MANOS LIMPIAS LLEVA AL TS EL CONFLICTO DE INTERESES DE CARME CHACÓN

El sindicato interpone una querella ante el alto tribunal y una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno.

Roberto R. Ballesteros

El sindicato Manos Limpias llevará mañana ante el Tribunal Supremo el supuesto conflicto de intereses de la ministra de Defensa, Carme Chacón. El colectivo presentará una querella por un delito de tráfico de influencias ante la Sala Segunda del alto tribunal. Acusa a la ministra de no ausentarse durante el Consejo de Ministros del 13 de agosto en el que se aprobó el decreto ley sobre la Televisión Digital Terrestre de pago. El marido de Chacón, Miguel Barroso, es consejero delegado de una de las empresas del grupo WPP, dueño de La Sexta, cadena de televisión que tiene intereses en el citado decreto ley. El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite a trámite la querella o no.

Si lo hace, automáticamente se paralizará el proceso administrativo, que Manos Limpias preveía abrir hoy mismo a través de una denuncia interpuesta ante la Oficina de Conflictos de Intereses, órgano encargado de sancionar a los altos cargos o miembros del Gobierno que incumplan la ley de incompatibilidades 5/2006 de 10 de abril. El artículo 7 de la citada norma es claro: “Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.

La Ley 5/2006 promovida por el presidente del Gobierno puede volverse contra él mismo

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso otorgar rango de ley al Código de Bueno Gobierno elaborado apenas un año después de llegar a La Moncloa. Ahora, esa declaración de intenciones tiene fuerza legislativa y obliga a sus ministros y altos cargos a cuidar aspectos éticos y estéticos que no se están cuidando, según denuncia Manos Limpias y la Asociación de Internautas. Se vuelve contra el propio presidente. Sin embargo, y paradójicamente, los conflictos de intereses no son juzgados por un órgano independiente, sino por el propio Ejecutivo.

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EL VELÓDROMO ENGULLÓ MILLONES DE EUROS EN FACTURAS HINCHADAS Y COMISIONES

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Palma

La ingente documentación recopilada sobre el caso Palma Arena pone al descubierto una trama difícil de desenmarañar, salpicada de comisiones, facturas falsas, contratos millonarios y actuaciones urgentes de obras con minutas astronómicas. El velódromo de Palma, obra emblemática de la era Matas, costó 110 millones de euros, cuando estaba inicialmente presupuestado en 41. La tarea del juez pasa por averiguar en qué medida este sobrecoste injustificado se debe al desvío de dinero público, o, como aseguran los implicados, a las prisas y a la mala planificación del proyecto.

Los arquitectos cargaron al consorcio público 5.000 euros en refrescos

Ya son 12 los ex altos cargos del PP imputados en la causa, entre ellos tres personas del entorno más inmediato de Matas: su ex jefe de prensa y actual responsable de comunicación del PP balear, Joan Martorell; su ex jefa de gabinete, Dulce Linares; y la que fuera su secretaria de Vicepresidencia, Jane King.

La investigación subraya decenas de irregularidades en el proceso de construcción. Desde una lona protectora cuyo precio inicial era de 600.000 euros y por la que se acabó pagando 1,8 millones, a un videomarcador de última generación -presentado en su día como "el más grande de Europa"- que supuestamente se adjudicó por seis millones a un proveedor amigo del director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester.

La lista de conceptos que se cargaron a las arcas públicas incluye algunos desembolsos sorprendentes. En una práctica que los fiscales definen como "poco usual", el estudio de arquitectos García-Ruiz (contratado a dedo por Matas) llevó a cabo gestiones que, aparentemente, se salían de su cometido técnico. Así, cargó al consorcio público 13.920 euros por un lote de gafas de sol deportivas, como regalo a los ciclistas participantes en el Mundial de Ciclismo en Pista de 2007; más de 29.000 euros por el servicio de leasing de un vehículo y otros 1.300 por la matriculación y el seguro de otro coche; y cerca de 5.000 euros en refrescos y agua.

Por su parte, la agencia de publicidad Nimbus, que organizó parte de la campaña autonómica del PP en 2007, cobró 104.000 euros por un vídeo sobre la construcción del edificio; 81.200 por un modelo en 3D y un total de 77.700 euros en concepto de visitas de obra. Su director, Miguel Romero, asumió que hinchaba facturas para pasar comisiones de entre un 3% y un 8% "en mano" al gerente del velódromo, Jorge Moisés, pero negó tajantemente que este hecho esté vinculado con una posible financiación irregular del PP, de la cual se hallaron indicios en la contabilidad B de la agencia.

Un capítulo aparte lo conforman los supuestos viajes que se hicieron a diferentes puntos de Europa (Barcelona, Valencia, Berlín, Burdeos) para visitar otros velódromos. Pese a que una empresa satélite de Nimbus (Promarca) cobró unos 27.000 euros por los desplazamientos, no se halló justificación de los gastos ni referencia de cuántas personas viajaron.

Los imputados dieron versiones contradictorias: "A Burdeos fueron sólo una o dos personas", afirma Moisés. "En ese viaje éramos unos veintitantos", declaró uno de los arquitectos. Hay sospechas fundadas de que la mayoría de expediciones fueron de un día, por lo que no se explica que se abonaran cargos por alojamiento. Se han detectado también cuentas de restaurantes duplicadas y pagadas con dinero público.

La presidenta del PP en Baleares, Rosa Estaràs, volvió a salir ayer en defensa de "la transparencia, la seriedad y la honradez" de su formación política y avisó de que solicitará una revisión "de todos los contratos menores" del actual Gobierno balear: "Si se van a investigar los contratos uno a uno, que se investigue igual a todas las administraciones".

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Conversaciones grabadas describen las obras como "una irregularidad total"

ANDREU MANRESA / MANU MENÉNDEZ - Palma

Miguel Romero, a la izquierda, junto al concejal del PP de Palma Rafael Durán.

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso del Palma Arena (cuyo presupuesto se duplicó hasta los 100 millones) se iniciaron hace más de un año a raíz de un informe pericial del Gobierno balear en el que se concluía que no existía ningún documento que justificara el precio final del velódromo. Desde entonces, se han llevado a cabo decenas de interrogatorios, se han efectuado registros en las sedes de diversas entidades y, con la ayuda del grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional y de expertos de la Agencia Tributaria, se han elaborado informes pormenorizados de los movimientos bancarios de los implicados. El juez autorizó también el seguimiento de algunas de sus conversaciones telefónicas, aunque algunos de los encartados ya sabían que estaban siendo escuchados.

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"Del total de mangancia que hubo, una parte justifica el coste"

Muchos de los folios del sumario están dedicados a inventariar el tráfico de llamadas y SMS de los principales imputados. Entre ellos, destaca esta conversación entre el publicista Miguel Romero, propietario de la agencia Nimbus, y uno de sus colaboradores (que aparece identificado como Javier) en noviembre de 2008, al poco de que se iniciara la instrucción secreta del caso.

Romero. Es un problema administrativo, pero no es penal.

Javier. Que yo no sé si es delito, pero irregularidad total, ¿eh?

Romero. Es un caos completo ¿no?, pero por lo visto no solamente es de la construcción, es de todo, como tú dijiste.

Javier. Claro, porque es un caos, porque cuando un tío lo lleva mal, lo lleva todo mal.

Romero. En el partido de tenis se perdieron cuatro millones de euros [en referencia al partido de exhibición La Batalla de las Superficies, que enfrentó a Rafael Nadal con Roger Federer en el Palma Arena, en mayo de 2007].

Javier. Lo que pasa es que, por lo visto, en la infraestructura hubo cuanto mangante hubo, y del total de mangancia que hubo, una parte supongo que tiene la justificación de que es el coste.

Miguel. Tres veces, se montó tres veces.

Javier: Pues imagínate lo que encarece eso, el proveedor que aprovecha para meterte mano cuando ve que no te enteras de nada, y claro, aquello debía ser una cosa de circo.

Miguel. Y eso lo lleva Pepote [José Luis Ballester, ex director general de Deportes con el Gobierno del PP en las islas y medallista olímpico] personalmente. Pepote y nuestro amigo de Washington [en referencia, según los investigadores, a Jaume Matas, que se trasladó a Washington tras la derrota en las elecciones autonómicas de 2007].

Javier. Sí, porque se metía en cosas de ese nivel.

En su declaración, Romero reconoció que pagó "comisiones que oscilaban entre el 3% y el 8%" al gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, a cambio de "saltarse el procedimiento administrativo" en la adjudicación de servicios de promoción. Un dinero que se entregaba directamente "en mano". En una conversación telefónica anterior a su imputación, el publicista aseguró: "Nosotros no hemos financiado al PP ni de coña, vamos, no se me ocurriría en la vida financiar a un partido político". No obstante, la fiscalía documentó el pago fraccionado de casi 80.000 euros a Nimbus por parte del entonces tesorero del PP balear, Fernando Areal, cuñado de Jaume Matas.

Por su parte, Jorge Moisés negó tajantemente el cobro de estas comisiones y acusó a Romero de querer incriminarle. El gerente del velódromo expresó ante el juez su sorpresa ante cada una de las supuestas irregularidades que le fueron presentadas: "Ignoro por qué se facturaban hoteles que no se habían utilizado y quién se beneficiaba con ello"; "no sé de quién fue la idea de ampliar el videomarcador"; "tampoco sé nada de que se hayan colocado 2.000 metros de lona y se hayan cobrado 7.000".

Además del supuesto trasiego de facturas falsas, Moisés está bajo sospecha de haber ingresado cerca de 12.000 euros por la elaboración de un informe sobre accesibilidad al recinto, a pesar de que carecía de la formación necesaria para este tipo de trabajo. Aceptó el encargo por orden directa de Jane King, entonces secretaria de Vicepresidencia del Gobierno de Matas.

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