Las declaraciones de altos cargos de Educación revelan relaciones de los empresarios con personal de Economía y de Justicia
RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.
Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, están imputados en el 'caso Renedo' por los manejos presuntamente corruptos que mantenían con personas claves en la Consejería de Administraciones Públicas (la jefa de servicio Marta Renedo Avilés) y de Educación y Ciencia (el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y la exdirectora general María Jesús Otero). Las escuchas a las que fueron sometidos el pasado año sugerían relaciones también con trabajadores de otros departamentos. Los interrogatorios que el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla ha dirigido en los últimos días permiten ahora perfilar mejor esas conexiones en, al menos, dos consejerías: Economía y Hacienda y Presidencia, Justicia e Igualdad.
Los 'pinchazos' demuestran que los dos empresarios hablaban, cada uno por su cuenta, con un empleado del Principado al que denominan «Luciano» y que les va informando del estado en el que se encuentran algunos expedientes, además de darles consejos sobre cómo preparar sus respectivas ofertas.
El que más confianza tiene es Alfonso Carlos Sánchez. El funcionario le llega a pedir cuatro carnés para ver el fútbol, mientras el empresario «le dice que vive de él (de Luciano)». En las transcripciones de noviembre, el funcionario le concerta una comida con un tercero «que no se atreve demasiado, sobre todo ahora mismo», y le informa de gestiones entre María José Ramos y Rabanal. A cada duda que manifiesta el empleado público, Sánchez opone que «la situación es salvaje y hay que adelantarse, tomar medidas». El dueño de APSA confiesa a su amigo que «tengo miedo que me dejen fuera de juego» en relación a un contrato con el nuevo HUCA; «le pide consejo; Luciano le dice que hable primero con Floro».
Los contactos entre Luciano y Víctor Muñiz son más limitados. El 6 de mayo el de Igrafo pide una entrevista a Luciano, quien concede al encuentro mientras no sea dentro de la consejería. Quedan en verse en unas horas. Tras la cita, el empresario llamará a uno de sus socios señalándole que por Luciano sabe que «el problema no era que estuviese mal presentada la oferta». Este periódico ha podido confirmar que el teléfono desde el que llamaba «Luciano» a ambos aparece en la guía del Principado asignado a Luciano G. S., jefe de sección en Economía y Hacienda. Según el mismo listín, sólo existen otros dos trabajadores del Principado con ese nombre.
El interrogatorio que Sorando celebró el pasado día 20 con P. R. P., exsecretario general de Educación, abunda en el asunto. Durante el mismo, el testigo aseguró conocer bien cuál es el procedimiento interno que sigue la Administración antes de elaborar sus catálogos homologados. Estos listados recogen una relación de productos como el material de oficina o el mobiliario, de uso frecuente. El Principado pacta un precio fijo con una serie reducida de empresas y a partir de entonces, cualquier órgano de contratación puede encargar los productos, simplificando el procedimiento y los controles a superar. Igrafo y Almacenes Pumarín son de las pocas empresas que consiguen esta relación con la Administración.
El abogado de Avall preguntó a P. R. P. si, gracias a su experiencia en la materia, tenía conocimiento de «un tal Luciano». «Es un funcionario de carrera que estaba en esa sección (...) pienso que era de un grupo C, administrativo (...) era el que participaba en esa homologación, en coordinación con todas las consejerías». Según explicó, a la hora de elaborar los catálogos, funcionarios del resto de consejerías acudían al departamento de Luciano a «explicar sus necesidades».
El testigo también aportó datos de otra relación hasta ahora desconocida. Durante el interrogatorio a que fue sometido, el abogado que defiende a la exdirectora general María Jesús Otero demandó aclarar las competencias que P. R. P. tenía en las contrataciones de Educación. El aludido señaló que como secretario general técnico ejercía una responsabilidad «genérica». Dijo que tenía capacidad para autorizar y disponer gastos por debajo de los 30.050 euros por delegación del consejero, pero que él daba tal refrendo a propuestas que le llegaban desde la dirección general correspondiente, que era la encargada de escoger a los proveedores.
Citas todas las semanas
P. R. P. ejerció dichas responsabilidades entre los meses de julio de 2006 y 2007. A preguntas de Avall, admitió que precisamente uno de los contratistas más habituales en Educación, Víctor Muñiz, trató de captarle para unas comidas que celebraba semanalmente con un alto cargo conocido de ambos: «Manuel Cabaleiro». Entonces era director general de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico. Entre julio de 2007 y noviembre de 2008 ejerció de director general de Justicia. «Les vi muchas veces juntos (...) debían comer un día a la semana (...) ¿Que si trataron de invitarme? Sí, en más de una ocasión, sobre todo Víctor Manuel».
La relación de Cabaleiro y Muñiz se mantiene incluso después de que éste último abandone formalmente la Administración. En varias ocasiones los agentes identifican conversaciones entre el empresario y alguien a quien en ocasiones identifican como «Cavaleiro» y otros como «Cabaleiro». Una de estas charlas se produce a las 13.42 horas del ocho de julio pasado. Hace escasos minutos que Vicente Álvarez Areces ha anunciado que no volverá a optar a la Presidencia del Gobierno. El de Igrafo llama al teléfono que aún hoy utiliza Manuel Cabaleiro. Debaten la noticia y «el interlocutor dice que siempre ayudará a Víctor, esté fuera o dentro...».
elcomercio.es
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