"CASO BRUGAL"; ORTIZ GARANTIZÓ LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS A LA CAM EN UNA OPERACIÓN

Un exdirectivo de la caja, imputado en Brugal, admite al juez el hecho

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Daniel Gil, exdirector General de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), admitió ayer ante el juez una empresa de la caja y otra firma del promotor Enrique Ortiz compraron suelo rústico en el paraje de Agua Amarga con la expectativa de su posterior recalificación. El ejecutivo de la caja declaró, en calidad de imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado dirige la instrucción de la pieza del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El directivo de la CAM declaró ante el juez por espacio de una hora. Según los letrados de la acusación popular, EU y PSPV, Gil se negó a responder a las preguntas de estas partes y eludió las del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, vinculadas con las escuchas. Sobre este punto el acusado respondió que "no recordaba absolutamente nada".

Gil se ciñó así al guión del resto de imputados que evitan responder a cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas hasta que la Audiencia no se pronuncie sobre su legalidad. Las defensas han adoptado esta estrategia a raíz de la decisión del instructor general del sumario, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela de anular algunas de las escuchas.

Los abogados de las acusaciones populares señalaron que El directivo de la CAM admitió ante el juez una operación de compra de suelo de la entidad con Ortiz, en concreto unos 200.000 metros cuadrados en la zona de Agua Amarga. El directivo, según esas parte, "Señaló que la compra se realizó con miras a la reclasificación del suelo, pero que ese extremo lo dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa de Ortiz".

El imputado, en cambio, rechazó disponer de información privilegiada sobre el PGOU de Alicante y también si Ortiz disponía de datos secretos facilitados por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, o la concejal de Urbanismo y ahora regidora, Sonia Castedo.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusa a Daniel Gil de disponer de información privilegiada del PGOU y en concreto sobre el proyecto denominado Ciudad de la Economía planteado en la zona Agua Amarga. Briones basa su acusación en las conversaciones, recogidas en las escuchas, entre Gil y Ortiz, en el que refieren al proyecto de la Ciudad de la Economía como "un traje a medida" para la CAM. En otro pasaje de las escuchas, Ortiz comunica al directivo de la caja que una reunión con Castedo, la regidora dio "apoyo total" al proyecto.

Según el fiscal, la operación de compra de suelo se formalizó con una trama de tres empresas: la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L., propiedad de la CAM y en cuyos órganos de administración se encontraba Gil, Camservi Obras y Servicios, propiedad de Ortiz; Dreamview, cuyos máximos accionistas son las dos primeras sociedades.

Los interrogatorios a los imputados en esta trama del PGOU de Alicante proseguirán el próximo jueves, día 28, con la declaración de un abogado y el empresario Bernardo Campos, amigo de Alperi. El juez ha interrogado como imputados al redactor del PGOU, Jesús Quesada, el empresario Ortiz y a su mujer. Castedo y Alperi aún no han sido imputados, aunque sí están acusados de supuesto cohecho por parte del fiscal.

elpaís.com

EL SUMARIO DEL "CASO BRUGAL" MUESTRA A DOS ALCALDES EN MANOS DE UN PROMOTOR

Enrique Ortiz y Sonia Castedo en el palco del estadio Rico Pérez. / JOAQUÍN DE HARO

El informe policial destapa la connivencia entre el promotor y los políticos

Santiago Navarro / Artur Balaguer Alicante

Archivado en: Política, Alicante, Provincia Alicante, Corrupción, Corrupción política, Corrupción urbanística, Fiscalía Anticorrupción, Luís Díaz Alperi, Sonia Castedo, Caso Brugal, Policía judicial

Las relaciones entre los dos máximos mandatarios populares de la ciudad Alicante en las últimas décadas, el exalcalde Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, con el promotor Enrique Ortiz, fueron más que cordiales. El informe policial del caso Brugal destapa la connivencia existente entre los tres, y constata que los políticos venían a ser, en la práctica, los representantes del empresario en el Ayuntamiento. La íntima conexión entre ellos quedó clara durante el bienio 2008-2009, cuando se aceleraron los trámites de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, levantó ayer el secreto de la pieza separa del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz en el trámite del planeamiento urbano de Alicante.

Las diligencias de la causa ocupan más de 8.000 folios, de los cuales unos 3.000 corresponden a conversaciones telefónicas entre Ortiz, Alperi y Castedo en las que queda claro el interés del promotor por conocer los detalles del nuevo planeamiento en programas urbanísticos, especialmente en lo que afectaba a la recalificación del estadio Rico Pérez y a las futuras zonas protegidas donde comprar un suelo que luego se trasvasaba a zonas urbanizables de la ciudad. “Tenemos que ver lo del Hércules” o “me tienes que enseñar el planito”, requiere una y otra vez Ortiz a Castedo y Alperi en las conversaciones intervenidas por la policía.

La respuesta de los dos políticos del PP, en la mayoría de los casos, fue afirmativa. “Te hemos apañado lo del Hércules” o “sí, sí, mañana te lo llevo [el planito]”, son algunas de las respuestas de la actual regidora.

Las diligencias recogen los numerosos encuentros en restaurantes de la ciudad, en visitas a sus domicilios privados, e incluso en la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde también, según el sumario, seguían hablando del nuevo PGOU.

A cambio de este supuesto trato de favor y acceso a información privilegiada, la policía y el fiscal sostienen que el Enrique Ortiz efectuó numerosos regalos tanto a Alperi como a Sonia Castedo. El más llamativo de la abultada lista fue un viaje a Creta de dos semanas para el exalcalde y otra concejal del PP, Sonia Alegría, en un jet de una empresa del sobrino del consejero Juan Cotino.

Por estos hechos, y sobre la base los informes de la Brigada de Policía de Blanqueo de Capitales, el fiscal Anticorrupción presentó el 17 de junio de 2010 un escrito de acusación contra 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información. 

El informe policial del sumario del caso Brugal señala que uno de los modus operandi del empresario Enrique Ortiz para “beneficiar” a los cargos del PP era “cuanto menos gestionando las vacaciones que estos vayan a disfrutar”.

Ortiz gestionó un viaje de Alperi a Creta en el jet del sobrino de Cotino 

Una de las iniciativas que la policía refleja en su informe es el viaje a la isla de Creta en un avión privado tipo jet para Luis Díaz Alperi y la también concejal del PP Sonia Alegría. La primera conversación intervenida sobre ese viaje fue el 3 de julio de 2008 entre Ortiz y Vicente Cotino Ferrer, sobrino del vicepresidente primero del Consell. “El día 29 necesito el avión, si es posible, par ir a Creta”, requiere Ortiz a Cotino. Éste le responde que sí podrá llevar a cabo el encargo. La policía asegura que Cotino materializó el deseo de Ortiz a través de la firma Asedes Capital Sociedad Anónima, cuyo objeto es la explotación y arrendamiento de ese tipo de aviones. Cotino Ferrer es el apoderado de esa mercantil.

Más adelante, Ortiz, a través de su hermana, confirma a Cotino que el jet es para Alperi. “Tú nada, tú dile que queda confirmado y ya está, pero del presupuesto y demás ya hablará don Vicente con don Enrique, y ya está (...) y que te pase el presupuesto, si eso te dice, ¿le paso el presupuesto?, pués pásamelo, lo hacemos así y ya está, ¿vale?”, asegura Ortiz a su hermana.

La concejala Sonia Alegría acompañó al exalcalde hasta la isla griega

El vuelo parece peligrar inicialmente por la elevada tarifa que exige la empresa de Cotino, unos 50.000 euros. Pero más adelante, Ortiz vuelve a regatear aclarando que el viaje es para dos personas (Alperi y la concejal). El regateo por el precio de la tarifa llega a poner nervioso al propio Alperi: “Pero Enrique, ahora no me puedes decir eso. Hay otra solución, que me vaya nadando”. Finalmente, Alperi y Alegría viajaron a Creta por 40.000 euros y la factura fue abonada a través de la firma Rivaflecha S. L., a través de de una transferencia a Caixa Cataluña. El juez instructor ha ordenado a la policía judicial que investigue esa mercantil.

La policía asegura que otro dato de la “amistad íntima” del empresario y los políticos fue una cena en el yate Elena, propiedad de Ortiz, con motivo de un partido de fútbol de la selección española en junio de 2008. Al evento, además de Alperi y Castedo, se sumaron otros tres concejales del PP (Marta García Romeu, José Sobrino y Sonia Alegría) y el hermano del empresario. La alcaldesa Castedo reiteró ayer que no hubo ningún delito en el trámite del PGOU, “porque Ortiz no se benefició”.

“Hay que hablar de lo que hemos quedado”
Tal era el grado de connivencia que tenía Enrique Ortiz con Luis Díaz Alperi que el exalcalde se tomó la molestia de informar al contratista antes de anunciar su dimisión y cederle el sillón a Sonia Castedo. Y con el jefe del Consell, Francisco Camps y el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, delante.

Este es un extracto de la conversación captada el 11 de septiembre de 2008 entre ambos:

Alperi: Dentro de un cuarto de hora doy una rueda de prensa y dimito como Alcalde.

Ortiz: ¿Por qué?

A.: Porque sí, que sí, porque ya está bien.

O.: ¿Qué me dices?

A.: Pues lo que te digo y entonces... He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro.

O.: ¿Me lo dices en serio?

A.: Claro que sí.

O.: ¿Y se queda Sonia?

A.: Evidentemente. Si no se queda Sonia, yo me voy.

O.: Bueno, ¿y ya has hablado con Paco [Camps] hoy?

A.: Sí, que está aquí conmigo. (...)

A.: Toma, felicítala directamente (y le pasa el teléfono a Sonia).

Sonia Castedo: Dime, Enrique.

O.: Buenas tardes, señora alcaldesa.

S. C.: Calla, calla.

O.: Este es un crack.

S. C.: Calla.

O.: Pues felicidades.

S. C.: Te paso con Luis.

O.: Bueno, dentro de un rato ya no serás mi amigo el Alcalde, solo serás mi amigo.

A.: Eso espero.

O.: Lo celebraremos.

En otra conversación entre Ortiz y Castedo, ambos intentan concretar una cita.

O.: A ver cuándo nos vemos porque tenemos que hablar de lo que habíamos quedado y de los párkings.

S. C.: Sí, cierto.

O.: Que nos están achuchando con que empecemos y que tal y que cual (...).

S. C.: Vale.

O.: Míramelo y yo te asalto cualquier momento por la mañana, voy al Ayuntamiento (...).

S. C.: ¿Qué otro?

O.: Con Jesús [Quesada, redactor del Plan General].

S. C.: Si, es cierto.

O.: Con Jesús, porque a ver qué vamos a hacer con lo del Rico Pérez y estas cosas.

Las escuchas policiales también revelan que Ortiz intentó influir en el Consell para que eliminara la obligación legal de aportar un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro reclasificado y que hasta llegó a presentar alegaciones al Plan General a través de terceros con esa finalidad, incluyendo a la Federación Provincial de la Construcción.

En otra conversación grabada el 28 de agosto de 2009, Ortiz llama a Vicente Cotino para felicitarlo por el nombramiento de su tío, Juan Cotino, como nuevo consejero de Urbanismo y jactarse de la situación.

Ortiz: Vicentico, no te llamé ayer a las 12 de la noche...

Vicente Cotino: Si.

O.: Para felicitarte porque... porque...

V. C.: Porque, ¿qué ha pasado?

O.: No, coño, lo de tu tío, de puta madre, ¿no?

V. C.: De puta pena, macho, no me jodas.

O.: ¿Por qué?

V. C.: Coño, era una... una conselleria que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar.

O.: Por eso, por eso... ahora me las da a mí... ¡Ah! Qué grande. No, hombre, no, yo creo que es bueno, eh.

V. C.: ¿Es bueno? No sé, no sé.
   

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"CASO BRUGAL"; EL PLAN OCULTO DE UN PROMOTOR Y DOS ALCALDES

La policía cree que Ortiz influyó en el PGOU de Alicante

SANTIAGO NAVARRO - Alicante 

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante contó, según la policía, con una trastienda ajena al interés general cuyos protagonistas fueron el promotor local Enrique Ortiz, el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi, y su sucesora y entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. Esa cara oculta del proceso de gestación del nuevo planeamiento urbano está reflejada en el informe de la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.

El hermano de la alcaldesa actuó de puente entre Ortiz y el Ayuntamiento

EU pide a Castedo y Alperi que dejen todos sus cargos públicos

El documento forma parte de la pieza separada del caso Brugal, que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU. Por estos hechos, y sobre la base del informe policial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información a 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz.

El documento de la policía revela múltiples reuniones y llamadas telefónicas entre el promotor, el regidor, la alcaldesa y el arquitecto redactor del planeamiento, Jesús Quesada, para "incluir modificaciones en el PGOU a su voluntad [la de Ortiz]. El informe de los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales destaca otra pieza clave en ese supuesto trasiego de información privilegiada entre los dos altos mandatarios municipales y el promotor: un despacho de abogados urbanistas, regentado por José Luis Castedo (hermano de Sonia Castedo) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento.

El informe policial recoge hasta ocho supuestas actuaciones urbanísticas ilegales, aunque las dos de mayor calado son el supuesto amaño para la remodelación del estadio Rico Pérez, en actualidad propiedad de la firma Aligestión, del promotor Ortiz, y la adquisición de suelo protegido para intercambiar los aprovechamientos por suelo urbanizable.

La investigación policial sobre presuntas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante comenzó a mediados de mayo de 2008 y se prolongó justo hasta la primavera de 2010. Durante ese bienio, el Ayuntamiento aprobó en dos ocasiones provisionalmente la propuesta, la segunda en mayo de 2010. El documento aún no ha sido sancionado por el Consell.

Sobre la base de ese vasto informe policial (las diligencias ocupan 500 folios), el fiscal Briones presentó el pasado 17 de junio de 2010 un escrito inicial de acusación ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que dirige el sumario general del caso Brugal. San Martín, no obstante, se inhibió de esa pieza un mes después por motivos de competencia territorial.

La causa del PGOU de Alicante recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, el magistrado Manrique Tejada, mantiene desde entonces secretas las diligencias. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia aseguraron ayer que el juez mantendrá el secreto del sumario "hasta recibir los nuevos informes policiales que ha solicitado".

Sin embargo, la reserva de ese sumario ha sufrido dos filtraciones de calado. La primera en octubre de 2010, cuando por un error material el juez Carlos San Martín incluyó parte de esas diligencias en un DVD que fue entregado al resto de partes de la causa general.

La primera filtración incluyó pasajes del informe policial y el escrito de acusación del fiscal al completo. El documento fue exhibido en público por Sonia Castedo para contrarrestar las imputaciones que vertía sobre su persona el representante del ministerio fiscal.

La segunda filtración se produjo ayer, a través del diario Información, que difundió el informe policial. El documento abunda en los ocho supuestos hechos delictivos que dieron pie a la acusación del fiscal y recoge nuevos pasajes de las escuchas telefónicas de conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y Castedo, reveladoras de las presiones del empresario a los cargos del PP para conocer de antemano las líneas básicas del PGOU y la disponibilidad de estos a satisfacer sus demandas de información.

En su escrito, el fiscal sostiene que la primera reunión de importancia entre el empresario y los cargos del Ayuntamiento para obtener información privilegiada del PGOU se produjo el 15 de mayo de 2008, "en una reunión velada en la Gerencia de Urbanismo entre la concejal Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada". El informe policial precisa que el encuentro fue a la 17.30, "porque por la tarde no hay nadie". En esa reunión, según la policía, Ortiz obtuvo datos acerca de la instalación de la tienda de Ikea en el plan Rabassa, adjudicado unos años antes al promotor Ortiz.

El informe de la policía y el escrito del fiscal recogen, más adelante, sucesivas conversaciones telefónicas en las que bien Castedo o bien el redactor del plan informan al promotor de otras actuaciones urbanísticas en las que Ortiz tiene intereses, como el APA-9 o la Lomas de Garbinet.

El 26 de junio de 2008, la policía interviene llamadas de Ortiz al redactor del PGOU interesándose por el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, "con la anuencia de Sonia Castedo y Díaz Alperi", precisa el escrito del fiscal. En este apartado la policía aporta un encuentro personal entre Alperi y Ortiz en Benidorm para hablar del proyecto de reforma del Rico Pérez. El informe policial concluye en este apartado que "se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU".

La policía cree igualmente acreditado que Ortiz tuvo información privilegiada sobre qué zonas de la ciudad iban a ser protegidas y poder acaparar ese suelo con la intención de permutar la edificabilidad en áreas urbanizables. "Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad", recoge un pasaje de una conversación entre Ortiz y uno de empleados.

Tanto la policía como el fiscal consideran que en este supuesto acceso a información privilegiada del promotor Ortiz sobre los pormenores del PGOU de Alicante es clave el papel del despacho de abogados de urbanistas integrado por el hermano de Castedo y el exconcejal socialista. Para el fiscal, este extremo tampoco pasa inadvertido y acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La mediación más relevante de los dos abogados con Ortiz está vinculada a la adquisición de terrenos rústicos en áreas que más tarde serían protegidas, como el Saladar de Agua Amarga.

Para el PSPV, según recoge un informe elaborado por el partido sobre el trámite del PGOU, el papel del hermano de Sonia Castedo en el supuesto trato de favor al promotor Ortiz "es clave". El documento de los socialistas destaca que José Luis Castedo trabajó entre 2004 y 2008 en la entonces Consejería de Territorio y Vivienda en Alicante.

Las nuevas revelaciones policiales sobre el supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz en el trámite del PGOU fueron aprovechadas ayer por los grupos de la oposición para instar a la alcaldesa a que dé explicaciones. Elena Martín, cabeza de lista del PSPV en los últimos comicios municipales, dijo: "De confirmarse los hechos, Alicante estaría ante un claro caso de corrupción. Exigimos a Castedo que salga inmediatamente a dar explicaciones".

Más contundente se manifestó el cabeza de lista de EU, Miguel Ángel Pavón, quien exigió a Castedo y Alperi que renuncien a sus actas, tanto de concejales electos como de diputados autonómicos electos. "Es inaceptable el trapicheo de planos del PGOU entre Ortiz y el equipo redactor". Mientras, la diputada autonómica de Compromís por Alicante Mireia Mollà aseguró que los nuevos datos sobre el PGOU "hacen absolutamente necesario que se pidan responsabilidades".

Castedo a Ortiz: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez"
Los diálogos de las escuchas telefónicas recogidas en el informe policial del sumario del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante rezuman una constante en las formas: la cordialidad rayana en la afectuosidad que reina entre el trío de interlocutores, el promotor Ortiz y los dos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Mientras, en el fondo las escuchas revelan el afán de Ortiz por controlar los pasos del trámite del planeamiento y, en paralelo, la disponibilidad de Alperi y Castedo a acceder a sus peticiones.

La regidora ha compartido, junto con Alperi, dos viajes de recreo a bordo del yate Elena, propiedad del empresario Enrique Ortiz. Esas características subyacen tanto en las escuchas telefónicas conocidas tras la primera filtración de septiembre y las recogidas en la filtración difundida ayer por el diario Información.

Muestra de la cordialidad entre Ortiz y Castedo son algunos pasajes de conversaciones entre ambos sobre el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez. En una de las conversaciones sobre otras actuaciones urbanísticas la regidora comenta a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas de Garbinet y también lo del Rico Pérez".

Sobre el Rico Pérez, en la primera filtración del informe policial, hay otra conversación reveladora

Ortiz: Pues voy directamente allí y vemos a ver si me das solución ya de lo que este plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices, y además intenta tener el planito y me lo enseñas.

Castedo: Sí, Sí, sí, mañana nos vemos entonces.

El trasiego de planos (supuestamente referidos al nuevo PGOU) entre Castedo y Ortiz ocupa otro pasaje de las escuchas, en este caso referidas a la instalación de Ikea en Rabassa. "Me has dado un tebeo del Coyote. Es el antiguo, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación", comenta Ortiz.

En otras de las conversariones, el promotor Ortiz expresa directamente a Castedo su malestar por que la redacción del PGOU, al menos en lo que se refiere al apartado de las nuevas zonas protegidas, no discurre según sus intereses: "El tema es gordo, estoy viendo el Plan General y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos". En esa fase del trámite del PGOU Ortiz, en una conversación con un empleado suyo, experto en temas urbanísticos, llega a dudar de la lealtad de sus apoyos y alude a una supuesta mano negra, para espetar: "Yo veo aquí una mano negra y la mano negra para esto tengo que ser yo".

Las escuchas dejan aflorar que el supuesto idilio y mutua confianza de los que siempre han hecho gala en público Luis Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, sufrió una fractura a las primeras de cambio. En una conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi, grabada el 21 de octubre de 2009, justo un año después del cambio de titular en la alcaldía, el exregidor hace las siguientes alusiones sobre su sucesora.

Alperi: Oye, no le comentes nada, por favor, a Sonia, de nada, nada de nada.

Ortiz: ¿Qué te ha hecho otra, o qué?

Alperi: No, no, me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me... vamos, Sonia me odia a muerte.

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