domingo, 9 de enero de 2011

"CASO MAQUILLAJE"; CAÑELLAS Y CERDÓ DECLARAN COMO IMPUTADOS POR LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DE UM

El martes

Europa Press | Palma

El juez instructor del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará este martes al ex conseller de Deportes y Juventud del Govern, Mateu Cañellas, a la ex regidora del Ayuntamiento Cristina Cerdó, y a la ex número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, en calidad de imputados su presunta participación directa en la financiación ilegal de la formación nacionalista que se habría llevado a cabo durante la pasada legislatura, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, Cerdó está citada a partir de las 10.00 horas, Cañellas a las 11.00 y Cortés a las 12.00, en el marco de unas comparecencias solicitadas por la Fiscalía y en las que deberán dar su versión, en concreto, sobre los contratos efectuados por las empresas proveedoras del Consell Vídeo U y Ambbit Digital -que supuestamente estaban en manos de la formación-, y que habrían articulado ellos mismos en favor de personas que, sin realizar labor alguna para estas productoras, únicamente habrían trabajado para el partido nacionalista.

Por estos hechos, una docena de activistas de UM prestaron declaración como imputados a finales de año ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 y en su cita ante el juez apuntaron a Cerdó y a Cañellas, entonces director insular de Proyectos, como las personas que mediaron en su contratación tanto en estas sociedades como en varias empresas públicas pese a trabajar en realidad a favor del partido 'uemita', que en 2007 se erigió clave para la formación del Pacte junto a PSIB y Bloc.

A tenor de estas acusaciones, Cañellas aseguró entonces sentirse "tranquilo" ante las declaraciones de los encausados que le relacionan con la presunta trama de UM, y se definió como "uno más" en las labores de campaña llevadas a cabo de cara a los comicios de 2007 por la formación nacionalista.
 
Flaquer y Nadal también han sido involucrados
Sin embargo, ni Cañellas ni las dos encausadas son los únicos que se han visto involucrados en estos hechos ya que también han salido a relucir los nombres del ex conseller de Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, y del ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal, como dos de las personas que, según el testimonio de varios de los inculpados interrogados, les ofrecieron varios puestos en estas empresas.

Cabe recordar que, en el caso de Vídeo U, el 50 por ciento de sus acciones, según la confesión de varios de los imputados del caso Maquillaje, se encontraban en manos de la ex presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, y de Nadal -quien la involucró en estos hechos-, a través de sus supuestos testaferros. La empresa se benefició de más de cuatro millones de euros públicos durante la pasada legislatura mientras Nadal y Munar ocupaban sus respectivos cargos en el Consell de Mallorca.

elmundo.es

EL JUICIO DEL "CASO MALAYA" SE REANUDA ESTE LUNES CON LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS

TRIBUNALES  | Suspendida por Navidad

Efe | Málaga

El juicio por el 'caso Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, se reanuda este lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga con la declaración de testigos.

La vista oral, que se suspendió el pasado 22 de diciembre tras la declaración de los procesados por la operación Crucero Banús, incluida dentro del bloque de blanqueo de capitales, se retomará este lunes con la fase testifical relativa a la misma. Las abogadas y ex asesoras jurídicas de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella María Castañón y Raquel Escobar y el arquitecto del Consistorio, Francisco Merino Mata, han sido citados a declarar como testigos.

El próximo martes declararán en esta fase testifical dos funcionarios de la Agencia Tributaria y el miércoles, varios agentes de Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la investigación.

El pasado diciembre, el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, alegó en su declaración como procesado que no declaró a Hacienda 1,5 millones de euros que obtuvo en la mencionada operación urbanística porque ese dinero, que tenía en Suiza, era "opaco a las autoridades españolas".

Roca, que demostró en un conocimiento exhaustivo del sumario, aseguró que Julián Muñoz, entonces primer teniente de alcalde de Marbella, se limitó a firmar el convenio urbanístico que permitió aumentar la edificabilidad de la parcela, cuyas condiciones había establecido antes el alcalde, Jesús Gil, lo que corroboró el propio Muñoz en su declaración.

Además, Roca cifró su patrimonio en 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) antes de trabajar en el Ayuntamiento de Marbella en la revisión del plan de ordenación urbana (PGOU) de la ciudad.

También comparecieron en días pasados el abogado Juan German Hoffmann, el ex edil y promotor inmobiliario Pedro Román, el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, el empresario granadino José Ávila Rojas, y el tasador José Mora.

El presidente del tribunal, José Godino, anunció al término de la última sesión del juicio que, una vez concluida la prueba de la operación Crucero Banús, aproximadamente en febrero se abordará otro bloque relativo a blanqueo de capitales que afectaría a una treintena de los 95 procesados en este procedimiento.

Entre ellos figuran el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, los cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, el empresario Óscar Benavente, la abogada Montserrat Corulla, los supuestos testaferros Julio Blasco y María Úrsula Quinzano y los empresarios taurinos Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp.

El fiscal pide en esta causa 30 años de prisión para Roca, mientras que los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz se enfrentan a penas de 20 y 10 años de cárcel, respectivamente.

La vista oral arrancó el pasado 27 de septiembre con las cuestiones previas, fase en la que las defensas incidieron en la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y detenciones, así como la ruptura de la cadena de custodia de pruebas.

Después de que el tribunal desestimase todas las cuestiones previas planteadas, el juicio se reanudó el pasado 13 de diciembre con la fase de declaraciones.

El 'caso Malaya', cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007


elmundo.es

"CASO MINUTAS"; LA EX ALCALDESA Y EL EX TENIENTE DE MARBELLA DECLARARÁN EN EL JUICIO CONTRA DEL NIDO

El tribunal tiene previsto escuchar las declaraciones de los testigos propuestos por el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos Marisol Yagüe e Isabel García Marcos

La ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y la ex teniente del alcalde Isabel García Marcos comparecerán a partir de este viernes como testigos en el juicio del "caso Minutas", sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento marbellí al abogado José María del Nido, actual presidente del Sevilla FC.

Nueve meses después de su comienzo, todavía quedan por declarar más de medio centenar de testigos, que comparecerán ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga en los próximos meses.

A partir de este viernes, el tribunal tiene previsto escuchar las declaraciones de los testigos propuestos por el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos Marisol Yagüe e Isabel García Marcos, ambas procesadas en el "caso Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España.

El abogado José María Del Nido se enfrenta en esta causa a 13 años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas.

En este procedimiento hay dieciocho personas procesadas, entre ellas el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, para quien el fiscal pide la pena más elevada, de dieciséis años y medio de prisión y 48 años de inhabilitación.

El juicio comenzó el pasado 5 de abril y se prevé que la fase testifical se prolongue hasta marzo del próximo año.


estrelladigital.es

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN RECURRE LA PRESCRIPCIÓN DE DELITOS FISCALES IMPUTADOS A FABRA

La Audiencia de Castellón archivó cuatro de las cinco supuestas infracciones penales

LYDIA GARRIDO - Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Castellón de archivar cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputaban al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por entender que estaban prescritos. Esos delitos se habrían cometido entre los años 2000 y 2003. Al contrario que la Audiencia, el ministerio público considera que los plazos de prescripción no se han consumido. El plazo es de cinco años porque la pena aparejada al delito fiscal puede ser de más de tres años de cárcel. La fiscalía considera que estas imputaciones aún estaban vivas cuando se inició la investigación judicial, por lo que rechaza la prescripción y considera que la decisión de la Audiencia de Castellón no se ajusta a Derecho y vulnera por ello el derecho a la tutela judicial efectiva.

La decisión de la Audiencia de Castellón fue la respuesta a un recurso presentado por el también presidente provincial del PP en el que solicitaba el archivo de la causa. El tribunal, no obstante, ha mantenido el procedimiento por tráfico de influencias y por cohecho, y uno de los delitos fiscales que imputa a Fabra el ministerio público, el correspondiente al ejercicio 1999, ya que entonces la Agencia Tributaria sí presentó una denuncia formal.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha instruido el caso, imputó a Carlos Fabra ante la posible comisión de cinco presunto delitos fiscales después de que los peritos detectaran en las cuentas del entonces matrimonio Fabra 3,6 millones de euros ingresados cuyo origen no estaba justificado, entre 1999 y 2003. Los peritos, que son inspectores de Hacienda, apuntaron, además, a un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros.

Más información:
    * Personaje: Carlos Fabra Carreras
    * La Audiencia de Castellón declara prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de Fabra
    * Fabra se autoabsuelve tras el archivo de cuatro de sus supuestos delitos

elpaís.com

DOS FIRMAS INACTIVAS FACTURARON 4,7 MILLONES POR OBRAS EN TERRA MÍTICA

El informe final de Hacienda confirma la existencia de empresas ficticias
El inspector hace constar en el informe el abuso de precios en las obras

LYDIA GARRIDO - Valencia

Las empresas Gribal y Trabajos Auxiliares del siglo XXI (Traux) facturaron 4,7 millones de euros por obras en Terra Mítica. No sólo no las hicieron. Es que ambas sociedades estaban inactivas. Así lo confirma el inspector de Hacienda en el informe definitivo sobre la documentación incluida en el sumario por supuesto delito fiscal, falsificación y delito mercantil de una trama de 19 empresas, entre ellas la propia Terra Mítica, por valor de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas que sirvieron para evitar la liquidación de los impuestos de IVA e impuesto de sociedades en los años 2000 y 2001.

La figura central de Gribal, y también una de las importantes de la trama, por la que hay imputadas casi 40 personas, es José Luis Rubio. Junto a él, en la gestión de esta empresa, José Antonio Llopis y Felipe Moreno Carpio. En 2000, Gribal facturó a otras cuatro empresas de la trama casi 600.000 euros y cerca de un millón en 2001. Eran operaciones no ajustadas a la realidad. La mayor parte del tiempo, la firma, como recoge el inspector en el informe, sencillamente no tuvo actividad alguna. Y cuando la tuvo, en su memoria consta que solo había un empleado contratado y a tiempo parcial.

Un perfil similar es el de Traux. Facturó más de tres millones de euros a cuatro empresas de la trama por trabajos supuestamente realizados en las obras de construcción del parque Terra Mítica. Sin embargo, sus gastos de personal no llegaron a los 600 euros, emitió facturas con desfases temporales notables, no tenía movimientos financieros. La conclusión del inspector es que la empresa solo servía para cumplir el recorrido de facturas falsas entre las integrantes de la trama para evadir impuestos y cobrar servicios que no se realizaron. Traux no tuvo actividad propia y al inspector le resulta imposible considerar que la actividad presunta se sustente sin empleados.Un sobrecoste del 450%. Ese es el margen con el que trabajaba, por ejemplo, la empresa constructora Nou Mil·leni. Lo recoge así el inspector de Hacienda en el informe final recientemente aportado a la causa. Según los datos examinados por él, esta empresa, en su declaración de Impuesto de Sociedades de 2001, cifró sus gastos en 130.379,92 euros. Las ventas declaradas fueron de un importe poco superior a 717.000 euros. Eso supondría un margen empresarial, según sus cálculos, de casi 600.000 euros. "Cuantía que representaba un 450% sobre costes", afirma el experto. Y añade: "Estaba fuera de toda lógica económica, atendiendo al sector en el que se desarrollaban los trabajos y al tipo de entidad (subcontratista) al que se referían los mismos".

En las obras del parque temático, el que fuera proyecto estrella del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el perito deja claro que respecto de las empresas implicadas en la trama no hubo control sobre aspectos muy elementales. Por ello, se duplicaron tareas.

Una de ellas fue la gerencia de jardinería, que recayó sobre C3, la empresa de Vicente Conesa, empresario amigo de Zaplana que ya fue investigado en la década de los noventa por supuestas irregularidades en la adjudicación de varios proyectos del Ayuntamiento de Benidorm, del que Eduardo Zaplana era alcalde. Esa gerencia que consigue Conesa no era un puesto orgánico dentro de la estructura de Terra Mítica sino un área de trabajo. Conesa subcontrató, como queda claro en el informe, en varios niveles.

Pero Terra Mítica seguía pagando a otros proveedores por trabajados que en teoría le correspondían a la gerencia de jardinería. Y, como el perito detalla en el informe final de Hacienda, se produjeron cosas como que pagara a una empresa por la tierra para rellenar un metro de la zona de jardín el equivalente a seis euros y a otra, por lo mismo, más del doble.

El experto de Hacienda tiene claro que el parque pagó precios muy elevados por servicios que incluso no se especificaban y era imposible valorar. Y no certificó que se realizaron como se habían contratado. Y pone algunos ejemplos, Gribal facturó una serie de trabajos de alto nivel técnico, "control y revisión de planos de ingeniería en la construcción de las obras". Y no existe en el expediente de esa empresa "indicio de que dichos trabajos hubieran sido encargados a terceras empresas, ni tampoco existan otros elementos, distintos de las facturas de Gribal, que justifiquen la realidad de los trabajos cuestionados".

A Terra Mítica, según el informe, no le extrañó, porque no lo supervisó, que empresas sin ninguna especialización acometieran responsabilidades en la ejecución de obras que no les correspondían. No prestó atención (el perito no entra en valorar si fue intencionadamente o no, es un extremo que valorará el juez cuando determine qué responsabilidad tuvo la empresa), a que las firmas fueron cambiando de manos y manipulando los objetos sociales sin lógica aparente.

La propia Gribal, sin actividad buena parte de los ejercicios bajo sospecha, se dio de alta como mercantil dedicada a la "construcción y rehabilitación, actividades de comercio de plantas, la dirección y ejecución de proyectos agrícolas y de jardinería, así como el diseño, proyección, construcción y realización de presas, diques, embalses, canales, acequias y conducciones de agua para riego".


Datos del 'caso Terra Mítica'

- Denuncia. La Agencia Tributaria denunció en junio de 2005 la trama y la fiscalía lo hizo al juzgado a finales de ese año.

- Primer archivo. La Audiencia anula en febrero de 2006 porque el trámite de Hacienda no dio voz a los denunciados.

- Reapertura. En mayo de 2006. Ya ha prescrito uno de los delitos, el de falsedad documental.

- Recurso. En marzo de 2009, el TSJ estima el recurso de varios imputados porque Hacienda no les dio la oportunidad de alegar.

- Segundo archivo. El juez archivó en enero pasado el delito fiscal. Pero en septiembre pasado lo rescató

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA ORDENA INDAGAR UNA EXTRAÑA VENTA DE TERRENOS EN ARGANDA

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid 

El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ordenó ayer a peritos judiciales que elaboren un informe sobre los pormenores de la venta de 21 parcelas de terrenos del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la inmobiliaria Martinsa, actualmente en suspensión de pagos. La operación (que afecta a 160.000 metros cuadrados) se hizo en 2004 mediante concurso; se fijó un precio de 77 millones de euros, a pesar de que el Ayuntamiento disponía de una tasación que situaba el coste en unos 100 millones.

En esa época estaba de alcalde Ginés López, del PP, quien presentó su dimisión al estallar el caso Gürtel y señalarle la policía como uno de los altos cargos populares que recibieron sobornos del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa.

La adjudicación de estas parcelas las realizó la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que entonces dirigía el aún diputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, sobre quien pesa una fianza judicial de 950.000 euros por su presunta implicación en la red criminal.

El juez quiere indagar por qué se limitó el precio de las parcelas a 77 millones, esquivando así posibles ofertas superiores, y por qué se fijaron unos criterios claramente favorables a Martinsa. El sumario del caso incluye una grabación de Correa en la que menciona su buena relación con el dueño de Martinsa y señala que tiene un pago pendiente con él por la operación de Arganda. Además, admite que en julio "cazó" de Martinsa.

130 familias sin casa
Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Gobierno municipal permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400.

Martinsa no ha construido las viviendas. Pero lo peor es que en esas parcelas había 130 familias con viviendas antiguas que, mediante contratos privados con Martinsa, cedieron sus casas a esta firma a cambio de otras nuevas. El Grupo Municipal del PSOE en Arganda, a través de su portavoz, Victoria Moreno, expresó ayer su inquietud por la situación de estas personas.