El caso contra la corrupción en Estepona lleva más de cuatro años de sigilo sumarial
F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ - Málaga
Si el caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga) fuera un barco, tendría las dimensiones de un transatlántico o un superpetrolero. La causa lleva cuatro años y tres meses en instrucción, acumula 30.000 folios divididos en 45 tomos y 30 piezas documentales y afecta a 94 imputados. Por el número de implicados, solo se ve superado por el caso Malaya (95) de Marbella, y va muy por delante de otros procesos famosos como el caso Ekin, contra los aparatos de apoyo a ETA, en cuyo juicio -el más largo de la historia judicial hasta ahora- se citó a 71 acusados.
Barrientos: "Con el secreto estamos en una indefensión total y absoluta"
Mansilla: "A este ritmo se tardarán cuatro o cinco años en llegar a juicio"
La Fiscalía lamenta que la Junta no ayude a digitalizar el material intervenido
"Esta causa no es ni parecida a Malaya; ni en el fondo ni en los medios"
Siguiendo con la socorrida metáfora marítima, el caso Astapa parece aún bastante lejos de tocar puerto, e incluso se podría decir que sufre alguna vía de agua preocupante. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción calculan que por la "complejidad" de la investigación y el "ingente volumen de documentación intervenida" la instrucción todavía se demorará un año más, para desesperación de los imputados y de sus defensas. Estos se quejan de la duración extremadamente larga del secreto del sumario, que han ido prorrogando mes a mes los tres jueces que se han sucedido en el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona desde el 29 de marzo de 2007, Isabel Conejo, Virtudes Molina y Jesús Torres.
El más conocido de los imputados es Antonio Barrientos, alcalde socialista de Estepona hasta el 17 de junio de 2008. Ese día, decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía tomaron las dependencias municipales y detuvieron al regidor y a otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios con intereses diversos -aunque predominaban los urbanísticos- en la ciudad. Se iniciaba la operación Astapa, que acaparó portadas de periódicos y abrió los informativos de todas las televisiones.
Tras declarar ante la juez Conejo por espacio de "no más de un cuarto de hora", Barrientos ingresó en prisión provisional el 19 de junio. El regidor, que dimitió de su cargo, no abandonaría la prisión de Alhaurín de la Torre hasta seis meses después, el 10 de diciembre de 2008. Barrientos asegura que no ha vuelto a ser llamado por el juez instructor.
"Mi abogado [Horacio Oliva] me aconseja que no declare nada más hasta que no se levante el secreto. No sé más que cosas genéricas del caso. Es una impotencia y una indefensión total y absoluta. Llevamos tres años desde las detenciones, pero los pinchazos telefónicos arrancan en marzo de 2007. Han sido cuatro años de calvario sin poder defendernos", afirma el exregidor.
No todo el sumario permanece secreto. Con el paso de los meses, los diferentes instructores fueron levantando el sigilo sobre algunos tomos. Esto ha permitido conocer que el exalcalde fue enviado a prisión en virtud de un informe policial sobre su patrimonio y el de su familia plagado de errores, como reconoció en un auto el pasado octubre el último juez instructor de la causa, Jesús Torres. Este magistrado ordenó la elaboración de otro informe -que permanece bajo secreto- y rechazó la pretensión de Barrientos de sacar del caso a los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la policía con base en Madrid que elaboraron el primer dossier.
Este sigilo sumarial sobre la "corrupción generalizada" que, según la Fiscalía, afectó al Ayuntamiento de Estepona y a sus sociedades municipales hasta 2007 sigue dando frutos: el pasado jueves se anunció la imputación de 21 personas más. Sin embargo, su enorme duración escandaliza a los abogados: "Astapa representa un claro ejemplo del recurso abusivo al secreto: se está menoscabando de forma irreversible el derecho de defensa", se queja el letrado José Carlos Aguilera. "Estamos ante un verdadero caso de justicia secreta. A estas alturas el que haya querido manipular o eliminar una prueba ha tenido tiempo más que suficiente; nada justifica el mantenimiento del secreto a estas alturas", prosigue.
"Estamos cayendo en los mismos errores del caso Malaya, la instrucción está siendo demasiado larga. Creo que se debería hacer cuantas piezas separadas se pueda porque de lo contrario el juicio se va a eternizar y eso no hay bolsillo que lo resista", sostiene el también letrado Jorge Mansilla. Este abogado calcula que, a este ritmo, "se tardarán cuatro o cinco años en llegar a juicio, y habrá muchos delitos, como los fiscales, que van a prescribir.
Además de a la enorme complejidad de la causa, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción achacan la lentitud a un factor externo: la escasez de medios que sufre el Juzgado de Instrucción 2 de Estepona y la policía judicial. En el Ministerio Público están "decepcionados" porque la Junta de Andalucía "ni siquiera ha contestado a sucesivas peticiones" para digitalizar el material intervenido en los registros. "Esto nos está obligando a procesar la información de manera artesanal y mucho más lenta", lamentan.
Además, la Agencia Tributaria se ha negado por escrito a proporcionar más ayuda para la investigación por su propia falta de medios. En este caso, la Fiscalía es más indulgente: "El delito fiscal no es objeto primario de la investigación y es cierto que han rebasado el compromiso de colaboración que le atribuyen las leyes y los convenios".
Pese a todo, los acusadores públicos destacan la "encomiable" labor de los técnicos de la Agencia Tributaria -"su ayuda en materia de investigación patrimonial ha sido excepcional"- y de la Junta, especialmente en la inspección urbanística. En el caso Astapa trabajan dos grupos policiales de Madrid, con unas 15 personas. "Esta causa no es ni parecida al caso Malaya, ni en el fondo del asunto ni en los medios. Esta es una investigación más ardua, más lenta y menos espectacular", afirman en la Fiscalía.
Los fiscales confían en que el secreto de Astapa se levante pronto completamente. "No puede durar mucho más, ya ha durado demasiado, aunque esté justificado."
Barrientos: "Con el secreto estamos en una indefensión total y absoluta"
Mansilla: "A este ritmo se tardarán cuatro o cinco años en llegar a juicio"
La Fiscalía lamenta que la Junta no ayude a digitalizar el material intervenido
"Esta causa no es ni parecida a Malaya; ni en el fondo ni en los medios"
Siguiendo con la socorrida metáfora marítima, el caso Astapa parece aún bastante lejos de tocar puerto, e incluso se podría decir que sufre alguna vía de agua preocupante. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción calculan que por la "complejidad" de la investigación y el "ingente volumen de documentación intervenida" la instrucción todavía se demorará un año más, para desesperación de los imputados y de sus defensas. Estos se quejan de la duración extremadamente larga del secreto del sumario, que han ido prorrogando mes a mes los tres jueces que se han sucedido en el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona desde el 29 de marzo de 2007, Isabel Conejo, Virtudes Molina y Jesús Torres.
El más conocido de los imputados es Antonio Barrientos, alcalde socialista de Estepona hasta el 17 de junio de 2008. Ese día, decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía tomaron las dependencias municipales y detuvieron al regidor y a otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios con intereses diversos -aunque predominaban los urbanísticos- en la ciudad. Se iniciaba la operación Astapa, que acaparó portadas de periódicos y abrió los informativos de todas las televisiones.
Tras declarar ante la juez Conejo por espacio de "no más de un cuarto de hora", Barrientos ingresó en prisión provisional el 19 de junio. El regidor, que dimitió de su cargo, no abandonaría la prisión de Alhaurín de la Torre hasta seis meses después, el 10 de diciembre de 2008. Barrientos asegura que no ha vuelto a ser llamado por el juez instructor.
"Mi abogado [Horacio Oliva] me aconseja que no declare nada más hasta que no se levante el secreto. No sé más que cosas genéricas del caso. Es una impotencia y una indefensión total y absoluta. Llevamos tres años desde las detenciones, pero los pinchazos telefónicos arrancan en marzo de 2007. Han sido cuatro años de calvario sin poder defendernos", afirma el exregidor.
No todo el sumario permanece secreto. Con el paso de los meses, los diferentes instructores fueron levantando el sigilo sobre algunos tomos. Esto ha permitido conocer que el exalcalde fue enviado a prisión en virtud de un informe policial sobre su patrimonio y el de su familia plagado de errores, como reconoció en un auto el pasado octubre el último juez instructor de la causa, Jesús Torres. Este magistrado ordenó la elaboración de otro informe -que permanece bajo secreto- y rechazó la pretensión de Barrientos de sacar del caso a los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la policía con base en Madrid que elaboraron el primer dossier.
Este sigilo sumarial sobre la "corrupción generalizada" que, según la Fiscalía, afectó al Ayuntamiento de Estepona y a sus sociedades municipales hasta 2007 sigue dando frutos: el pasado jueves se anunció la imputación de 21 personas más. Sin embargo, su enorme duración escandaliza a los abogados: "Astapa representa un claro ejemplo del recurso abusivo al secreto: se está menoscabando de forma irreversible el derecho de defensa", se queja el letrado José Carlos Aguilera. "Estamos ante un verdadero caso de justicia secreta. A estas alturas el que haya querido manipular o eliminar una prueba ha tenido tiempo más que suficiente; nada justifica el mantenimiento del secreto a estas alturas", prosigue.
"Estamos cayendo en los mismos errores del caso Malaya, la instrucción está siendo demasiado larga. Creo que se debería hacer cuantas piezas separadas se pueda porque de lo contrario el juicio se va a eternizar y eso no hay bolsillo que lo resista", sostiene el también letrado Jorge Mansilla. Este abogado calcula que, a este ritmo, "se tardarán cuatro o cinco años en llegar a juicio, y habrá muchos delitos, como los fiscales, que van a prescribir.
Además de a la enorme complejidad de la causa, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción achacan la lentitud a un factor externo: la escasez de medios que sufre el Juzgado de Instrucción 2 de Estepona y la policía judicial. En el Ministerio Público están "decepcionados" porque la Junta de Andalucía "ni siquiera ha contestado a sucesivas peticiones" para digitalizar el material intervenido en los registros. "Esto nos está obligando a procesar la información de manera artesanal y mucho más lenta", lamentan.
Además, la Agencia Tributaria se ha negado por escrito a proporcionar más ayuda para la investigación por su propia falta de medios. En este caso, la Fiscalía es más indulgente: "El delito fiscal no es objeto primario de la investigación y es cierto que han rebasado el compromiso de colaboración que le atribuyen las leyes y los convenios".
Pese a todo, los acusadores públicos destacan la "encomiable" labor de los técnicos de la Agencia Tributaria -"su ayuda en materia de investigación patrimonial ha sido excepcional"- y de la Junta, especialmente en la inspección urbanística. En el caso Astapa trabajan dos grupos policiales de Madrid, con unas 15 personas. "Esta causa no es ni parecida al caso Malaya, ni en el fondo del asunto ni en los medios. Esta es una investigación más ardua, más lenta y menos espectacular", afirman en la Fiscalía.
Los fiscales confían en que el secreto de Astapa se levante pronto completamente. "No puede durar mucho más, ya ha durado demasiado, aunque esté justificado."
Las claves del caso
- El caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga) saltó a la luz el 17 de junio de 2007, aunque llevaba investigándose desde noviembre del año anterior. Los entonces concejales del equipo de gobierno, David Valadez y Cristina Rodríguez, acudieron a la policía a denunciar una serie de prácticas corruptas en el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Antonio Barrientos.
- Los ediles contaron en una comisaría de Madrid que desde junio de 2003, cuando fueron nombrados concejales, algunos cargos municipales cobraban a cambio de resoluciones favorables y que se habían realizado tasaciones a la baja en la valoración de los convenios urbanísticos. En el centro de la trama, los concejales situaron a José Flores, entonces jefe de gabinete de la alcaldía.
- Según la declaración de los ediles, Flores "conseguía financiación mediante donaciones de empresarios con intereses en Estepona para las delegaciones del Ayuntamiento en manos de los socialistas". Los concejales aportaron un dossier con 18 folios en los que exponían que el Ayuntamiento contaba con "tres cajas de contabilidad (A, B y C)". La primera contenía el dinero fiscalizado y se usaba para los fines previstos por la ley. La segunda se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la tercera, se ingresaba el dinero destinado a cuentas particulares de los corruptos.
- También se aportaron documentos con valoraciones de convenios urbanísticos tasados por el técnico municipal Javier Wittmeur, que había concurrido a las elecciones de 2003 en las filas de la formación posgilista Partido Estepona (PES). Según los denunciantes, Wittmeur tasaba los terrenos de los convenios a la baja, de forma que los promotores obtenían mayor beneficio en detrimento de las arcas municipales.
- En la denuncia se mencionaba también a José Ignacio Crespo, líder del PES, a quien el Tribunal de Cuentas responsabiliza de la falta de justificación de importantes cantidades de dinero municipal entre 1995 y 1999, cuando fue teniente de alcalde con el Grupo Independiente Liberal.
- Valadez y Rodríguez apuntaron a la figura de Pedro López, gerente de Urbanismo con el PES, como una de las personas a las que las promotoras abonaban las comisiones. También se mencionaban adjudicaciones irregulares de obras, servicios, licencias municipales de todo tipo bajo pago y favores municipales a amigos y parientes. A familiares de López se les han intervenido 10 millones de euros en cuentas corrientes en el principado de Andorra.
- Francisco Zamorano, exconcejal expulsado del PSOE, recibió entre 2005 y 2006 un total de 794.000 euros de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad, según la investigación. El dinero se ingresó en las cuentas de una sociedad a nombre de la esposa del edil.
- El caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga) saltó a la luz el 17 de junio de 2007, aunque llevaba investigándose desde noviembre del año anterior. Los entonces concejales del equipo de gobierno, David Valadez y Cristina Rodríguez, acudieron a la policía a denunciar una serie de prácticas corruptas en el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Antonio Barrientos.
- Los ediles contaron en una comisaría de Madrid que desde junio de 2003, cuando fueron nombrados concejales, algunos cargos municipales cobraban a cambio de resoluciones favorables y que se habían realizado tasaciones a la baja en la valoración de los convenios urbanísticos. En el centro de la trama, los concejales situaron a José Flores, entonces jefe de gabinete de la alcaldía.
- Según la declaración de los ediles, Flores "conseguía financiación mediante donaciones de empresarios con intereses en Estepona para las delegaciones del Ayuntamiento en manos de los socialistas". Los concejales aportaron un dossier con 18 folios en los que exponían que el Ayuntamiento contaba con "tres cajas de contabilidad (A, B y C)". La primera contenía el dinero fiscalizado y se usaba para los fines previstos por la ley. La segunda se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la tercera, se ingresaba el dinero destinado a cuentas particulares de los corruptos.
- También se aportaron documentos con valoraciones de convenios urbanísticos tasados por el técnico municipal Javier Wittmeur, que había concurrido a las elecciones de 2003 en las filas de la formación posgilista Partido Estepona (PES). Según los denunciantes, Wittmeur tasaba los terrenos de los convenios a la baja, de forma que los promotores obtenían mayor beneficio en detrimento de las arcas municipales.
- En la denuncia se mencionaba también a José Ignacio Crespo, líder del PES, a quien el Tribunal de Cuentas responsabiliza de la falta de justificación de importantes cantidades de dinero municipal entre 1995 y 1999, cuando fue teniente de alcalde con el Grupo Independiente Liberal.
- Valadez y Rodríguez apuntaron a la figura de Pedro López, gerente de Urbanismo con el PES, como una de las personas a las que las promotoras abonaban las comisiones. También se mencionaban adjudicaciones irregulares de obras, servicios, licencias municipales de todo tipo bajo pago y favores municipales a amigos y parientes. A familiares de López se les han intervenido 10 millones de euros en cuentas corrientes en el principado de Andorra.
- Francisco Zamorano, exconcejal expulsado del PSOE, recibió entre 2005 y 2006 un total de 794.000 euros de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad, según la investigación. El dinero se ingresó en las cuentas de una sociedad a nombre de la esposa del edil.
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