"CASO GÜRTEL"; LA AUDIENCIA IMPULSA LA CAUSA POR CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE AGUIRRE

Acto del día de la Constitución de 2004, organizado por la trama Gürtel para la Comunidad de Madrid. / CRISTÓBAL MANUEL

El juez Ruz reclama 362 contratos con la red Gürtel tras nuevos hallazgos

El juez sospecha que el exconsejero López Viejo recibía pagos de la red

Manuel Altozano Madrid

“Vídeo de la presidenta”, inauguraciones de colegios y centros de salud, “visita de los príncipes al ISES”, “aniversario 11-M”, “homenaje a Miguel Ángel Blanco”, “viaje Presidenta a Rumanía”… Así hasta 317 actos programados por la Comunidad de Madrid y supuestamente organizados por empresas de la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el mayor caso de corrupción ligado al PP, Pablo Ruz, ha pedido al Gobierno de Esperanza Aguirre que le envíe “en el plazo improrrogable de un mes” toda la documentación sobre su adjudicación y la facturación de esos eventos. El volumen de contratos indica que la contratación con la trama corrupta fue sistemática entre 2004 y 2006.

Las sospechas del juez se basan en la documentación hallada en el registro judicial del domicilio de Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, una de las empresas de la trama e imputada en el caso. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía la ha analizado y cree que gracias al supuesto amaño de las adjudicaciones de esos actos pudieron enriquecerse el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y el exdiputado regional Alfonso Bosch que, entre otros cargos públicos, habrían recibido sobornos de la trama liderada por Francisco Correa.

El sistema de soborno, según la investigación, era la caja B de Easy Concept que, según Ruz, estaba controlada por Isabel Jordán pero siempre a las órdenes de Correa y de su lugarteniente, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. El juez quiere conocer “los ingresos y salidas efectuados de dicha caja B, especialmente lo relativo a los pagos que se hubiera podido efectuar a altos cargos públicos” así como los movimientos de dinero entre empresas vinculadas a la trama corrupta.

Ruz también reclama al Ejecutivo madrileño todas las facturas que se pagaron entre 2007 y 2008 además de a Easy Concept, a Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas ellas empresas también controladas por la red. En total son 45 eventos entre los que destaca un acto con la FAES, la fundación de ideas vinculada al PP, la entrega de distinciones al equipo olímpico español, los actos del 2 de mayo, día de la Comunidad, o el sorteo de las semifinales de la Copa Davis de tenis.

Además del nuevo impulso al caso, el juez ha rebajado la fianza a Correa de 600.000 a 200.000 euros. El cabecilla de la trama es el único imputado que permanece en prisión después de que el supuesto número dos, Pablo Crespo, fuera liberado el pasado febrero tras abonar los 100.000 euros que le requería Ruz.

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EN OTROS MEDIOS

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LA AUDIENCIA INVESTIGA 317 ACTOS DE LA ÉPOCA DE AGUIRRE CON EL "GÜRTEL"

Aguirre entre el consejero de Servicios Sociales, Salvador Victoria, y Laura Valenzuela.| Efe

TRIBUNALES | El juez Ruz pide la documentación a la Comunidad

Alberto López Viejo fue consejero regional y Alfonso Bosch diputado

Efe | Madrid

El juez Pablo Ruz, que instruye el "caso Gürtel", ha reclamado hoy viernes a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si los exdiputados regionales del PP Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno autonómico el plazo "improrrogable" de un mes para que le remita "toda la documentación que obre en su poder sobre la adjudicación y facturación" de los esos actos, que van desde la conmemoración del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos el 21 de junio de 2004 a uno celebrado en una residencia de mayores a finales de 2006.

Los actos cuya adjudicación se investiga son de todo tipo y van del primer aniversario de los atentados del 11-M (11/03/2005) al homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco (11/07/2005), pasando por la visita de Bill Gates (19/11/2004), la firma de un convenio con el Real Madrid (24/06/2005) o uno al que el auto se refiere como "cuadro Gallardón".

El magistrado acuerda estas diligencias a raíz de la documentación intervenida en la "caja B" encontrada en una de las oficinas de la empresa Easy Concept y, sobre todo, de las facturas incluidas en un archivo informático hallado en el domicilio de su responsable e imputada en la causa, Isabel Jordán.

Ese archivo lleva el nombre "Pagos anuales ALV.xls", siglas que coinciden con las del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

La Fiscalía, en vista de esa documentación, solicitó al juez que, como ha hecho ahora, reclamara la referida "a actos y contratos adjudicados por distintas entidades públicas por los que habrían podido recibir pagos alguno de los imputados en esta causa -Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, entre otros-".

Ruz considera "pertinentes, necesarias y útiles" las diligencias solicitadas por el fiscal para indagar "los ingresos y salidas efectuados en dicha 'caja B', especialmente en lo relativo a los pagos que se hubieran podido efectuar a altos cargos públicos, así como en los movimientos de dinero efectuados entre mercantiles vinculadas a los imputados en la causa".

Además de los 317 contratos ya citados, el juez requiere a la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de quince días, le remita toda la documentación que posea sobre 45 facturas giradas por las sociedades de la trama Easy Concept, Good&Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico por conceptos como "Belén 2007", "Euroliga 2008" o "Acto 2 de mayo".

También pide a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) la documentación sobre la adjudicación, facturación y pago de dieciséis eventos, entre ellos la inauguración de la sede del PP en esa localidad en julio de 2006.

La empresa municipal también deberá aportar información sobre las adjudicaciones hechas en los años 2005 y 2006 a Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael, Kilda Producciones Fotográficas y Fotomecánica Doble, así como la referida a la inauguración del Auditorio Escuela de Música.

Ruz requiere asimismo a la Intervención General de la Administración del Estado que emita informes "sobre la regularidad y cumplimiento de los principios y preceptos de la contratación pública" en cinco expedientes de adjudicación de obras del Ayuntamiento de Boadilla.

Por último, el juez ordena a Banesto para que, en un plazo de cinco días, identifique a la persona que retiró de una cuenta de esta entidad un total de 290.000 en diversas cantidades entre el 5 de diciembre de 2006 y el 11 de octubre de 2007.

En relación con las diligencias acordadas hoy, el magistrado ha citado como testigos para el próximo día 31 a los empleados de Easy Concept Pedro Fuste y Alejandra Lascary y a la trabajadora de Servimadrid Integral Rocío Perea.

Además

Así funcionaba la trama

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"CASO GÜRTEL"; CORREA URDIÓ UN "PLAN DE DEFRAUDACIÓN FISCAL" MASIVO "CON FACTURAS FALSAS"

Francisco Correa, jefe de la trama, en prisión desde febrero de 2009.- ÁLVARO GARCÍA

ÚLTIMO INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA REMITIDO AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'

Hacienda elabora su análisis final sobre las cuatro principales sociedades de Madrid con las que la red corrupta hizo negocio entre 2004 y 2007

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

El juez Antonio Pedreira recibió hace unos días el informe definitivo de la Agencia Tributaria sobre cuatro de las principales sociedades de la red Gürtel con las que Francisco Correa hizo sus negocios más importantes en la Comunidad de Madrid. Los inspectores fiscales del Ministerio de Hacienda sostienen en el documento que la red de Francisco Correa ejecutó "un plan de defraudación tributaria consistente en la contabilización de facturas falsas" para pagar muchos menos impuestos de los que le correspondían entre los años 2004 y 2007.

"Se reducían a placer las cuotas tributarias del IVA y de Sociedades"

"Se inventaban gastos y elaboraban documentos mercantiles falsos"

Las sociedades analizadas son Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Good and Better. Algunas de estas empresas son las mismas que se encargaron de pagar los trajes que la red corrupta, según la investigación, regaló a los principales dirigentes de la Comunidad Valenciana, entre ellos el expresidente recién dimitido, Francisco Camps.

Los inspectores de la Agencia Tributaria han analizado la documentación incautada por la policía en seis registros de distintas sedes de la red empresarial que dirigía Francisco Correa.

Uno de los documentos que destaca Hacienda en su informe final hace referencia a cómo los gestores de las empresas señalan que un pago de IVA que iba a tener lugar el 30 de enero de 2005 por 82.295 euros "cambiará considerablemente cuando se introduzcan las facturas de compras anteriormente mencionadas".

En otro apartado del informe los inspectores hacen referencia a un documento donde se dan instrucciones a los administrativos de las distintas empresas "sobre el contenido que deben tener las facturas falsas a emitir con la descripción de los trabajos y servicios ficticios a incluir en las mismas y su importe".

Los principales ingresos de las sociedades analizadas por la Agencia Tributaria procedían de contratos con administraciones públicas gobernadas por el PP.

Tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como las autoridades de diversos Ayuntamientos madrileños como Pozuelo, Majadahonda, Arganda o Boadilla del Monte, todos ellos gobernados por el PP, contrataban numerosos servicios con distintas empresas de la trama corrupta.

La Agencia Tributaria explica en su informe sobre la trama que "con esta forma de proceder" de las sociedades de Francisco Correa, "se reducían a placer las cuotas tributarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre Sociedades, en el marco de una estrategia de defraudación tributaria".

Los inspectores apuntan que "en la invención de gastos y en la elaboración de documentos mercantiles falsos que los aparentan intervenían un buen número de personas hasta alcanzar el escalón jerárquico en el que se adoptaba la correspondiente decisión".

Hacienda atribuye la decisión última sobre este plan a "Francisco Correa y su colaborador directo Pablo Crespo", que defraudaron por IVA e Impuesto de Sociedades, solo en el ejercicio de 2006, más de 600.000 euros.

   

Más información:
* Personaje: Francisco Correa
* Tema: Caso Gürtel
* UNA REFORMA DE TRES MILLONES PARA UN BANCO ADQUIRIDO POR 143.000 EUROS

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EL JUEZ DEL "CASO GÜRTEL" PIDE A HACIENDA QUE CALCULE CUÁNTO DEFRAUDARON LOS IMPUTADOS

Cantidades que supuestamente no declararon

Efe | Madrid

El instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha encargado a la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria que calcule las cuotas presuntamente defraudadas por los cabecillas de la trama y por varios ex altos cargos del PP. No obstante, las cantidades no se podrán recuperar hasta la sentencia del caso.

El magistrado responde así a la petición realizada por la Abogacía General del Estado, en nombre de Hacienda, el pasado mes de octubre. En un auto, el juez solicita que se liquiden las cantidades que supuestamente no declararon a Hacienda 13 de los imputados, entre ellos los supuestos jefes de la red -Francisco Correa y Pablo Crespo-, así como los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino, investigados por un presunto fraude fiscal.

En concreto, como solicitó la Abogacía General del Estado, Pedreira encarga a la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria que realice las liquidaciones correspondientes a las cantidades que defraudaron a Hacienda los imputados, "siempre y cuando éstas arrojen un resultado superior a 120.000 euros por cada impuesto y cada ejercicio fiscal".

El requerimiento afecta también a la esposa del presunto cerebro de la trama, Carmen Rodríguez Quijano, y a varias empresas vinculadas a la red, entre las que figuran Special Events, Technology Consulting Management, Pasadena Viajes, Easy Concept, Servimadrid Integral, Good and Better y Diseño Asimétrico.

Además de Bárcenas y Merino, Pedreira solicita las liquidaciones tributarias de los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, así como los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey, Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente. En la lista figura también César Tomás Martín Morales, ex vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla.

En cumplimiento de lo solicitado por la Abogacía General del Estado, las liquidaciones habrán de practicarse respecto de todos los hechos imponibles, generados en España o en el extranjero, descubiertos a raíz de la investigación, tanto por las percepciones individuales de ganancias patrimoniales y rendimientos, como por las imputables a personas jurídicas.

Igualmente, la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria deberá concretar si consta que los ingresos y rendimientos de los imputados proceden del cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas o la organización de actos públicos, en cuyo caso tendrá que realizar dos liquidaciones por separado.

Los informes que Hacienda ha remitido hasta ahora al juez Pedreira sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, revelan que Correa, que no hizo esos años la declaración de la renta, podría haber defraudado una cuota de más de 18 millones de euros.

En el caso de Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia, la cantidad que pudo dejar de declarar a Hacienda en 2006 supera los 500.000 euros.

Por otra parte, el juez Antonio Pedreira ha dictado una providencia en la que reitera las comisiones rogatorias remitidas a Colombia, Panamá, Francia, Marruecos, Holanda y las Antillas holandesas con el fin de localizar el dinero blanqueado por la organización de Correa, que aún no han sido cumplimentadas.

El magistrado insiste en la "urgencia" de que se practiquen las diligencias solicitadas, teniendo en cuenta que dos de los imputados -Correa y su supuesto "número dos", Pablo Crespo- continúan en prisión.

Además
    * Las claves del 'caso Gürtel'

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE UN DELITO CONTINUADO DE COHECHO POR ACEPTAR REGALOS POR VALOR DE 14.021 EUROS

Los escándalos que afectan al PP

El ministerio público pide para él una multa de 5 meses y 15 días a razón de 250 euros diarios por los presentes que recibió de la trama Gürtel

IGNACIO ZAFRA - Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes ante el magistrado instructor de la causa de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de un delito continuado de cohecho. Por este delito solicita una multa de cinco meses y 15 días, a razón de 250 euros diarios, es decir, un total de 41.250 euros. El fiscal considera que Camps, en atención a su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, recibió regalos de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros.

El fiscal subraya que los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión, SA y Forever Young abiertos al público en Madrid, y se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación, SL; Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Servimadrid Integral, SL y Orange Market, SL, todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris, las cuales pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja, "bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques".

Tanto Camps, como los otros tres imputados en el caso,"aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris", cabecillas de la red corrupta,"mantenían importantes intereses económicos".

Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, logró contratos por más de 16 millones de euros del Gobierno valenciano y del partido entre 2004 y 2009, cuando estalló el escándalo.

La fiscalía pide la apertura del juicio oral contra Camps y contra el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps; el jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano y diputado Ricardo Costa.

Estos son, según la fiscalía, los regalos recibidos por Camps: entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano Difusión, SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros adquiridos en Forever Young. Además, a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros adquiridas también en esa tienda, y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros.

Para Ricardo Costa y Rafael Betoret,la fiscalía pide la misma pena de multa que para Camps. En cambio, en el caso de Víctor Campos solicita cuatro meses y 20 días.Según la fiscalía, el ex secretario general del PP valenciano recibió regalos por valor de 7.325 euros; Víctor Campos, por valor de 5.529 euros, y Rafael Betoret, por un importe de 13.499.

La fiscalía vuelve a solicitar igualmente la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano las inhibiciones acordadas por el juez Antonio Pedreira del TSJ de Madrid, para remitir a Valencia la instrucción de nuevos delitos (cohecho propio, financiación ilegal, delitos electorales y contra la Hacienda Pública)

contra las cúpulas del gobierno y el PP Valencianos, en los que también estaría implicado Camps.

El juez Flors ya concluyó hace más de un año que había indicios suficientes para juzgar a Camps y al resto de imputados. Sin embargo, el TSJCV archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo del año pasado. A finales de enero pasado, Flors dio de nuevo por concluida la instrucción del proceso y abrió el plazo para que las partes presentasen sus conclusiones antes de decidir si cierra el caso de los trajes o abre el juicio oral. Tras la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde ahora el turno a la acusación del PSPV-PSOE y después entregarán sus escritos las defensas.

Recursos rechazados
El proceso contra Camps se acelera a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales y con su confirmación formal como candidato aún pendiente. Hoy mismo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha desestimado el recurso planteado por la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para intentar dilatar la marcha de la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido en función de su cargo trajes y diversos regalos valorados en miles de euros durante varios años de parte de la trama corrupta Gürtel. En la causa están imputados también Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, que ocupan u ocuparon puestos de alta responsabilidad en el Gobierno valenciano y el PP regional.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instructor del caso, José Flors, ha desestimado igualmente dos recursos presentados ante él por las defensas con el objetivo evidente de retrasar la marcha del procedimiento, que ha entrado en su recta final. Flors decidirá, una vez concluya el término dado a las partes para que fijen su posición (entre principios y mediados de marzo) si abre juicio oral. Es decir, si sienta en el banquillo a Camps para que sea juzgado por un jurado popular. Hasta llegar a ese punto es probable, sin embargo, que la sala del TSJ valenciano tenga que volver a pronunciarse, dado el intenso ritmo de petición de diligencias y presentación de recursos que están manteniendo las defensas en esta última fase.

La Sala Civil y Penal del TSJ desestima, en su auto emitido hoy, la petición de Camps (del día 8 de febrero) de que se incorpore al procedimiento unas grabaciones realizadas en prisión a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. La defensa del presidente valenciano consideraba que dichas cintas serían beneficiosas para su representado. Las grabaciones fueron, sin embargo, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel.

"No se debe olvidar que la petición de la parte recurrente se centra en una determinada conversación y en un detalle específico de la misma, por entender que una y otro favorecen al imputado Sr. Camps Ortiz, pero que si llegara a admitir que ese extremo concreto sí tiene valor probatorio en este procedimiento tendría que llegarse a la conclusión de que ese valor debería atribuirse, sin duda, a la conversación íntegra, y, luego, la coherencia tendría que llegar a atribuir valor probatorio a todas las conversaciones intervenidas", argumenta la Sala Civil y Penal del TSJ de Valencia.

El juez instructor ha desestimado, por otra parte, otros dos recursos interpuestos por Camps. Uno, contra la decisión del magistrado de dar por concluida la instrucción. Y el segundo, contra la solicitud de la defensa de que declarase Cándido Herrero. El juez Flors recuerda al respecto que dicha declaración testifical puede realizarse directamente en el acto de audiencia preliminar. En ese mismo acto o dentro de los tres días posteriores, Flors deberá decidir sobre la apertura de juicio oral.

Más información:
    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Tema: Caso Gürtel
    * El Bigotes empezó a regalar trajes cuando multiplicó por 10 sus contratos en Valencia
    * El TSJ sigue el caso de los trajes contra Camps sin acumular otros delitos
    * El juez Flors corta el intento de Camps de ganar tiempo
    * Gürtel pone a prueba el nuevo TSJ
    * La escalera de Camps tiene más peldaños
    * Anticorrupción pide juzgar a Camps por los trajes y la financiación del PP
    * El Supremo reabre el caso de los trajes de Camps
    * El PP regional da por hecho que Camps será proclamado en marzo
    * Rajoy elude confirmar a Camps como candidato hasta saber si irá a juicio
    * Gráfico: La facturación de Orange Market y los regalos a altos cargos valencianos - 12-05-2010
    * Fotografía: El fiscal pide que se juzgue a Camps por cohecho continuado por los regalos de la trama Gürtel
    * Documento: Texto íntegro del escrito de la fiscalía (PDF - 23,92Kb) - 11-02-2011

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PIDE A 79 BANCOS LAS CUENTAS DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP

Pedreira da un plazo de 30 días para que las entidades suministren la información requerida

EUROPA PRESS Madrid

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha solicitado a 79 entidades bancarias "una relación comprensiva" de las cuentas, depósitos o cajas de seguridad que han mantenido con ellas un total de 27 personas relacionadas con la causa, un listado en el que se incluyen 12 ex altos cargos del PP.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado pide la documentación bancaria relativa a los diputados madrileños Alfonso Bosch Tejedor, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco; del ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente y de los ex alcaldes de Boadilla (Arturo González Panero), Arganda (Ginés López), Majadahonda (Guillermo Ortega) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda), además de de la ex concejala Yolanda Estrada.

En la lista también figuran otros ex altos cargos como el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, los concejales Ricardo Galeote y José Galeote. A ellos se suman personas relacionadas con la trama como el supuesto cabecilla, Francisco Correa; el concejal que destapó el caso, José Luis Peñas, u otros miembros de la red como José Ramón Blanco Balín, Jacobo Gordon, Alvaro Pérez o José Luis Izquierdo.

El magistrado también solicita información de las cuentas que mantengan con las diversas entidades un total de 38 empresas que supuestamente han estado vinculadas a la trama, entre las que aparecen Boomerangdrive S.L., Easy Concept Comunicación, Down Town Consulting, Good and Better, Orange Market, Special Events, Servimadrid o Pasadena Viajes.

La documentación requerida, que va desde el año 1998 a 2009, debe ser aportada en un plazo de 30 días naturales. El magistrado también solicita los extractos de las cuentas en las que las personas tanto físicas como jurídicas afectadas figuren como titulares.

"La información comprenderá todos los movimientos de dichas cuentas realizados en el periodo respecto del cual se solicitan, con independencia que durante dicho periodo haya cambiado la persona o entidad que se reseña como titular de las mismas", apunta la resolución.

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FACTORIA GÜRTEL,"TODO A 11.900 EUROS"

Sumario al descubierto

El Consell contrató a empresas de la trama en decenas de ocasiones para servicios dispares

La Generalitat contrató a empresas de la trama en decenas de ocasiones como intermediarias para servicios tan dispares como localizar traductores o conseguir una escultura gigante para decorar la entrada de una entrega de premios. Las consellerias, en todo caso, recurrieron a contratos menores para eludir la publicidad.

J. L. G. «Todo a menos de 12.000 euros» Suena a reclamo comercial, a tienda de oportunidades para multimillonarios. Pero, en el universo Gürtel, el «todo a 11.900» podría considerarse como la premisa que marcaba la relación entre el entramado de empresas de Francisco Correa y la Generalitat Valenciana a la hora de contratar.

Y es que, tal como ha ido contando este diario desde que estalló el escándalo, hace más de un año, el fraccionamiento de contratos y la utilización de contratos menores ha sido una constante. Cabe recordar que los contratos menores son aquellos que, por su cuantía –hasta 12.020 euros–, están exentos de fiscalización previa y pueden adjudicarse sin concurso.

Este proceder era habitual tanto en la pata valenciana como en la madrileña de Gürtel. Uno de los informes judiciales incluidos en la parte del sumario revelada esta semana cifra en 367 las operaciones que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre realizó con las empresas de Correa y concluye que todas ellas menos tres se tramitaron con contratos menores. En el caso valenciano, la información que la Generalitat ha enviado al TSJ de Madrid evidencia que ocho de las empresas de la trama –al margen de Orange Market– recibieron 41 contratos de diversos departamentos de la administración valenciana. Todos ellos sin publicidad.

Pero, más allá del tipo de contrato, un recorrido por estos expedientes –el objeto, el importe y su justificación– recogidos en el sumario permite comprobar que Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, y las otras empresas funcionaban como el «chico para todo». Los contratos de la Generalitat con la empresa de cabecera del PPCV, Orange Market, y otras firmas de la red de Correa como Easy Concept, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico, llegaban de casi todas las consellerias y con los encargos más dispares: moquetas, traductores, uniformes, esculturas, azafatas... Encargos realizados, según solía justificarse en los expedientes, por la falta de medios propios.

En 2006, Diseño Asimétrico se encargó de conseguir para la Conselleria de Cultura un servicio de traductores para un congreso a cambio de 8.940 euros. Proveedores de personal cualificado y también de técnica. Porque un año después era el departamento de Bienestar Social el que contrataba a la misma empresa por 11.985 euros –en el límite para evitar la publicidad– para conseguir equipos de realización y pantallas de plasma para la presentación del «Balance General de Conselleria». Lo cierto es que para Diseño Asimétrico, cuyo objeto social es un amplio «realización de ferias y eventos de todo tipo», no había imposibles a la hora de satisfacer las necesidades de cualquier conselleria.

Sanidad tramitó en 2006 un procedimiento negociado sin publicidad para contratar el suministro de una escultura de tres metros de alta, su montaje y transporte para la gala de los premios Salud y Sociedad. Como la conselleria no tenía medios, hubo de acudir a «una empresa especializada». La orden se dio el 2 de mayo y la escultura, una réplica gigante del galardón, debía estar para la gala, el 12 de junio de 2006.

El procedimiento, como en otras ocasiones, fue un paripé. Dos de las tres firmas a las que consultó la conselleria pertenecían al entramado: Orange Market y la propia Diseño Asimétrico. La tercera firma a la que se solicitó oferta era un proveedor habitual en que se apoyaba Orange Market para organizar sus mítines y congresos. La oferta de Diseño Asimétrico fue la vencedora.

Curiosamente, la gala «Salud y Sociedad 2006» también supuso un buen pellizco para otra firma de la trama, Easy Concept. Un contrato menor de 11.948 euros por llevar y colocar una moqueta en la entrada del Hemisfèric y contratar a cuatro azafatas para recibir a los invitados de la entrega de premios «Salud y Sociedad 2006».

diariodemallorca.es

EL PP RECHAZA QUE SE FISCALICEN LOS CONTRATOS CON EMPRESAS DE LA "TRAMA GÜRTEL"

CORRUPCIÓN | A petición del PSOE

Efe | Madrid

Los diputados del PP en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea han votado en contra de pedir a la Cámara de Cuentas que fiscalice con urgencia los contratos suscritos por la Comunidad de Madrid con seis empresas de la trama Gürtel desde el año 2003 hasta 2009.

La petición, que ha sido rechazada por diez votos en contra y siete a favor, la ha planteado el portavoz del PSOE en la Comisión, Adolfo Piñedo, y la han apoyado los representantes de IU.

Piñedo ha justificado su propuesta en la "obligación" que tienen los representantes políticos de "averiguar si se ha producido un saqueo al erario público de Madrid", ante las sospechas que existen -ha dicho- de que "una parte de los jugosos beneficios de la trama de Correa tiene su origen en un perjuicio para la Hacienda de los madrileños".

Además, ha criticado que la Cámara de Cuentas "no haya tomado la iniciativa de fiscalizar los contratos que sustentan uno de los mayores escandalosos que ha conocido la Comunidad de Madrid" y se ha preguntado "qué tiene que pasar" para que ese órgano "incluya a iniciativa propia un asunto de tanto calado y tanta actualidad en su programa anual de fiscalización".

El portavoz del PP en la Comisión, Pedro Muñoz, ha recordado que todos los contratos de la Comunidad con las empresas Special Events, Good and Better, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Marketing Quality Management "han sido remitidos al órgano jurisdiccional correspondiente" y ha sostenido que "no es conveniente que dos órganos estén al mismo tiempo investigando cosas idénticas".

Según Muñoz, "difícilmente se puede hablar de saqueo", puesto que todos esos contratos menores "se correspondieron con servicios prestados", y ha calificado de "falaz" que el PSOE ponga "en relación la fortuna de algunas personas con esos contratos de la Comunidad de Madrid".

El portavoz 'popular' se ha mostrado convencido de que los socialistas han presentado esta iniciativa sólo para "mantener vivo un debate que lleva meses aplacado", en virtud de una "concesión del secretario general del PSM (Partido Socialista de Madrid), Tomás Gómez, a su sector crítico, que le ha reprochado cierta indolencia con el tema Gürtel y le ha reclamado más dureza con este asunto".

La diputada de IU Reyes Montiel ha apoyado la petición del PSOE por razones "políticas", de "procedimiento" y "judiciales", y ha opinado que es "absolutamente ineludible que la Cámara de Cuentas se ponga a trabajar en este asunto".

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES

A. BELTRAN / L. GARRIDO - Valencia

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.

El pasado día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico.

Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron ayer a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez".

Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones.

Ayer mismo, Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada ayer por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE.

La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó ayer que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra".

Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban ayer si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes.

elpaís.com

LA "GÜRTEL" TRITURA EL DISCURSO DE AUSTERIDAD DE AGUIRRE

Los más de 300 contratos que Madrid dio a la trama dibujan una política de despilfarro y culto a la personalidad avalada por la misma dirigente que propugna "adelgazar la Administración"

ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID

Cuando en junio de 2008 Esperanza Aguirre se enfundó en el discurso de la austeridad y redujo su Gobierno para "adelgazar la Administración", nada se sabía aún de los manejos de la trama Gürtel. Ni que las empresas de la enmarañada red habían logrado entre 2004 y 2008 más de tres millones de euros en contratos del Ejecutivo madrileño, todos ellos, menos dos, otorgados a dedo. Desde luego, tampoco se sabía que la mayor parte de esos 342 contratos tenían por objeto glorificar la figura de Aguirre. No a cualquier precio, pero sí a cualquiera que fuese inferior a 12.000 euros. O que aparentase serlo.

El repaso de las facturas madrileñas incluidas en el sumario del caso Gürtel dibuja una política de despilfarro y culto a la personalidad practicada, justamente, por el Gobierno de una de las dirigentes que con mayor ahínco defiende la reducción del gasto público y el "intervencionismo" estatal.

Esas mismas facturas constatan que las empresas de la trama servían para todo: para instalar una y otra vez una pantalla de plasma, para decorar con flores falsas el patio de la sede presidencial e, incluso, para tareas que muchos ciudadanos presumen gratuitas, como inaugurar un colegio, visitar un centro de salud o presentar un libro de cartas de amor. Pero nada de ello salía gratis. Mientras el Gobierno de Madrid adelgazaba, engordaban sus cuentas las cuatro empresas de la trama que operaban con la Comunidad.

Doce mil euros eran, hasta octubre de 2007, el importe máximo permitido para los llamados contratos menores, aquellos que se adjudican sin concurso. En múltiples ocasiones, los contratos se fraccionaron para que la cantidad nunca excediera del límite antes señalado. A veces, las partes se dividían entre distintas empresas del grupo, lo que dificultaba que la oposición detectase el ardid. Por ejemplo, que Aguirre presidiera la entrega de 250 viviendas de protección oficial a sus propietarios en mayo de 2005 costó 23.803 euros: Good and Better justificó trabajos por 11.992, mientras que Easy Concept facturó los 11.811 euros restantes.

En medio del erial
El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros. Casi seis millones de las antiguas pesetas es lo que cobró Diseño Asimétrico por organizar el 19 de julio de 2006 una visita de Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetania, en Getafe. La visita empezó y terminó por la mañana. Si hubo aperitivo o copa de vino español, se pagó en otra factura.

El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros

La empresa pública Arpegio, dedicada a la gestión de suelos, liquidó sin problemas la factura, cuyo desglose parece sugerir que, en lugar de en una carpa montada sobre un erial, Aguirre atendió a sus invitados en un salón parisino. El recibo consigna la famosa "trasera" generalmente, un cartelón cuya instalación era, según Rajoy, lo que básicamente hacían las empresas de Correa en los actos del PP. Y quedan anotados también conceptos que luego se repiten en muchas otras facturas: las "dos jaimas de 5x5", la "tarima de prensa de 6x1 metros" y la "moqueta rojo institucional" suenan a letanía en los cargos endosados a la Comunidad por Diseño Asimétrico y sus tres compañías hermanas: Good and Better, Easy Concept y Servimadrid Integral.

Aunque los precios oscilan, fuentes del sector aseguran que alquilar una carpa en Madrid cuesta a un particular alrededor de 20 euros el metro cuadrado. O sea, que una de 10x15 como la usada en Getafe saldría por 3.000 euros. Y cada jaima, por unos 300 euros.

Teóricamente, ese contrato nada tiene que ver con el defenestrado Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia, luego consejero de Deportes, imputado en el caso Gürtel y a quien Aguirre señala ahora como el gran engañador y culpable de que el gang de Correa siguiera trabajando para la Comunidad. Si Arpegio pagó porque el entonces viceconsejero de Presidencia y hoy imputado Alberto López Viejo lo "recomendó", que es lo que María Dolores de Cospedal ha dicho para exculparse por los dos contratos que Metro de Madrid SA pagó a la trama cuando ella dirigía Transportes, eso es una incógnita. Pero, en todo caso, una incógnita baladí a efectos administrativos.

Por la apertura del curso escolar en varios centros, la Comunidad pagó a las sociedades de Francisco Correa 54.141 euros

Lo único cierto es que tanto esa empresa pública, entonces dependiente de Ordenación del Territorio, como todas las demás consejerías abonaron las facturas presentadas por alguna o varias de las empresas del conglomerado Gürtel.

Las dos jaimas antes citadas aparecían ya en una factura correspondiente al evento "Invertimos en Alcorcón", celebrado el 22 de febrero de 2006 y facturado a la Consejería de Sanidad. Visitar el ambulatorio La Ribota de ese municipio e inaugurar una residencia de mayores costó al erario público madrileño 7.096 euros. Sólo entre enero de 2005 y mayo de 2007, la Consejería de Sanidad abonó al menos a las empresas de la trama 53.053 euros por las visitas o inauguraciones de Aguirre a seis centros de salud y a otras tantas instalaciones hospitalarias. En una de esas facturas, se contabilizó incluso, aunque sin desglosar el coste, el "transporte de banderas de la Comunidad".

La escuela era una maqueta
Como se ve, las inauguraciones del Gobierno de Aguirre no son gratis. Por la apertura del curso escolar en ocho colegios y una guardería, la Comunidad pagó entre 2004 y 2007 a las sociedades de Francisco Correa 54.141 euros. En el listado de facturas de Educación, se observa no ya la confusión general que la trama introducía al facturar varias veces el mismo acto con ligeros cambios en el enunciado. Se revela algo más extraño aún: el 16 de febrero de 2006, Servimadrid facturó 10.183,25 euros por la "inauguración de la Escuela Infantil" de Valdemorillo. En realidad, y así figura en la página oficial de Aguirre, la presidenta de Madrid visitó ese día Valdemorillo... pero lo que presentó fue "la maqueta" de la futura escuela infantil. Puede tratarse de un error y no de una factura falsa, pero nadie lo detectó.

La confusión, en efecto, es continua. Otro ejemplo: Educación pagó en octubre de 2007 a Good and Better 11.990 euros por un acto cuya fecha ni siquiera se aporta. La justificación del contrato firmada por el subsecretario de la consejería, tampoco. Y tampoco se señala en el reconocimiento de pago signado por la interventora. La única información ofrecida es que el evento se llamó "Acuerdo para la mejora de la calidad educativa" y que se celebró en el Patio de Postas de la sede presidencial.

La Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros de mayores

Siguiendo idéntica pauta, la Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros de mayores protagonizados por Aguirre. La del centro del barrio de Los Cármenes, celebrada el 21 de marzo de 2007, reportó a Diseño Asimétrico 7.041,27 euros. Las fotos muestran a Aguirre tras un atril cuya leyenda dice esto: "Invertimos en Madrid". La trama cobró también el atril.

Dos meses más tarde, el 27 de mayo, se celebraron las elecciones autonómicas en las que Aguirre revalidó la mayoría absoluta alcanzada el 27 de octubre de 2003 en los segundos comicios de aquel año, forzados por el tamayazo.

La frenética actividad de la presidenta, que en un mismo día protagonizaba dos y hasta tres actos públicos, la llevó a comandarlos de toda índole, siempre que le garantizase un baño de multitudes. Por ejemplo, la clausura del I Concurso de Karaoke. Ocurrió el 17 de enero de 2006. En las fotos de su web, Aguirre posa sonriente junto al presentador de la final, Manolo Escobar. Ante ellos, se yergue un ramo de flores de aspecto auténtico y que, curiosamente, no facturó esta vez Servimadrid. Esta singular promoción pública del karaoke supuso a la Consejería de Familia un desembolso de 6.978,72 euros.

12.000 euros para flores
La lectura de la documentación remitida al juez por la Comunidad de Madrid alimenta una pregunta: la de por qué un Gobierno presidido por una de las principales defensoras del liberalismo económico se permitió, y es otro ejemplo, pagar con cargo al erario público 12.000 euros a Easy Concept por la "decoración floral" de los patios centrales de la sede de la Presidencia durante el acto del Día de la Constitución de 2004. A tenor de la factura, no hubo orquídeas salvajes sino kentyas de tela, 38 jardineras de ponsetias la flor navideña por antonomasia y "44 metros de guirnaldas" de esa misma variedad. Easy Concept instaló, según la factura, "60 sillas doradas para orquesta".

El bastidor oscilante
La pregunta sobre por qué un gobierno supuestamente austero destinó a gastos superfluos cantidades como las expuestas se complica con la constatación de que el fraccionamiento de contratos no fue una artimaña excepcional. Como el propio Francisco Correa confesó en una charla intervenida por la Policía, aquello de trocear los encargos era la tónica habitual. Así que, por ese mismo acto del Día de la Constitución de 2004, la misma Easy Concept facturó otros 12.000 euros en concepto de "iluminación y sonorización".

La trama disparaba con pólvora del rey. O, más exactamente, de los ciudadanos. Hay una factura de Diseño Asimétrico relativa a la entrega de medallas al Mérito Ciudadano en 2007 y en la que se anotan 2.191 euros por un "bastidor de madera tapizada en tela para trasera de 9x4 m." Debajo, se apuntan otros 1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de reposteros". El vocabulario evoca el empleado por Orange Market cuando pedía a Forever Young que facturase los trajes de Camps como "tela para tapizar".

1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de reposteros"

Meses más tarde, Servimadrid envió a la Consejería de Empleo y Mujer otra factura ajustada a los peculiares estándares de la Comunidad: 11.800,54 euros con IVA. La empresa pretendía cobrar y lo logró un acto celebrado el 5 de octubre de 2005. Se trataba de la presentación del Plan Emprendedores 2005/2007, donde Aguirre describió las acciones previstas. Y el bastidor, ahora con 40 centímetros más de ancho y dispuesto para "grapado de lona", ya aparecía anotado al precio de 1.732,98 euros. "Si tienes un sueño, empréndelo", era el bucólico lema del plan.

En mayo de 2007, Empleo también abonó 11.995,83 euros por otro acto celebrado el 2 de noviembre de 2005. Aquí, de nuevo con la presidenta en el centro del protagonismo, Servimadrid cifró en 2.505 euros un bastidor que supuestamente medía 10x4 metros. Como apuntan los datos, el precio del metro de bastidor oscilaba. Y se cotizaba según el estado de ánimo o las necesidades de la empresa. Sin reparos oficiales.

Desfile de pantallas
Ninguna de las facturas aportadas al sumario permite dilucidar si las empresas de Correa amortizaron la moqueta roja institucional, la tarima de prensa y el bastidor a base de usarlos en sucesivos eventos. Tampoco es posible concluir si la Comunidad habría ahorrado más comprando cuatro pantallas de plasma de 50 pulgadas que alquilándolas una y otra vez a la resuelta trama empresarial: por las cuatro utilizadas en el acto de los emprendedores del 5 de octubre de 2005, Servimadrid cobró 2.600 euros.

Las cuatro pantallas de plasma, que desfilan como un ejército por el listado de facturas, aparecen por primera vez en uno de los eventos sobre los que más tinta ha corrido en los últimos meses: por sus características, el homenaje a quienes participaron socorriendo a las víctimas del 11-M y porque Vicepresidencia permitió que Easy Concept fraccionara el importe total en 15 facturas.

De nuevo, nadie se molestó tampoco en preguntar cuánto personal había aportado la empresa, que por ese concepto emitió otra factura de 9.834 euros, más otros 10.525 euros por el alquiler, montaje y desmontaje de 3.500 sillas. Y así 15 veces hasta sumar 141.000 euros.

Objetivo, situar a la presidenta en el centro del escenario

Situar en el centro del escenario a la presidenta, tanto en sentido literal como figurado, era el objetivo de la mayoría de los 342 contratos que lograron del Gobierno de Madrid las cuatro empresas de la ‘trama Gürtel’ que operaban en esa comunidad autónoma. Hacerlo costó más de tres millones de euros.

07/09/2005
El acto en Metro del que nada sabía Cospedal: 21.480 euros
Metro de Madrid SA pagó a Servimadrid 21.480 euros por la presentación de la Cumbre Flamenca en el Metro. Cospedal, entonces consejera de Transportes, aseguró no tener “ni idea” de ese contrato y negó que Metro hubiera efectuado el encargo.

11/04/06
Inaugurar las obras de un hospital: 5.649 euros
En abril de 2006, Aguirre inauguró la primera fase de la ampliación de urgencias del hospital de Getafe. Como se lee en la factura, el “montaje” reportó a Servimadrid 5.649 euros.

19/07/2006
Visitar un parque empresarial, 34.748 euros
La que Esperanza Aguirre realizó hace tres años al parque empresarial La Carpetania, en Getafe, fue una visita habitual, salvo por su coste: Diseño Asimétrico cobró 34.748,55 euros, precio que no incluía catering y sí la famosa carpa que aparece en múltiples facturas.

14/02/2007
Presentar cartas de amor: 32.296 euros
El 14 de febrero de 2007, con el reloj ya avanzando hacia las autonómicas, Aguirre presentó el libro ‘Toda una vida’, recopilación de las cartas de amor escritas por “usuarios de centros de mayores”. La presentación, celebrada en la sede de Presidencia, en la Puerta del Sol, costó 32.296 euros.

02/04/2007
Ir a un colegio y hacer una promesa electoral: 8.888 euros
El 2 de abril de 2007, Aguirre visitó el colegio San Eugenio y San Isidro, que permaneció abierto en Semana Santa. La presidenta aprovechó para anunciar que reforzaría su plan de colegios bilingües si en mayo resultaba reelegida. Costó 8.888 euros.

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"CASO GÜRTEL"; 358 CONTRATOS DE MADRID A LA RED

La investigación judicial del 'caso Gürtel'

Las consejerías gastaron tres millones de euros en actos adjudicados a la trama entre 2004 y 2008, según el sumario

Aguirre negó que empleara a estas empresas

El Gobierno regional otorgó al menos 358 contratos entre 2004 y 2008 a las empresas de la trama Gürtel por una cuantía de 3.084.558 euros. Estos datos se desprenden de la documentación enviada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que figuran en los 17.000 folios de la parte del sumario desclasificada. Documentos que el Ejecutivo regional se ha negado a facilitar a la oposición. La consejería a la que más servicios presta la trama corrupta es la de Cultura y Deportes, que suma 90 contratos por valor de casi un millón de euros.

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Tres empresas de la trama facturaron a la Comunidad por el mismo acto

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En 2006, tres consejerías pagaron por el mismo concepto en una entrega de diplomas

El homenaje a los servicios de urgencia del 11-M se dividió en 15 facturas. Sumaban 141.000 euros

Aguirre ya era presidenta en este periodo, en que todas las consejerías (11) han cedido servicios a la trama. Aunque el pasado 9 de febrero, al anunciar el cese de Alberto López-Viejo como consejero de Deportes, dijo: "Mi Gobierno no tiene ningún contrato con la trama".

No subir de 12.000 euros

Del repaso a la documentación se desprende que la mayoría de los contratos son de entregas de premios, presentaciones u homenajes, ordenados por el imputado López-Viejo, que se encargaba de los actos públicos en los que participaba la presidenta y de los actos del PP regional. La trama identifica a este ex consejero como el "muñidor" dentro del Ejecutivo de Aguirre.

Buena parte del gasto estaba troceado para no superar los 12.000 euros, cantidad para la que es necesaria un concurso restringido. La entrega de los premios de la Cultura y la medalla Internacional de las Artes de los años 2005 y 2006 se adjudicó a Servimadrid Integral, una de las empresas de la trama, que ganó un concurso por 412.834 euros en total. Pero la ganancia se completó con 73.264 euros en nueve facturas inferiores a 12.000 euros que Cultura pagó a Diseño Asimétrico y Easy Concept.

El acto de homenaje a los servicios de urgencias del 11-M, celebrado el 25 de marzo de 2004, costó 141.000 euros, pero fue repartido en 15 facturas, inferiores a los 12.000. Otro caso curioso es el de Rumbo al Sur, un programa que lleva a jóvenes a visitar los proyectos de cooperación. Por el acto de entrega de diplomas a los participantes en el viaje de 2006, una de las empresas de la trama, Servimadrid Integral, facturó a tres consejerías distintas (Deportes, Familia y Asuntos Sociales e Inmigración) por una cantidad total de 15.000 euros.

elpaís.com

"TE ENVÍO LAS COMPRAS. CAMPS: CINCO TRAJES A 950=4.750 EUROS"

La investigación del 'caso Gürtel'

Nuevos correos electrónicos de la red de Correa acreditan el supuesto cohecho

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Nuevos documentos incorporados al sumario del caso Gürtel en Valencia apuntalan que el presidente, Francisco Camps; el secretario general del PP regional, Ricardo Costa; el ex vicepresiente Víctor Campos; el ex asesor de Turismo Rafael Betoret y el director de la televisión autonómica, Pedro García, recibieron regalos de la trama corrupta. Los cuatro primeros están imputados por cohecho.

Francisco Correa
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PP
(Partido Popular)
A FONDO

Sede:
Madrid (España)

Crespo remite a Pérez un correo con la ropa vendida por José Tomás

El director de la televisión valenciana aparece con un traje, un abrigo y zapatos

Los correos electrónicos que se cruzaron los principales dirigentes de la trama corrupta vinculada a Gobiernos del PP, el caso Gürtel, investigada por el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, acreditan el supuesto pago de varios miles de euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

La trama corrupta logró a través de varias de sus empresas -Orange Market, Easy Concept, Down Town, entre otras- cerca de ocho millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana a partir del año siguiente de llegar Camps a la presidencia, en 2003.

La investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha permitido recopilar los correos electrónicos que enviaba Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta y ex dirigente del PP en Galicia, a Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de la empresa Orange Market, con la que la red que dirigía Francisco Correa hacía negocios en la Comunidad Valenciana.

De Pablo para Álvaro

Uno de esos correos electrónicos, incorporado el sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Valencia, recoge el siguiente mensaje enviado desde la dirección de Pablo Crespo (pablogerencia@fcsgrupo.com) a la dirección de Álvaro Pérez: "Te envío la relación de compras de la Comunidad Valenciana". El correo electrónico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se envió el 29 de marzo de 2007 a las 11.41 con una relación de la ropa adquirida para Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana:

"Cinco trajes a 950=4.750; 1 zapatos = 274,50; 1 zapatos = 184,50: 1 zapatos = 184.50; total: 5.392,50".

Junto a esta anotación aparecen otras referidas a Pedro García, el director general de la televisión autonómica valenciana, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo personal de Pérez: "Dos zapatos, un abrigo, una chaqueta, cuatro sueter, un traje, total: 3.284 euros".

El correo electrónico de Crespo a Pérez copia el texto de otro correo que le envió José Tomás (Josetomas@foreveryoung.es), el sastre director de ventas de Forever Young, la tienda donde El Bigotes llevó a varios dirigentes del PP valenciano para que eligieran la ropa.

Tomás llegó a visitar la Comunidad Valenciana para tomar medidas y mostrar distintos tipos de tela a los dirigentes del PP para que eligieran el vestuario que, según la investigación, acabó pagando la trama a través de sus empresas Orange Market, Servimadrid Integral y otras.

Orange Market, según figura en un informe de la Agencia Tributaria que también tiene en su poder el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, incluyó como gastos para el funcionamiento de su empresa numerosas compras por más de 100.000 euros en las tiendas de Milano, justo el mismo establecimiento donde, según acreditan sus documentos internos y varios testimonios recabados por el juez, regalaban trajes a políticos y altos cargos de la Comunidad Valenciana.

La correspondencia entre los distintos integrantes de la trama prueba que la ropa que Camps y otros dirigentes del PP valenciano adquirían en las tiendas Milano y Forever Young era abonada por las empresas de la red corrupta que dirigían Correa, Crespo y, en Valencia, Álvaro Pérez. Esa documentación desmiente las declaraciones de Camps al juez sobre el supuesto pago en metálico de la ropa, de lo que no queda ni un solo rastro documental dentro o fuera de la tienda.

El director de ventas de la tienda donde Camps se vistió ha declarado en reiteradas ocasiones tanto al juez Baltasar Garzón, que inició la instrucción de este caso en la Audiencia Nacional, como al juez José Flors, que se encarga de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que Camps nunca le pagó ni un euro por los trajes y el resto de ropa. El mismo José Tomás acreditó con distinta documentación de la tienda que el vestuario del presidente de la Comunidad Valenciana había sido abonado por las empresas de la trama corrupta.

En el sumario figuran talones bancarios de las empresas como justificante de la ropa para Camps y otros cuatro dirigentes del PP valenciano.

Los correos electrónicos que se cruzaron Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, y Álvaro Pérez, jefe de la empresa valenciana de la red, constituyen nuevas pruebas para acreditar el sistema de pago de la ropa que se compraba para Camps y el resto de altos cargos de la Comunidad Valenciana.

Mientras Camps ha sostenido desde el primer momento que pagó toda la ropa de Forever Young en metálico, Álvaro Pérez ha buscado otra justificación. En una conversación mantenida con su jefe, Francisco Correa, sostuvo que él compraba los trajes, se los prestaba a Camps para sesiones fotográficas y, posteriormente, el presidente valenciano se los devolvía.

El juez Flors ha señalado en su último auto que la versión ofrecida por José Tomás, el director de ventas de Forever Young, era creíble mientras que ha cuestionado la veracidad de lo declarado por el presidente valenciano en relación con los trajes.

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ELPAÍS.COM

EL JUEZ EVIDENCIA QUE CAMPS MINTIÓ: LA TRAMA DE CORREA PAGÓ SUS TRAJES PARA "AGASAJARLE"

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Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. (Efe)

@Alberto Mendoza.

Francisco Camps no pagó los trajes que encargó en las tiendas madrileñas de Milano y Forever Young. La trama de Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, abonó las prendas para “agasajar” y “complacer” al presidente de la Comunidad Valenciana. Así lo constata el auto del juez José Flors, quien, tras observar “indicios racionales” de cohecho, ha decidido continuar con el proceso que puede acabar con Camps sentado en el banquillo ante un jurado popular.

El presidente valenciano se puso por primera vez en manos del sastre José Tomas a principios de 2006, aconsejado por su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, administrador único de Orange Market. Entonces, Camps adquirió cuatro trajes (que devolvió porque no le sentaban bien) y tres americanas a medida. Después del verano, cuando el sastre se había trasladado al establecimiento de Forever Young, Camps se llevó otros cuatro trajes a medida por un valor de 2.880 euros.

El juez asegura que “no existe constancia de que su precio fuera abondo en caja y en metálico, como afirmó el Sr. Camps en su declaración”, pero “sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por aquella operación de los cuatro trajes se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral S.L.”. Con esta rotunda afirmación, el magistrado contradice la palabra del presidente valenciano, quien ha asegurado públicamente que siempre se paga sus trajes. En su declaración, Camps sólo admitió haber tomado prestado un frac y un chaleco, que devolvió a José Tomás tras su visita al Vaticano.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia recoge otros casos en que Camps se sirvió de la generosidad de la trama de Correa para completar su armario. El presidente valenciano admitió haberse llevado un par de zapatos en marzo de 2007, pero, según el juez, no dijo la verdad al declarar que había pagado 120 o 130 euros por ellos. El juez deduce que su precio “debió ser incluido por José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el sistema convenido entre ellos”.

Por todo ello, el magistrado asegura que existen “indicios racionales” de un delito de “cohecho”, y que “la verosimilitud inicial sobre su posible existencia ha alcanzado el grado de realidad muy probable”. El auto apunta al artículo 426 del Código Penal, en el que se tipifica “la conducta de la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función”. Para el magistrado, la única razón por la que la trama de Correa regalaba trajes a Camps es por su “condición de autoridad”.

Regalos a cambio de gratitud

El juez recuerda que, aparte de los encargos efectuados por el PP, Orange Market consiguió numerosas adjudicaciones de diversos organismos dependientes de la Generalitat Valenciana, como en las ferias FITUR, TVC, Expovacaciones, SITC e INTUR. Así, entre 2005 y 2009, la empresa de El Bigotes recibió casi 7 millones de euros.

El auto recoge que “no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios” de la Administración autonómica. Sin embargo, el juez advierte que “la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”.

El magistrado parece responder en uno de los párrafos del auto a aquellos que, como Mariano Rajoy, han salido en defensa de Camps asegurando que “no se vende por unos trajes”. De acuerdo con el juez Flors, “aunque el precio de esas prendas pudiera parecer a alguien escaso o aún ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas, esas circunstancia no es excluyente del desvalor de su acción”. Es decir, que despreciar un posible delito de cohecho por el poco valor económico de los regalos significaría “una degradación de los principios que deben regir en todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas”.

Por otra parte, el juez también ha encontrado evidencias de que el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, han recibido regalos de la trama de Correa, y continúan como imputados. El próximo día 15, las acusaciones deberán concretar la imputación, mientras que las defensas podrán alegar “lo que estimen oportuno, pudiendo solicitar nuevamente el sobreseimiento”. Asimismo, todas las partes podrán pedir nuevas diligencias de investigación, por lo que el proceso amenaza con perseguir a Camps durante los próximos meses.

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