El regidor está acusado de cobrar 238.700 euros de promotores a cambio de licencias ilegales
FERNANDO J. PÉREZ - Málaga
El delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público y multa de 500.000 euros para el alcalde de Alhaurín el Grande (23.300 habitantes), Juan Martín Serón, del PP, como supuesto autor de cinco delitos de cohecho y otro de prevaricación. En el escrito de calificación, el fiscal afirma que el regidor cobró 238.785 euros de varios promotores con intereses de la localidad a cambio de la concesión de licencias de obra ilegales.
Según el ministerio público, Martín Serón recibió estos pagos a través de su concejal de Urbanismo y hombre de confianza, Gregorio Guerra. Para este edil, considerado el presunto cerebro de la trama, se pide una pena de siete años y medio de cárcel y 21 de inhabilitación por 11 delitos de cohecho y un delito continuado contra la ordenación del territorio consistente en la concesión de 14 licencias contrarias al ordenamiento urbanístico vigente en la localidad, situada a 20 kilómetros de Málaga. El PP sigue defendiendo la inocencia de ambos militantes.
En su escrito, el fiscal acusa a Guerra de solicitar a los promotores un total de 782.445 euros, de los cuales supuestamente llegaron a abonarse 304.545, según las anotaciones manuscritas y los archivos informáticos encontrados en el despacho de Guerra en el Ayuntamiento. El fiscal afirma que el edil "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad de las parcelas y en el número de viviendas respecto a lo legalmente establecido": cada metro cuadrado de más se cobraba supuestamente a 80 euros, y cada vivienda a 6.000 euros. Para Guerra se pide también una multa de 1,6 millones de euros.
Además de Martín Serón y Guerra, en la trama están imputados 16 empresarios que supuestamente efectuaron los pagos a los políticos o acordaron con ellos el abono de una cantidad para salvar los obstáculos legales para construir en Alhaurín. El fiscal pide para cada uno de ellos tres años de prisión por cohecho activo y como cooperadores de delitos contra la ordenación del territorio. Los empresarios se enfrentan a multas que suman 1,3 millones de euros.
El fiscal ha solicitado el sobreseimiento en la causa de la esposa del alcalde, Teresa Santos, economista de profesión que estaba imputada por blanqueo de capitales. También pide el archivo para el empresario Manuel Márquez.
Juan Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos por estos hechos en la llamada operación Troya, desarrollada en enero de 2007. Ambos políticos fueron puestos en libertad bajo fianza de 100.000 euros. El PP les ha apoyado de forma rocosa desde entonces, y ha dado por buenas las imprecaciones del regidor, que acusaba a la fiscalía y a la policía de estar a las órdenes del PSOE. En las últimas elecciones municipales, celebradas seis meses después de la operación, Martín Serón revalidó su mayoría absoluta.
El secretario provincial de PP malagueño, Francisco Salado, ha salido esta mañana en defensa del alcalde alhaurino. Salado ha afirmado que el caso Troya es "un montaje que no llega a ningún sitio" y ha reclamado que el juicio sobre esta trama se celebre "lo antes posible". Salado ha subrayado el hecho de que el delito de blanqueo "se ha caído" del escrito de acusación y se ha mostrado convencido de que Martín Serón saldrá absuelto. En el caso de Gregorio Guerra, Salado no ha sido tan contundente, y se ha limitado a decir que el fiscal hace valoraciones "que no son ley de obligado cumplimiento", informa Europa Press.
La alegría de un alcalde
"Hemos recibido la noticia con alegría, ya que es una batalla más que hemos ganado". El equipo de gobierno local de Alhaurín el Grande reaccionó de esta sorprendente forma ante la noticia de que su alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, se enfrentan a penas de cárcel por delitos de corrupción. En un comunicado, el equipo de gobierno alhaurino volvió a acusar a la Fiscalía de montar un "juicio mediático fomentado por el entorno socialista". Además, calificó el caso Troya como "el mayor caso de persecución política de nuestra democracia".
Después de reprochar a la Fiscalía que hiciera conocer el escrito acusatorio a los imputados "a través de la prensa", el equipo de gobierno destacó el hecho de que se sobresee la imputación por blanqueo, en el caso del alcalde, y de prevaricación, en el caso de Guerra. También se felicitó por que el cohecho que se imputaba a ambos ediles "se haya convertido en pasivo". El cohecho -el pago o aceptación de sobornos- tiene dos distinciones: el activo, referido al que paga a cambio de una resolución justa o injusta, y el pasivo, referido al que cobra por ello. En este caso, cohecho pasivo significa simplemente que Guerra y Martín Serón supuestamente cobraron sobornos a cambio de conceder licencias ilegales de obra.
F. J. P.
