV con fondos del Consistorio.

El titular del Juzgado número 4 de Elche, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia, ha acordado admitir a trámite la querella presentada contra Soler por la portavoz del Grupo Popular, Mercedes Alonso, por esos supuestos hechos delictivos. El magistrado, en su auto de admisión de la querella, ha acordado, entre otras pruebas, interrogar como imputado al querellado el próximo día 21 de abril.


Mercedes Alonso, presentó la querella en el juzgado el pasado 25 de febrero. Los populares aportaron dos facturas (por un monto de 3.000 y 2.320 euros) realizados por el Ayuntamiento a Prensa Noticias, editora del diario gratuito Noticias Elche, por la publicación de cuatro páginas de Alejandro Soler como candidato y por un especial de la asamblea del PSPV. En días sucesivos, el PP desveló nuevas facturas de la misma naturaleza hasta un total de 11 por un global de 23.000 euros. Esos nuevos pagos supuestamente ilegales fueron remitidos a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público se inhibió por entender que ya había en curso una investigación judicial sobre esos hechos.

Soler encajó con serenidad y satisfacción su imputación: "Podré ir a los tribunales a dar toda la información. Estoy convencido de que no hay ningún delito en la actuación del Ayuntamiento".El alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, insistió ayer en su argumento de que los supuestos pagos ilegales de facturas de publicidades del PSPV con fondos municipales responde "simplemente a un error administrativo". "Hemos sido los primeros en poner en marcha una comisión extraordinaria de Hacienda para analizar las facturas abonadas a medios de comunicación por el Consistorio. Y hemos explicado y dado toda la información sobre esas facturas", añadió.

En esa comisión, el equipo de gobierno admitió que abonó, siempre por error administrativo, hasta seis facturas al periódico gratuito Noticias Elche. Mientras, el Grupo Popular sostiene que han sido 11 pagos.

El regidor señaló que como prueba de su afán de transparencia para borrar toda sombra de sospecha sobre su gestión la junta de gobierno local aprobó el dictamen de la comisión extraordinaria de Hacienda para realizar una auditoría externa de los gastos municipales. La auditoría abarcará los tres últimos ejercicios contables, aseguró el portavoz adjunto del grupo municipal del PSPV, José Manuel Sánchez.

La portavoz del Grupo Popular, Mercedes Alonso, afín al sector campista, eludió comentar la imputación de Soler alegando que no "conocía" los detalles del auto. No obstante, el PP sí aprovechó la ocasión para arremeter contra el PSOE. Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, al que el juez Garzón implica en el caso Gürtel, censuró a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, por respaldar a Soler y avalar "a un alcalde que coge dinero de los ciudadanos en beneficio de su partido".

Pajín, antes de asistir con Alarte a la mascletà del Ayuntamiento de Valencia y sin conocer el auto de imputación, declaró que un "error administrativo" no es comparable a los "casos de corrupción" que investigan los jueces. También apuntó que Soler ha celebrado una comisión de Hacienda para hacer "las aclaraciones necesarias", mientras que el PSOE aún espera que el PP explique su vinculación con la trama de corrupción. En la misma línea se manifestó por la mañana Alarte. Tras conocer la admisión a trámite de la denuncia del PP, añadió que será "una buena oportunidad para que se explique" Soler. "Igual que no he pedido la dimisión de Camps, no voy a especular sobre la situación de Soler", afirmó Alarte, quien reafirmó su "apoyo" al alcalde y su confianza de que "dará, como hasta ahora, las explicaciones que se le pidan".

ELPAÍS.COM