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jueves, 18 de julio de 2013

PRISIÓN BAJO FIANZA DE 12.000 EUROS PARA EL EX VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN


ALMERÍA | Por el caso de los viajes fantasma
Junto a Pérez Montoya, procesados María Teresa González y Joaquín Conde
El juzgado ha ordenado también la retirada del pasaporte a los tres

Miguel Cabrera | Almería

Un día después de tomarles declaración durante casi seis horas, el juez instructor del caso de las facturas por los viajes fantasma de la Diputación de Almería durante el pasado mandato ha dictado auto de prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros para el ex vicepresidente de la institución supramunicipal, el socialista Luis Pérez Montoya; la ex secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González, y el empresario Joaquín Conde.

Luis Durbán, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Almería, ha fijado el 29 de julio como fecha tope para que los tres imputados en este caso, en el que investiga presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación, aporten los 12.000 euros de la fianza y eludan su ingreso en prisión. Fuentes jurídicas han informado que el juzgado ha retirado el pasaporte a los tres, les prohíbe salir de España y les obliga a comparecer a primeros de mes en dependencias judiciales.

Aunque ninguno de los tres imputados quiso declarar a la salida de los juzgados –dos de ellos salieron del edificio de la Ciudad de la Justicia por una puerta trasera- el rostro compungido de Luis Pérez Montoya, quien sí usó la puerta principal, parecía ya indicar que no las tenía todas consigo tras responder al duro interrogatorio al que fue sometido, especialmente por el abogado de la Diputación, Antonio Abad.

No obstante, Pérez insistió en su inocencia al asegurar que en ningún caso había intervenido en una posible falsificación de facturas por viajes que, bien no se realizaron o en los que viajaron personas distintas a las que figuraban en la documentación oficial, como denunció el actual vicepresidente de la Diputación, Javier García, cuando presentó una denuncia en la Fiscalía el pasado enero. Hasta el momento, se han detectado más de un centenar de facturas supuestamente ficticias pagadas por la Diputación en el pasado mandato, cuando era gobernada por el PSOE, y que ascienden a un montante de más de 460.000 euros.

No obstante, algunos de los diez imputados en el caso han declarado ante el juez que las facturas podrían ascender a varios cientos, como ha dicho el ex gerente del Patronato de Turismo, Francisco Iglesias, quien también ha advertido que su nombre ha sido utilizado en esas facturas falsas para el enriquecimiento de otras personas.

Facturas falsas
Por su parte, María Teresa González, a quienes algunos imputados y testigos han señalado como la responsable de la gestión económica del Patronato, aún por encima del gerente, también volvió a negar ante el juez su participación en la falsificación de las facturas, aseguró que su labor no era la fiscalización y precisó que si se había producido alguna irregularidad, los responsables habrían sido sus superiores. Y entre ellos estaría el también imputado Luis Pérez Montoya.

El empresario Joaquín Conde, de Publifiestas Conde, empresa proveedora de la Diputación, declaró que no tuvo ninguna participación en el entramado de las supuestas facturas falsas, tras ser imputado a raíz de la declaración prestada la semana pasada por Francisco Javier Guerrero, gerente de la agencia de viajes que emitía las facturas, tras ingresar en prisión.

Guerrero informó al juez de que a través del Patronato de Turismo se pagaron facturas que el club Unicaja Voleibol - equipo patrocinado por la Diputación Provincial- adeudaba tanto a su empresa como a la de Conde, algo que éste desmintió rotundamente, tal y como ha explicado a ELMUNDO.es su abogado, Juan Marfil Castellano. Guerrero ha quedado en libertad bajo fianza de 6.000 euros, al atender el juez la petición de su defensa.

Aunque los tres imputados que declararon el miércoles defendieron firmemente su inocencia y su falta de responsabilidad en las facturas ficticias, el juez ha dictado contra ellos orden de prisión eludible bajo fianza, que se espera sea abonada por todos ellos en breve.

ABREN JUICIO ORAL CONTRA DEL NIDO Y MUÑOZ POR EL CASO "FERGOCON"


MARBELLA | Investigan la irregularidad en la contratación de obras municipales
Otras once personas estarían implicadas

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra el letrado José María del Nido, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y otras 11 personas más, en el caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de dicha localidad en 2001 y 2002. Además, insta a que paguen 3,8 millones de fianza como responsabilidad civil.

Además, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado declara a la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del caso. En esta causa se ha investigado una serie de obras contratadas a la empresa Fergocon, vinculada a dos hermanos de Del Nido; sociedad que supuestamente se habría creado con el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas "sin expediente y sin procedimiento" adecuado.

Así, se ordena abrir juicio oral contra Del Nido y el exalcalde marbellí por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación, todos con carácter continuado. Para ambos, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento como acusación particular, han pedido 11 años de prisión.

Además, el juzgado que ha instruido esta causa, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la apertura de juicio oral contra dos hermanos del letrado; así como contra varios técnicos entonces del Consistorio marbellí, exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor municipal, al que sólo acusa el ministerio fiscal y no el Ayuntamiento. En total, 13 personas.

En cuanto a la responsabilidades civiles, en la resolución se requiere para que presten fianza en la cantidad global de 3,8 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Así, se requiere 3,052 millones, que constituye un 80 por ciento, a la entidad Fergocon, Muñoz y los tres hermanos Del Nido; mientras que se requiere lo restante a los otros nueve acusados.

El fiscal ya presentó sus conclusiones provisionales, en las que explicaba que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del letrado sevillano, se constituyó "para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz" y también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos del letrado.

El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la "aparente ejecución" de las actuaciones y el pago de las facturas emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas "con perjuicio para los intereses municipales".

Estas contrataciones se hicieron a través de una empresa municipal de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del pleno o comisión. "Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública", dice el fiscal, ya que fue "sin presupuesto" previo, "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros.

miércoles, 10 de julio de 2013

NIURKA MONTALVO DECLARA COMO IMPUTADA POR LOS CONTRATOS CON LA TRAMA "GÜRTEL" EN VALENCIA


La ex secretaria autonómica de Deporte Niurka Montalvo a su llegada al TSJ. | Efe
TRIBUNALES | Fue secretaria autonómica de Deporte
David Serra niega ante juez del caso Gürtel irregularidades en la contratación
El diputado no ha respondido a las preguntas del representante procesal del PSPV
La ex atleta no ha querido hacer declaraciones a su salida del Tribunal

Efe | Valencia

El diputado autonómico del PP David Serra ha afirmado este miércoles, en su declaración como imputado en una pieza separada del caso Gürtel, que, por lo que él sabe, no hubo "ninguna irregularidad en ninguna contratación de Deporte" en los años que él estuvo al frente de la Secretaría Autonómica de Deportes.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras declarar durante algo más de una hora en el Tribunal Superior de Justicia valenciano como imputado en la pieza separada número cinco de la rama valenciana del caso Gürtel, que investiga supuestos delitos de prevaricación en contratos con Orange Market, a excepción de los suscritos por la Agencia de Turismo.

Según ha manifestado a los periodistas, su declaración ante el magistrado instructor "ha sido breve y ha ido muy bien", y se ha mostrado "muy contento" con el resultado de su comparecencia, en la que no ha respondido a las preguntas del representante procesal del PSPV.

"Creo que hemos podido ayudar al magistrado y a las partes en la instrucción y evidenciar que, lógicamente, por lo que yo sé, no ha habido ninguna irregularidad en ninguna contratación de Deporte en los años que yo estuve", ha señalado.

Serra es diputado autonómico del PP y actualmente está imputado en otras dos piezas separadas de este mismo caso que investigan supuestos delitos electorales del PP durante 2007 y 2008, años en los que ocupó el cargo de vicesecretario de los populares valencianos.

Se le cita a declarar en relación a las contrataciones relacionadas con el Open de Tenis 2006 que realizó la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte con sociedades de la trama.

Niurka Montalvo ha acudido también a declarar como imputada por los mismos contratos del Open de Tenis, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008, años en los que ocupó el cargo de secretaria autonómica de Deporte.

El calendario de declaraciones de esta pieza dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PPCV incluía también la comparecencia de Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, quien fue director del gabinete jurídico de Vaersa.

Tanto Montalvo como Tomás Font de Mora no han realizado declaraciones a los medios de comunicación, a pesar de sus preguntas.

Además

martes, 9 de julio de 2013

IMPUTADA OTRA EX ALTO CARGO DEL CONSELL POR LOS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA TRAMA "GÜRTEL"


TRIBUNALES | Paula de Cubas
Paula De Cubas fue asesora de prensa con el ex vicepresidente Víctor Campos
Ocupó luego el mismo cargo en las Consellerias de Industria y Turismo
Ha sido citada a declarar como imputada el próximo 23 de julio

Efe | Valencia

El juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha imputado a otra ex alto cargo del Gobierno valenciano, Paula de Cubas, en la pieza separada número cinco, que investiga supuestos delitos de prevaricación en contratos con Orange Market, a excepción de los suscritos por la Agencia de Turismo.

De Cubas fue asesora de prensa con el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y posteriormente ocupó el mismo cargo en la Conselleria de Industria y en la de Turismo.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Paula de Cubas ha sido citada a declarar como imputada el próximo 23 de julio.

El calendario de declaraciones de esta pieza dentro de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana incluye la comparecencia este miércoles como imputados de David Serra y de Niurka Montalvo.

Serra es diputado autonómico del PP y actualmente está imputado en otras dos piezas separadas de este mismo caso que investigan supuestos delitos electorales del PP durante 2007 y 2008, años en los que ocupó el cargo de vicesecretario de los populares valencianos.

Se le cita a declarar en relación a las contrataciones relacionadas con el Open de Tenis 2006 que realizó la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte con sociedades de la trama.

Niurka Montalvo ha sido citada por los mismos contratos del Open de Tenis, pero en su edición de 2007, y los suscritos para la presentación del Circuito Europeo de Golf 2008, años en los que ocupó el cargo de secretaria autonómica de Deporte.

Para este miércoles también ha sido citado como imputado Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, quien fue director del gabinete jurídico de Vaersa.

El 16 de julio declarará como imputada Pau Aviñó, quien ocupó un cargo de la Conselleria de Sanidad, en relación con la investigación de supuestas irregularidades en la contratación administrativa de los premios Salud y Sociedad de 2006 y 2007, adjudicados a Orange Market y sociedades vinculadas.

También lo hará el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro Alejandro, por su supuesto "papel relevante" en la contratación del acto "Tolerancia cero balance general 2007" entre Orange Market y la Conselleria de Bienestar Social.

El 17 de julio declarará el ex director general de la sociedad pública Vaersa Juan Miguel Bellver, ya que durante su mandato (2004) se contrató con Orange Market la grabación de varios documentales para la realización de una campaña de sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo.

Ese mismo día comparecerán como imputados el exdirector de gabinete del Sepiva Enrique Bort y el ex alto cargo de varias Consellerias y extrabajador de la empresa Orange Market, ligada a la red Gürtel, José Manuel Vidal.

Además

jueves, 27 de junio de 2013

EL TSJ INVESTIGARÁ LA DENUNCIA CONTRA COSTA POR PREVARICACIÓN Y COHECHO


Juan Climent asume la competencia en este nuevo caso contra el ex secretario general del PP

EP Valencia

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar una denuncia contra el diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El instructor del caso será el magistrado Juan Climent.

Esta investigación se remonta a la denuncia que presentó un particular ante la Fiscalía de Castellón contra Ricardo Costa, y ésta se remitió al juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad. Dado que los hechos denunciados habían transcurrido en Valencia, este órgano judicial remitió la causa al decanato de Valencia, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.

Por reparto, la denuncia recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, quien tomó declaración al denunciante para ratificar la denuncia.

Una vez cumplimentado ese trámite, este magistrado elevó exposición motivada a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV porque los hechos afectaban a un diputado que cuenta con aforamiento y, por tanto, su investigación es competencia del tribunal valenciano.

La sala del tribunal valenciano ha aceptado la competencia de la investigación en los términos remitidos por Instrucción 5, y ha nombrado instructor al magistrado Juan Climent.

Ricardo Costa ya está imputado en el caso Gürtel que se instruye en el TSJCV, en concreto, por un delito electoral y otro de falsedad documental, en relación con la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas investigadas en la trama como Orange Market.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

PIDEN MÁS DE TRES AÑOS DE CÁRCEL Y NUEVE DE INHABILITACIÓN PARA EL EXALCALDE DE LA ALGABA


TRIBUNALES | Anulada una grabación como prueba
José Luis Vega (IU-CA) se ha desligado de cualquier irregularidad
El ex alcalde se apoya en el informe favorable del arquitecto municipal

Europa Press | Sevilla

La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por las licencias de primera ocupación otorgadas en 2008 por el Ayuntamiento de La Algaba, entonces gobernado por José Luis Vega (IU-CA), a la sociedad limitada 'Agroporc', pese al informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

Al finalizar la vista oral, el Ayuntamiento de La Algaba ha solicitado para Vega seis años de cárcel, nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 euros, mientras la Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión, nueve de inhabilitación y multas por valor de 50.000 euros y la defensa del exalcalde ha reclamado su libre absolución. Durante la vista oral, según han informado fuentes del caso, han sido juzgados tanto el exalcalde José Luis Vega, como quien fuera su coordinador de Alcaldía, Antonio M.M.

La causa en cuestión parte de una grabación sonora en la que el PSOE, que gobierna actualmente el Ayuntamiento de La Algaba, identifica "claramente" la voz del por entonces alcalde reclamando supuestamente 30.000 euros a unos directivos de 'Arcopro S.L.', por la entrega de las citadas licencias de primera ocupación, que contaban con el informe desfavorable de la oficial mayor del Consistorio.

La grabación, no obstante, no ha sido utilizada como prueba en el juicio, porque un informe de la Unidad Central Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía concluía ya en 2011 que "no es posible realizar informe técnico pericial de identificación de voz" del citado material al estar "muy degradada" su señal acústica.

De la documentación incluida en la fase de instrucción se desprende que el 15 de julio de 2008, un informe de la oficial mayor del Ayuntamiento informaba desfavorablemente sobre estas licencias de primera ocupación solicitadas el 26 de junio de aquel año por la promotora 'Arcopro S.L.'. Ese día 15 de julio, cuando Vega aún ostentaba la alcaldía de La Algaba, él mismo libraba una licencia urbanística para una primera ocupación en favor de esta empresa merced al "informe favorable" de los servicios técnicos municipales y "visto" el mencionado informe del oficial mayor del Consistorio.

Informes a favor y en contra
En ese sentido, durante la vista oral han comparecido como testigos la propia oficial mayor, quien ha dado cuenta de su informe, y la ex secretaria general del Ayuntamiento de La Algaba Encarnación C.P., quien ya en diciembre de 2010 testificaba en la causa manifestando que la licencia en cuestión gozaba de "un informe técnico favorable", aunque "no era frecuente que se firmara un decreto con el informe desfavorable de la oficial mayor". Para ella, "no había ninguna duda en cuanto a que no se podía conceder las licencias", toda vez que esta alta funcionaria ha testificado en el juicio ratificando su tesis inicial.

También han testificado en el juicio los empresarios de 'Arcopro S.L.', quienes habrían defendido la tesis de que el entonces alcalde, primero a través de los comentarios de un ingeniero técnico y después en la supuesta reunión asociada a la grabación, les habría reclamado dinero por la concesión de las licencias, extremo que habría corroborado el citado ingeniero en su propio testimonio.

Finalmente, el Ayuntamiento de La Algaba, en su papel de acusación, ha solicitado para José Luis Vega cuatro años y medio de cárcel y una multa de 90.000 euros por un presunto delito de cohecho y un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público por un posible delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía, de su lado, ha solicitado tres años y medio de cárcel y una multa de 30.000 euros por un presunto delito de cohecho y una multa de 20.000 euros y nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación, toda vez que la defensa de Vega ha solicitado su libre absolución.

Y es que Vega, de su lado, se ha desligado siempre de cualquier irregularidad y, recientemente, avisaba de que "la principal acusación que esgrimía el PSOE como prueba de cargo", en este caso la grabación, "ha quedado totalmente invalidada". Según señalaba, el mencionado CD "pudo sufrir numerosas manipulaciones antes de que los socialistas lo pusieran en mano de la justicia". Igualmente, el exalcalde señala el informe y el testimonio del arquitecto municipal que avaló su decisión de conceder las licencias de forma parcial, por unidades de ejecución de urbanización. Según el primer edil, este informe "fue elaborado por el arquitecto municipal y acredita por tanto la legalidad de la actuación desde el punto de vista técnico y urbanístico".

Por su parte, el propio exalcalde ha manifestado que no ha habido "pruebas en la mesa" sobre los delitos de cohecho o prevaricación que le atribuyen el Ayuntamiento y la Fiscalía. Vega, en ese sentido, ha señalado que la inadmisión de la grabación que dio pie al caso reduce el asunto a "un testimonio contra otro" y que incluso dos de los cuatro empresarios de 'Agroporc' que han testificado niegan que él les reclamase dinero a cambio de las licencias.

martes, 18 de junio de 2013

EL TSJ DE VALENCIA CIERRA LA RAMA FITUR DEL CASO GÜRTEL Y ABRIRÁ JUICIO ORAL

El ex vicepresidente Vicente Rambla, y las ex conselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such.

TRIBUNALES | Imputados Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such
La sala Civil y Penal rechaza los 14 recursos presentados por las defensas
Rambla, Milagrosa y Such, imputados por tráfico de influencias y prevaricación
A las dos ex conselleras de Turismo se les acusa también de cohecho pasivo
El juez Ceres deberá decidir sobre Rambla, a quien la Fiscalía no acusó

Gema Peñalosa | Valencia

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado salida a la pieza de los contratos presuntamente irregulares concendidos por la Generalitat a la empresa de Francisco Correa Orange Market para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en las ediciones de 2005 a 2009 de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur).

En esta rama del caso Gürtel están están imputadas Milagrosa Martínez y Angélica Such, ex conselleras de Turismo, y Vicente Rambla, ex vicepresidente de la Generalitat.

Seis meses después de que el magistrado instructor, José Ceres, cerrara las actuaciones y enseñara el camino del banquillo a los imputados, ahora es la Sala la que confirma el auto de procesamiento y deja todo listo para el juicio.

Tras desestimar los 14 recursos de apelación presentados por las defensas, ahora sólo queda que Ceres redacte el auto de apertura de juicio oral. Y en él tiene una importante decisión: incluir a Vicente Rambla, tal como pedía la acusación particular ejercida por el PSPV, o dejarle fuera, como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

En su auto de procesamiento, fechado en diciembre, el magistrado apreció indicios de que los tres ex dirigentes del Consell podrían haber cometidos delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación por el presunto amaño en la adjudicación de los contratos para organizar la feria de Turismo Fitur a las empresas de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2009.

Además, considera que Milagrosa Martínez, actual alcaldesa de Novelda y también ex presidenta de las Cortes, y Angélica Such también podrían haber cometido otro delito de cohecho pasivo por haber recibido presuntamente regalos de la trama. Según el relato del juez, Álvaro Pérez 'El Bigotes' le regaló a Martínez en las Navidades de 2005 un reloj Hublot de acero valorado en 2.400 euros. A Such le regaló otro reloj en los Reyes de 2009: un Cartier de oro de 3.650 euros.

En la misma causa el juez encuentra indicios de delito en Álvaro Pérez 'El Bigotes', Pablo Crespo, Francisco Correa, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, vinculados a la trama Gürtel. Les imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.

Además

lunes, 10 de junio de 2013

"OPERACIÓN POKÉMON"; LA JUEZ INVESTIGA AL EX ALCALDE DE OURENSE POR BLANQUEO Y MANTIENE SU IMPUTACIÓN

El ex alcalde de Ourense, tras su declaración. | Eliseo Trigo / Efe
Declaración de Francisco Rodríguez
La novia de Francisco Rodríguez comparece por primera vez ante la juez

Marcos Sueiro | Santiago

La 'operación Pokémon' vuelve al origen. El ex alcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez ha vuelto a comparecer este lunes ante la juez, Pilar de Lara, tras su detención el pasado mes de septiembre al estar presuntamente implicado en una trama de concesiones municipales a empresas a cambio de determinados favores.

El ex regidor ourensano ha llegado a los juzgados a las 10.00 horas "muy tranquilo" y los abandonó tres horas más tarde con la misma condición procesal de imputado por los delitos de prevaricación y cohecho a los que hay que sumar el de blanqueo de capitales.

La nueva comparecencia se produce una vez que la juez ha prorrogado en dos ocasiones el secreto del sumario para seguir practicando diligencias como las que agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera realizaron el pasado 15 de mayo en propiedades de su pareja, Mercedes Astorga, localizadas en Verín y Castrelo do Val (Ourense) y requisaran nueva documentación, lo que propició la segunda comparecencia del ex alcalde ourensano.

Tras Rodríguez la juez toma declaración a Mercedes Astorga. Es la primera vez que la 'primera dama' comparece en sede judicial. Su testimonio ha despertado mucha expectación ya que fuentes de la investigación tratan de averiguar el presunto trato de favor a la empresa Aquagest debido a la relación laboral de Astorga con la compañía.

Francisco Rodríguez, que no fue demasiado explícito ante los medios de comunicación, manifestó que comparecía como era su obligación pero convencido de su inocencia. Con respecto a la imputación por blanqueo de capitales afirmó que "no me veo y creo que no tengo el perfil". Eso sí dijo que "tengo las propiedades que conoce todo el mundo, por cierto más bien escasas". En cuanto a los motivos por los que fue citada su pareja a declarar por parte de la jueza de Lara indicó "a lo mejor fue porque cometió el error de compartir conmigo el lecho".

Sin embargo, su sombra es alargada y a pesar de que está suspendido de militancia en el PSdeG-PSOE, debido a que estuvo detenido y recuperó su libertad tras depositar una fianza de 6.000 euros, mantiene una influencia decisiva en el ayuntamiento ourensano.

De hecho, las consecuencias derivadas de la detención preocupan a la dirección socialista que no consigue controlar los excesos de los concejales leales a Rodríguez y protagonizan sucesivas noticias que ponen en duda la gestión realizada en el consistorio.

miércoles, 22 de mayo de 2013

"OPERACIÓN POKÉMON"; LA JUEZ CITA A DECLARAR NUEVAMENTE AL EX ALCALDE DE OURENSE Y A SU PAREJA


GALICIA
Será la primera vez que comparezca la pareja de Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez está imputado por un delito de blanqueo de capitales

Marcos Sueiro | Ourense

Los registros realizados por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera el pasado día 15 de mayo en propiedades del ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y su pareja, Mercedes Astorga, han propiciado que la instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, los haya ha citado a declarar el próximo 10 de junio.

Fuentes de la defensa de Rodríguez han explicado que el ex regidor, según consta en la citación judicial, está citado a las 10.00 horas en los juzgados de Lugo junto a su pareja para declarar ambos ante la juez instructora. El ex regidor comparecerá en calidad de imputado por un delito de blanqueo de capitales.

Será la primera vez para la compañera del ex alcalde, que se ve de este modo implicada en la operación Pokémon, pero supone la vuelta al juzgado de Rodríguez.

El ex regidor fue detenido en septiembre pasado en el marco de la 'Operación Pokémon' y, tras prestar declaración ante la juez, salió en libertad bajo fianza de 6.000 euros y quedó imputado por cohecho y prevaricación, por lo que se vio forzado a dimitir por la cúpula del PSOE.

La nueva comparecencia en sede judicial de Rodríguez y la primera de su compañera se relacionan, según fuentes de la investigación, con los testimonios en el juzgado del ex jefe territorial de Aquagest en Galicia, Henry Laíño. La conexión está relacionada con concesiones a la empresa de aguas realizadas por el ayuntamiento de Ourense. Y es que además la propia Mercedes Astorga trabaja en Aquagest y un hijo del ex alcalde en la sede asturiana de la compañía. Estas averiguaciones han propiciado que el día 22 de mayo la juez haya prorrogado el secreto del sumario.

Tras conocerse la decisión de De Lara, la defensa de Rodríguez, ejercida por el abogado Gerardo Viada, ha manifestado también su intención de volver a recurrirla, como el letrado del alcalde de Lugo, "porque no se puede mantener el secreto diez meses" y que los investigados continúen "sin saber los hechos que se les imputan".

"Es una indefensión absoluta", ha aseverado el letrado, que ha explicado que desde que se ha hecho cargo de la defensa de Rodríguez no ha tenido "ni una sola información del juzgado" sobre qué hechos se le imputan al ex alcalde de Ourense. En este sentido, el alcalde de Lugo, el también socialista, José Clemente López Orozco, ha decidido acudir a los tribunales para denunciar su "indefensión"

martes, 23 de abril de 2013

LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA LA EX ALCALDESA DE VILLAVERDE DEL RÍO POR 82 VIVIENDAS ILEGALES


TRIBUNALES | Licencia de obras
Evangelina Maestra (PSOE) autorizó 50 viviendas más de las autorizadas
La regidora villaverdera desoyó al secretario y al arquitecto municipal
La Fiscalía pide al juzgado de Lora que le tome declaración como imputada

Efe | Sevilla

La Fiscalía de Urbanismo ha presentado una querella criminal contra Evangelina Maestra Cabrera (PSOE), ex alcaldesa de Villaverde del Río (Sevilla), por conceder licencia para 82 viviendas "claramente contrarias a la normativa" y en contra del criterio de los técnicos municipales.

La querella del fiscal explica que Maestra primero concedió licencia para 30 viviendas en octubre del 2007 en la que no se aprecia ninguna irregularidad penal.

No obstante, sin ejecutar aquellas viviendas, la promotora Selosa Estructuras y Medio Ambiente solicitó el 15 de enero del 2009 licencia de obras para construir en el mismo lugar no las 30 casas autorizadas, sino 77 viviendas en edificación plurifamiliar y otras 5 unifamiliares.

Se trataba de "un proyecto totalmente diferente a lo autorizado hasta esa fecha" y, por tanto, contó con el informe desfavorable del secretario y arquitecto municipales, quienes advertían a la alcaldesa de que el aumento de edificabilidad solicitado requería de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento y la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

"No obstante la claridad del informe técnico y jurídico advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia de edificación", el 25 de febrero de 2009 la entonces alcaldesa otorgó licencia, añade la querella.

Lo hizo "consciente de la manifiesta injusticia" que suponía y justificando "formalmente la decisión por la urgente necesidad de viviendas de VPO, la situación económica de la localidad y el sector de la construcción y el compromiso asumido por el promotor", según el fiscal.

Se trata, además, de una justificación "carente de respaldo legal o reglamentario", por lo que la Fiscalía imputa a la exalcaldesa un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación.

Añade que, conforme a la pericial encargada a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la licencia de obras de las 82 viviendas y garajes "es claramente contraria a la normativa de planeamiento".

La Fiscalía pide al juzgado de Lora del Río (Sevilla), a quien corresponde instruir la causa, que tome declaración a Maestra como imputada y solicite su hoja de antecedentes penales.

miércoles, 20 de marzo de 2013

PIDEN SIETE AÑOS PARA EL EXALCALDE DE GARRUCHA POR PREVARICACIÓN Y EXTORSIÓN

AMERÍA | A una empresa constructora
Presionó respecto al convenio urbanístico suscrito para construir 138 pisos
También se enfrenta a 47 años de inhabilitación para cargo público

Europa Press | Almería

Un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Garrucha (Almería), Andrés Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión, coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6 del termino municipal.

Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos Muñoz.

La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.

La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.

El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.

El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".

En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".

Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia -sostiene- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".

En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".

"TRAMA DE LOS ERE"; ANTICORRUPCIÓN VUELVE A PEDIR EL INGRESO EN PRISIÓN DE GUERRERO POR "RIESGO DE FUGA"

Francisco Javier Guerrero (izquierda), junto a su abogado en las puertas del juzgado. | Efe
'Operación Heracles'
Anticorrupción vuelve a pedir el ingreso en prisión de Guerrero por 'riesgo de fuga'
El delegado de Empleo ha declarado durante cerca de tres horas
Anticorrupción cree que también podría destruir pruebas del caso
Asegura a su salida de los juzgados que está "igual de tranquilo que siempre"

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.

Así lo han informado fuentes del caso al término de la declaración de Guerrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se ha prolongado durante cerca de tres horas y durante la que ha respondido a las preguntas de la magistrada desoyendo el consejo de su abogado, Fernando de Pablo.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos -sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil-, tras lo que permaneció más de siete meses en Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.

La comparecencia de Guerrero, que ha concluido pasadas las 17 horas, corresponde a la parte de la causa que permanece bajo secreto de sumario y en ella han estado presentes la propia Alaya, los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción y el abogado Fernando de Pablo.

Guerrero, que continúa a la espera de que la magistrada dicte el auto en el que acepte o no la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha declarado a los periodistas congregados a las puertas de la Audiencia Provincial que se encuentra "igual de preocupado que siempre", aunque ha admitido que no se trata de una "situación agradable".

También ha desvelado que ha prestado declaración ante la juez Alaya, que se ha interesado por "cosas que ya me habían preguntado antes" y también por "otras que hemos ampliado".

En principio está previsto que nuevos imputados presten declaración este miércoles ante la juez Mercedes Alaya.


Además
El escándalo del saqueo institucionalizado

elmundo.es

domingo, 17 de marzo de 2013

EL FISCAL JEFE RECONOCE LA "VELOCIDAD" CON LA QUE SE HA PUESTO EN MARCHA LA OPERACIÓN

CORRUPCIÓN | Registran el Ayuntamiento de Calvià
La querella del PSOE por Radio Calvià se presentó esta misma semana
El procedimiento habitual en casos similares es pedir primero la información
La intervención se produjo el mismo día en que Carlos Delgado se casaba

Enrique Fueris | María Fuenteálamo | Calvià

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha reconocido "la velocidad" con la que se puso en marcha la operación para que la Guardia Civil registrara ayer el Ayuntamiento de Calvià para intervenir documentos relativos a la radio municipal. La premura contrasta con el procedimiento habitual que se sigue en casos parecido en los que primero solicitan la información (como vienen haciendo casi cada semana los agentes anticorrupción de Baleares por diferentes casos como los vinculados a la desaparecida Unió Mallorquina u Over Marketing). El fiscal contestó que no creía que «hubiera tantos agentes» en el registro de ayer, efectuado el mismo día en que Carlos Delgado se casaba con su actual pareja, y que, en cualquier caso, no había que hacer «una montaña» del tema.

La Guardia Civil registró el consistorio de Calvià y la sede de su radio municipal en busca de pruebas de supuestas contrataciones ilícitas para la gestión de la emisora durante la legislatura en curso y las dos anteriores, cuando era alcalde Delgado. Un fulminante e inesperado despliegue policial que se produce tan solo unos días después de que el PSOE denunciara las presuntas irregularidades y el mismo día elegido por el actual conseller de Turismo y Deportes para contraer matrimonio con Lourdes Reynés.

Las pesquisas han sido iniciadas hace unos días a raíz de una querella interpuesta esta semana por la agrupación municipal del PSIB-PSOE en la que se apuntaban indicios de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos en la adjudicación de contratos para la gestión de Radio Calvià entre 2005 y 2011.

Después de un concienzudo registro que se prolongó desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los agentes de la Policía Judicial del Instituto Armado intervinieron diversos documentos y facturas de las dependencias consistoriales, así como un iPad y otros soportes informáticos de la sede de Radio Calvià.

La operación de entrada en el Ayuntamiento calvianer ha sido tomada con una rapidez inusual en otras investigaciones de Anticorrupción en Baleares. Una «velocidad» reconocida a este rotativo por el mismo fiscal jefe, Bartomeu Barceló. «La celeridad con la que se ha actuado puede deberse a muchos factores, como que las diligencias sean complicadas», dijo, aunque apuntó a su vez, que «en este caso se busca una cosa muy concreta».

Así las cosas, el fiscal jefe de Baleares reconoce que si bien la querella del PSOE por Radio Calvià se presentó esta misma semana, hablar de «rapidez extrema» es «una apreciación subjetiva». Eso sí, reconoció que no todas las investigaciones se desarrollan a esa velocidad por lo que añadió que «realmente todas las causas deberían estar hechas para ayer». Barceló explicó que todo «depende de la urgencia del caso» y señaló que los tiempos de las pesquisas «también dependen del juez que instruye».

En este caso, el juzgado de Instrucción 12 de Palma, cuyo titular es Carmen Abrines. Se trata del mismo juzgado que dirime en el caso de supuesta corrupción de Pas Amics del Camí, una asociación vinculada al PSM. Regada con dinero público desde al menos tres administraciones diferentes –Govern, Consell y Ayuntamiento de Valldemossa– en la pasada legislatura, la asociación en cuestión no habría realizado los trabajos encargados, tal y como destapó este diario.

Por otra parte, el fiscal Anticorrupción encargado de la investigación y presente ayer en el registro es Miguel Ángel Subirán. Sobre él recayó también la investigación de Pas Amics del Camí así como una denuncia del PP sobre presuntas irregularidades en la contratación de Jardins de Tramuntana, la empresa de la pareja de la socialista isleña Francina Armengol. Subirán rechazó la denuncia porque «no se identificaba a nadie» como denunciado y, sin realizar diligencias, la archivó.

Además

REGISTRAN EL AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ PARA INTERVENIR EXPEDIENTES DE LA RADIO

Funcionarios salen con cajas tras el registro en el Ayuntamiento. | Alberto Vera

INVESTIGACIÓN | La Guardia Civil



Europa Press | Palma

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana para intervenir los expedientes relacionados con la adjudicación presuntamente irregular de contratos para la explotación de la radio municipal bajo la Alcaldía de Carlos Delgado, actual conseller de Turismo y Deportes del Govern.

Así lo han informado fuentes del caso, que han precisado que los registros han sido ordenados por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, donde ha recaído la querella interpuesta recientemente por el PSIB.

En concreto, los investigadores apuntan a la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en la concesión de la gestión de Radio Calvià.

'Duermen el sueño de los justos'
Por su parte, el portavoz del PP balear, Miquel Ramis, se ha referido al hecho de que la Guardia Civil haya intervenido en el Ayuntamiento de Calvià ha destacado que cuando "temas parecidos" a este afectan a otros partidos "duermen el sueño de los justos".

"Cuando determinadas cuestiones parecen afectar a ayuntamientos 'populares' hay intervenciones, y cuando determinados temas parecidos afectan a otras organizaciones políticas, duermen el sueño de los justos", ha dicho en declaraciones a los medios tras la Junta Directiva regional.

Ramis ha declarado que él se sigue "acordando" del caso Eivissa Centre, "que sigue parado" y ha considerado que podría haber habido actuaciones "dentro del tema del PSM con las excursiones, hubiesen podido pedir papeles".

'Las actuaciones no parecen las mismas para todos'
En este sentido y pese a admitir que no dispone de "toda la información" al respecto, ha dicho tener la "tentación de pensar que, a veces, las actuaciones judiciales no parecen las mismas para todos".

No obstante, ha añadido que el PP tendrá que esperar a tener más información "y ver qué pasa", si bien ha reconocido que se trata de un tema "desagradable" que les "preocupa", aunque no lo han abordado en la Junta Directiva Regional.

Ramis también ha mostrado el "respeto" de su formación ante "cualquier intervención policial". "Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y a qué se debe esto".