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jueves, 31 de mayo de 2012

"CASO MALAYA"; MARBELLA VENDIÓ SUELOS A BAJO PRECIO CUYO VALOR LLEGÓ A MULTIPLICARSE POR 20

Durante la época del GIL
Los peritos de Hacienda subrayan el perjuicio patrimonial para el municipio

José Carlos Villanueva | Málaga

La dinámica siempre era la misma. Los sucesivos gobiernos del GIL en Marbella vendieron suelos municipales a precios muy inferiores a los de mercado y luego, en poco tiempo, los terrenos alcanzaban precios desorbitados en sucesivas operaciones de compra venta, que desembocaban finalmente en la edificación de viviendas.

A lo largo de la sesión de este jueves, en el juicio oral por el caso ‘Malaya’, los dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria, propuestos por el fiscal, han seguido desgranando toda una serie de irregularidades relacionadas con las tasaciones de terrenos. A preguntas del abogado de la Junta de Andalucía han llegado a afirmar que algunos aprovechamientos urbanísticos, cedidos por el Consistorio a terceros, “llegaron a muLtiplicar su valor por veinte” en tan sólo tres años.

Los dos expertos son conscientes de que aquellos años de bonanza inmobiliaria, entre 2000 y 2004, representaron una época de “crecimiento al alza”, pero a pesar de ello no les pareció “normal” dicho incremento de valor. Se trata de operaciones en las que aparecían sociedades del principal acusado, Juan Antonio Roca, controladas por testaferros.

Uno de los convenios analizados este jueves ha sido el firmado en 2002 entre la sociedad Cortijos La Ventilla y el Ayuntamiento de Marbella, representado por Julián Muñoz. Dicha mercantil, controlada por Roca por medio de hombres de paja, entregó 4.160 metros cuadrados de exceso de aprovechamientos al Consistorio marbellí. Se trataba de suelo rústico improductivo, tal y como constaba en el entonces PGOU vigente de 1986. El suelo se valoró en 372.000 euros.

Los dos arquitectos que han declarado ya expusieron en su informe, por escrito, que dicha aportación de suelo era “humo, algo intangible e inapropiable”, que de poco le servía al Ayuntamiento de Marbella. Aseguraron, de forma muy elocuente, que “era como aportar al convenio urbanístico una agrupación nubosa”.

A cambio de ese “humo”, en forma de terrenos de escaso valor, el equipo de gobierno presidido por Julián Muñoz entregó a Cortijos La Ventilla un exceso de aprovechamientos de igual techo, 4.160 metros cuadrados. Sin embargo se trataba de una parcela en plena Milla de Oro, concretamente en la avenida Alfonso de Hohenlohe, con la posibilidad de edificar 81 viviendas.

Lo primero que llamó la atención de los peritos de la Agencia Tributaria es que el goloso terreno cedido por el Ayuntamiento de Marbella a Cortijos La Ventilla se valorara igual que el de la finca rústica que recibía el Consistorio, osea 372.000 euros.

Según los peritos oficiales, el valor real de los aprovechamientos del suelo de la Milla de Oro, cedidos por Julián Muñoz, era de 6.710.121 euros. Dicha cantidad representa el perjuicio causado a las arcas municipales en la operación de permuta.

En abril de 2005, Cortijos la Ventilla vendió la parcela del bulevar Alfonso de Hohenlohe a la sociedad Lippizzar Investments -en poder de Roca- por 631.820 euros. Ya el 9 de febrero de 2006 Lipizzar vende por 7.873.000 euros a Edificaciones Tifan. La ganancia con esta operación para Roca en apenas cuatro años fue superior a los siete millones de euros.

Edificaciones Tifan es propiedad del promotor también procesado en ‘Malaya’ Fidel San Román. Cabe recordar que el conocido empresario madrileño ya acusó a Roca durante el juicio de haber tenido que sobornarle con 3 millones de euros, a cambio de licencias de primera ocupación para sus promociones de viviendas.

Además

miércoles, 18 de marzo de 2009

IMPUTADOS LOS CONSTRUCTORES SAN ROMÁN PORPAGOS DEL "CASO CIEMPOZUELOS

F. M. - Madrid

Los constructores Antonio y Fidel San Román han sido imputados en el caso de corrupción contra los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos (Madrid) Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, a raíz de un informe del fiscal anticorrupción que lleva el caso. Ambos aparecen vinculados a dos firmas, Sanedi y Edificaciones Tifán, que supuestamente hicieron pagos ilegales a empresas de la trama que, según el fiscal, los ex regidores utilizaron para la percepción de comisiones por sus gestiones urbanísticas. El apellido San Román ya se había visto salpicado por otra operación contra la corrupción, la Operación Malaya, que tuvo como escenario el Ayuntamiento de Marbella.


En concreto, la línea acusatoria del fiscal vincula a ambas sociedades de los San Román con pagos a la firma Urbanges del imputado Francisco Marazuela, intermediario inmobiliario y personaje considerado clave para el pago de sobornos a los ex alcaldes. Su sociedad, al menos, recibió 266.000 euros de ventas a Edificaciones Tifán; una cantidad idéntica de Sanedi y otros 115.034 euros de una firma que el fiscal vincula con ambas, Bitango Promociones.


Estas empresas figuran detrás de otro negocio inmobiliario que realizó la firma Format Consulting, que los ex regidores usaron para la apertura de su cuenta en Andorra, y que cobró casi 168.000 euros de Promociones Kimuso, a la que el fiscal vincula con las empresas de los San Román, dado que las empresas de éstos eran sus principales clientes (Bitango Promociones, Sanedi y Edificaciones Tifán).


Aguirre fichó al juez

Este escándalo que salpicaba al PSOE fue asumido e investigado por la Fiscalía Anticorrupción en plena precampaña de las últimas elecciones autonómicas. Pero el PP denunció la pasividad de la fiscalía. Sin embargo, el juez del caso, Agustín Carretero, fue fichado por Esperanza Aguirre para su Gobierno tras ganar las elecciones. Cuando dejó el caso, la investigación estaba absolutamente empantanada, una vez demostrado que nunca se pagó una comisión de 40 millones de euros, como apuntaba el falso contrato que los ex alcaldes enviaron por fax a Andorra para justificar la apertura de una cuenta donde ingresaron un millón de euros.


La paciencia del fiscal anticorrupción y de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) ha logrado acreditar por qué vías y en qué cuantía los ex regidores sí recibieron pagos o presuntos sobornos de constructoras con intereses locales.


ELPAIS.COM