CORRUPCIÓN | La demolición de UM
Acusa a la ex presidenta insular y su vieja guardia de cobrar comisiones de 'entre el 3% y el 10%' a cambio de contratos públicos
Incluye ya el cargo de «asociación ilícita»
E. Colom | M. Fuenteálamo | Palma
Los líderes del partido bisagra que durante dos décadas controló con una cuota minoritaria de votos los designios de la política balear se enfrentan a su primera acusación formal por «asociación ilícita» ante los Juzgados de Palma. Después de más de tres años de investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que existen indicios suficientes para acusar a Maria Antònia Munar y 12 de sus dirigentes de «concertarse de modo estable, permanente y de forma jerárquica» con el fin de «ejecutar delitos», según la información adelantada en las páginas de EL MUNDO/El Día de Baleares.
Una conducta por la que la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma han abierto un nuevo proceso judicial contra la banda de UM. El Ministerio Fiscal lo ha hecho interponiendo una querella en la que acusa abiertamente a sus líderes de montar una estructura de captación de comisiones en efectivo entre las empresas a las que adjudicaban concursos desde la instituciones que controlaban. Equivalentes para más señas a sumas que fluctuaban «entre el 3% y el 10%» de cada contrato adjudicado.
Esas presuntas comisiones, relata la querella que el fiscal ha dirigido contra Munar y sus subordinados, eran cargadas a las arcas públicas inflando las adjudicaciones. Los políticos de UM, añade a la juez de las pesquisas, usaban su «influencia» no sólo para otorgar los contratos «a favor de los que habían concertado el pago de comisiones». Sino que también «conseguían que la administración pagase [por las adjudicaciones] un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas».
Posteriormente, esgrime la acusación, los líderes de UM «idearon» un sistema para blanquear ese «dinero opaco o B» del que ellos y «en parte» el partido se beneficiaron. Principalmente los fiscales han documentado tres rudimentarias fórmulas.
Por un lado, sostiene el fiscal en el escrito que cierra la primera fase de una larga investigación secreta hasta ahora, el retorno del dinero se hacía pasar como «falsos donativos» a nombre de integrantes o simpatizantes de la formación. También se fingía el «pago de servicios sin facturas» y, en una última y burda estratagema denunciada por Anticorrupción, se hacía figurar el trasiego de pagos en efectivo como si fuesen «ingresos a cuenta de loterías» emitidas por la formación.
La Fiscalía y la Policía Judicial se han incautado de documentos que «aclaran los porcentajes que debían pagar las empresas» y aquellos contratos en relación a los que cobraban. También qué político intervenía en cada una de esas adjudicaciones, radiografiando así la facción de la que provenía la exigencia de cada comisión. Esa documentación ha sido «corroborada» por el testimonio del excontable del partido, uno de los principales arrepentidos que ha denunciado los presuntos manejos de UM. Entre las empresas investigadas por esos supuestos pagos figura FCC, cuyo responsable de contratación en las Islas ha sido incluido entre los querellados y será citado a declarar.
La Fiscalía considera que existen indicios para acusar a Munar y los suyos por cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita. Este delito inédito ya fue sido sugerido por un informe policial emitido hace más de un año.
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