"CASO VOLTOR"; EL JUEZ SUSPENDE LAS DECLARACIONES DE FLAQUER Y BUILS

Previstas para el lunes y el martes

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, ha suspendido la declaración prevista para este lunes del expresidente de UM y ex conseller insular de Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, así como la del ex conseller de Turismo Francesc Buils, programada para mañana, martes, en calidad de imputados los dos, dentro de la pieza del caso Voltor, según informan fuentes jurídicas.

Esta pieza está centrada en las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió el empresario de la comunicación Jacinto Farrús desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependiente de la Conselleria de Turismo.

También ha quedado suspendida la declaración prevista para hoy del representante legal de la empresa THR, vinculada a Farrús, así como la deposición de Catalina Mas como testigo, prevista para este martes.

Las pesquisas del caso Voltor se centran en un presunto desvío de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a personas afines a UM, y apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el 3 de febrero de 2010 por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; "EL GOVERN PAGÓ A CALATRAVA LA ÓPERA CON FACTURAS IRREGULARES Y SIN IVA

El arquitecto está imputado

* Hacienda sostiene que los pagos 'no reúnen los requisitos exigidos por ley'
* Revela que todo se tramitó en apenas 11 días

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

La Agencia Tributaria denuncia al juez que el Govern balear que presidía Jaume Matas (PP) abonó 1,2 millones de euros públicos al conocido arquitecto Santiago Calatrava por el proyecto encaminado a crear un anfiteatro para las artes escénicas en Palma –lo que se ha bautizado como la Ópera de Calatrava– pese a que el diseñador presentó para el cobro unas facturas que según Hacienda «no reunían los requisitos exigidos por la legislación española» y en las que «no se recoge ni se hace efectivo en ningún caso el importe de IVA –impuesto sobre el valor añadido– correspondiente». Un impuesto que «al tipo del 16% ascendía a 165.504 euros que no fueron ingresados», según el dictamen.

Los expertos de Hacienda entregaron a la Fiscalía un informe en el que se analiza la gestación administrativa del polémico contrato, que en estos momentos centra una pieza separada de la investigación judicial en torno a la figura de Matas, instruida por el Juzgado de instrucción número 3 de Palma. Las conclusiones de dicho análisis arrojan en palabras de los investigadores «un cúmulo de irregularidades» que les llevan a apuntar que aquel pago fue en realidad «una operación» para comprar un anteproyecto que ya estaba elaborado con anterioridad.

Hay que recordar que, como desveló ayer EL MUNDO/El Día de Baleares, la propia Agencia Tributaria ya ha entregado otro informe paralelo en el que sostiene que el arquitecto y escultor de origen valenciano y que trabaja en Suiza puede ser responsable de malversación de caudales, prevaricación y fraude como cooperador al «sustraer ilícitamente» la cantidad que percibió por el anteproyecto para crear un anfiteatro en plena bahía de Palma. Una multimillonaria obra pública que fue una de las promesas estelares del ex presidente del Partido Popular de Baleares justo antes de las elecciones que se celebraron en mayo de 2007 y que nunca se ha llegado a desarrollar porque los populares fueron desalojados de las instituciones tras aquellos comicios.

La Agencia Tributaria, que investigó este asunto mientras estaba dirigida en Baleares por Raúl Burillo, censura en primer lugar que la adjudicación del contrato fuese exprés. Y es que desde que se aprobó el expediente (viernes 20 de abril de 2007) hasta que se presentaron las facturas apenas pasaron once días, según reseña el fisco tras examinar detalladamente el expediente. Eso pese a que el plazo de ejecución dispuesto por el gobierno autonómico para elaborar aquel proyecto era de un mes. «El plazo de ejecución del encargo es sumamente breve para la entidad del mismo», reseña el informe. Y añade: «sorprende que se hayan podido finalizar las maquetas de un edificio al mismo tiempo que se ideaba». Aún así, agrega, «el plazo de un mes queda reducido a 11 días si tenemos en cuenta la presentación de las facturas». El pago se hizo efectivo por parte del gobierno balear el 5 de julio de 2007, con el Govern saliente de Matas (que fue sustituido por una coalición integrada por PSOE, UM y Bloc) todavía en funciones.

Falta documentación
Sobre las tres facturas de 1 millón, 180.000 y 20.000 euros respectivamente, denuncia que «no especifican qué entidad las libra ni quién y en qué concepto las firma». Tampoco figura «el número de identificación fiscal» ni los importes desglosados del IVA. Según el contrato (no según las facturas) se le pagó un millón de euros por la «concepción del anteproyecto», 60.000 euros por una maqueta de la bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta de la ópera y 80.000 euros por un vídeo explicativo.

No es lo único que ha decidido desvelar. También carga contra el origen mismo del contrato público, destacando que debido a su cuantía no debería haberse tramitado como un procedimiento negociado sin publicidad. «La adjudicación, sin publicidad y con un solo empresario contactado, es irregular y contraria a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». En este sentido, especifica que debería haberse convocado un «concurso de proyectos» para una obra de semejante magnitud. Por último, el dictamen afirma que no existe constancia de que la empresa que se llevó esa cuantía por el proyecto «presentara la documentación exigida que acredita su solvencia económico-financiera y técnica» y que aquel contrato no tuvo un director del contrato como estipula la normativa. En consecuencia «todo este cúmulo de irregularidades plantean serias dudas en el modo en que se gestionó el contrato».

Sea como fuere, el caso todavía está en fase de investigación. Calatrava ha sido citado en calidad de imputado por el juez José Castro. Aunque estaba citado para finales de este mes de enero, su comparecencia ha sido aplazada.

Además
    * Moreno comparece el viernes por presuntos sobornos

elmundo.es

LOS DOS PRINCIPALES IMPUTADOS EN LA "OPERACIÓN CLOACA" ENTREGAN SUS PASAPORTES

CORRUPCIÓN  | Medidas cautelares
Efe | Palma

Los dos principales imputados en la "operación Cloaca", que investiga una supuesta rama de corrupción en torno a la recogida de residuos del Consell de Mallorca, han entregado esta mañana sus pasaportes en los juzgados de Palma, tal como dictó el juez que instruye el caso.

El ex director general de Medio Ambiente, Guillem Riera, y el empresario y miembro de Unió Mallorquina (UM) en Manacor, Simó Galmés, han entregado hoy sus pasaportes, en cumplimiento de la medida cautelar dictada sobre ellos por el juez Enrique Morell, titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, que conoce la causa, en la madrugada del sábado.

Riera y Galmés, ambos de UM, fueron detenidos el pasado jueves junto a otras cuatro personas en el marco de la "operación Cloaca", en la que la Fiscalía Anticorrupción investiga una supuesta trama corrupta en el servicio de recogida de basuras del departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca.

Los cuatro detenidos que fueron puestos en libertad con cargos el mismo día de su arresto -G.P.P., M.M.M., E.F.A. y otra M.M.M.- están imputados por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y, en algunos casos, falsedad documental.

Entre los arrestados se encuentran funcionarios insulares y directivos de importantes empresas de construcción y servicios que se dedican a la gestión de la recogida selectiva de basuras en Mallorca como son FCC, Melchor Mascaró y Ses Nostres Eines.

En la causa se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos sólidos urbanos de Mallorca, que comprende a todos los municipios de la isla salvo Palma, Calvià y Llucmajor.

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; LA GERENTE DE EMAYA ASEGURA QUE NUNCA HA SIDO "COLOCADORA" DE ACTIVISTAS DE UM

Declaración ante el juez

Europa Press | Palma

La actual gerente y presidenta en funciones de Emaya, Margarita Tortella, ha asegurado ante el juez que instruye el caso Maquillaje que nunca ha sido "colocadora ni conseguidora" de personas pertenecientes a UM, y ha negado haber decidido por sí sola una contratación. En este sentido, ha apuntado que cualquier contrato que se efectuara debía realizarse "con el visto bueno de la superioridad".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, donde ha afirmado además que no sólo el ex presidente del comité de Palma de UM y ex vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, le enviaba personas que buscaban trabajo para que las atendiese, sino también "otros miembros de partido, de todos los ámbitos y de todos los partidos", lo que ha calificado de "normal".

La encausada ha sido interrogada así en relación a las contrataciones presuntamente irregulares efectuadas la pasada legislatura de activistas de UM en empresas contratistas de la Institución insular así como en diversos organismos públicos cuando en realidad nunca llegaron a trabajar en ellas sino que únicamente realizaron trabajos en favor del partido. Sobre esto, la gerente ha asegurado que no tenía conocimiento de la existencia "ni de Vídeo U ni de Ambbit Digital, dos de las principales empresas investigadas.

Durante la declaración, Tortella ha defendido que de todas las peticiones de trabajo que han entrado en Emaya se han consensuado los perfiles "más idóneos" para prestar el servicio que "previamente ha sido demandado", y "siempre cuando ha habido necesidad de plantilla". Así, al ser preguntada por la entonces presidenta de la empresa, Cristina Cerdó -también imputada-, ha recordado que ésta le pedía que "si era posible" entraran a trabajar determinadas personas, como hijos de trabajadores, pese a que "era imposible que todos los curriculum entregados en la empresa finalizasen con un contrato de trabajo".

En referencia a la contratación de la activista María de Lluc, ha recordado que "es probable" que se la encontrase en algún acto de partido y que Nadal "me dijera que la recibiera". "Me pidió trabajo pero le informé de que no había", ha manifestado Tortella, quien ha señalado que lo que le dijo, "para ser humana, es que si me enteraba de algo se lo haría saber". "Visitas de este tipo tengo muchísimas por el cargo que ostento", ha apostillado.

Suspensión de la declaración de Mandado, Cañellas y Nadal

Mientras tanto, el juez ha acordado la suspensión de las declaraciones previstas este martes del ex presidente de la Casa Argentina de Baleares, Jorge Mandado, y de la ex secretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, así como la del propio Nadal y del ex director insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, que estaban fijadas para el día 27, debido a la falta de un informe policial que debía ser aportado a la causa.

elmundo.es

LA AUDIENCIA DE HUELVA REABRE EL "CASO IBERCONS" POR LAS AMENAZAS AL CONSTRUCTOR

HUELVA  | El secretario del PSOE de Punta Umbría, Juan Pomares, imputado

    * Le pidió el 'favor político' de renunciar a un concurso en favor de otra empresa
    * 'Si quieres seguir trabajando en Punta Umbría, tú lo piensas', le dijo

Andrés Marín Cejudo | Huelva

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, miembro de la ejecutiva provincial y asesor del Ayuntamiento, Juan Pomares, tendrá que responder ante la Justicia por las amenazas que vertió sobre el director técnico de la constructora Ibercons, Juan Carlos Trigueros, para que se retirase de un concurso a favor de otra empresa si no quería dejar de trabajar con el Consistorio.

La Audiencia Provincial de Huelva ha reabierto parcialmente el denominado 'caso Ibercons', archivado por la Justicia en marzo de 2010 y por el que estuvieron imputados el acalde de Punta Umbría, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado; el secretario general del PSOE en la localidad, Juan Pomares; el concejal de Urbanismo, Juan Iglesias; y el técnico municipal José Antonio Gómez, tras una querella interpuesta por la constructora Ibercons, quien denunció que Iglesias le pidió que "como favor político se retirase" de la licitación de unas obras en la plaza de la Sal del núcleo costero de El Portil en favor de otra empresa.

El 28 de noviembre de 2008 el director técnico de Ibercons, Juan Carlos Trigueros, mantuvo una reunión en el despacho del concejal de Urbanismo con las personas antes mencionadas excepto el alcalde. En la conversación, grabada por el propio Trigueros desde su teléfono móvil, el responsable de la constructora fue amenazado por Juan Pomares con no volver a trabajar para el Ayuntamiento costero en caso de negarse a renunciar a las obras a favor de Punta Enebro, que finalmente se hizo con la adjudicación a pesar de haber presentado una oferta menos ventajosa que la realizada por Ibercons.

"Es un favor que te pedimos políticamente, tú has trabajado mucho en este ayuntamiento y, si quieres seguir trabajando, pues tú lo piensas y lo ves", le llegó a decir Pomares. Precisamente es esta amenaza la que ha motivado a la sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva la reapertura parcial del caso.

En un auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, la Audiencia confirma el archivo de la querella por los delitos de alteración del precio de las subastas y concursos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación, pero entiende que "las expresiones que el señor Juan Pomares dirige al señor Trigueros pueden calificarse como constitutivas de una falta de amenazas tipificada en el artículo 620 del Código Penal".

Artículo 620 del Código Penal
Por ello, el auto revoca la resolución recurrida y declara los hechos denunciados como presuntamente constitutivos de la referida falta contra el secretario general del PSOE de Punta Umbría, por lo que la Audiencia ordena la convocatoria del correspondiente juicio.

Juan Pomares, además de secretario general del PSOE de Punta Umbría, es secretario de Pesca de la ejecutiva provincial del partido, asesor del Ayuntamiento de la localidad y hombre de confianza en el municipio del secretario primero de la Mesa del Congreso, Javier Barrero, con quien compartió tareas de gobierno en el consistorio puntaumbrieño.

El Ayuntamiento de Punta Umbría, a pesar de reconocer que la oferta de Ibercons, constructora con sede en la capital, era más ventajosa que la hecha por la constructora local Punta Enebro en al menos 2.700 euros, pidió a Trigueros que abandonara el concurso. Finalmente la junta de gobierno local acabó adjudicando las obras a esta última empresa a partir de un supuesto escrito de renuncia que Ibercons nunca ha asumido como propio.

Este escrito fue el que motivó la querella por prevaricación, alteración del precio de las subastas y concursos públicos, falsedad documental y fraude en la contratación. Tanto el Juzgado de Instrucción Número 4 de Huelva como ahora la Audiencia Provincial de Huelva descartaron estos delitos por el hecho de que no puede demostrarse la falsedad del documento ni que éste no fuera presentado por Ibercons.

"No consta ni que los querellados -o alguno de ellos- hubieran confeccionado el escrito de renuncia, ni que, de haber sido falsificado, tuvieran conocimiento de la misma y hubieran actuado en base a dicho conocimiento", concluye el auto de la Audiencia Provincial.

En la conversación grabada por Trigueros, el concejal de Urbanismo asegura que el de la renuncia al concurso es un tema "meramente político" y argumenta que "la gente se echa encima" para que el Ayuntamiento adjudique la obra a la empresa local. "No te puedes imaginar aquí la que me han dado", llega a decir Juan Iglesias.

Durante la reunión, Juan Pomares deja claro al responsable de Ibercons que el alcalde está detrás de la operación para lograr que esta constructora "deje el campo libre" para "dar vida a la empresa de Punta". "Es un compromiso adquirido por alcalde; el alcalde tiene conocimiento de esta reunión, te lo digo para que lo sepas, y que me ha dicho que te diga que si podemos pasar de largo esta obra y que ya vendrán más...", asegura el asesor municipal, después de asumir sin demasiados escrúpulos que "esta obra teníamos idea de que no fuera para ti".

elmundo.es