Los implicados están relacionados con el caso de corrupción del bar Store Café
JOSEP GARRIGA - Barcelona
El conocido como caso del bar Store Café, surgido por un presunto delito de soborno supuestamente cometido por dos militantes del Partido Popular, va extendiendo sus tentáculos entre los funcionarios del Distrito de Gràcia de Barcelona, donde se ubica el establecimento. Ahora la juez que instruye el caso -la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona- ha imputado a otros cinco funcionarios de las oficinas municipales por un delito de falsificación de documentos. En concreto, porque encargaron un informe topográfico presuntamente a dedo e iniciaron el expediente de contratación tres meses después de realizado el trabajo y sólo cuando la juez les exigió la documentación oficial. Si el alzado topográfico data de noviembre de 2008, el expediente municipal lleva fecha de 25 de febrero de 2009. E incluso la petición de presupuesto a la empresa que lo realizó es del 11 de febrero de este año.
La juez investiga también a dos militantes del PP por soborno
Los funcionarios ahora imputados son Rufino García, José Abascal y Ester García, del departamento técnico; Xavier Olivé, interventor de Gràcia, y Carmen Pérez-Abellán, administradora.
En el caso Store Café están implicadas también otras cuatro personas, dos de ellas son militantes del PP y otras dos trabajan en el distrito: la gerente, María del Carmen Fernández González, y el técnico Josep Serrano Jornet. Los populares son el concejal de Vallirana Antonio Penalba y el consejero del distrito, Alberto Belón, que dimitió al darse a conocer el caso. Ambos, presuntamente, reclamaron 6.000 euros a la propietaria del bar para agilizar los trámites de apertura. El Ayuntamiento, al final, no concedió el permiso porque alegó que no se respetaba la distancia legal de separación de 25 metros con otro establecimiento de las mismas características. El informe topográfico de marras constató que únicamente faltaban seis centímetros para cumplirse la legalidad.
La gerente del Distrito de Gràcia había concedido inicialmente la licencia porque, según consta en la documentación judicial, los técnicos municipales verificaron que la puerta del Store Café estaba a más de 25 metros de otro bar de la misma calle. Pero el propietario de este establecimiento recurrió la decisión y, por este motivo, la gerente acabó encargando un informe topográfico a una empresa independiente.El informe topográfico es de noviembre de 2008 y está realizado por la compañía Altiplà. Sus resultados fueron un tanto ambiguos, porque la medición perpendicular a la fachada supera los 25 metros, pero la perpendicular a la puerta del bar da 24,94 metros. El Ayuntamiento se acogió a la medición que más le convenía y, por seis centímetros, ordenó el precinto del Store Café. Pero el bar todavía permanece abierto porque su propietaria, Itziar Fernández, presentó una querella contra los militantes del PP y los funcionarios municipales.
En la querella, el juez reclamó al Ayuntamiento de Barcelona que proporcionara copia de la documentación por la cual encargó a Altiplà el informe topográfico. Una vez en sus manos, las fechas dejaron boquiabierto al abogado defensor y por eso solicitó la ampliación de la querella por falsedad a otros cinco funcionarios.
Y es que las fechas no cuadran se miren como se miren. El Distrito de Gràcia encargó oficialmente el topográfico tres meses después de estar redactado y cuando la juez le reclamó la documentación. Además, el expediente de contratación es posterior a la solicitud del presupuesto. A todo ello se suman, según fuentes consultadas por este periódico, otras dos irregularidades. Primera: el trabajo es de 2008; por tanto, se hubiera tenido que pagar dentro del mismo ejercicio contable, y no en marzo de 2009. Segunda: el Distrito de Gràcia abrió un expediente de contratación cuando no era necesario por la cuantía del trabajo: 1.334 euros.
ELPAÍS.COM
JOSEP GARRIGA - Barcelona
El conocido como caso del bar Store Café, surgido por un presunto delito de soborno supuestamente cometido por dos militantes del Partido Popular, va extendiendo sus tentáculos entre los funcionarios del Distrito de Gràcia de Barcelona, donde se ubica el establecimento. Ahora la juez que instruye el caso -la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona- ha imputado a otros cinco funcionarios de las oficinas municipales por un delito de falsificación de documentos. En concreto, porque encargaron un informe topográfico presuntamente a dedo e iniciaron el expediente de contratación tres meses después de realizado el trabajo y sólo cuando la juez les exigió la documentación oficial. Si el alzado topográfico data de noviembre de 2008, el expediente municipal lleva fecha de 25 de febrero de 2009. E incluso la petición de presupuesto a la empresa que lo realizó es del 11 de febrero de este año.
La juez investiga también a dos militantes del PP por soborno
Los funcionarios ahora imputados son Rufino García, José Abascal y Ester García, del departamento técnico; Xavier Olivé, interventor de Gràcia, y Carmen Pérez-Abellán, administradora.
En el caso Store Café están implicadas también otras cuatro personas, dos de ellas son militantes del PP y otras dos trabajan en el distrito: la gerente, María del Carmen Fernández González, y el técnico Josep Serrano Jornet. Los populares son el concejal de Vallirana Antonio Penalba y el consejero del distrito, Alberto Belón, que dimitió al darse a conocer el caso. Ambos, presuntamente, reclamaron 6.000 euros a la propietaria del bar para agilizar los trámites de apertura. El Ayuntamiento, al final, no concedió el permiso porque alegó que no se respetaba la distancia legal de separación de 25 metros con otro establecimiento de las mismas características. El informe topográfico de marras constató que únicamente faltaban seis centímetros para cumplirse la legalidad.
La gerente del Distrito de Gràcia había concedido inicialmente la licencia porque, según consta en la documentación judicial, los técnicos municipales verificaron que la puerta del Store Café estaba a más de 25 metros de otro bar de la misma calle. Pero el propietario de este establecimiento recurrió la decisión y, por este motivo, la gerente acabó encargando un informe topográfico a una empresa independiente.El informe topográfico es de noviembre de 2008 y está realizado por la compañía Altiplà. Sus resultados fueron un tanto ambiguos, porque la medición perpendicular a la fachada supera los 25 metros, pero la perpendicular a la puerta del bar da 24,94 metros. El Ayuntamiento se acogió a la medición que más le convenía y, por seis centímetros, ordenó el precinto del Store Café. Pero el bar todavía permanece abierto porque su propietaria, Itziar Fernández, presentó una querella contra los militantes del PP y los funcionarios municipales.
En la querella, el juez reclamó al Ayuntamiento de Barcelona que proporcionara copia de la documentación por la cual encargó a Altiplà el informe topográfico. Una vez en sus manos, las fechas dejaron boquiabierto al abogado defensor y por eso solicitó la ampliación de la querella por falsedad a otros cinco funcionarios.
Y es que las fechas no cuadran se miren como se miren. El Distrito de Gràcia encargó oficialmente el topográfico tres meses después de estar redactado y cuando la juez le reclamó la documentación. Además, el expediente de contratación es posterior a la solicitud del presupuesto. A todo ello se suman, según fuentes consultadas por este periódico, otras dos irregularidades. Primera: el trabajo es de 2008; por tanto, se hubiera tenido que pagar dentro del mismo ejercicio contable, y no en marzo de 2009. Segunda: el Distrito de Gràcia abrió un expediente de contratación cuando no era necesario por la cuantía del trabajo: 1.334 euros.
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