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| Bartomeu Vicens, en el juzgado de instrucción 2. B. ramón |
La fiscalía quiere agilizar un caso abierto en octubre de 2007 y dividirlo en cuatro piezas separadas para su mejor enjuiciamiento
FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA
La fiscalía anticorrupción acusa al exdiputado de UM Bartomeu Vicens de delitos tributarios, cohechos y estafa o tráfico de influencias derivados de sus relaciones con el polígono industrial de Son Oms y las empresas impulsoras del mismo. Anticorrupción quiere agilizar la instrucción y enjuiciamiento del caso Son Oms, iniciado en 2007, mediante su división en cuatro piezas separadas.
Las pesquisas sobre Son Oms empezaron en octubre del 2007 con unas diligencias informativas de la fiscalía, dirigidas contra Bartomeu Vicens, entonces diputado por UM en el Parlament balear, y Maximilià Morales, expresidente de dicha Cámara con UM.
Casi cuatro años después, el caso gira sobre los mismos hechos denunciados, un supuesto entramado de corrupción en torno a la génesis y explotación del área industrial palmesana, pero con el añadido de descubrimientos relevantes realizados por los investigadores de la Policía y la Agencia Tributaria. Estas pistas giran en torno a Metalumba, la empresa tapadera de Vicens y su esposa Antònia Martorell, y Gestora de Desarrollo Son Oms, una sociedad vinculada al abogado Jaime Montis y que se dedicó a impulsar el área industrial.
El sumario, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia debido a la condición de diputado de Vicens, se ha reactivado hace algunas semanas, tras pasar meses paralizado. La acumulación de asuntos de corrupción que investigan los fiscales Carrau, Horrach y Subirán, unida a la elevada carga de trabajo del juez Juan Ignacio Lope Sola, que también se ocupa de los casos Maquillaje e Ibatur, ha empantanado Son Oms.
Anticorrupción propone para salir del bloqueo dividir la causa en cuatro piezas separadas, en dos de las cuales el principal imputado sería Vicens, defendido por Valdivia y Campaner.
La primera pieza ya está creada y versa sobre una presunta estafa de la que habrían sido víctimas pequeños propietarios de solares en Son Oms, entre ellos Ángel Ochando (denunciante del caso) por parte de la junta de compensación del polígono y un posible desvío de fondos de esa entidad.
La primera pieza contra Vicens sería por el cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos en Son Oms y los delitos fiscales cometidos al invertir ese dinero negro en naves, solares y vehículos. La segunda giraría en torno al papel de Vicens para convencer a los dueños de parcelas rústicas en Son Oms a la cesión gratuita del 15% de sus solares recalificados a Montis. La tercera enjuiciaría un presunto delito fiscal de Montis.
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