LA FISCALÍA PIDE 7 AÑOS DE CÁRCEL POR ESTAFA PARA EL EX PRESIDENTE DE TERRA MÍTICA

TRIBUNALES | Otros 10 años para tres ex responsables

El juez abrió en 2005 una investigación al parque temático de Benidorm

Se investiga un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros

A los acusados se les pide una indemnización de 8 millones de euros

Efe | Valencia

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de prisión, que oscilan entre los 7 y 10 años, para cuatro ex cargos de la sociedad Parque Temático de Benidorm en relación a un presunto fraude fiscal cometido durante la construcción de Terra Mítica.

En su escrito provisional, en el que también pide la apertura de juicio oral, la Fiscalía también formula acusación contra otras 34 personas -para todas ellas pide tres o más años de cárcel- y, como responsables civiles subsidiarias, 25 sociedades mercantiles.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia dictó el pasado mes de abril un auto que dejaba lista para el juicio esta causa, en la que se investiga un fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque Terra Mítica.

En dicho auto, el juez emplazaba a las partes a que solicitaran la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de nuevas diligencias complementarias.

La Fiscalía ha optado, y así lo refleja en su escrito facilitado a los medios de comunicación, por la apertura de juicio oral y, por ende, ha formulado sus acusaciones por entender que se dan supuestos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos mercantiles.

Para el que fuera presidente del consejo de Administración en los años 2000 y 2001 -ejercicios objeto de la investigación-, Luis Esteban, el fiscal pide cuatro años de prisión por un delito de estafa y otros tres años por un delito contra la Hacienda Pública.

Además de ambos delitos, el Ministerio Público considera que cometieron un delito continuado de falsificación de documento mercantil el ex director general del parque Miguel Navarro, el ex responsable de Contratación Justo Valverde y el ex director técnico Antonio Rincón, por lo que eleva las penas a un total de diez años para estos tres últimos.

Relata el fiscal que, tras quedar constituida la sociedad en 1988, ésta firmó determinados contratos con cuatro empresas externas para que se encargasen de la creación, contratación, cumplimiento de la normativa y control de calidad, entre otros servicios.

"Pese a la contratación con dichas empresas", añade la Fiscalía, Navarro y Valverde "entraron en contacto" con otro de los acusados, Vicente Conesa -para quien pide 10 años de prisión-, y con "la intención de lucrarse a costa de los accionistas", idearon "un plan que les permitía sacar del control" de la gerencia de construcción y de la dirección facultativa de las empresas contratadas "una parte de la construcción del parque".

Además, este plan les permitiría "conseguir que un gran número de facturas que iban a presentar al cobro en Terra Mítica" pudiesen ser aceptadas por el Área Financiera del parque "y se abonasen las mismas".

Para ello, las facturas, a juicio del fiscal, se dotaban de "una apariencia de realidad, pese a que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales prestados por unas empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque".

Como último paso, se buscó a personas que, o bien estaban al frente de pequeñas empresas, o se les ofreció figurar como administradores de otras empresas inactivas o con poca actividad "a cambio de una contraprestación".

Además de las cinco personas citadas anteriormente, el resto de los acusados figuran como responsables o colaboradores en distintas empresas, contratas y subcontratas, las cuales podrían haber facturado al parque por servicios que nunca llegaron a prestar.

En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados, conjunta y solidariamente -figuran como subsidiarias las mercantiles- deberán indemnizar ya sea a la sociedad Parque Temático de Benidorm y/o a la Hacienda Pública algo más de ocho millones de euros, según señala la Fiscalía en su escrito provisional.

La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005, cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación de facturas.

Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción de Terra Mítica

elmundo.es

"OPERACIÓN MERCURIO"; EL JUEZ INVESTIGA LOS LAZOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON LA DIPUTACIÓN BARCELONESA

Los empresarios se repartían como un cartel el acceso a las adjudicaciones

Los proyectos de urbanización en los que intervino la red suman 10 millones

Jesús García / Rebeca Carranco Barcelona

La Diputación de Barcelona también está en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio, sobre una presunta trama de corrupción urbanística. En dos de los registros practicados el pasado martes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de una serie de expedientes del ente provincial. Dos de los documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del organismo, en el centro de Barcelona.

La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están imputados en la causa. El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol, cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.

El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas. El papel del alcalde —al que los empresarios detenidos aluden con el apodo de El Capo— es central en la trama, sostienen los investigadores. Bustos está al corriente, según esas mismas fuentes, del pago de comisiones a cargos públicos a través de la adjudicación de obras. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un despacho de abogados.

Pero, ¿quién hacía funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actor principal al constructor Melquíades Garrido, que tenía una importante parcela de poder como presidente del gremio local de constructores. Los investigadores describen el funcionamiento de la trama como una suerte de cartel. Garrido y otros decidían, presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo sucedido.

Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa). En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.

Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden, supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo sospecha. Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.

El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos. El exconcejal del Partido Popular en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.

También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso, el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007, antes de llegar a Sabadell.

En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y omisión del deber de perseguir delitos. Está previsto que hoy empiecen a declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos, que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”.

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UN JUEZ INVESTIGA A 13 PERSONAS POR PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN Y FALSEDAD EN LA DIPUTACIÓN

DIPUTACIÓN DE GRANADA | Entre los implicados, el ex vicepresidente

Según la Policía, se hicieron contrataciones para beneficiar a un empresario

En la feria empresarial Mercamed de Tetuán y en el proyecto de museo en Xauen

También aparece entre los implicados la mujer del portavoz del PSOE en Granada

José A. Cano | Granada

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, ha abierto diligencias contra 13 personas, entre ellas el que fuera vicepresidente de la Diputación por IU en el anterior mandato, Julio Bernardo, y la pareja de Francisco Cuenca, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, por la supuesta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex, en la organización la feria empresarial Mercamed en Tetuán y en la realización del proyecto de un museo en Xauen, Marruecos.

El juzgado investigará la participación de estas 13 personas, entre las que se encuentran, además de los mencionados, once trabajadores o ex trabajadores de la institución provincial, en los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles. La apertura de la investigación llega después de que la Fiscalía Provincial presentase denuncia por los mismos cargos.

La investigación se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía diera traslado el pasado 26 de marzo de un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.

El ex vicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

"En resumen, tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario y, en otro, comunican a la Diputación que han cobrado una cantidad determinada sin realizar servicio alguno", indica el informe.

La actual vicepresidenta de la Diputación Provincial, Luisa García Chamorro (PP), ha advertido que la institución, como posible parte perjudicada, estudia personarse en el proceso "para ejercer cuantas acciones penales y civiles considere oportunas", pues "se ha hecho un daño muy grave tanto económico como de imagen a esta Diputación y se están poniendo en riesgo los fondos europeos".

Asimismo, en la línea de lo que ya ha solicitado el PP en otras ocasiones, la vicepresidenta de la Diputación ha considerado que "no se sostiene" que el que fuera delegado provincial de Innovación y actual portavoz del PSOE municipal, Francisco Cuenca, "estuviera ajeno a los trapicheos que hacía su mujer en la Diputación".

elmundo.es

"CASO MERCAMED"; LA FISCALÍA DENUNCIA A 13 PERSONAS POR LAS FACTURAS DOBLES EN LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA | Por prevaricación, malversación y falsificación

La investigación dice que se duplicaron facturas para favorecer a empresarios

Un imputado es el ex vicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo, de IU

José A. Cano | Granada

La Fiscalía Provincial ha interpuesto denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantil contra los al menos 13 implicados en el llamado 'caso Mercamed', por el que la Diputación de Granada emitió facturas dobles durante una feria empresarial en Marruecos en mayo de 2011. El principal imputado es el ex vicepresidente de la institución provincial, Julio Bernardo, de IU.

La Fiscalía atribuye a los imputados los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil. Entre los que tendrán que dar cuenta de sus actuaciones ante el juez encargado del caso, además de Bernardo como responsable del programa Poctefex dentro del cual se llevó a cabo el citado evento de Tetuán, se encuentra Jorge López López, entonces director del Área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, quien asumiera de manera directa y personal la dirección y coordinación de todos los proyectos Poctefex, conocido por la célebre factura de la bolsa de Doritos.

En el decreto de incoación de diligencias, la fiscal Emilia Rancaño ya consideraba que podrían ser responsables de delitos de prevaricación continuada, de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento mercantil.

La investigación se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía diera traslado el pasado 26 de marzo de un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.

El ex vicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

elmundo.es

"OPERACIÓN ORQUESTA"; A DISPOSICIÓN JUDICIAL EL ALCALDE DE CEE Y EL TERCER EMPRESARIO DETENIDO POR CORRUPCIÓN

Libertad provisional para los otros dos regidores

    * El regidor y el empresario fueron trasladados desde el calabozo de Lonzas
    * Militantes de su partido y vecinos se concentraron en apoyo al alcalde
    * 'Ramón, tranquilo, el pueblo está contigo' fue la consigna coreada

Marcos Nebreda | Corcubión (A Coruña)

"Ramón, tranquilo, el pueblo está contigo". Esta ha sido la consigna coreada por el centenar de vecinos y amigos que esperaban al alcalde de Cee a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión donde este miércoles presta declaración ante el juez Andrés Lago Louro por su presunta implicación en la 'operación Orquesta'.

Poco después de las once de la mañana, Ramón Vigo salía del coche acompañado de dos agentes que portaban abundante documentación y en medio de una tremenda ovación de las personas allí concentradas que se manifestaron emocionadas arropando al regidor. Unos minutos antes llegaba el empresario Jorge López, que salió del vehículo con el rostro totalmente cubierto entre alguna palabra tímida de apoyo. Ambos venían de los calabozos de Lonzas (A Coruña), donde permanecieron desde su detención el lunes.

El respaldo a Ramón Vigo era la consigna generalizada a las puertas del Juzgado y entre los vecinos agolpados a sus puertas. Entre ellos estaba un representante de la corporación municipal, el delegado de obras del Concello de Cee, Juan Areas, que cree firmemente en la inocencia de Vigo. "Respondo totalmente por él", ha dicho.

Apoyo a Vigo, pese a la imputación
Lo mismo ha manifestado sobre el empresario Jorge López, relacionado con el regidor y conocido en la zona por la organización de las fiestas patronales. Ares no tiene dudas de que ambos saldrán en libertad con cargos al igual que pasó el martes con los alcaldes de Fisterra y Mazaricos.

Muchos de los apoyos a Vigo procedían de los militantes independientes de su partido, que se organizaron para llegar hasta los Juzgados y mostrar su disconformidad con el trato dispensado a su alcalde y con el enorme despliegue policial. "Esto parece la 'operación Malaya', es excesivo", comentaban rodeados de al menos una decena de agentes. Poco importa para ellos que la operación investigue adjudicaciones irregulares de obras en su ayuntamiento. Ni que los detenidos estén acusados de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, así como de falsificación en documento.

Para los allí congregados, la operación policial responde a una campaña "para manchar la imagen del alcalde aprovechando el período electoral". Aseguran que Vigo ha trabajado mucho por el pueblo y a la vista está "en la gran cantidad de obras ejecutadas". Además, confían totalmente en la legalidad de estas inversiones y dicen conocer que la empresa constructora Ogando realizó parte de las mismas, las más costosas pero no la mayoría. Asímismo el empresario vinculado con el caso, Jorge López también es de sobra conocido entre los vecinos por la gestión de eventos musicales, aunque resaltan que también otros promotores se beneficiaron.

Los militantes del partido aseguran que Vigo no se llevó "nada de dinero de las obras públicas" mientras que los anteriores regidores sí se "apropiaron de casas, coches y urbanizaciones, muchas de ellas declaradas ilegales". A su favor, alegan que Vigo sólo dispone en propiedad de un automóvil y un piso alquilado.

El alcalde de Fisterra, en Corcubión
Por otra parte, el alcade de Fisterra, José Manuel Traba permanecía este miércoles por la mañana en las inmediaciones de los juzgados en actitud relajada y conversando con otras personas en una cafetería.

Preguntado por este medio ha declinado valorar la decisión judicial del martes sobre su implicación en los delitos que se le imputan. Solo dice que está en Corcubión "para realizar unos trámites" y, de paso, dar "su apoyo" al alcalde de Cee. Manifestó que no puede decir nada por el secreto del sumario pero se mostró totalmente tranquilo y relajado.

Por otra parte, los dos empresarios de Construcciones Ogando S.L., Daniel Ogando O. y Daniel Ogando S., padre e hijo, que el martes quedaron en libertad provisional bajo fianza, han acudido este miércoles también al juzgado de Corcubión para depositar la fianza que le había sido impuesta.

Tras depositar el dinero, han abandonado el lugar sin realizar declaraciones, si bien el martes había manifestado a sus allegados que estaba "muy tranquilo" porque no tenía "nada que ocultar"

Además
    * Libertad con cargos para seis de los detenidos
    * Daniel Ogando: 'Estoy muy tranquilo; no tengo nada que ocultar'
    * Feijóo pide que se investigue 'sin límite' a los tres alcaldes

elmundo.es

"OPERACIÓN ORQUESTA"; TRASLADAN A DEPENDENCIAS POLICIALES A LOS DETENIDOS EN LA COSTA DA MORTE

A CORUÑA

    * Los alcaldes pasarán la noche en dependencias policiales en A Coruña
    * La Policía sacó diversas cajas de documentación de los consistorios
    * El juez de Corcubión inspeccionó el coche y la vivienda del alcalde de Cee
    * Detenidos varios empresarios; el juez acude a la sede de la constructora

Europa Press | Cee (A Coruña)

Los detenidos en el marco de la denominada 'Operación Orquesta' pasarán la noche en dependencias policiales en la ciudad de A Coruña, mientras prosiguen las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Corcubión.

Los alcaldes de Cee, Mazaricos y Fisterra (A Coruña) fueron detenidos este lunes, junto a otros dos ediles de este último municipio y tres empresarios de la zona por supuesta corrupción en la adjudicación de obras, por lo que se les imputan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsificación en documento.

A las dependencias policiales ya han sido trasladados algunos de los detenidos, mientras que el juez Andrés Lago Louro y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) proseguían a las 20.00 horas del lunes con el registro de la sede de la empresa Ogando, ubicada en la parroquia de Senande, en el municipio coruñés de Muxía. En el registro de este inmueble, en cuya planta inferior tiene la sede la constructora y en la superior es vivienda familiar, estaban presentes el responsable de la firma, D. Ogando, y su hijo, que también trabaja para la empresa familiar.

Los detenidos son el alcalde de Cee, Ramón Ramiro Vigo, que representa a un partido independiente que cuenta con dos concejales -después de que otro se haya pasado al grupo de los no adscritos- y que gobierna en coalición con el PSdeG.

También fueron detenidos el alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro, del PP, así como su compañero de partido y regidor de Fisterra, José Manuel Traba Fernández, junto a dos concejales del equipo de gobierno de este ayuntamiento.

Los tres empresarios arrestados son el dueño de la constructora D. Ogando -que desarrolla obras para ayuntamientos de la Costa da Morte- y su hijo, así como un promotor de espectáculos, J.L., que, según fuentes consultadas por Europa Press, se dedica a contratar orquestas para eventos y también a la compra y venta de terrenos.
 

Abundante documentación
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han indicado que las diligencias ordenadas por el titular del juzgado número dos de Corcubión podrían haber derivado de escuchas telefónicas iniciadas a raíz de otra causa y han confirmado que la documentación incautada en los registros de este lunes es abundante y ahora se iniciará su análisis en profundidad para determinar si ha existido algún posible cobro de comisiones irregulares. Además, han apuntado que la investigación, sobre la que se ha decretado el secreto de sumario, arrancó hace "más de un año".

La UDEF desplegó este lunes un amplio dispositivo que llevó furgones policiales a las casas consistoriales de Cee, Fisterra y Mazaricos, así como a la sede de la referida constructora de Muxía. En total se realizaron ocho registros en los mencionados ayuntamientos y en domicilios de los implicados.

El operativo arrancó a primera hora de la mañana, de forma que los agentes de la Policía Nacional identificaron en los tres consistorios a todos los funcionarios y empleados e impidieron el acceso de ciudadanos ajenos a las dependencias municipales. Tanto la documentación material incautada en los diversos registros como aquella que se pudo extraer de ordenadores es abundante.

Empresa familiar
D. Ogando es una empresa familiar dedicada a la construcción y que es muy conocida en la zona de la Costa da Morte porque su dueño lleva "toda vida" en el negocio. Según las fuentes consultadas, no es extraño que desarrolle obra pública para ayuntamientos de la zona.

Al respecto, la teniente de alcalde de Cee (A Coruña), la socialista Amancia Trillo, ha declarado a Europa Press que no tiene constancia de "ninguna actuación irregular" en su municipio por parte de la empresa Construcciones D.Ogando, ubicada en Muxía (A Coruña), con la que tiene contratada la obra de la Casa de la Cultura.

Trillo explicó que la constructora de Muxía está realizando "la última fase de la Casa de la Cultura", que está a punto de terminar. Además, ha señalado que esta constructora ha realizado anteriormente obras en el campo de fútbol de Cee y también ha llevado a cabo actuaciones para otros municipios de la zona.

No obstante, ha incidido en que no le consta que haya realizado actuaciones irregulares. "No temo nada porque no hay nada irregular", ha afirmado, al tiempo que ha trasladado su colaboración "en lo que haga falta" en el marco de la investigación.
 

El alcalde de Muxía, 'impactado'
Por su parte, el alcalde de Muxía, Félix Porto, ha asegurado a Europa Press que se encuentra "impactado" por la noticia de las detenciones. Asimismo, ha afirmado que le constaba que la empresa investigada "trabajaba mucho" para el ayuntamiento de Fisterra y que, a raíz de la operación desarrollada este lunes se enteró de que también lo hacía para el Consistorio de Cee, pero que desconoce la relación con el de Mazaricos.

Porto señaló que su relación con los tres alcaldes detenidos es "humanamente excepcional" y manifestó su "respeto institucional" hacia ambos. "Ni en un mal sueño pensaría esto", ha declarado.

El enorme despliegue policial, que llevó hasta seis furgones policiales por ejemplo a Cee, generó una gran expectación entre los vecinos, que a lo largo de la jornada se acercaron hasta las inmediaciones de la Casa Consistorial, donde se apostaron también un nutrido grupo de medios de comunicación.

Además
    * Operación anticorrupción en la Costa da Morte

elmundo.es

DOS FIRMAS INACTIVAS FACTURARON 4,7 MILLONES POR OBRAS EN TERRA MÍTICA

El informe final de Hacienda confirma la existencia de empresas ficticias

El inspector hace constar en el informe el abuso de precios en las obras

LYDIA GARRIDO - Valencia

Las empresas Gribal y Trabajos Auxiliares del siglo XXI (Traux) facturaron 4,7 millones de euros por obras en Terra Mítica. No sólo no las hicieron. Es que ambas sociedades estaban inactivas. Así lo confirma el inspector de Hacienda en el informe definitivo sobre la documentación incluida en el sumario por supuesto delito fiscal, falsificación y delito mercantil de una trama de 19 empresas, entre ellas la propia Terra Mítica, por valor de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas que sirvieron para evitar la liquidación de los impuestos de IVA e impuesto de sociedades en los años 2000 y 2001.

La figura central de Gribal, y también una de las importantes de la trama, por la que hay imputadas casi 40 personas, es José Luis Rubio. Junto a él, en la gestión de esta empresa, José Antonio Llopis y Felipe Moreno Carpio. En 2000, Gribal facturó a otras cuatro empresas de la trama casi 600.000 euros y cerca de un millón en 2001. Eran operaciones no ajustadas a la realidad. La mayor parte del tiempo, la firma, como recoge el inspector en el informe, sencillamente no tuvo actividad alguna. Y cuando la tuvo, en su memoria consta que solo había un empleado contratado y a tiempo parcial.

Un perfil similar es el de Traux. Facturó más de tres millones de euros a cuatro empresas de la trama por trabajos supuestamente realizados en las obras de construcción del parque Terra Mítica. Sin embargo, sus gastos de personal no llegaron a los 600 euros, emitió facturas con desfases temporales notables, no tenía movimientos financieros. La conclusión del inspector es que la empresa solo servía para cumplir el recorrido de facturas falsas entre las integrantes de la trama para evadir impuestos y cobrar servicios que no se realizaron. Traux no tuvo actividad propia y al inspector le resulta imposible considerar que la actividad presunta se sustente sin empleados.Un sobrecoste del 450%. Ese es el margen con el que trabajaba, por ejemplo, la empresa constructora Nou Mil·leni. Lo recoge así el inspector de Hacienda en el informe final recientemente aportado a la causa. Según los datos examinados por él, esta empresa, en su declaración de Impuesto de Sociedades de 2001, cifró sus gastos en 130.379,92 euros. Las ventas declaradas fueron de un importe poco superior a 717.000 euros. Eso supondría un margen empresarial, según sus cálculos, de casi 600.000 euros. "Cuantía que representaba un 450% sobre costes", afirma el experto. Y añade: "Estaba fuera de toda lógica económica, atendiendo al sector en el que se desarrollaban los trabajos y al tipo de entidad (subcontratista) al que se referían los mismos".

En las obras del parque temático, el que fuera proyecto estrella del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el perito deja claro que respecto de las empresas implicadas en la trama no hubo control sobre aspectos muy elementales. Por ello, se duplicaron tareas.

Una de ellas fue la gerencia de jardinería, que recayó sobre C3, la empresa de Vicente Conesa, empresario amigo de Zaplana que ya fue investigado en la década de los noventa por supuestas irregularidades en la adjudicación de varios proyectos del Ayuntamiento de Benidorm, del que Eduardo Zaplana era alcalde. Esa gerencia que consigue Conesa no era un puesto orgánico dentro de la estructura de Terra Mítica sino un área de trabajo. Conesa subcontrató, como queda claro en el informe, en varios niveles.

Pero Terra Mítica seguía pagando a otros proveedores por trabajados que en teoría le correspondían a la gerencia de jardinería. Y, como el perito detalla en el informe final de Hacienda, se produjeron cosas como que pagara a una empresa por la tierra para rellenar un metro de la zona de jardín el equivalente a seis euros y a otra, por lo mismo, más del doble.

El experto de Hacienda tiene claro que el parque pagó precios muy elevados por servicios que incluso no se especificaban y era imposible valorar. Y no certificó que se realizaron como se habían contratado. Y pone algunos ejemplos, Gribal facturó una serie de trabajos de alto nivel técnico, "control y revisión de planos de ingeniería en la construcción de las obras". Y no existe en el expediente de esa empresa "indicio de que dichos trabajos hubieran sido encargados a terceras empresas, ni tampoco existan otros elementos, distintos de las facturas de Gribal, que justifiquen la realidad de los trabajos cuestionados".

A Terra Mítica, según el informe, no le extrañó, porque no lo supervisó, que empresas sin ninguna especialización acometieran responsabilidades en la ejecución de obras que no les correspondían. No prestó atención (el perito no entra en valorar si fue intencionadamente o no, es un extremo que valorará el juez cuando determine qué responsabilidad tuvo la empresa), a que las firmas fueron cambiando de manos y manipulando los objetos sociales sin lógica aparente.

La propia Gribal, sin actividad buena parte de los ejercicios bajo sospecha, se dio de alta como mercantil dedicada a la "construcción y rehabilitación, actividades de comercio de plantas, la dirección y ejecución de proyectos agrícolas y de jardinería, así como el diseño, proyección, construcción y realización de presas, diques, embalses, canales, acequias y conducciones de agua para riego".

Datos del 'caso Terra Mítica'

- Denuncia. La Agencia Tributaria denunció en junio de 2005 la trama y la fiscalía lo hizo al juzgado a finales de ese año.

- Primer archivo. La Audiencia anula en febrero de 2006 porque el trámite de Hacienda no dio voz a los denunciados.

- Reapertura. En mayo de 2006. Ya ha prescrito uno de los delitos, el de falsedad documental.

- Recurso. En marzo de 2009, el TSJ estima el recurso de varios imputados porque Hacienda no les dio la oportunidad de alegar.

- Segundo archivo. El juez archivó en enero pasado el delito fiscal. Pero en septiembre pasado lo rescató

elpaís.com

IMPUTAN A EX CARGOS DE UNA FUNDACIÓN AFIN A UDC POR FINANCIACIÓN IRREGULAR

JUDICIAL  | Presunta trama corrupta

* Les acusan de realizar pagos irregulares al partido, entre otros delitos
* La Fiscalía les acusa de apropiación indebida, falsificación y estafa
* Sería una trama financiera formada por una treintena de empresas
* Josep Boque, Joan Albert López y Miguel Ángel Cortes, entre los imputados

Efe | Barcelona

El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha citado como imputados a tres ex responsables de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada a UDC, y a otras doce personas contra las que la Fiscalía presentó en julio una querella por supuestos pagos irregulares a Unió, entre otros delitos.

Según han informado fuentes judiciales, el juez ha acordado citar a declarar para los próximos días 15, 22 y 25 de octubre a los quince querellados, a quienes la Fiscalía acusa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsificación y estafa.

Para el próximo 15 de octubre están previstas, entre otras, las declaraciones de tres dirigentes de la Fundació Catalunya i Territori: el presidente Josep Boque -ex director general de Consumo en los 90-, y los ex vocales Joan Albert López Sans y Miguel Angel Cortes.

Los días 22 y 25 de octubre próximos declararán los empresarios imputados, entre ellos el administrador de Copisa José Cornado, así como el ex gerente de UDC Josep Maria Núñez.

La Fiscalía destapó en su querella una trama financiera integrada por una treintena de empresas con poca actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori y que supuestamente se habría hecho cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a UDC.

Según la querella, mediante facturas ficticias y préstamos no documentados la Fundació Catalunya i Territori habría desviado 1,78 millones de euros hacia el grupo empresarial IMS, desde donde el dinero volvía salir en efectivo, sin que se haya podido averiguar cuál era su destino final, según el ministerio público.

El fiscal apunta en su querella que la formación democristiana podría ser "beneficiaria a título lucrativo" del entramado de empresas vinculado a IMS, dado que presuntamente pagaron algunas "obligaciones contraídas" por UDC.

La querella de la Fiscalía denuncia, además, que el grupo IMS solicitó un crédito del Institut Català de Finances (ICF) de un millón de euros, que no se destinó a los fines inicialmente declarados, y los responsables del entramado empresarial presentaron facturas falsas libradas por empresas vinculadas a ellos mismos para dar apariencia de que el destino de los fondos era correcto.

La Fundación Catalunya i Territori, según la querella, mantenía relaciones de negocio con UDC ya que cinco de sus locales -en Tàrrega (Lleida), Lleida capital y Tarragona- estaban alquilados a este partido, aunque desde el año 2005 la propietaria no percibió ninguna cantidad del partido para el pago de los alquileres.

elmundo.es

"CASO SCALA"; EL JUEZ POSPONE HASTA LA PRÓXIMA SEMANA SU DECISIÓN SOBRE LA FIANZA DE CARMONA

La Fiscalía pide 4,8 millones

Cardona y su abogado abandonan el TSJIB | Pep Vicens

* La dirección del PP piensa dar de baja y pedir el acta de diputado a Cardona
* No se han solicitado medidas cauteleares penales para el ex conseller

Carla Arrieta | Palma

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, se tomará el fin de semana para decidir si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer una fianza civil de 4,8 millones de euros a Josep Cardona.

El ex-conseller de Industria, Comercio y Energía del Govern de Jaume Matas y actual parlamentario del PP, declaró ante el magistrado durante tres horas el pasado miércoles en calidad de imputado, ante en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.

Así las cosas se pospone también la decisión del PP, del que ahora es militante y diputado, sobre la situación del ex conseller. Fuentes de EL MUNDO han podido saber que, pese a la división interna que existe en el partido y la ambigüedad de sus declaraciones ante los medios de comunicación, la dirección del partido piensa dar de baja y pedir el acta de diputado a Cardona en caso de que el juez acceda a las peticiones del Ministerio Fiscal. Con todo, la cúpula 'popular' balear confía en que el imputado presente su baja de manera voluntaria llegado el caso.

Con todo cabe destacar que la caución se limita a la responsabilidad civil del imputado ya que ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitó contra Cardona medidas cautelares penales como prisión bajo fianza, ni tampoco la retirada de pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.

'Existen numerosos datos incriminatorios'
La declaración de Cardona tuvo lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La juez, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado.

De hecho, la juez postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.

En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

elmundo.es

"CASO SCALA"; JOSEP CARDONA DECLARA EL MIÉRCOLES COMO IMPUTADO

CORRUPCIÓN | En el TSJIB
* También comparecerá el empresario que implicó al diputado del PP

Europa Press | Palma

El diputado del PP en el Parlament, Josep Juan Cardona, está citado a declarar el próximo miércoles en calidad de imputado ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), Antonio Capó, en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), procedimiento conocido como caso Scala.

Junto al parlamentario está previsto que comparezca, también como encausado, el empresario y ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré, quien alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar y confesar los hechos que se investigan en este caso, de cara a lograr futuras atenuantes. Mientras tanto, también está citada el miércoles, aunque en calidad de testigo, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal y abogada de la Comunidad Autónoma durante la pasada legislatura, Felisa Vidal.

La declaración de Cardona tendrá lugar después de que la máxima instancia judicial de las islas asumiese el pasado mes de enero las competencias para instruir el caso y solicitase el complejo sumario a la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, hasta entonces encargada de la causa. La jueza, en una extensa exposición razonada elevada al TSJIB, fundamentaba su petición en la condición de aforado de Cardona y en la existencia de "numerosos datos incriminatorios" contra el imputado, para quien podrían decretarse medidas cautelares en caso de que así lo solicite la Fiscalía.

Precisamente, el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, asistido por el letrado Josep Zaforteza, fue citado a declarar el pasado 23 de septiembre por Marín aunque pidió no comparecer al alegar que por el fuero que pesa sobre él su interrogatorio debía tener lugar ante el TSJIB. Hasta ese momento, Cardona ya había prestado declaración en dos ocasiones ante el Juzgado por ser órgano competente para encargarse de las primeras diligencias.

En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

Sobre ello, en la exposición que Marín trasladó al TSJIB, la magistrada determinaba que durante la pasada legislatura, Cardona -entonces conseller de Comercio-, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y Ordinas se apoderaron de parte de los fondos de este consorcio público "puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de lucro".

El papel 'dominante' de Cardona
La jueza postulaba que la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB, según Marín.

Para determinar estos hechos, las declaraciones tanto de Ordinas como de Felipe Ferré, socio de las mercantiles Comarca Global Consulting y Gourmet & Boutique Islands -adjudicatarias de contratos del CDEIB- contribuyeron a las investigaciones. Y es que el ex concejal implicó, entre otros ex altos cargos, a Cardona, a Viaene e incluso al ex presidente del Govern, Jaume Matas -quien se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena-, pese a que Cardona negó las acusaciones vertidas contra él.

Cabe recordar que la Sala de lo Civil y Penal designó ponente de la causa al magistrado Francisco Javier Muñoz, mientras que como instructora había sido designada inicialmente la jueza Felisa Vidal, que propuso a la Sala su abstención al considerar que concurrían sobre su persona motivos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que finalmente fue nombrado instructor el magistrado Antonio Capó. El procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una querella para investigar las presuntas irregularidades cometidas desde el CDEIB y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de más de cinco millones de euros. El Ministerio público abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del consorcio.

elmundo.es

DIMITE RICARDO MONZÓ, EDIL POPULAR DE ELDA, PARA DEFENDERSE TRAS SU IMPUTACIÓN

POLÍTICA | Por presuntos delitos de malversación y falsificación

El concejal, Ricardo Monzó, en una rueda de prensa. | Cristóbal Lucas

Fue imputado por presunta malversación de fondos y falsificación

Los hechos se remontan a su etapa de concejal en Novelda, de 2003 a 2007

Asegura ser víctima de una campaña de desprestigio orquestada por el PSOE

La dimisión obliga a Adela Pedrosa a remodelar por segunda vez su Gobierno

El número 14 de la lista, Jesús Sarabia, aún no ha aceptado el cargo

Elda (Alicante)

El concejal del PP en Elda, Ricardo Monzó, ha dimitido este jueves del equipo de gobierno y como miembro de la corporación, con el propósito de defenderse del "linchamiento" al que se ve sometido desde su imputación por falsificación y malversación en su etapa como edil en Novelda (2003-07).

De esta manera, deja sin responsable las áreas de Servicios Públicos, Obras, Industria, Promoción Exterior y Turismo, algunas de las cuales pasarán a sus compañeros Francisco Muñoz y Alberto García, a la espera de que se nombre a un sustituto en la corporación.

Monzó ha comunicado su determinación a los periodistas "de forma serena y meditada" y, sin abrir un turno de preguntas, ha leído un comunicado en el que ha dicho que en los dos últimos años ha sido objeto de un "linchamiento" dirigido exclusivamente a causarle un "daño político y personal absolutamente injustificado".

De esta manera, se ha referido a su imputación por una presunta falsificación de documento público y malversación de caudales públicos de su etapa como concejal de Fiestas y Turismo con el PP en el ayuntamiento de Novelda, en la legislatura 2003-2007.

Según Monzó, ha tenido que soportar insultos y vejaciones "instrumentadas políticamente" a través de las revelaciones públicas que atribuye al PSPV-PSOE pese a que esta difusión está prohibida por la ley.

La acusación de algunos proveedores de Novelda que aseguran que dejaron de cobrar unos servicios prestados en las fiestas de Navidad de esta localidad es, según Monzó, "un hecho convenientemente manipulado por el Partido Socialista".

Ha asegurado que una vez que se celebre el juicio se aclarará su inocencia, aunque ahora ha decidido presentar su dimisión a la alcaldesa, la popular Adela Pedrosa, para afrontar "como un ciudadano más" este proceso y evitar el uso político de su persona y de su familia.

Esta marcha obliga a la alcaldesa a remodelar su equipo por segunda vez en lo que va de mandato y fuentes del gobierno han indicado que, de momento, el número 14 en la candidatura popular, Jesús Sarabia, no ha confirmado si asumirá el acta de concejal, como le correspondería, toda vez que en estos momentos persona de confianza del gabinete de la alcaldesa.

elmundo.es

"CASO MILLET"; LA GENERALITAT ELEVA A TRES MILLONES EL DESVÍO DE DINERO PROCEDENTE DE SUBVENCIONES PÚBLICAS

Millet se embolsó más de 23 millones de euros de las tres entidades que gestionan el Palau de la Música

LLUÍS PELLICER - Barcelona

El desvío de fondos del Palau de la Música también llega a las subvenciones. Lo acredita la revisión de cuentas encargada por la Generalitat, que eleva a 2,95 millones de euros la cantidad de fondos públicos que el ex presidente de la institución, Fèlix Millet, arrebató a la entidad para fines propios. El Ejecutivo catalán ha podido comprobar que Millet usó parte de este dinero para las obras de ampliación de su casa de L'Ametlla del Vallès y sufragar regalos y viajes familiares. Estos 2,95 millones corresponden al consorcio, integrado por las administraciones públicas. Pero Millet también se hizo con fondos de la Asociación Orfeó Català y la fundación. En total, el fraude asciende a más de 23 millones.

Millet y su mano derecha, Jordi Montull, ahora están imputados por apropiación indebida y falsedad documental. El juez Juli Solaz, en cambio, no tenía pruebas de que los ex directivos del Orfeó hubieran cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos. La auditoría de la Intervención General del Gobierno catalán puede cambiar esta situación, puesto que el consorcio se nutre sobre todo de las inyecciones de capital que aportan el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Ministerio de Cultura y la Diputación de Barcelona. Millet era el gerente de esta institución.

La auditoría elaborada por la Generalitat describe el modus operandi de Millet. La mayor parte del dinero se desvió a través de las aportaciones que el consorcio público efectuaba a la Asociación, que es la propietaria del Palau de la Música. Entre 2002 y 2008, Millet se embolsó 1,7 millones de euros con el pretexto de que era dinero que iba a la asociación, cuando ésta nunca llegaba a ingresar esas cantidades. Las auditorías que el Departamento de Economía había elaborado sobre los ejercicios 2002 y 2003 ya advertían de que había ingentes cantidades de dinero público que iban a la asociación y que no estaban debidamente justificadas. Finalmente, tras entrevistar a dos empleados del consorcio, la Generalitat ha acreditado que Millet extendía cheques al portador que cobraban varios empleados en Caixa Catalunya y que luego le entregaban. Algunas cantidades también se retiraron en efectivo.

Falsificación de facturas
La segunda fórmula era la falsificación de facturas. En conjunto, Millet se hizo con 750.154 euros procedentes del consorcio a través de certificados que validaron las empresas Triobra, Clos 9, Clos Interiors, Manteniments Integrals FM2, Eiffage Energía, Instal·lacions i Manteniments Tècnics de Catalunya y Vigilancia y Sistemas de Seguridad. La empresa Triobra facturó al Palau 392.175,43 euros que correspondían a las obras que realizó en su casa de L'Ametlla del Vallès, según admite el anterior consejero delegado de la sociedad, Emilio Vidal, a los interventores. Vidal fue presidente hasta enero de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, que reúne a las empresas que, curiosamente, deben encargarse de controlar que no haya desvíos presupuestarios o temporales en las obras.

A pesar de que los interventores hallaron irregularidades en la gestión del Palau, el Instituto Catalán de Finanzas concedió dos créditos al consorcio, uno por 1,26 millones y otro por 731.710 euros. La auditoría acredita que Millet usó al menos 172.308,45 euros de este dinero para su uso particular. La mayoría de este dinero corresponde a las facturas de Triobra. A todo este dinero cabe sumar varias cantidades que suman 637.286,37 euros, aportadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (ICAEM) sin justificar.

El fraude final suma más de 23 millones. Sin embargo, Millet se valió sobre todo de la plataforma de la asociación, que estaba fuera del control de cualquier auditor, y del dinero aportado por los empresarios a la fundación para inyectar a sus cuentas 20,1 millones de euros. De nuevo, las transacciones irregulares entre ambas entidades fueron la plataforma idónea para retirar dinero. Por el camino se perdieron 12,8 millones de la fundación que iban a la asociación. A ello cabe sumar 3,18 millones de transacciones inmobiliarias; 2,29 millones por facturas de obras irregulares; 982.583,84 euros por contrataciones de otros servicios de forma ilegal, y 857.900 euros en gastos de carácter personal que Millet y Montull facturaron a la entidad.

Informe especial sobre hechos constatados en el control al Consorcio del Palau de la Música (en catalán)
DOCUMENTO (PDF - 62,78Mb) - 13-11-2009

Resumen de la cuantificación del Informe de la Intervención (en catalán)
DOCUMENTO (PDF - 6,67Mb) - 13-11-2009

elpaís.com

"OPERACIÓN CALERO"; VARIOS DETENIDOS DE UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN TELDE

CANARIAS | En Gran Canaria

Europa Press | Las Palmas de Gran Canaria

Varias personas han sido detenidas por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en el municipio grancanario de Telde, conocida por el nombre de 'operación Calero' pues la operación está vinculada con el desarrollo de una urbanización en la zona de El Calero Alto, según informaron fuentes policiales.

La jueza que lleva el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Belén Pérez Salido, analizará la existencia de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento y cohecho, según publican varios medios canarios.

Algunos de los detenidos permanecen en estos momentos en la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que a otras se les ha tomado declaración y han sido puestas en libertad, entre los que se encuentra como imputado el ex alcalde de Telde, Francisco Valido.

Según la Policía Nacional, todavía no se ha decretado el secreto de sumario en las actuaciones ya que todavía se tienen que trasladar las diligencias policiales ante el juez que instruye el caso.

Durante la jornada de hoy está previsto que continúen las citaciones ante la jueza que lleva el caso, aunque se desconoce aún quienes y en concepto de qué desfilarán por el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde.

elmundo.es

EL INFORME "GÜRTEL" PRUEBA LAS FACTURAS FALSAS DEL PP DE MADRID

LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP

La Policía encontró un 'pen drive' encriptado en un piso de seguridad de la trama corrupta, que entre otros archivos contenía uno denominado 'Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls'

MANUEL RICO - Madrid

La contabilidad de las empresas de la trama Gürtel confirma la falsificación de facturas realizada por el PP para financiar las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, a través de la fundación Fundescam.

El sistema para saltarse la ley electoral, que establece un tope de gasto para los partidos, funcionaba de la siguiente forma: Special Events -empresa clave de la trama Gürtel- organizaba actos para Aguirre, pero en vez de pagarlos el PP, lo hacía Fundescam.

Y para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos que no se correspondían con la realidad. Los fondos de Fundescam procedían de donaciones de empresarios que luego recibieron adjudicaciones millonarias del Gobierno de Aguirre.

Los datos sobre la falsificación de facturas por parte del PP de Madrid constan en el informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía que ha servido para desvelar la financiación ilegal del PP valenciano. En el documento policial se hace una mención expresa a una información de Público, del pasado mes de mayo, en la que se destapó el caso Fundescam.

"Piso de seguridad"
En el informe se explica que la organización corrupta comandada por Francisco Correa tenía un "piso de seguridad" en la calle General Martínez Campos, de Madrid.

"Los archivos estaban encriptados"
En uno de los registros realizados por orden judicial, la Policía encontró "una memoria de almacenamiento exterior cuyos archivos informáticos estaban encriptados". Una vez descifrados, aparecieron diversos documentos contables de las empresas de la trama.

Entre ellos, dos hojas de cálculo de Special Events con los siguientes nombres: "Facturación P.P. Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls".

Luis Bárcenas era en aquella época gerente del PP nacional. En 2008, fue promocionado por Mariano Rajoy al cargo de tesorero. Ahora es uno de los principales implicados en el caso Gürtel, ya que está acusado de recibir más de 1,3 millones de euros de la trama de corrupción.

"Facturación P.P. Madrid.xls"
El primer documento incautado a Special Events, "Facturación P.P. Madrid.xls", consta de seis columnas con las siguientes denominaciones: fecha, factura, cliente, importe y concepto. La última columna no tiene nombre. En la hoja de cálculo figura una relación de actos organizados por Special Events para cinco clientes: PP de Madrid, Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional.

La descripción del concepto es genérica y, entre otras, constan "campaña municipal y autonómicas Madrid", "campaña autonómica E. Aguirre octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP Madrid". Todos los eventos de este archivo están fechados entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. Y aquellos actos que luego se facturarán falsamente llevan un número 1 al lado.

Las elecciones municipales y autonómicas se celebraron en mayo de 2003 y, en el caso de la Comunidad de Madrid, PSOE e Izquierda Unida sumaban mayoría absoluta. Pero la fuga de dos tránsfugas socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, obligó a repetir las elecciones en octubre. A la segunda, Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta.

El segundo documento encontrado en el piso de seguridad de Special Events, "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls", tiene una estructura similar. Se trata de una hoja de cálculo con seis columnas, denominadas de la siguiente forma: fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura. Estas dos últimas columnas son clave, ya que demuestran que las facturas se emitieron por conceptos que no eran reales. De hecho, según consta expresamente en el informe policial, como concepto real constan "elecciones 2003", "europeas 2004" y "congreso regional 2004".

Como concepto factura figura la descripción del acto atribuido en cada caso. En cuanto a los clientes, han quedado reducidos a tres: PP Madrid, Fundescam y PP nacional.

Archivos relacionados
En el informe policial se explica, claramente, la relación entre los dos documentos: "Existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo "Facturación P.P. Madrid.xls" con el número 1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como lugar de realización, fecha de celebración, etc".

La Brigada de Blanqueo de la Policía también detalla en su informe que, en el archivo que lleva el nombre de Bárcenas, figuran en la parte inferior "unos datos relativos a una demanda de la sociedad Special Events contra el PP de Madrid, Procedimiento ordinario 1200/2005 del Juzgado de Primera Instrucción 8 de Madrid. La 1ª audiencia se fijó para el día 1/02/06 a las 11.30 horas".

Efectivamente, los responsables de Special Events presentaron una demanda contra el PP porque se negaba a pagar más de un millón de euros que les debía por diferentes eventos, incluidos los facturados falsamente. Ambas partes llegaron a un acuerdo antes del juicio.

PÚBLICO.ES

ACUSAN A MATOS DE ORQUESTAR COMISIONES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA

Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía | ABC

Transcripción de las escuchas de la Guardia Civil

DANIEL HERRERA | LAS PALMAS

Las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil al alcalde de Santa Lucía durante el año 2007 extrajeron una serie de posibles irregularidades legales de alta trascendencia, varias de ellas en paralelo con la trama de la Operación Palmera.

Según las investigaciones que la Benemérita entregó al juez y a las que ha tenido acceso ABC, el Equipo de Delitos Urbanísticos podría haber encontrado indicios de pago de comisiones fraudulentas por parte del máximo responsable del consistorio sureño, Silverio Matos, a empresarios y personas allegadas.

Ante las conclusiones arrojadas por las intervenciones telefónicas, varias de estas operaciones se habrían realizado, presuntamente, en algunos recintos públicos de la comarca de Santa Lucía como el gimnasio municipal, orquestandóse varias de estas secuencias a altas horas de la madrugada.

Otras operaciones
La denuncia de Rufino Pérez (cursada el 9 de mayo de 2007) había sido el acicate para reactivar las pesquisas del cuerpo armado, el cual movilizó una serie de escuchas.

Algunas de las más llamativas se produjeron entre el mes de mayo y junio de 2007. En una de las conversaciones llevada a cabo entre Silverio Matos y Marcial (supuestamente Marcial Sánchez, uno de los implicados por los famosos convenios del caso eólico) se alude al citado gimnasio, en el que presuntamente se había truncado una reunión espontánea entre ambos al filo de las cinco de la mañana. Una cita que se debía producir tras la resolución de los resultados electorales, en el que Nueva Canarias (actual socio del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria) se impuso con autoridad en el municipio de Santa Lucía.

En esa interlocución, Marcial -evidenciando una clara relación de amistad- le asegura coloquialmente que «al gimnasio no fuiste porque yo estaba caminando y no te vi».

Ante esta afirmación, Matos se excusa: «No, no, no, no fui no fui no... porque ir al gimnasio a las cuatro era levantarse a las cinco y media (de la mañana)». Más adelante, el alcalde se muestra agradecido por su presunto apoyo en los comicios de la comarca: «Venga, Marcial, un abrazo y gracias...gracias porque has colaborado, que sé que has colaborado, vale».

Cifras llamativas

El 12 de junio de 2007, Matos realizó una llamada a un tal Fausto (que, según la Benemérita, sería Fausto Saavedra, el director de la Escuela Taller Municipal), en la que se habla claramente de dinero, sin especificar la naturaleza de la transacción.

«Mira, ayer vino aquel a buscar los tres mil», le asegura el alcalde. Inmediatamente, su interlocutor le pregunta si le había «hecho un pequeño recibí». Matos contesta que «no, no, se lo di directamente ...él no vino a buscarlo, vino un hermano».

Posteriormente, el 27 de julio de 2007, el máximo responsable del consistorio vuelve a ponerse en contacto con Fausto, en una conversación de claro trasfondo económico. «Buenos días,mira, me llama ahora este... Juan... el director de la Caja... ¿no?...Rural...», empieza a relatar Matos.

«Sí, claro, en esto días vencía una... una de las cuotas», le responde Fausto. Posteriormente, el alcalde empieza a hablarle de cifras: «Que hay allí 17.000 euros, ¿no?».

Su compañero de diálogo le apostilla que «sí, sí, claro, para allá era una de 17 (mil) y otra era de 19 (mil). La de la Caja Insular es anual».

Es entonces cuando Matos le hace una pregunta muy ambivalente: «¿Y de donde vamos a pagar eso?».

Ante este interrogante, Fausto se limita a decir que «el hermano de Juan Martel me está llamando porque... necesita más o menos tres mil. Hay que buscarle algo, tío, hay que...eso, tenemos que hacer aunque sea alguna chapuza o algo para... para solucionar eso ahora en agosto y después ver que hacemos», agrega.

En esos momentos, Matos parece desesperarse y le vuelve a preguntar «¿De donde lo sacamos ahora? Porque ya me llamó Juan Trujillo y me llamará Tino hoy también».

Datos reveladores
Para la Guardia Civil, estas conversaciones fueron calificadas de relevantes, al estar solapadas con otras escuchas realizadas por esas fechas en las que aparecen los nombres de los empresarios relacionados con los convenios fraudulentos del parque eólico.

Bajo dichas diligencias, hay una dilatada lista de imputados que se desglosa entre ediles del consistorio santaluceño, funcionarios y comerciantes de la zona, argumentándose con ello posibles delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de documentos, encubrimiento y tráfico de influencias.

ABC.ES