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lunes, 4 de junio de 2012

EL EXALCALDE DE CÓMPETA SERÁ JUZGADO POR OTRO DELITO CONTRA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TRIBUNALES | Dio licencias en suelo no urbanizable
Se enfrenta a dos años de prisión e inhabilitación durante diez años
También están acusados cuatro ediles y la secretaria municipal

Efe | Málaga

El ex alcalde de Cómpeta (Málaga) Leovigildo López Cerezo (PP) se sentará de nuevo en el banquillo y será juzgado la próxima semana por un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de diversas licencias de obras en terreno no urbanizable, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) constituyentes de fraude.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, López Cerezo se enfrenta a dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años, en una vista en la que serán juzgados además cuatro concejales, un arquitecto técnico municipal y la secretaria del ayuntamiento, entre otros.

Las conclusiones del fiscal han señalado que el ex alcalde, condenado en sendas sentencias del 2008 por otro delito contra la ordenación del territorio y por uno de prevaricación y que está inhabilitado para el cargo público por otra sentencia de 2011, ideó junto con los concejales y el arquitecto la concesión de licencias de obra en suelo no urbanizable "a sabiendas que no podían ser aprobadas".

Al parecer, los acusados habrían utilizado los denominados Proyectos de Actuación, previstos en la LOUA, como medio para conseguir que se siguiera construyendo en aquellos casos en que según la Ley "ya no era posible hacerlo".

De este modo, según añade el escrito, se informaba a aquellos que solicitan licencia de obras del "camino a seguir" para que, en aparente cumplimiento de la LOUA, consiguieran una finalidad distinta de la prevista.

Con objeto de darle "cierta cobertura jurídica" y ante las reticencias de la secretaria del ayuntamiento, también acusada, se contrató un asesor jurídico externo, que habría formulado informes en los que señalaba que "no existía inconveniente legal para la aprobación" de las licencias.

"En ejecución de este plan preconcebido", indica la Fiscalía, fueron otorgadas hasta ocho licencias, entre las que destacan las concedidas a dos de los acusados, que "puestos previamente de acuerdo" utilizaban dicho método para conseguir las autorizaciones pertinentes.

En estos procedimientos, el fiscal considera que se utilizaron los informes del arquitecto y del asesor jurídico, en los que "utilizando un modelo tipo" en el que de forma genérica y sin referirse a la parcela objeto de la actuación establecía "está justificado el destino de la finca con el fin agrícola".

Así, hasta ocho construcciones, en su mayoría viviendas unifamiliares, fueron autorizadas entre el 2003 y el 2006 en varios parajes de la localidad, obras que según la Fiscalía deben ser decretadas como nulas y demolidas en cuatro de los casos.

La Audiencia Provincial de Málaga acogerá la apertura del juicio oral, previsto para el próximo 8 de junio en el Juzgado de lo Penal número 4.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

INHABILITAN DURANTE SIETE AÑOS AL EXALCALDE DE CÓMPETA POR UN DELITO URBANÍSTICO

Leovigildo López, del PP
Efe | Málaga

El exalcalde de Cómpeta, Leovigildo López (PP), ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante siete años por un delito contra la ordenación del territorio al conceder una licencia no adecuada a derecho.

El exregidor también ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga a doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

En el fallo también se condena a la misma inhabilitación y multa a dos concejales y al arquitecto municipal debido, éste último, a que informó favorablemente tanto la concesión de la licencia como la aprobación del proyecto de actuación.

El juzgado considera probado que el alcalde pese a conocer un informe de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "categórico y claro" sobre la no adecuación de la licencia procedió a otorgarla.

Los hechos se remontan a noviembre de 2004 cuando una mujer solicitó al Ayuntamiento de Cómpeta la aprobación del proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar en una zona conocida como "Pago de El Cerro", en una zona no urbanizable.

En marzo de 2005 la Junta de Andalucía formuló informe desfavorable al proyecto de actuación para la construcción de la vivienda al no ajustarse a lo establecido en la ley.

Además, entre otras irregularidades, la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio no consideraba la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos de la finca.

No obstante, y a pesar de lo anterior, E.A.Y., actuando como asesor técnico municipal, emitió un informe favorable "realizando una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística, ignorando de manera voluntaria, las causas en virtud de la cuales se emitió el informe negativo de la Junta de Andalucía".

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2005, la comisión de gobierno de la corporación municipal otorgó la licencia pese a conocer "el informe categórico, claro y evidente de la Junta de Andalucía".


elmundo.es

sábado, 7 de marzo de 2009

LA JUSTICIA INVESTIGA EL URBANISMO DE 18 DE LOS 29 ALCALDES DE LA AXARQUÍA

La mayoría de los casos es por dar licencia de construcción en suelo rústico

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

El descontrol urbanístico de La Axarquía sobrecarga el trabajo de los juzgados de la provincia de Málaga. La desmesurada construcción de viviendas en suelos rústicos no urbanizables en la comarca y las numerosas denuncias al respecto formuladas en los últimos años han deparado la apertura ya de un buen cúmulo de procedimientos judiciales.

* El ex alcalde encarcelado trató de cambiar las normas urbanísticas con informes anómalos

El único alcalde condenado por prevaricación urbanística es del PP

Las investigaciones abiertas por la Fiscalía o por los distintos juzgados de la provincia de Málaga afectan al menos a 18 de los 29 municipios de la comarca en no menos de 70 diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

El grueso de los casos de momento está pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía sobre si procede o no la apertura de una causa judicial.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, informó anteayer de que los inspectores de Urbanismo autonómicos han emitido en los últimos dos años 62 informes a requerimiento de jueces y fiscales.

Además, por propia iniciativa, la Dirección General de Inspección Urbanística ha formulado siete denuncias en Fiscalía.

Los municipios que han sido objeto de alguna pesquisa judicial por irregularidades urbanísticas son Alcaucín, Alfarnate, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Algarrobo, Cómpeta, Macharaviaya, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez Málaga y Viñuela. La mayoría de estos municipios están gobernados por el PSOE (12), que es hegemómico en la comarca; tres por el PA, dos por el PP y uno por IU; aunque ése es el mapa actual, en algunos de ellos ha habido alternativas a lo largo de los años.

Pese a que la construcción de viviendas en suelo no urbanizablees un fenómeno común en la comarca, las irregularidades con alcance judicial no se reparten en todos por igual. Alcaucín, Viñuela y Cómpeta son los municipios que más han requerido la atención de la Fiscalía y que tienen procedimientos judiciales más avanzados.

La Junta estimó hace cinco años que en la comarca existen unas 10.000 viviendas en suelo rústico, cifra que el Gabinete de estudios de la Naturaleza de La Axarquía (Gena) eleva a 21.000 en el conjunto de los 29 municipios de ámbito del Plan de Ordenación del Territorio (POT) más Rincón de la Victoria y Totalán.

Según este censo, tras Vélez Málaga y Torrox, ciudades con un término municipal mucho más grande que ocupan también costa, Alcaucín y Cómpeta son los dos municipios con más casas en situación irregular (1.420 y 1.392, respectivamente).

De momento la única condena por prevaricación urbanística en La Axarquía es para un alcalde del PP, Leovigildo López, que ha sido regidor de los dos municipios gobernados por esta formación que figuran en la lista de los investigados: Canillas de Albaida y Cómpeta. Cuando ya había abandonado la política, en marzo de 2008, fue condenado a siete años de inhabilitación por haber dado una licencia en 2001 en suelo no urbanizable en Cómpeta.

Éste es el municipio sobre el que más informes han requerido los órganos judiciales a los inspectores de Urbanismo, 14 de los 62 realizados en la comarca, según los datos facilitados el jueves por Juan espadas.

Con más de medio centenar de impugnaciones de licencias, el nuevo alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, que hasta 2007 fue su párroco, ha sido uno de los primeros ediles de la comarca que solicitó a la Junta acogerse al plan de inspección para poner en orden su urbanismo.

El alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), será juzgado en breve por dar tres licencias en suelo no urbanizable por las que el ministerio público le solicita un año y medio de prisión.

Millán se enfrentó a la Junta en octubre de 2007 al dar por aprobado por silencio administrativo un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba un crecimiento muy superior al permitido por la normativa autonómica.

El alcalde ignoró que el trámite había sido suspendido por una resolución de la Junta, que impugnó la aprobación del plan en lo contencioso.

Pero el alcalde de Viñuela tiene ahora en su haber haber sido el primer munícipe de La Axarquía en ordenar el derribo de una construcción ilegal. También colabora con la Junta en el plan de revisión.

Mención aparte es el caso de Alcaucín, cuyo alcalde José Manuel Martín Alba, ha traspasado con su actuación el ámbito del ordenamiento urbanístico y ha protagonizado el primer caso de corrupción.

Martín Alba, que dimitió la noche del martes poco antes de ingresar en prisión, está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de recalificaciones y licencias de obras en el municipio. Antes de destaparse este caso por el que han sido detenidas otras 12 personas en la operación Arcos, los juzgados ya instruían alguna causa por prevaricación urbanística contra Martín Alba. Los inspectores de Urbanismo han redactado seis informes sobre el municipio a requerimiento judicial.

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