"OPERACIÓN VOLTOR"; LA JUEZA LLAMA A DECLARAR A LA ESTETICISTA DE MUNAR

El 17 de febrero

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La juez Carmen Abrines ha acordado abrir una nueva pieza separada en el sumario de la denominada 'Operación Voltor' en la que se investigue el pago por parte de la Conselleria de Turismo de Unió Mallorquina (UM) a la esteticista Marisol Carrasco, mientras contaba entre sus clientes a la ex presidenta del Parlament Maria Antònia Munar.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma ha adoptado la decisión tras remitirle el Govern el expediente administrativo sobre el pago a la empresa de esta doctora para que llevase a cabo un estudio sobre circuitos termales. No en vano ha decidido bautizar la nueva causa como caso Spa. Según Abrines, este expediente "exige una investigación precisa, sin perjuicio de la resolución definitiva que pueda adoptarse a la vista de las declaraciones de las personas que hayan participado o se hayan podido beneficiar en la referida contratación". Por ello ha emplazado a Carrasco para que declare como testigo el próximo 17 de febrero.

La esteticista de Maria Antònia Munar montó una sociedad para auditar y certificar en nombre del Govern la calidad de los spas de los hoteles de Balears, según publicó Diario de Mallorca. La doctora Marisol Carrasco logró que en 2009 UM le adjudicara desde Turismo miles de euros en contratos para un trabajo cuyos resultados se desconocen, gracias a Munar.

En el proceso se evitó la convocatoria de concurso público con publicidad y la propia Munar medió varias veces ante el entonces conseller de su partido, Francesc Buils, para que el actual Govern subvencionara la actividad propuesta por su médica estética.

elmundo.es

LA GUARDIA CIVIL REGISTRA EL AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE POR SORPRESA

HUELVA | Busca documentación urbanística sobre Isla Canela

    * Los agentes han pasado más de seis horas registrando el Consistorio
    * Los guardias civiles han requisado numerosa documentación
    * Fuentes del Consistorio, gobernado por el PSOE, dicen estar "muy tranquilos"
    * El Ayuntamiento dice que el cambio de uso es legal

Andrés Marín Cejudo | Huelva

Agentes de la Guardia Civil han registrado durante toda la mañana de este martes el Ayuntamiento onubense de Ayamonte, gobernado por el PSOE, de cuyas dependencias se han llevado una gran cantidad de documentación.

Según ha podido saber ELMUNDO.es de Andalucía, la operación está relacionada con la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad sobre presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el Consistorio en unos apartamentos turísticos del núcleo costero de Isla Canela, uno de los de mayor expansión de la provincia.

Las pesquisas policiales podrían estar centradas en la construcción de unos 80 apartamentos de la urbanización Las Marismas de Isla Canela, ya que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sospecha de que se han podido cometer irregularidades en el cambio de uso de apartamentos turísticos a residenciales, según las fuentes consultadas.

Con todo, fuentes municipales aseguran encontrarse "muy tranquilas" por los hechos investigados, ya que, según han explicado, "en todo momento se cumplió con lo que ordenan los planes urbanísticos para hacer el cambio de uso de esos apartamentos", una modificación que conllevó que se perdiera "un 25 por ciento de edificabilidad".

La actuación de la Guardia Civil comenzó en torno a las 10 de la mañana y se prolongó por espacio de seis horas, cuando a las 16.30 los agentes han abandonado las dependencias policiales con toda la documentación requerida, que fue introducida en una furgoneta de grandes dimensiones, según testigos presenciales.

El Ayuntamiento dice que es algo 'cíclico' ante las elecciones
Por su parte, el primer teniente de alcalde y portavoz del partido socialista en Ayamonte, José María Fernández López, ha asegurado que el Consistorio se ha puesto a disposición del juzgado y ha hecho hincapié en que "sólo han requisado documentación, pero ningún ordenador", así como ha insistido en que "no hay dramatismo porque está todo aclarado".

Según ha explicado el primer teniente de alcalde, "hace cuatro años volvió a pasar lo mismo, justo antes de las elecciones", por lo que se puede tratar de "algo cíclico".

Durante la intervención, estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), así como varios concejales del equipo de gobierno y diversos técnicos municipales, así como el secretario del juzgado que abrió diligencias previas por estas presuntas irregularidades urbanísticas.

De momento, la Guardia Civil no ha detenido a ninguna persona relacionada con la investigación ni el juzgado que lleva el caso ha imputado a nadie, ya que todavía se encuentra en diligencias previas.

Actualmente, el Ayuntamiento de Ayamonte está gobernado en minoría por el PSOE, después de que el Partido Andalucista rompiera el 17 de junio de 2009 el pacto de gobierno que mantenía con los socialistas, y la oposición la completan, en mayoría, además del PA, Izquierda Unida y el Partido Popular.

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"CASO MERCASEVILLA"; MELLET NIEGA SU RESPONSABILIDAD EN COLAR "INTRUSOS" EN EL ERE DE MERCASEVILLA

El ex gerente desmiente su participación

María Rionegro | Sevilla

El ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, ha negado de "forma rotunda" estar implicado en inclusión de 'intrusos' en el expediente de regulación de empleo (ERE) del mercado de mayoristas subvencionado de forma fraudulenta a través de un 'fondo de reptiles' de la Junta de Andalucía que se utilizó de manera ilegal, según la Policía Judicial.

Mellet, que en una nota de prensa a los medios de comunicación ha proclamado su "inocencia" y ha pedido "respeto", ha dicho "desconocer" cómo el nombre de Antonio Garrido Santoyo, un dirigente del PSOE de Baeza, apareció en la lista de prejubilados de Mercasevilla a pesar de que nunca trabajó en la lonja sevillana. Además, ha manifestado su deseo de que la investigación policial y judicial "llegue hasta las últimas consecuencias".

Un directivo de Vitalia Vida, aseguradora del ERE, aseguró a los investigadores del caso que Mellet les indicó expresamente que Santoyo debía aparecer en el listado de prejubilados porque era un "compromiso ineludible de Mercasevilla con él".

Además, el exdirector del mercado central facilitó las cantidades a abonar, los datos personas y el número de cuenta, según la declaración de este directivo. El exdirector de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, también autorizó la inclusión de este intruso, según recoge el atestado policial.

Fernando Mellet advierte además de que sus abogados están estudiando interponer acciones judiciales contra la personas o personas que "atenten contra su honor o le imputen acciones delictivas quedando reservadas a la espera de la conclusión objetiva de la investigación que se realiza".

Por último, ha afirmado que el lunes prestó declaración ante la policía "de forma voluntaria" y desmiente "cualquier tipo de actuación realizada en la madrugada o de forma involuntaria". Mellet está acusado por la policía de estafa en este caso.

Seis detenidos más

Entre las personas arrestadas en esta última tanda, figuran además de Fernando Mellet dos personas identificadas como María de las Nieves Ruiz y Josefa Martínez Elvira, según Europa Press.

Previamente, la Policía Judicial ya había arrestado y puesto en libertad con cargos a Garrido Santoyo, al comercial de Vitalia Vida Francisco José González García, a su socio en la consultora Hermes Consulting Francisco Limón Romero, y el ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, que supuestamente habría sido prejubilado de forma fraudulenta en la empresa textil Hitemasa.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUNTA DETECTA 37 NUEVOS "FALSOS PREJUBILADOS" EN 30 ERE

Aparecen en 30 de los 45 expedientes vivos

Sevilla

La Junta de Andalucía ha descubierto 37 nuevos casos de 'falsos prejubilados' en diferentes expedientes de regulación de empleo que va a presentar ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que viene investigando el 'caso Mercasevilla'.

La Junta remitirá hoy martes a la juez instructora las conclusiones parciales detectadas en 30 de los 45 expedientes de extinción de empleo que se encuentran en estos momentos "vivos", según ha explicado la consejera de Presidencia, Mar Moreno.

La consejera Moreno achaca todos los casos al periodo de tiempo en que Javier Guerrero ha estado al frente de la Dirección General de Empleo encargado de firmar los expedientes. Se trata del alto cargo que habló del "fondo de reptiles" para referirse al dinero público reservado a estos casos.

Moreno no ha querido desvelar si en la lista de presuntos perceptores irregulares de los fondos de prejubilación se encuentran ex altos cargos de la Administración.

La número dos del Gobierno andaluz también ha anunciado la comparecencia del consejero de Empleo, Manuel Recio, en el Parlamento para dar las explicaciones oportunas. El consejero Recio ha negado la existencia de fondos ilegales en su departamento.

La Junta insiste en defender el modelo de ayudas sociales a empresas y trabajadores más allá de las discrepancias sobre el procedimiento empleado para transferir los fondos que manejaba la Junta de Andalucía. La Intervención General había objetado que se tratara de transferencias de financiación.

Hay 6.096 trabajadores incursos en expedientes de regulación de empleo extintivos con un gasto de 132 millones de euros. Un 90% de este dinero habría ido a prejubilaciones y un 10% habría ido a empresas.

AdemásEl PSOE se niega a investigar pero promete transparencia

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"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN PIDE JUZGAR A CAMPS POR LOS TRAJES Y LA FINANCIACIÓN DEL PP

La decisión sobre el futuro del presidente valenciano se retrasa varias semanas

JULIO M. LÁZARO - Madrid

La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este debería incluir, además del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contratación irregular con Orange Market y la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. Así, Camps sería juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino también por los posibles delitos acumulados tras casi dos años de investigación.

El delito imputable al líder popular sería más grave si las causas se juntan

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se habían practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasará varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.

Flors ya encontró hace más de un año indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red Gürtel, pero este recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y apreció que los indicios apuntaban a que Camps recibió trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.

Anticorrupción entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deberían resolverse dos cuestiones pendientes.

La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Estos están imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendrían que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupción, lo que aparentemente carece de sentido. Según fuentes de Anticorrupción, el tribunal valenciano debería pronunciarse sobre la imputación de los cabecillas antes de que la fiscalía formule su escrito de acusación.

También defiende la fiscalía que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contratación e incluso con la financiación irregular del PP. Hace más de un año que la investigación acreditó con numerosos documentos intervenidos y con múltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financió ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a través de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red Gürtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recibía múltiples contratos de la comunidad autónoma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.

El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibió en favor de Valencia respecto de la contratación irregular y la financiación, pero el tribunal valenciano aún no ha decidido si acepta la inhibición de Pedreira. Anticorrupción entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se vería de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contratación irregular y la presunta financiación ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.

Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empezó a recibir trajes cuando Orange Market comenzó a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se vería que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho más propio", es decir, más grave desde el punto de vista penal, según las fuentes de Anticorrupción consultadas.

El Tribunal Superior de Valencia lleva más de un año sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el único tribunal competente para investigar los hechos.

Más información:   
    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Organismo: Fiscalía Anticorrupción
    * Tema: Caso Gürtel
    * Documentación, testimonios y conversaciones para abrir juicio
    * Rajoy elude confirmar a Camps como candidato hasta saber si irá a juicio

elpaís.com

"CASO VOLTOR"; LA AHIJADA DE MUNAR DICE QUE UNA EMPRESA AMENAZÓ CON DENUNCIAR AL INESTUR

Si no ganaban un concurso

* Luisa Tortella asegura que Cubic era la empresa mejor valorada
* El concurso lo ganó de forma presutamente fraudulenta Jacinto Farrús

Europa Press | Palma

Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas de Baleares (CITTIB) y ahijada política de la ex presidenta del Parlament y del Consell, Maria Antònia Munar, ha asegurado ante la jueza instructora del caso Voltor que la mercantil Cubic, que en un principio era la mejor valorada para ganar un concurso que finalmente se llevó de forma presuntamente fraudulenta el empresario Jacinto Farrús, amenazó con acudir a Policía si el Inestur no le adjudicaba la convocatoria.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de imputada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, en la que ha negado haber sido quien modificó un informe en el que un viernes figuraba como mejor valorada Cubic y que al lunes siguiente, de acuerdo a las investigaciones, ya daba por ganadora a la UTE formada por Torun Consulting y THR Asesores -vinculada a Farrús-. De hecho, ha rechazado tener relación alguna con las sociedades del empresario como tampoco "ningún interés en cuál debía ganar".

Y es que, según las pesquisas, tanto la empresa Cubic Asesoramiento Empresarial como Seico 9 SL eran las dos sociedades que mejor valoración tenían, a pesar de que en el último momento -al cambiarse de un viernes a un lunes- la UTE pasó de estar en un quinto lugar al primero, hecho que fue denunciado ante Fiscalía por los administradores de las mercantiles perjudicadas al entender que la adjudicación se había llevado a cabo de forma irregular y que podía haber un trato de favor hacia la ganadora.

Tal y como ha aseverado la encausada, desde el Inestur dieron "más importancia" al plan de marketing que presentó esta UTE dentro del concurso de 'benchmarking' -turismo de congresos y reuniones-, cuyo importe ascendía a un total de 343.360 euros (417.600 euros con IVA) y al que se presentaron un total de 13 licitantes, y su proyecto "era el que mejor casaba con el plan de la Comunidad Autónoma". "Es importante la capacidad para ejecutar el plan y hace falta mucha experiencia para llevar el proyecto al final", ha incidido en este sentido.

En cualquier caso, Tortella se ha desvinculado de la variación del informe y en este sentido ha explicado que fue una mañana de viernes en que no trabajaba cuando dos técnicas del Inestur, Victoria Botín y Catalina Mas, le dijeron que habían finalizado su valoración y su informe de adjudicación provisional, que daba como ganadora a Cubic, y que entregaron a asesoría jurídica. Este departamento, según ha explicado, lo guardó durante el fin de semana hasta que el lunes pudiese ser firmado por el gerente de la entidad pública, Antoni Oliver. "No comuniqué a nadie durante el fin de semana quién había ganado y me enteré 'a posteriori' de que se había cambiado el informe", ha aseverado.

Cuando llevó el documento a Oliver, éste "se reunió con las técnicas y posteriormente el informe previo se cambió. No volví a verlo y no es cierto que yo lo devolviese a asesoría jurídica", ha apostillado la inculpada, quien ha negado asimismo que cuando habló con el gerente mostrase "desagrado por la adjudicación provisional ni disconformidad". Tal y como ha señalado, habló después con las técnicas, a las que Oliver instó a que revisaran otra vez los proyectos, "dándole la debida importancia al senderismo". "La Conselleria de Turismo estaba apostando muy fuerte por el producto turístico del senderismo y por eso no me extrañó", ha incidido.

El proyecto era precioso pero se dudaba de su viabilidad
Es más, ha manifestado que ambas técnicas le dijeron que el proyecto de Cubic "era precioso pero que dudaban de su viabilidad". Finalmente, ha señalado que en una reunión que mantuvo con representantes de Cubic "fue muy desagradable porque estaban muy enfadados, ya que era la empresa mejor y eran los que tenían que ganar, aunque ignoro si sabían que en el primer informe se les había adjudicado provisionalmente".

Cabe recordar que las investigaciones en torno a esta adjudicación se iniciaron con la denuncia que interpuso la administradora única de la mercantil Cubic, Margarita Munar, en la que ponía de manifiesto que el concurso fue "manipulado" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting, vinculadas a Farrús.

Mientras tanto, también ha sido interrogada en calidad de testigo Lidia Gómez, quien ha sido interrogada por una factura de 600 euros por unas lonas que fueron facturadas a Marxant, empresa en la que trabajaba como administrativa y también vinculada a Farrús. La testigo, que se encargaba de la contabilidad y del seguimiento de cobros y pagos, ha manifestado que en ningún momento esta factura que se encuentra bajo investigación judicial fue escondida "ni se intentó hacer desaparecer". "No se estaba haciendo nada malo", ha recalcado.

Las investigaciones sitúan a Farrús, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Gobierno balear, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el amplio sumario del caso.

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"CASO PALMA ARENA"; LA AUDIENCIA AVALA INVESTIGAR LAS SUBVENCIONES DEL GOVERN A LOS MEDIOS ENTRE 2002 Y 2008

* Estima parcialmente el recurso presentado por el periodista Antonio Alemany

Europa Press | Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma avala que se investiguen, en el marco del caso Palma Arena, los concursos de subvención a medios de comunicación convocados por los distintos gobiernos autonómicos entre 2002 y 2008, a pesar de que el juez instructor de la causa, José Castro, rechazó en primera instancia llevar a cabo esta diligencia, solicitada por el periodista Antonio Alemany, quien se encuentra imputado en una de las piezas separadas del caso.

En su auto el tribunal estima parcialmente el recurso de apelación que interpuso Alemany contra el auto de Castro, que consideraba que la pretensión del encausado es "obviamente dilapidadora y entorpecedora", además de "absolutamente impertinente". Sin embargo, la sala considera que estas pesquisas permitirían contextualizar la subvención supuestamente irregular de 270.000 euros que en 2006 percibió la Agencia Balear de Noticias (ABN) -perteneciente a Alemany- en relación a otras concesiones.

Es más, el tribunal, presidido por la magistrada Margarita Beltrán, apunta que la denegación de la prueba solicitada, que "puede ser de interés a los intereses de la defensa", podría afectar "al derecho consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución".

De este modo, la Audiencia estima que debe requerirse a la Dirección General de Comunicación del Ejecutivo autonómico que aporte la relación de convocatorias de subvenciones concedidas a los distintos medios de comunicación entre 2002 y 2008, en la que se identifique la totalidad de empresas concurrentes a cada una de las convocatorias y las que resultaron sufragadas, así como la cuantía de las distintas subvenciones.

En concreto, la defensa de Alemany consideraba necesario, a través de su recurso, comparar el proyecto presentado por ABN, que según los fiscales fue objeto de un "trato de favor" por parte del Govern, con otros licitantes de la misma convocatoria que hubieran obtenido puntuación semejante para que pueda ser "perfectamente" evaluada. Para Alemany, la negativa del juez Castro "impide determinar si la subvención fue debida al interés del propio proyecto o, por el contrario, a la existencia de un supuesto trato de favor".

Es más, el recurso asevera que la práctica de esta prueba posibilitaría tener conocimiento de las solicitudes de subvención que se han otorgado y denegado a cualquiera de las sociedades gestionadas por Alemany, al subrayar que en varias ocasiones le han sido denegadas varias solicitudes y por tanto no en todas ha resultado favorecido.

Negociaciones entre el Govern, Nimbus y Alemany
Sin embargo, el auto desestima la petición de que se aporte a la causa el libro de visitas del Consolat de Mar y de la Conselleria de Presidencia correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2003, ya que "nada puede aportar en relación a las posibles comunicaciones habidas" en referencia a la contratación de Alemany por parte del ex presidente del Govern, Jaume Matas, a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada.

De acuerdo a las pesquisas, el Govern tramitó por vía de urgencia a principios del pasado mandato un concurso público para un proyecto de asesoramiento, y la única empresa que se presentó al concurso fue Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por presuntamente mediar en una financiación irregular del PP.

Otra resolución contraria a los crieterios de Castro

Se da la circunstancia de que la Audiencia dictó recientemente la primera resolución contraria a los criterios del titular del Juzgado de Instrucción número 3 en el marco del caso Palma Arena, al cuestionar que la pista del velódromo Palma Arena se pagara dos veces, en contra también de lo que sostiene el juez Castro. Además, anulaba la fianza civil de 1,2 millones de euros que el magistrado impuso a los arquitectos Luis y Jaime García Ruíz, mediante un auto que el tribunal califica de "absolutamente inmotivado".

Además
    * Fiol confía en que el juez no dicte medidas cautelares

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