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jueves, 4 de febrero de 2010

EL EX ALCALDE RAMIS CONDENADO A DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN

Muro. El también ex primer edil Jaume Perelló le demandó por prevaricación

El político reconoció ante el juez que en 2006 archivó una infracción urbanística de un socio

Miquel Ramis, ex alcalde y condenado.

PEP CÓRCOLES. MURO. Miquel Ramis, que fue alcalde de Muro durante varias legislaturas, presidente y fundador del partido Convergència Democràtica Murera, ha sido condenado a diez años de inhabilitación para ejercer cargo público. La sentencia condenatoria, emitida por la titular del Juzgado de lo penal número 6 de Palma, es firme ya que el acusado admite los hechos y acepta la pena máxima solicitada por la acusación.

Ayer se celebró el juicio contra Miquel Ramis, aunque éste estuvo ausente. Su abogado, Rafel Perera presentó documentos acreditativos de que Ramis padece una enfermedad grave por la que recibe tratamiento en Barcelona. No obstante, Perera presentó también un escrito, que ya había remitido con anterioridad a la juez instructora. En ese documento su representado se declara culpable de prevaricación.
Aun así, el acusado pedía la pena mínima. Cabe destacar que el fiscal solicitaba siete años de inhabilitación y la acusación particular, que ejercía, Jaume Perelló (UM), pedía diez años.

Los antecedentes
Los hechos que han ocasionado el proceso y la consecuente condena se remontan a 1998. En septiembre de ese año se abrió un expediente por infracción urbanística contra un vecino de Muro y la entidad Construcciones Es Moyà SL. Dicho documento relataba que en 1997 se habían ejecutado obras de ampliación de una vivienda en suelo rústico sin la preceptiva licencia municipal.

Como consecuencia de ese expediente se efectuó una propuesta del instructor en la que pedía una serie de sanciones económicas al propietario y a la empresa constructora. La resolución se notificó en abril de 2005 y posteriormente se desestimaron alegaciones de la propiedad. En ellas, el dueño solicitaba la caducidad y prescripción del caso argumentando que las obras habían finalizado antes de 1997, y que el expediente hablaba de trabajos inconclusos. El celador municipal de Muro emitió un informe ratificando que las obras "estaban en construcción y no acabadas en la fecha de la inspección", según reza textualmente.

Como consecuencia se dictó un decreto de Alcaldía el mes de noviembre de 2005 con una sanción al propietario y al constructor por un importe total de 8.870 Euros.

Construcciones Es Moyà recurrió argumentando que no había sido la empresa que llevó a cabo las obras y que, por tanto, no era responsable de la infracción. Esta entidad era propiedad de los padres de la concejala Catalina Alzamora, del mismo partido que Ramis. El padre de la edil, Jorge Alzamora, era socio entonces del alcalde Ramis en el Hotel Alcúdia Suite.

La prevaricación
A pesar de ello, Ramis, ejerciendo de alcalde, dictó un decreto en abril de 2006 en el que estimaba el recurso del constructor y ordenaba el archivo del expediente. Dicho archivo se hizo en contra del criterio del instructor de los servicios jurídicos municipales y del propio celador. Éste ratificó que el 4 de septiembre de 1997 la empresa Construcciones Es Moyà era la que realizaba las obras objeto del expediente por infracción urbanística.

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jueves, 8 de octubre de 2009

LA FISCALÍA DENUNCIA AL ALCALDE DE ATARFE Y AL ARQUITECTO MUNICIPAL

GRANADA Por atentar contra la calidad de vida de los ciudadanos

Efe Sevilla

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), y al arquitecto municipal por la presunta autoría de un delito de prevaricación por una infracción urbanística y un atentado material a la calidad de vida de los ciudadanos.

En el escrito de la Fiscalía, dado a conocer este jueves por el PP, que denunció los hechos, se refleja que en el sector SR-21 de las Normas Subsidiarias de Atarfe, en la Manzana 14, se produce "una operación fraudulenta con la manifiesta finalidad de alterar los parámetros urbanísticos vinculantes y alcanzar así un sustancioso aumento del lucro de los promotores".

Según el PP, el primer convenio, aprobado en abril de 2004, establecía como características urbanísticas una parcela mínima de 400 metros cuadrados con una densidad edificable de 18 viviendas unifamiliares por hectárea.

Este convenio fue "modificado" el 7 de marzo para cambiar su tipología de viviendas unifamiliares a viviendas plurifamiliares, por lo que estipulaba la construcción de 430 viviendas por hectárea, pese a que la Ley Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) establece un máximo de 75.

La Fiscalía, que apoya sus argumentos en distintos informes, entre ellos uno elaborado por el Seprona de la Guardia Civil, entiende que existe un "uso interesado de un simple estudio de detalle para lograr un lucrativo aumento de la edificabilidad y densidad por encima de los límites fijados en el verdadero plan".

El PP pide su dimisión o cese
El efecto final, prosigue la denuncia, es "una radical modificación de la ordenación urbanística en tres escalones", con los que se produce una "alteración de parámetros esenciales" así como la "consiguiente superación de los límites estructurales de edificabilidad y densidad máximas de viviendas" y la "superación final de los estándares legales fijados en la propia LOUA".

Por último, la fiscalía ha acusado al regidor municipal de un "atentado material a la calidad de vida de los ciudadanos por infracción de los estándares urbanísticos", ya que se produce un "déficit equipamental" en la manzana catorce de 901 metros cuadrados que correspondían al consistorio.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Atarfe, José Manuel Aranda, ha afirmado que las obras "faraónicas" desarrolladas en los últimos años por el gobierno local del municipio metropolitano pretendían "engordar el ego del alcalde e intentar construcciones de las que la ciudadanía no era consciente".

Además, tras esta denuncia de la Fiscalía, Aranda ha advertido de que las normas subsidiarias del municipio "son nulas puesto que no se publicaron", por lo que considera que si alguien impugnase todos los planes parciales desde 1994 las consecuencias serían "trascendentales".

Por su parte, la secretaria general del PP, Luisa García Chamorro, ha solicitado al PSOE provincial que intervenga contra su alcalde en Atarfe, del que también ha dicho que no puede seguir en el cargo "ni un minuto más" y que debería dimitir "por vergüenza" por gobernar un municipio que "ya es conocido como la Marbella granadina".