EL JUEZ LLAMA COMO IMPUTADO AL EXALCALDE DE GONDOMAR

ALBERTO LEYENDA - Vigo 
 

El anterior alcalde de Gondomar, el popular Martín Urgal, y su concejal de Urbanismo, el tránsfuga socialista Alfonso de Lis, han sido llamados a declarar como imputados este jueves por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo. La citación deriva de la denuncia que presentaron en la pasada primavera dos funcionarias municipales, que fueron apartadas de sus funciones en materia urbanística porque se oponían a la concesión de licencias, y de la investigación abierta por la Fiscalía de Pontevedra, después de que el BNG le trasladase estos hechos.

En un pleno municipal, de Lis llegó a acusar a la secretaria municipal de "obstruccionista", por no emitir los informes favorables pertinentes para la ejecución de obras. Meses después, en febrero, a ambas técnicas se les retiraron sus funciones en materia urbanística. Solo unos días más tarde, se firmaba un contrato de asesoría jurídica con el abogado José Martínez Torea, con duración de seis meses y por el que percibiría 17.500 euros. Pese a la oposición de la interventora, Martínez Torea se encargó de realizar los informes que debían elaborar las funcionarias. Por este método se concedieron unas 50 licencias. El contrato con el letrado fue rescindido con la entrada de la nueva corporación.

Diligencias previas
Urgal, retirado de la política tras no presentarse a la reelección en los pasados comicios locales, asegura no estar aún imputado y aclara que se trata de las diligencias previas, tras las que el juez deberá decidir si sigue adelante con el caso o si lo archiva. También dice desconocer si se le cita por el hecho de haber cambiado de puesto a las funcionarias o por la aprobación de licencias. Estas se otorgaron a partir de unas Normas Subsidiarias de 1991, con el aval de la Consellería de Medio Ambiente, de modo que se eludiese el vacío normativo provocado por la anulación judicial del polémico Plan General de 1997.

Sin embargo, ante las dudas jurídicas planteadas, el actual alcalde, Fernando Guitián, también del PP y promotor inmobiliario, ha decidido detener la concesión de permisos de obra nueva. Su antecesor defendió cuando saltó la polémica, y sigue manteniendo ahora, que con este mecanismo solo se ha dado el visto bueno a la construcción de "casitas unifamiliares" y a reformas menores, como fórmula para reactivar el sector de la construcción.

elpaís.com

CORRUPCIÓN Y TRANSFUGUISMO EN EL PARAÍSO URBANÍSTICO DE GONDOMAR

De izq. a dcha y detras de sus respectivos abogados: Alejandro Gómez Garrido, Borja Ramilo y José Luis Mosquera. | Efe

Serie sobre la corrupción

* El 90% del anterior gobierno local fue inhabilitado judicialmente
* La Audiencia condenó a dos concejales del PP por exigir dinero a promotores
* El ex alcalde y otros cuatro ediles, culpables de un delito de prevaricación
* El tripartito surgió de una moción de censura con cuatro tránsfugas del PSOE
* A dos meses del 22-M, prohíben a la secretaria emitir informes urbanísticos

Antonino García | Vigo

Gondomar está en permanente convulsión desde hace ya cinco años. El pequeño municipio del área metropolitana de Vigo vive rodeado de escándalos políticos que no cesan: inhabilitaciones, sentencias, mociones de censura, caceroladas y funcionarios con miedo a firmar cualquier tipo de resolución.

"No hay un caso Gondomar, sino que Gondomar es un caso en sí mismo", señalaba uno de los abogados que participaba en el juicio contra dos concejales por cohecho celebrado el pasado verano. La oposición asegura estar "harta" de que el nombre de su localidad aparezca "siempre" en los periódicos por "escándalos" y los trabajadores municipales desean que lleguen "cuanto antes" las elecciones para que se restablezca la normalidad.

Con poco menos de 14.000 habitantes, la localidad ha experimentado su explosión demográfica en la primera década del siglo XXI, en plena efervescencia de las constructoras e inmobiliarias. Situado a orillas del río Miñor, a sólo unos metros de las playas de la bahía de Baiona y a unos kilómetros de Vigo, Gondomar reunía las características necesarias para que la tentación del dinero fácil estuviese todos los días a las puertas de los concejales.

Lo que era un secreto a voces salió a luz pública en febrero de 2007. Con la ayuda de un gancho que simulaba su papel de intermediario, la Guardia Civil desmontaba una trama dedicada a extorsionar a promotores con intereses urbanísticos.

Condenas por cohecho
José Luis Mosquera, edil del Cultura, y Alejandro Gómez, de Urbanismo, fueron condenados por la Audiencia Provincial a 15 y tres meses, respectivamente, de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como a multas de 135.000 y 450.000 euros, aunque el segundo de ellos decidió recurrir la pena ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El sistema que utilizaban y que declaró probado el tribunal popular consistía en solicitar importantes cantidades de dinero, según la Fiscalía hasta un millón de euros, por "no poner trabas" a los convenios urbanísticos que ya habían sido aprobados. Durante su declaración, Mosquera llegó a decir que el dinero estaba destinado a financiar la campaña del PP en Uruguay y la de partidos independientes, así como la escisión de los tránsfugas del PSOE que dos años más tarde acabarían propiciando una moción de censura.

De aquel gobierno local del PP, el 90% está actualmente inhabilitado. Además de José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, otros cinco ediles, incluido el ex alcalde Carlos Silva, fueron procesados y condenados por un delito de prevaricación continuada.

Licencias urbanísticas
En este caso, también estuvo implicado Mosquera junto al propio Silva y a los concejales Ángel Gregores, José Misa, Jaime Rial y Abelardo Meseses. El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo condenó en diciembre de 2008 a los integrantes de la Comisión de Gobierno de Gondomar a un año y seis meses de prisión e inhabilitación por ocho años, por un delito de prevaricación urbanística. Tras el recurso, la Audiencia rebajó en junio de 2010 la pena al ex alcalde, aunque mantuvo una pena de seis meses de prisión y le inhabilitó para ocupar un cargo público durante siete años.

El fallo considera que en el periodo entre febrero de 2005 y enero de 2006 se concedieron licencias urbanísticas de forma ilegal, ya que se aprobaron al amparo de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) anulado y con informes desfavorables de los técnicos municipales.

Carlos Silva dimitió entonces de sus cargos como concejal de Economía, Hacienda y Personal, así como de su puesto como vicepresidente en la Diputación Provincial de Pontevedra. El ex regidor eludió el pasado verano su ingreso en prisión al ser absuelto de otro delito de falsedad documental que hubiera supuesto su encarcelamiento.

El escándalo de corrupción urbanística de 2007 tuvo un efecto inmediato en las elecciones municipales que estaba a punto de celebrarse y el PP perdió la Alcaldía a favor del BNG y el PSOE, que pactaron para que gobernase el nacionalista Antón Araúxo.

Moción de censura
Los dos concejales que perdieron los populares supusieron un gobierno de coalición que sólo duraría dos años. En julio de 2009, una moción de censura propiciada por tránsfugas le devolvía el bastón de mando en Gondomar.

Los socialistas Alfonso de Lis, Carlos Cabaleiro, Teresa Pereira y Manuel Gómez votaban a favor del nombramiento de Martín Urgal, segundo en la lista del PP tras Silva, junto con el independiente Manuel Núñez (Move Gondomar). El PSOE expulsaría de su formación a los cuatro ediles y la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo los declararía tránsfugas un año después.

Durante los dos últimos años, la situación apenas ha mejorado en el Ayuntamiento de Gondomar y las denuncias continúan. "Por suerte o por desgracia ocupamos grandes titulares en periódicos de tirada nacional", señala Antón Araúxo. El BNG ha puesto en manos de la Fiscalía de Pontevedra la última controvertida decisión del gobierno local.

El alcalde dictó en febrero de 2011 una resolución mediante la que cesaba a la secretaria general y a la técnica de administración de sus funciones en materia urbanística. A cambio, decidía contratar durante seis meses por un importe de 17.500 euros a un asesor externo para realizar los informes favorables para conceder licencias.

"Tenemos que sacar adelante pequeñas obras que dan muchos puestos de trabajo y quiero que ellas se dediquen a pagar facturas pendientes desde hace más de un año", respondió el regidor tras las acusaciones de los nacionalistas. División en el PP local.

Para empeorar todavía más las cosas, Rafael Louzán, presidente de la Diputación y de la dirección provincial del PP, eligió a un candidato que ha dividido todavía más al partido de cara al 22-M. Fernando Guitián, ingeniero y sin experiencia política, no quiere incluir en su lista a ninguno de los concejales actuales y se ha producido una ruptura con la ejecutiva local.

En un lugar en el que la sombra de la corrupción urbanística todavía está muy presente, el candidato no mencionó en su presentación que también se había dedicado a la promoción inmobiliaria. Según publicó el diario 'El País', Guitián participó en la construcción de varios chalets en el municipio que aún no se han vendido.

Desde que se produjo la moción de censura se han repetido una y otra vez las caceroladas organizadas por la Plataforma Vecinal de Gondomar en contra de la Corrupción. Con el lema 'Moción=Corrupción', aseguran que "aún hay ciudadanos que seguiremos manifestando nuestra indignación con el golpe de estado que dieron los tránsfugas junto al PP y a Move Gondomar".

'Corrupción made in Spain'
Si algo ha caracterizado a España en los últimos años es la corrupción. Una lacra que se ha instalado con fuerza en todas partes y todos los partidos políticos.

Reportajes anteriores
  * » Una lacra que no cesa
 * » De Mercasevilla a los ERE
 * » Saquear El Ejido
 * » Con el crucifijo en el pleno
 * » Corrupción y alta costura
 * » Los vecinos de Gürtel
 * » El enemigo en casa
 * » Purga Gürtel en Madrid
 * » En el zapato de Gómez
 * » La bisagra oxidada
 * » Del velódromo a Calatrava
 * » En la Costa da Morte

elmundo.es

UN EX CONCEJAL CONFIESA QUE COBRÓ COMISIONES A PROMOTORES PARA EL PP

El antiguo edil de Gondomar implica al partido en la corrupción urbanística - Parte de los pagos ilegales serían para financiar a disidentes socialistas

PRIMITIVO CARBAJO - Vigo -

El cohecho se destinaba a financiar un partido independiente formado por concejales procedentes del grupo socialista, Move Gondomar, y la campaña del PP local en Montevideo. Así lo testificó ayer José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Gondomar, en el juicio oral que comenzó en Vigo por tres delitos de cohecho que se les imputan a él, al ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez y al arquitecto Borja Ramilo. Las escuchas telefónicas y la colaboración de un gancho permitieron destapar la operación en febrero de 2007, justo cuando Mosquera percibía los primeros 60.000 euros en la cafetería de un hotel de Vigo.

Mosquera fue detenido tras cobrar los primeros 60.000 euros

Los dos ex concejales y el arquitecto tenían previsto recaudar 960.000 euros, según el fiscal, por la calificación del suelo incluido en tres convenios que se iban a incorporar al plan general de urbanismo que a la sazón tramitaba el Ayuntamiento. El soborno se dirigía, en un caso, para que tuviera vía libre la edificación de un supermercado; en otro, para que su titular obtuviera una edificabilidad análoga a la del vecino, y en el tercero, para garantizar que la tramitación para construir en el solar llegara a buen término. Fue en este último caso donde los promotores, A Pousa SL, pusieron los hechos en conocimiento de la policía, que así inició las investigaciones a finales de 2006.

Mosquera rebajó las expectativas del cohecho a 540.000 euros (180.000 por cada convenio) y atribuyó a su compañero de grupo, Alejandro Gómez, de quien exaltó su experiencia y conocimientos en materia urbanística, la idea y dirección de toda la operación, en la que el concejal de Cultura, según su propio testimonio, habría actuado como mero "recadero" entre Gómez y el arquitecto Ramilo, quien ejercía de intermediario con el único interés de mantener su estatus profesional (encargos y cobros) en la zona.

La operación, según Mosquera, fue ideada ante la amenaza de que el PP perdiera la mayoría absoluta en las elecciones locales de 2007, tesitura en la que los independientes escindidos del PSOE podrían jugar un papel determinante de apoyo al PP. Gómez, a su vez, personificaba la garantía que recibían los promotores de que los acuerdos serían respetados por la siguiente corporación, en la que seguiría como edil de Urbanismo.

Mosquera sólo pudo responder al interrogatorio del fiscal, que continuará hoy. Previamente, el fiscal había aleccionado al jurado popular que juzgará el caso sobre su función en el juicio y había expuesto los hechos sustanciales del mismo, que tuvieron su jornada decisiva el 14 de febrero de 2007. Ese día, el promotor que colaboraba con la Guardia Civil, equipado con un sistema oculto de grabación, entregó los primeros 60.000 euros a Mosquera, quien a su vez se los pasó a su novia, Belén Fernández. Una vez consumada la entrega, que primero iba a realizarse en el estudio del arquitecto y finalmente se hizo en un hotel de la misma calle, enfrente, ambos fueron detenidos, y momentos después los otros dos acusados.

Los abogados de Mosquera y del arquitecto Ramilo prestaron su conformidad a ese relato de hechos, aunque rebajaron el montante de los tres delitos de cohecho a 540.000 euros y las penas para sus defendidos que pide el fiscal, una multa de 1.920.000 euros para el ex concejal de Cultura (igual que para Alejandro Gómez) y 720.000 euros para el arquitecto, además de distintos periodos de suspensión de empleo o cargo público. La defensa de Belén Fernández, acusada de complicidad y para la que se pide una multa de 135.000 euros, afirmó que contra ella "sólo hay indicios, no pruebas". El abogado de Gómez pidió su absolución ya que "no cometió ningún delito, todo lo contrario" y "no hay pruebas contra él", pues alegó que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, base primordial de la acusación, vulneraron principios constitucionales y deben anularse.

Tradición de tránsfugas
El grupo popular de Gondomar vio en el plan general de urbanismo que estaban tramitando una oportunidad para neutralizar el "peligro de no ganar por mayoría absoluta" las elecciones locales de 2007. Tendrían que "hacer una campaña interesante" -hasta en Montevideo, donde hay una importante colonia emigrante de Gondomar- y "ayudar a los independientes [Move Gondomar, escindidos del PSOE] "para que los apoyaran, declaró ayer el ex concejal de Cultura José Luis Mosquera. La operación, según el mismo testimonio, fue montada de modo "muy cauteloso" por Alejandro Gómez, quien insistía en que "por nada del mundo se podía saber que el dinero era para la campaña electoral"

Finalmente, el PP perdió la mayoría absoluta en las elecciones y no le bastó el apoyo de Move Gondomar. El pacto de BNG y PSOE permitió un frágil gobierno con alcalde nacionalista, Antón Araúxo, hasta que el año pasado fue desalojado mediante una moción de censura auspiciada por Rafael Louzán. El PP recuperó el gobierno con el apoyo de los tránsfugas socialistas y de Move Gondomar.

elpaís.com