UN INFORME DE ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE FABRA TUVO INGRESOS SIN JUSTIFICAR DESDE 1999

Podría haber incurrido en un delito fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha elaborado un informe en el que demuestra que el presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, pudo incurrir en un delito de fraude fiscal por no haber declarado desde el año 1999 numerosos ingresos sin justificar en un centenar de cuentas bancarias a su nombre. Fabra podría acumular unos 300.000 euros sin declarar al erario público, según recoge el informe que será entregado en el juzgado número 1 de Nules que juzga las numerosas causas abiertas contra el dirigente.

En junio de 2005 la Agencia Tributaria denunció presuntas irregularidades en las declaraciones de Carlos Fabra y la Fiscalía Anticorrupción ha elaborado ahora un informe en el que se detallan posibles ingresos no justificados del presidente castellonés, según informa Levante. Tal y como recoge el informe, Fabra no declaró en 1999 la totalidad de los ingresos que percibía por sus múltiples actividades profesionales.

Ganancias sin justificar
Según el informe, durante ese ejercicio y los siguientes, Fabra habría obtenido ganancias que canalizó mediante ingresos en efectivo, transferencias y cheques en las casi cien cuentas bancarias de las que era titular, cotitular o autorizado. Esas cantidades rebasaron, según el informe de la Fiscalía, los 107 millones de las antiguas pesetas (unos 643.000 euros), solo en las cuentas en las que el dirigente era titular en exclusiva. La cantidad rebasa, con mucho, la declarada por el popular: 11,5 millones de pesetas anuales (uno 69.000 euros) por rendimientos de trabajo.

Origen de los ingresos
Anticorrupción trata ahora de desvelar el “origen y procedencia” de estos ingresos, al menos 140 entregas en efectivo en distintas entidades. Se trata de una tarea complicada puesto que, según la Fiscalía, muchas de las entidades bancarias de Castellón aún no han facilitado la información y se muestran reacias a colaborar.

Investigación abierta
Aunque el informe está terminado, la investigación continúa abierta: el juez Jacobo Pin, nuevo titular del caso, ha llamado a declarar a una docena de cajeros y empleados bancarios para que aclaren quién o quiénes hicieron estos ingresos a favor de Fabra entre 1999 y 2004.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; EL ALCALDE DE VERA SEÑALA QUE SU RELACIÓN CON ENCISO EL EJIDO SE LIMITA AL ÁMBITO INSTITUCIONAL

El Ejido, Vera

El alcalde de Vera, Félix Mariano López, se ha dirigido a El Confidencial para negar cualquier relación profesional o de amistad con Juan Enciso, alcalde de El Ejido, que ayer prestó declaración ante el juez en el desarrollo de la Operación Poniente. El viernes, este diario publicó una noticia bajo el título Anticorrupción prepara la 'Operación Levante' con el Ayuntamiento de Vera (Almería) en el punto de mira. A esta noticia, López quiere señalar lo siguiente:

“La relación del Alcalde de Vera con el de El Ejido, Juan Enciso, es de índole, puramente institucional, como la que mantiene con el resto de Alcaldes de la provincia.

La empresa mixta Codeur S.A. está controlada por el Ayuntamiento de Vera, siendo el 51% de su capital social, público. El Consejo de Administración está formado por 7 representantes municipales y 3 del socio privado.

Las concesiones administrativas las aprueba el órgano supremo de la Corporación Municipal. Las concesiones administrativas a las que alude la noticia, se han tramitado en la forma y con los requisitos legalmente requeridos, y a través de esos expedientes, se ha conseguido dotar al municipio de Vera, de un Colegio Privado, que presta servicio a toda la Comarca, en una parcela dotacional, que, por otro lado, previamente se había puesto a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la instalación de un Colegio Público, y que ésta rechazó. El segundo expediente de concesión administrativa se tramitó para la construcción y explotación de un Equipamiento Docente Complementario al ya existente.

La adjudicataria del concurso público para la concesión administrativa referida resultó ser Proyecto Educacional del Levante Almeriense S.L., única empresa licitadora que se presentó al concurso público convocado para ello.

El 49% del capital social de Codeur S.A. pertenece a la empresa Key Lanzarote S.L., no a la empresa Keymare. La mayoría del capital social está en manos públicas, el control es municipal. No actúa a través de subcontratas, sino que licita públicamente, de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación administrativa, las obras y las actividades propias de su objeto social.

La nueva depuradora construida por Codeur S.A. en absoluto tiene problemas de financiación y mantenimiento.

La empresa mixta Codeur S.A la preside el alcalde. La participación de la oposición en el Consejo de Administración está prevista en sus estatutos, habiendo rehusado a ejercer ese derecho los grupos de la oposición, en un ejercicio, a mi entender, de falta de responsabilidad política.

La nueva depuradora de Vera, ejecutada por Codeur S.A. ha evitado la imposición de sanción al Reino de España, por los vertidos que la anterior instalación gestionada por una empresa supranacional, estaba realizando al cauce del Río Antas, actuación que había sido sancionada por el TJUE (Sala Tercera) en Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Es decir, por la depuradora que ha ejecutado el Ayuntamiento a través de Codeur S.A., se ha evitado la sanción al Reino de España, no al contrario como se expone por esa publicación”.

elconfidencia.com

LA FARMACIA DE GUARDIA DE LA TRAMA "GÜRTEL"

caso Gürtel, Francisco Camps, Isabel Bas

@Alberto Mendoza.-

Francisco Camps junto a su mujer, Isabel Bas, (EFE)

Una trastienda no es sólo un almacén, sino una estancia oculta capaz de guardar muchos secretos y donde, según nos ha mostrado el cine y la literatura, se pueden cerrar oscuros pactos y hasta montar timbas clandestinas. La rebotica de la farmacia que regenta la esposa de Francisco Camps también se ha revelado como un escenario clave del caso Gürtel. Un lugar donde los protagonistas de la trama podían reunirse con discreción, y un negocio que, según el presidente valenciano, corrió con los gastos de sus trajes.

La investigación ha demostrado la estrecha relación que unía a Camps y su mujer, Isabel Bas, con algunos de los cabecillas de la trama, como Álvaro Pérez, El Bigotes. Del sumario se desprende que Pérez entraba en la farmacia que regenta Bas con la misma familiaridad con la que acudía a las dependencias del PP o de la Generalitat valenciana. “He pasado por el laboratorio para contarle cómo me había ido”, explicaba telefónicamente Álvaro Pérez al también imputado Pablo Crespo, después de haberse reunido con el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla.

El “laboratorio” no es otra cosa que la farmacia, establecimiento donde El Bigotes se presentaba para presionar y desbloquear pagos a Orange Market: “Sí, porque se lo voy a enseñar, se lo voy a llevar hoy a Vicente [Rambla] y a Ricardo [Costa]. Y depende de la cara que me ponga Vicente le voy a decir que se lo voy a mandar con Isabel vía ‘farma’”. Tanto interés mostró El Bigotes en la ‘farma’ que él mismo quiso encargarse de su reforma, según publicó El Mundo el viernes. El estallido de Gürtel impidió que Orange Market se ocupara de dar una mano de pintura a la fachada del establecimiento por un montante de 600 euros.

El Bigotes se preocupó de cuidar la relación con Camps, pero también con su mujer, a quien compró diversos regalos, uno de los cuales llegó a incomodar a Bas. “Te has pasado veinte pueblos”, le reprochó a El Bigotes en las navidades de 2008. “Si es un detallito, hazme caso”, insistió el responsable de Orange Market. “Que es muy fuerte, en serio, no me lo voy a quedar”, replicó la mujer de Bas.

Receta contra cohechos

Camps también recurrió al negocio que regenta su mujer para explicar cómo pago sus trajes de Milano y Forever Young. En un primer momento, el presidente del PP valenciano aseguró que había utilizado dinero procedente de la caja de la farmacia para abonar la ropa adquirida en estos establecimientos de Madrid, aunque nunca pudo aportar pruebas de ello. El Tribunal Superior de Justicia archivó la causa contra Camps por cohecho impropio, al no considerar los regalos constitutivos de delito, pero admitió que se habían producido.

El PSOE valenciano también ha utilizado la farmacia y a Bas para atizar a Camps. El pasado jueves, en la sesión de control de las Cortes Valencianas, el portavoz socialista, Ángel Luna, acusó al presidente de la Generalitat de haber “estado utilizando a su mujer en todo este tema”, y de haberla convertido “en el transmisor de las órdenes para usted de la trama, o de usted hacia la trama”. Camps respondió tachando de “infamia e indignidad” la actitud de los socialistas, y asegurando que Luna está “completamente descalificado”.

elconfidencial.com

"CASO GÜRTEL"; "¿TÚ CON RAMBLA HAS HABLADO?"

A. B. - Valencia

El tono de las grabaciones policiales a los imputados resulta demoledor para los cargos del PP que aparecen en ellas. Han permitido, por ejemplo, conocer la íntima amistad del jefe de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, con el presidente de la Generalitat. En la conversación telefónica entre Álvaro Pérez y David Serra, vicesecretario de Organización del PP, grabada el 23 de diciembre de 2008, que se transcribe a continuación, se cita a cargos y dirigentes del PP y al vicepresidente Vicente Rambla como referencia.

David. Hay una cosa que quiero que nos veamos, tú y yo, antes de la cifra global porque en él hay dos conceptos que no quiere que se paguen.

Álvaro. Sí.

D. Pero si no se pagan no los vais a cobrar.

Á. Sí.

D. No tiene solución.

Á. Vale.

D. Quien lo tiene que pagar no lo va a pagar.

Á. Bien, vale, vale.

D. Tú y yo, para que yo te diga, esto es así y esto es así.

Á. Vale, vale, vale.

D. Porque al final si nos tenemos que comer el marrón nos lo comemos, porque a mí igual me da.

Á. Si él me ha dicho, él me ha dicho, por ejemplo, cena de La Nucia, que hable con Bernabé y que lo pague Bernabé; otra cosa, cena con el alcalde de Alicante, que hable con Sonia.

D. Escucha una cosa, a mí eso de Bernabé, y de Elche y de Alicante, no me preocupa.

Á. Y luego hay otra, por ejemplo Fabra, cincuenta mil, Fabra es lo que ha dicho Ric. ¿Vale? Yo sé que lo del puerto no lo voy a cobrar, lo ha intentado Víctor, lo ha intentado Ricardo, y entonces me ha dicho Ricardo que he de hablar con él por última vez con el tuerto, pero, vamos, jodido, pero bueno. Y luego me ha dicho...

D.¿Los gruesos los cobras casi todos?

Á. Sí, y luego me ha dicho, ¿pero yo al tuerto por qué coño le voy a regalar cincuenta mil euros, David?

D. Álvaro, totalmente de acuerdo, pero yo me voy a dar de...

Á. No, no, no.

D. Contra una pared, que no tengo...

Á. Que sí, que sí... lo que pasa que...

D. Con Ricardo tampoco me voy a cabrear, que yo hoy podía haber enviado a tomar por saco...

Á. Ya, ya.

D. No lo envío porque es mi amigo... tú eres mi amigo...

Á. Ya, ya, ya lo sé.

D. Y haber dicho iros todos a tomar por saco, ya nos veremos.

Á. Ya, ya, ya tío, ya lo sé, pero bueno, también le conoces, o sea que... bueno, escúchame un segundo que mañana estoy aquí, ¿vale? Entonces si quieres que mañana nos tomemos algo, por la mañana, pues nos tomamos una cervecita.

D. A ver si nos vemos mañana, coge algún papel con números que podemos repasar.

Á. Vale, bueno, eso se lo diré a Cándido, a ver cómo lo hago y ya está, vale.

D. Me gustaría dejarlo todo cerrado ya, es que si no siempre estamos...

Á. Vale, vale.

D. Y yo me conozco el tema. ¿Tú con Rambla has hablado?

Á. Sí, sí, he hablado, pero no he podido hablar, tengo que mandarle un mensaje esta noche para ver si me llama, que me llamará, y decirle todo lo que me ha dicho Ric que diga.

D. Bien.

Á. ¿Vale? O sea que...

D. Vale, aunque yo era partidario de otra cosa, pero bueno.

Á. Ya, ya, pero bueno, Ricardo me ha dicho lo que le tengo que decir y cómo se lo tengo que decir.

D. Ya sé lo que te ha dicho, ahora, yo era partidario de otra cosa. Es que, si no, no se va a acojonar nunca.

Á. Ya, ya, ya, ya.

D. Va a estar con él... siempre.

Á. No, porque lo que me ha dicho esta mañana es que él habla a diario con Ricardo para solucionar mi problema, pero eso es mentira, hace meses que no habla con Ricardo de nada de esto, o sea, por eso te digo. Es complicado.

D. Bueno, mañana hablamos. ¿Te parece?

Á. Mañana hablamos, vale tío, un beso.

D. Venga, hasta luego.

elpaís.com

EL "CASO GÜRTEL" REVELA INDICIOS DE COMISIONES ILEGALES, FINANCIACIÓN IRREGULAR, SOBORNO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

REPORTAJE
Corrupción: la parte valenciana del iceberg

ADOLF BELTRAN - Valencia

La revelación, en un informe policial, de que la denominada trama Gürtel, la red de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, confirma la presencia de maniobras corruptas en los "grandes eventos" que han caracterizado la política del Consell presidido por Francisco Camps. Es la punta de un iceberg, del que se ha visto hasta ahora sólo una parte, ya que en el Tribunal Superior de Madrid aún hay miles de folios del sumario sobre los que el juez no ha levantado el secreto. La punta de la parte valenciana del iceberg, a su vez, sólo es un fragmento de un conjunto con ramificaciones geográficas y delictivas cada vez más amplias relacionadas con el tráfico de influencias, el soborno, la financiación irregular y el cobro de comisiones.

Canal 9 logró la señal del Papa, de donde sacó provecho la trama corrupta

Las cuentas de la trama registran pagos A y B de un congreso del PP

El Consell auspició la entrada de Ulibarri en el negocio de la TDT

Lo del Papa es muy sintomático porque había muchas sospechas de irregularidades. De una parte, por la cerrada negativa de la Generalitat a hacer públicas las cuentas de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que este periódico publicó finalmente hace unos días para desvelar que esconden la mayoría del coste de la visita papal, más de 12 millones de euros, bajo el epígrafe genérico de "otros gastos". De otra parte, por la desmesura de todo cuanto rodeó el acontecimiento.

En los tiempos de la visita del Papa, precisamente, el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la causa por sus relaciones con la trama, se jactó ante numerosos testigos de haber instalado la mitad de los miles de urinarios que llenaron las calles de Valencia y que quedaron sin usar, en su mayoría, dado que las expectativas de asistencia que tenía la organización no se confirmaron.

Representantes de la Moncloa en los contactos con la Generalitat y con la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia todavía recuerdan la sensación de que había dinero de sobra y una resistencia numantina de la parte valenciana a colaborar con el Gobierno. "Aseguraban que no se trataba de la visita de un jefe de Estado sino de una visita pastoral", recuerda una de las personas de la delegación de Presidencia del Gobierno que, encabezada por el secretario general Nicolás Martínez Fresno, acudió en abril a Valencia a coordinar el protocolo y la seguridad de los actos y que todavía evoca con asombro cómo el entonces consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, levantó la reunión bilateral porque el Gobierno pretendía "capitalizar la visita". Cuestiones de seguridad y protocolo aparte, el Consell se negó a que Televisión Española tuviera nada que ver con la retransmisión de los actos y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia otorgó la señal en exclusiva a Canal 9, de donde acabó sacando provecho la trama corrupta.

Lo hizo mediante un procedimiento que aún no se había acreditado, por lo que se refiere a Valencia, en el modus operandi de la red que dirigía Francisco Correa, en prisión por el caso. Hasta ese momento se conocían adjudicaciones a Orange Market, la terminal valenciana dirigida por Álvaro Pérez, íntimo amigo de Camps, o a otras empresas de la trama, pero todavía no había surgido un ejemplo de la utilización de empresas tapadera para hacerse con adjudicaciones. Teconsa, una constructora que aparece varias veces en las pesquisas sobre la red de corrupción, recibió de RTVV el encargo de sonorizar los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones de euros, casi el doble de lo que realmente la trama pagó a las empresas que efectivamente ejecutaron ese trabajo. Por el camino, Teconsa se quedó 200.000 euros y la red Gürtel, más de un millón. Otros 900.000 euros no se sabe todavía a manos de quién fueron a parar.

Por lo que se refiere a adjudicaciones y contratos, por tanto, lo que se conoce hasta ahora de la parte valenciana de la trama es lo siguiente:

Orange Market ha obtenido al menos 45 adjudicaciones de la Generalitat por las que ha facturado 7,1 millones de euros. Se incluyen los contratos del pabellón valenciano en la feria turística Fitur, correspondientes a cinco ejercicios, y contratos relacionados con grandes eventos como la Volvo Ocean Race o la Copa del America. En muchas de las adjudicaciones se habían troceado los contratos para evitar el concurso.

Otras cinco empresas de la trama han contratado con el Gobierno de Camps, dado que ellas mismas declararon a Hacienda 300.000 euros de facturación. Se trata de Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. El juez ya ha reclamado al Consell "los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato" con empresas de la red.

De lo vinculada que estaba Orange Market a la red corrupta da idea el hecho de que la contabilidad guardada en una unidad de memoria requisada al contable de la trama, José Luis Izquierdo, el "puto pen-drive" al que aludía Correa en una conversación, figuran abundantes entradas de dinero efectuadas desde Valencia y también pagos de asignaciones mensuales a Álvaro Pérez (su "sueldo", que incluía pagas extraordinarias, era de 6.000 euros), así como de otras cantidades a su madre y su hermana. En esa misma contabilidad hay un apartado dedicado al "Congreso Regional de la Comunidad Valenciana" celebrado por el PP en 2002, cuando Francisco Camps era secretario general.

Cobros A y cobros B del PP valenciano se reseñan en la contabilidad sobre ese congreso de 2002. De un coste del congreso de 240.582 euros, se facturaron 90.151 euros en A y 150.421 euros en "cobros B". En la documentación figuran diversos pagos del PP a Orange Market en dinero negro.

Dado que Orange Market obtenía contratos de las administraciones públicas y trabajaba en la organización de actos para el PP, la sombra de la financiación irregular planeaba desde el principio sobre el asunto. Una sospecha de la que la policía halló pruebas.

Cinco constructoras financiaron al PP valenciano a través de la trama de corrupción, según un informe de la Brigada Policial de Blanqueo. Las empresas se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos de los populares valencianos. Se trata de empresas tan conocidas como las castellonenses Lubasa y Facsa, la alicantina Ortiz e Hijos y la valenciana Sedesa, de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino, así como de la concesionaria castellonense Piaf. Entre 2005 y 2008, esas empresas lograron contratos de la Generalitat por más de 800 millones de euros.

La querella contra Camps por financiación irregular anunciada por el líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, se basa, precisamente, en estas evidencias recogidas en el sumario del caso Gürtel.

Unas evidencias que podrían arrojar luz sobre el episodio más conocido de todo el escándalo de corrupción, el de los regalos a altos cargos, pero que no se incorporaron a la actuación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque, cuando llegaron al Palacio de Justicia de la Glorieta de Valencia, el último día del pasado julio, la Sala de lo Civil y Penal estaba dando carpetazo a la instrucción por cohecho pasivo impropio abierta a Camps y otros tres cargos del PP.

Los trajes regalados a Francisco Camps, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que el TSJ no consideró suficientes para juzgarlos por cohecho, como había propuesto el juez instructor, José Flors, costaron, según las cuentas de Orange Market, casi 12.000 euros en el caso de Camps, 7.325 en el de Costa, 4.850 en el de Víctor Campos, 9.950 en el de Betoret, y 6.835 en el de Pedro García, director general de RTVV cuando se otorgó el contrato que la red corrupta usó para obtener sustanciosas ganancias.

Hubo otros regalos, de acuerdo con la documentación recogida en el sumario. Unos figuran en la contabilidad, como prendas de ropa regaladas a consejeros y un bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá. De las conversaciones grabadas se deduce que la trama hizo gestiones para que Ricardo Costa, que recibió un caro reloj del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se comprara un coche.

La conexión de Rita Barberá con el escándalo tiene otros dos frentes: la Federación Española de Muncipios y Provincias (FEMP) y las concensiones a Ulibarri.

La trama obtuvo contratos de la FEMP, cuando Barberá era presidenta. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, investiga, concretamente, un millón de euros contratados con empresas de la trama. Una parte importante se refiere a la celebración de la asamblea general del organismo en 2003.

Los contratos de Ulibarri con administraciones valencianas del PP son numerosos. Uno de ellos afecta a Barberá porque se trata de la gestión de la televisión municipal de Valencia.

En relación con el negocio televisivo, una de las ramas de las que se sabe poco, de momento, es la concesión de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT).

Ulibarri consiguió 13 emisoras de TDT al hacerse con el control accionarial de Mediamed, la compañía que promovieron varios empresarios valencianos cuando se planteó el concurso en 2005. La entrada de Ulibarri en Mediamed, auspiciada por la Generalitat junto a la del empresario Andrés Selma, vino acompañada por la presencia en el proceso de Alberto Dorrego, letrado del Congreso que ha tenido que dejar su puesto, dueño del bufete Eius, para el que trabaja el ex ministro y ex diputado José María Michavila, y asesor del Consell precisamente en la redacción del concurso que adjudicó 42 emisoras de TDT.

El nombre de Ulibarri remite también a negocios urbanísticos, ampliamente citados en el sumario en relación con el municipio de La Nucia.

El urbanismo en La Nucia, cuyo alcalde es Bernabé Cano, del PP, fue objeto de deseo por parte de Correa. Las declaraciones del también imputado Jacobo Gordon, ex socio y vecino de pupitre de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, revelan que Correa intentó con Ulibarri un negocio en un plan urbanístico que acabó cerrando con constructores próximos al alcalde. La Nucia, que en el sumario es epicentro de unas grabaciones sobre orgías sexuales apartadas de la documentación por el juez, puede ser sólo la punta de la vertiente especulativa de la trama. Jacobo Gordon confesó al juez Garzón, que abrió el caso desde la Audiencia Nacional: "Estudiábamos casi 400 terrenos al año para elegir en cuáles invertir".

RAMIFICACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

- Contratos con Orange Market. La Generalitat hizo 45 adjudicaciones con la empresa valenciana de la trama corrupta por un total de 7,1 millones de euros. Entre los contratos están los cinco pabellones para la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por 5,5 millones de euros, y la fiesta inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante por 445.000 euros. La empresa de Álvaro Pérez, que organizó actos y campañas del PP valenciano, con irregularidades en la facturación denunciadas por la Sindicatura de Comptes, contrató al menos con cinco consejerías del gobierno de Camps y con fundaciones como La Luz de las Imágenes, Agua y Progreso o Castelló Cultural. También lo hizo con la Feria de Valencia, que se ha negado a ofrecer datos de esa relación mercantil.

- Contratos con otras empresas de la trama. El juez investiga contratos de la Generalitat con, al menos, otras cinco empresas de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. Ha pedido información sobre esas contrataciones al Consell.

- Comisiones ilegales por la visita del Papa. A través de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, en la que participaban la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación, así como el arzobispado de Valencia, y de Ràdio Televisió Valenciana, la trama obtuvo sustanciosas comisiones ilegales. La fundación concedió a Canal 9 los derechos exclusivos de retransmisión de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. La cadena pública contrató por 6,4 millones con la constructora Teconsa la sonorización de los actos. En realidad, Teconsa, que recibió por ello 200.000 euros, hizo de pantalla para que la trama se embolsara más de un millón de euros. El coste del servicio que pagó RTVV fue casi el doble de lo que cobraron realmente las empresas que ejecutaron la sonorización.

- Financiación irregular del PP. La policía ha detectado que cinco constructoras valencianas han financiado supuestamente al PP a través de Orange Market. Son Lubasa, Facsa, Sedesa, Ortiz e Hijos y Piaf. En la contabilidad de la red figuran cobros en A y en B del congreso regional del PP de 2002. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado una querella contra Camps por financiación ilegal del PP.

- Regalos a altos cargos. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PP valenciano, ahora cesado, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex director general de RTVV Pedro García recibieron trajes que pagó la trama corrupta. La imputación de los cuatro primeros fue archivada por el TSJ y está recurrida ante el Supremo. La trama hizo regalos a decenas de altos cargos.

- Maniobras urbanísticas. La Nucia aparece en la investigación como centro de una serie de maniobras urbanísticas de la trama. También se ha revelado la relación del alcalde, Bernabé Cano, del PP, con Álvaro Pérez y otros miembros de la red.

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"CASO GÜRTEL"; LA RAPIÑA VALENCIANA DE LA TRAMA

REPORTAJE

La investigación del 'caso Gürtel' apunta a la existencia de contratos ventajistas, comisiones ilegales, financiación irregular del PP y tráfico de influencias

Lo que hasta ahora se ha hecho público del sumario (quedan miles de folios bajo secreto sumarial) sobre el denominado caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, es sólo una parte de una investigación con muchas más derivaciones. Uno de los volúmenes más llamativos de ese iceberg judicial de supuesta corrupción corresponde a la parte valenciana de la trama. Una parte que hasta ahora apunta, con el partido que lidera Francisco Camps y el Consell que preside en su epicentro, a la existencia de contratos y adjudicaciones obtenidos de manera ventajista; el cobro de comisiones ilegales, al menos en un gran evento como fue la visita del Papa a Valencia en julio de 2006; la financiación irregular del PP; intentos de soborno generalizados, mediante regalos a altos cargos, y maniobras en busca de negocio urbanístico a través del tráfico de influencias.

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Lo que se ha hecho público sobre la red de corrupción es sólo una parte del iceberg

El informe policial que detecta indicios de financiación irregular del PP, con la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, como intermediaria, y que destapa también el supuesto cobro de comisiones ilegales por más de un millón de euros, aprovechando la contratación en exclusiva de Ràdio Televisió Valenciana para la retransmisión de los actos de la visita del Papa, han confirmado algunas de las sospechas que las conversaciones telefónicas grabadas con autorización del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, impulsor inicial de la investigación, ya apuntaban.

De momento, la rapiña valenciana de la trama Gürtel le ha costado el cargo al secretario regional del PP, Ricardo Costa, en buena medida a causa de la estrecha relación que algunas de las grabaciones revelan con Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, la terminal de trama en Valencia que ha organizado la mayoría de actos de los populares en los últimos años. El impacto sobre la opinión pública de esas grabaciones, sin embargo, no tiene sólo a Costa como protagonista. El mismo presidente de la Generalitat aparece en ellas como alguien que mantenía una amistad muy estrecha con Álvaro Pérez y, por otra parte, dirigentes del PP como el vicesecretario de Organización, David Serra, protagonizan algunas conversaciones que constan en el sumario en las que la fluida conversación con el jefe de la trama en Valencia alude de manera reiterada a figuras como el vicepresidente del Consell Vicente Rambla.

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PALAU DE LA MÚSICA; EL PSC Y PP PIDEN A MAS QUE ACLARE POR QUÉ NO CONTROLÓ A MILLET EN 2003

El líder de CiU ignoró cuando era 'conseller en cap' los avisos de una auditoría

À. PIÑOL / F. BALSELLS - Barcelona / Tarragona

El Partit dels Socialistes (PSC) y el Partido Popular (PP) pidieron ayer a Artur Mas, presidente de Convergència (CDC), que explique por qué no intervino en 2003, cuando era conseller en cap en el último gobierno de Jordi Pujol para atajar las irregularidades en el Palau de la Música. EL PAÍS publicó ayer que CiU ignoró aquel año una auditoría de la Generalitat que alertaba del desvío de 500.000 euros del consorcio del Palau entre 2001 y 2002. El dato revela que también se distraían de las cuentas del Palau fondos públicos.

Miquel Iceta, portavoz del PSC, pidió a Mas que no falsee la realidad cuando se defiende esgrimiendo teorías conspirativas. "Eso es lo que hace el PP con el caso Gürtel. Aquí hay una auditoría que no encontró respuesta.

"CiU tiene que dar explicaciones de por qué no actuó. Hemos llegado a tal punto de descontrol, que hay que asumir responsabilidades. La auditoría demuestra que los mecanismos de control funcionan y que fue el Gobierno catalán el que no actuó", dijo en Badalona Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP. "Esta historia empieza a parecer la de Alí Babá", concluyó.

Por otro lado, el alcalde socialista de l'Ametlla del Vallès, Jordi Pousa, pidió a su antecesor, Albert Palay, del grupo independiente GIA, y a los ediles de CiU que aclaren la supuesta recalificación irregular de un solar en 2002. Jordi Montull, ex administrador del Palau, podría haber pagado comisiones de medio millón de euros por la recalificación de un terreno, según El Periódico.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; EL PP Y EL PSOE LOCALES RECHAZAN PEDIR AL ALCALDE LA DIMISIÓN

F. J. P. - Málaga

El hecho de haber sido encarcelado bajo las imputaciones de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en una trama que supuestamente saqueó 150 millones de euros de las arcas municipales parece no ser suficiente motivo para que las direcciones provinciales del PSOE y el PP en Almería pidan la dimisión del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, del Partido de Almería (PAL). Ambos partidos, uno de los cuales gobierna gracias a él en Diputación, y el otro mandó en El Ejido entre 1991 y 2006 hicieron un ejercicio de eufemismo para no pedir expresamente al todavía alcalde que renuncie.

La portavoz municipal socialista, Guadalupe Fernández, pidió a Enciso "un acto de responsabilidad política para que no haya un gobierno interino en el municipio". Una manera fina de pedir la dimisión sin usar esa palabra. Mientras tanto, Juan Antonio Segura Vizcaíno, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE almeriense, envió un comunicado en el que se limitaba a atacar al PP por "haber estado buscando al PAL hasta hace muy poco para volver a retomar las relaciones con ellos". Segura Vizcaíno, que fue quien negoció con el brazo derecho de Enciso, José Añez, el "pacto de progreso" por el que el PSOE gobierna la diputación tras dar dos vicepresidencias al PAL, acusó al PP de "tener miedo por sus vinculaciones con los detenidos de la operación Poniente".

Por su parte, el PP provincial también reveló que su grupo municipal no solicitará la dimisión del encarcelado Enciso. Al igual que los socialistas, el secretario general del PP almeriense, Javier Aureliano García, se limitó a señalar que tanto el regidor como su equipo de gobierno deben "reconsiderar la situación actual".

Esta tibieza frente al encisismo de los principales partidos sólo la rompió el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que instó al regidor a que renuncie a su cargo "con carácter inmediato" para "sacar adelante al municipio". Sanz aprovechó que el Mediterráneo pasa por El Ejido para pedir explicaciones a Manuel Chaves, secretario general del PSOE andaluz, de "por qué se convirtió en socio político de Juan Enciso".

Por su parte, la agrupación local de IU en El Ejido, no sólo exigió la renuncia del alcalde, sino que también solicitó la dimisión del alcalde accidental y concejal de Obras Públicas y Mantenimiento, Ignacio Berenguel; y de las ediles de Urbanismo, Adela Cantón, y de Hacienda, María del Carmen Fernández, todos del PAL. Según IU, estos tres ediles son "las mismas personas que firmaban los planes urbanísticos corruptos del alcalde, Juan Enciso, las disposiciones de funcionamiento de Elsur y las facturas infladas". Para IU, que no tiene concejales en el consistorio, "no es comprensible que desde el PP como desde el PSOE se pretenda convencer a la ciudadanía de que no es necesario disolver el Ayuntamiento".

Situación procesal de los imputados

- EN PRISIÓN. Juan Enciso, alcalde de El Ejido. José Alemán, interventor municipal. Ambrosio Cuevas, representante de Gestora Ejidense. Juan Antonio Galán, administrador de Jardines del Poniente y Jardines del Alcor Prisión. José Amate Rueda, ex director de explotaciones de Elsur hasta 2006. Alberto Amate, hijo de José Amate. Álvaro Peridia, yerno de José Amate. Manuel Castro, yerno de José Amate.

- PRISIÓN CON FIANZA. Francisco Javier Aguilera Callejón, cuñado de Juan Enciso. Enrique Alemán, hermano de José Alemán. Jesús Aragón, representante de Gestora Ejidense. Isabel Carrasco, esposa de José Alemán. María Luisa e Irene Amate, hijas de José Amate. Yolanda Galán, hija de Juan Antonio Galán.

- EN LIBERTAD CON CARGOS. Francisca Aguilera Callejón, esposa de Juan Enciso. María Encarnación Enciso, hija de Juan Enciso. Rosalía Gil, cuñada de José Alemán. Aurora Ávila, esposa de José Amate. María Gema de la Peña, esposa de Juan Antonio Galán.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; ELSUR, UNA SOCIEDAD RENTABLE

JUAN MÉNDEZ - Sevilla

La empresa Elsur, bajo la que presuntamente se ha articulado una importante red de corrupción en El Ejido que ha podido saquear más de 150 millones de euros de fondos públicos, es una sociedad "singular", según ella misma se define en su web, que pretendía aportar a la ciudadanía ejidense el control y la seriedad que se les supone a los técnicos municipales que la gobernaban, y la flexibilidad de la gestión privada de una sociedad anónima.

Elsur está participada por el propio Ayuntamiento de El Ejido que suscribió el 30% del capital social y aportaba la gestión y la presidencia de su alcalde, Juan Enciso. El 70% restante pertenece a Agua y Gestión de Servicios Ambientales S. A., una filial de Abengoa a través de Befesa, especializada en infraestructuras e instalaciones hidráulicas relacionadas con el ciclo integral del agua, desde la captación a la distribución, saneamiento y depuración. Una sociedad solvente, técnicamente especializada y con "muy buena reputación".

Agua y Gestión está participada por Befesa en un 37,38% Cajasol, 24,26%, Cajasur, 23,20%, la ingeniería Istmo 94, 5,16% y el resto del accionariado (10%) como autocartera. Precisamente, la garantía, elevado nivel de profesionalización y gestión de esta empresa es la que ha sorprendido a muchos ante una red que burdamente pasaba abultadas facturas por obras que más bien eran chapuzas de tres al cuarto.

La noticia de la intervención policial y judicial de Elsur motivó el pasado jueves por la tarde una reunión de urgencia de los socios de Agua y Gestión, algunos de ellos intranquilos por las consecuencias económicas que podría derivarse de la trama. De momento, la política de comunicación de esta empresa ha sido la del hermetismo. "No hay nada que decir", indicaron sus portavoces.

Fuentes de las dos cajas de ahorro indicaron que su participación en Agua y Gestión, e indirectamente en Elsur, era en calidad de socios financieros, y que por ahora la confianza había sido máxima, dada "la reputación del accionista mayoritario" (Befesa, Abengoa). Asimismo, indicaron que Agua y Gestión es un negocio y "una inversión rentable". En 2008, Agua y Gestión facturó casi 62 millones de euros y tuvo un EBITDA (beneficios antes de resultados financieros, impuestos, provisiones y amortizaciones) de 9,2 millones de euros, un 16,5% más que el año anterior. Elsur tuvo en 2008 un resultado favorable de 549.000 euros. El 54% de la plantilla de Agua y Gestión (479 trabajadores) pertenece a Elsur, según la memoria de 2008.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; REY EN EL REINO DEL PLÁSTICO

REPORTAJE

El alcalde de El Ejido, encarcelado por corrupción, llevó con mano de hierro la ciudad de los invernaderos

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, en la inauguración de un campo de tiro en esa localidad almeriense.-

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga -

Juan Enciso Ruiz, un empresario agrícola de 60 años, tan tosco como astuto, ha pasado casi una tercera parte de su vida como alcalde de El Ejido (Almería), la ciudad-invernadero que convirtió en su razón de ser y en origen de su fortaleza política. Su controvertida carrera como regidor, que inició en 1991 de la mano del PP, partido del que se marchó en 2005 para fundar la formación personalista Partido de Almería (Pal), quedó suspendida -nadie se atreve aún a darla por acabada- el pasado viernes. Esa noche, tras cinco horas de interrogatorio, la juez Montserrat Peña le envió a la prisión de El Acebuche, acusado de encabezar una trama que supuestamente malversó 150 millones de euros de las arcas municipales durante al menos seis años.

La trama está acusada de malversar 150 millones de euros

La juez ha ordenado el ingreso en prisión de ocho imputados

La Operación Poniente, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se inició el pasado martes con el arresto de Enciso y de otras 19 personas, entre ellas el interventor municipal, José Alemán, y el empresario sevillano José Amate. Al final, la operación se ha saldado con ocho órdenes de prisión, la última, la del empresario Juan Antonio Galán.

Las detenciones apenas supusieron una sorpresa para los ejidenses, muchos de los cuales recurren a una frase habitual en las localidades afectadas por la corrupción: "Esto se veía venir".

Pese a su talante autoritario y en ocasiones volcánico, Juan El Chato, hijo de una de las familias más antiguas de El Ejido, ha sabido cultivarse una imagen de hombre del pueblo. "Yo he visto cómo hace esperar a gente importante mientras atiende a una viuda en su despacho", asegura la madre Carmen, una religiosa que lleva un proyecto de cooperación con la localidad nicaragüense de San José de los Remates, hermanada con El Ejido. "Levantó el pueblo con empuje y buena voluntad, y no le importó enfrentarse a Aznar, a Javier Arenas o a quien hiciera falta. Para él, el pueblo está por encima de todo", afirma la religiosa.

Ese carácter populista casa muy bien con la mentalidad de sus vecinos, agricultores acostumbrados a ganarse la vida con sus propios medios, con un finísimo olfato para los negocios y que le han otorgado una mayoría absoluta tras otra.

El poder emprendedor de los agricultores ha hecho que El Ejido haya pasado de 41.000 a 80.000 habitantes en apenas dos décadas. Muchos vecinos se han enriquecido gracias al océano de plástico que cubre el municipio desde el mar hasta la falda de la Sierra de Gádor y que en 2008 facturó frutas y hortalizas por valor de 924 millones de euros. Sin embargo, esa rápida, que no fácil, prosperidad, que se visualiza con la presencia de una oficina bancaria por cada mil habitantes, ha acarreado no pocos problemas. Los invernaderos han atraído a más de 25.000 inmigrantes, muchos de los cuales perciben salarios de apenas dos euros la hora y malviven en chabolas en medio del laberinto de invernaderos y alejados del núcleo principal de El Ejido.

Hasta febrero de 2000 apenas había referencias de Enciso en los medios de comunicación. De él apenas se había publicado que en 1994 impidió que aterrizara en el pueblo el helicóptero del entonces ministro socialista de Agricultura, Vicente Albero, o que en 1997 tachó de "incidente aislado" la paliza que recibieron dos inmigrantes. Sin embargo, ese mes de febrero de 2000, El Ejido y Enciso se convirtieron en la vergüenza de España en todo el mundo, cuando la ciudad fue escenario de una ola de violencia racista, ocurrida después del asesinato de dos agricultores y una mujer a manos de inmigrantes marroquíes. En aquellos días se hizo célebre una frase del alcalde: "A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos; a las ocho de la tarde, sobran todos". Este discurso duro del "nosotros" contra "el otro" tuvo éxito: en las elecciones generales de marzo de 2000, el PP, partido de Enciso, obtuvo un 63% de los votos en El Ejido.

Los repetidos éxitos electorales hicieron que Enciso, junto a su mano derecha, José Añez, intentara el asalto al PP provincial. La crisis acabó con la salida del regidor de las filas populares cinco minutos antes de su expulsión. Enciso fundó el Partido de Almería, una especie de GIL de los invernaderos, y siguió arrasando. Fue la época en que El Ejido se vistió de mármol y lujo, en la que el Ayuntamiento traía a tocar a los Rolling Stones y Enciso se hacía imprescindible como bisagra tanto para el PP como para el PSOE, que al final lo llevó de socio en la Diputación. Ambos partidos hacen ahora como que no lo conocen.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; PÓKER DE PATRIARCAS EN PRISIÓN

Corrupción en El Ejido

* Entre los ocho detenidos enviados a prisión sin fianza están los cuatro patriarcas de las familias en torno a cuya actividad giraba la trama
* Además del empresario Juan Antonio Galán, están el alcalde Juan Enciso, el interventor José Alemán y el ex directivo de Elsur José Amate

Miguel Cabrera | Almería

Con el ingreso en El Acebuche, ayer por la mañana, de Juan Antonio Galán, ya están en la cárcel sin fianza los cuatro cabezas de las familias sobre las que giraba buena parte de la presunta trama de corrupción creada en torno a la empresa mixta de obras y servicios municipales de El Ejido, Elsur. La juez le imputa los delitos de blanqueo, malversación, falsedad de documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias.

El póker de patriarcas ingresados en El Acebuche se completa con el alcalde, Juan Enciso, el interventor municipal, José Alemán, y el ex jefe de producción de Elsur, José Amate. Todos han sido imputados por los mismos delitos que Galán y tienen en común que implicaron a sus mujeres e hijos, a quienes colocaron al frente de algunas de las empresas investigadas y acusadas de malversar hasta 150 millones de euros.

El único detenido ajeno a estas familias que ha ingresado en prisión sin fianza ha sido Ambrosio Cuevas, administrador único de Agencia Consultoría y Gestión SL, AGC, y representante en Gestora Ejidense.

Juan Antonio Galán, el último de los 20 detenidos en la operación Poniente, fue arrestado el martes en Madrid, donde residía. Natural de Santander, y de la misma quinta que Juan Enciso (1950), Galán tiene fama de ser un inteligente hombre de negocios y mantiene excelentes relaciones con políticos y altos empresarios en Madrid.

Es administrador de las sociedades Jardines del Poniente y Jardines del Alcor, ambas subcontratadas por Elsur para los servicios de jardinería del municipio. Las dos empresas se constituyeron en 2002 con poco más de 3.000 euros de capital y llegaron a compartir el mismo domicilio, en la carretera de Almerimar. Por El Ejido corre el dicho de que en los parterres municipales deberían nacer flores de oro, atendiendo al dinero invertido en su mantenimiento.

Además, Galán es administrador único de Multigestión Nuevo Ejido, una de los cuatro representantes de la sociedad mercantil Gestora Ejidense, en la que también participa Juan Enciso y que es otra de las claves del entramado empresarial investigado por Anticorrupción.

Líos de familia
Junto al empresario fueron detenidas el martes en Madrid su mujer, María Gema de la Peña, y su hija Yolanda, apoderada de Multigestión Nuevo Ejido. Ambas han quedado en libertad tras pagar sendas fianzas de 50.000 euros, acusadas de blanqueo, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Si bien la mujer y la hija de Juan Enciso han quedado en libertad con cargos, llama la atención que cuatro de las ocho órdenes de prisión incondicional correspondan a la familia de José Amate.

Amate es un veterano ejecutivo de Abengoa, quien llegó a Elsur en 1995, el año de su creación, como director de producción a través de su accionista mayoritario, Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, que cuenta con un 70% del capital, por un 30% del Ayuntamiento.

Durante el tiempo que se mantuvo en el cargo, hasta 2006, Amate creó una trama familiar que llegó a administrar, como mínimo, ocho subcontratas que trabajaban en exclusividad para Elsur, del que recibían cantidades millonarias a pesar de que se trataba de empresas que no tenían capacidad organizativa, ni siquiera aportaban maquinaria o vehículos y, sin embargo, conseguían desmesurados beneficios de hasta el 80% del dinero que recibían por sus servicios. De ahí la detención, también el martes durante la redada policial en Sevilla, de su mujer, Aurora Ávila, sus hijos Alberto, María Luisa e Irene, y sus yernos Álvaro Peridia y Manuel Castro. Todos los hombres del clan familiar están en prisión sin fianza. No en vano, se calcula que sólo entre 2003 y 2005 las subcontratas controladas por esta familia facturaron más de 15 millones de euros a Elsur.

Además, el clan de los Amate controla Arborimar y Moviroad, las dos empresas sancionadas recientemente por la Inspección de Trabajo de Almería por cesión ilegal de trabajadores a Elsur. Estas empresas, como destaca el informe de la Inspección, se limitan a ceder trabajadores a su único cliente, Elsur, que ha facilitado los principales medios de producción a cambio de un precio sumamente ventajoso y excepcional en el marco de un mercado libre, sin contar, en cambio, con la estructura organizativa y los medios que les permita operar realmente en el mercado.

A pesar de llegar como alto cargo procedente de la empresa Agua y Gestión desde Sevilla, a medida que pasaron los años Amate fue afianzando su relación con el alcalde y el interventor del Ayuntamiento, hasta el punto de que también se vio envuelto en la fundación del Partido de Almería (PAL). De hecho, Enciso le agradeció su colaboración durante la presentación oficial del partido en Gádor, en octubre de 2006.

Por último, el caso de José Alemán es similar al de Enciso, pues ha aglutinado en torno a sus empresas a su mujer, Isabel Carrasco, funcionaria en el Ayuntamiento de El Ejido, su hermano Enrique y la mujer de éste. De todos ellos, sólo el interventor ha ingresado en prisión sin fianza.

Además
* Juan Enciso, alcalde del pueblo con la renta más alta
* Los personajes de la trama

elmundo.es

UN INFORME AFIRMA QUE MILLET MONTÓ UN "MINIPALAU" EN SU CASA CON FONDOS INSTITUCIONALES

Palau de la Música, Fèlix Millet, Jordi Montull, minipalau,diamante, Suiza

@Antonio Fernández.-

Felix Millet (Efe)

La actual dirección del Palau de la Música de Barcelona, que encabezan Mariona Carulla y Joan Llinares, prepara un demoledor informe contra la gestión de la antigua cúpula, a cuyo frente estaban Fèlix Millet y Jordi Montull. Aun cuando la auditoría de los últimos años no está terminada, este informe será presentado ante la Junta el próximo martes y en él se detallan todas las irregularidades halladas hasta el momento, ampliando los escandalosos datos que ya habían presentado en un primer documento a principios del mes de noviembre (ver noticia) .

Entre las acciones más llamativas, se cuentan los suntuosos gastos que los dos principales implicados en el affaire cargaban a las cuentas del Palau, como las bodas de las dos hijas de Millet (200.000 euros pagó la institución por los fastos), los ordenadores de la propia casa de Millet (más de 6.000 euros) o instalaciones de imagen y sonido por las que se llegó a pagar casi medio millón de euros. Una fuente cercana a la institución señaló a El Confidencial que existen sospechas de que estas instalaciones, contratadas con las empresas Lettergraphic, Mewletter e Hispart, sirvieron para que el ex presidente montase un pequeño auditorio en su domicilio, una especie de “minipalau” para goce y disfrute personal y de sus selectos invitados.

Los actuales gestores se encontraron con diversas facturas de las tres sociedades mencionadas por un valor total de 495.745 euros. Pero nadie encontró “evidencia clara de la naturaleza del servicio recibido”. De lo que sí existe constancia es de que Millet hizo servir una decena de sociedades de proveedores del propio Palau para provecho propio: cargaba las facturas personales a nombre de la entidad que presidía. Entre estas sociedades se encuentran Sony, Eiffage, Servisión, Triobra, Clos Interiors, Ventosa, IN2 o FM2.

Las cuentas suizas
Todos estos extremos fueron reconocidos por Millet ante el juez que investiga el caso, Juli Solaz. Otro de los extremos que reconoció es que tiene una cuenta en Suiza, abierta hace más de 30 años, en la que le consta más de un millón de euros. Este extremo ya era conocido, puesto que se encontró una carpeta en su despacho con anotaciones sobre esta cuenta en la Compagnie Bancaire Genève, la número 707015. El nombre en clave de Millet era un simple número: 241. Según la Fiscalía, Millet ha depositado en dicha cuenta “importantísimas sumas de dinero”.

El ex director administrativo del Palau, Jordi Montull, también admitió que tenía cuenta en el paraíso fiscal helvético, pero desligó esta circunstancia de sus trapicheos en el Palau. Una fuente cercana a los acusados señaló a este diario que Montull guarda en su casa de la localidad costera de Teià “importantes obras de arte” que no fueron declaradas al juez como patrimonio. El ex director administrativo había enviado a juez una relación de sus bienes en la que detallaba su patrimonio (ver noticia). Sin embargo, el pasado dos de octubre, volvió a enviar una misiva admitiendo la compra de tres pisos más, dos de ellos en Barcelona y uno en Pamplona. Pero las inversiones de Montull fueron, desde luego, muy diversas, ya que además de la decena de casas acumuladas en los últimos años, en la caja fuerte de su despacho los investigadores encontraron el recibo de la compra de un diamante.

Pero es precisamente el hecho de que ambos tengan cuentas en Suiza lo que llevó a los fiscales a protestar airadamente por la decisión del juez de no decretar más medidas cautelares. El Ministerio público había pedido la prisión para ambos acusados, pero el magistrado sólo les retiró el pasaporte a Millet y a Montull pero no fijó ninguna medida más. Según la Fiscalía, existe riesgo de fuga, al contar con fondos dinerarios fuera del país, a pesar de que el magistrado envió ya hace un mes una comisión rogatoria a Suiza para bloquear las cuentas que pudiera haber en aquel país.

elconfidencial.com