Aprobaron la construcción de apartamentos turísticos en terrenos de uso sociocultural
Un Juzgado ha condenado a siete años de inhabilitación a los ex alcaldes de Monachil Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), al que ha impuesto además 6 meses de cárcel, por prevaricación en el cambio de uso de una parcela para construir un edificio que ha ordenado derribar con cargo a los acusados
En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada impone también a Trinidad, al que atribuye un delito de prevaricación urbanística, una multa de 3.600 euros por esta causa, en la que también han sido condenados el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez (PP) y el arquitecto municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, que fueron denunciados por la comunidad de propietarios de un bloque contiguo.
20 años de inhabilitación para el ex concejal de Urbanismo
El ex edil de Urbanismo ha sido condenado, por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a 12 meses de cárcel y a multa de 3.600 euros, y el ex arquitecto municipal a 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros por prevaricación urbanística.
Declara nulos todos los trámites ilegales
La sentencia declara además la nulidad del estudio de detalle que permitió la construcción del edificio en cuestión -82 apartamentos turísticos en Sierra Nevada-, de la licencia que se otorgó a la constructora y del orden del pleno municipal que acordó concederla.
Deberán pagar la demolición
Los acusados deberán además acometer la demolición del edificio construido en el plazo de seis meses, "corriendo con todos los gastos que se deriven de forma solidaria e indemnizando solidariamente a quienes pudieran resultar perjudicados".
De uso socio cultual a apartamentos turísticos
Los terrenos tenían un uso de equipamiento sociocultural, sin embargo en 2003, siendo alcalde Francisco Lara, edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y arquitecto municipal el acusado, idearon un plan para construir pisos en la parcela. Así, encargaron al arquitecto que idease la fórmula legal para modificar la realidad urbanística de la parcela, según la sentencia, que mantiene que en lugar de optar por la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias, los acusados se decantaron por un estudio detalle porque la primera opción "no les garantizaba alcanzar su propósito".
El terreno pasó por varias ventas para despistar
El estudio detalle fue aprobado en 2003 en comisión de gobierno, de la que formaban parte Lara y Rodríguez, para que la finca se destinara a la construcción de pisos, a sabiendas de la ilegalidad. Con posterioridad, tramitaron el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en levantar un bloque de apartamentos.
82 apartamentos de uso turístico
En 2004, siendo alcalde Trinidad -Rodríguez seguía de concejal de Urbanismo-, la promotora dueña del solar pidió al Ayuntamiento licencia de obras para la construcción de 82 apartamentos turísticos, que le fue concedida con un informe técnico favorable del arquitecto municipal -que seguía siendo el mismo-, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado".
andalucia@elplural.com
En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada impone también a Trinidad, al que atribuye un delito de prevaricación urbanística, una multa de 3.600 euros por esta causa, en la que también han sido condenados el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez (PP) y el arquitecto municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, que fueron denunciados por la comunidad de propietarios de un bloque contiguo.
20 años de inhabilitación para el ex concejal de Urbanismo
El ex edil de Urbanismo ha sido condenado, por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a 12 meses de cárcel y a multa de 3.600 euros, y el ex arquitecto municipal a 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros por prevaricación urbanística.
Declara nulos todos los trámites ilegales
La sentencia declara además la nulidad del estudio de detalle que permitió la construcción del edificio en cuestión -82 apartamentos turísticos en Sierra Nevada-, de la licencia que se otorgó a la constructora y del orden del pleno municipal que acordó concederla.
Deberán pagar la demolición
Los acusados deberán además acometer la demolición del edificio construido en el plazo de seis meses, "corriendo con todos los gastos que se deriven de forma solidaria e indemnizando solidariamente a quienes pudieran resultar perjudicados".
De uso socio cultual a apartamentos turísticos
Los terrenos tenían un uso de equipamiento sociocultural, sin embargo en 2003, siendo alcalde Francisco Lara, edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y arquitecto municipal el acusado, idearon un plan para construir pisos en la parcela. Así, encargaron al arquitecto que idease la fórmula legal para modificar la realidad urbanística de la parcela, según la sentencia, que mantiene que en lugar de optar por la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias, los acusados se decantaron por un estudio detalle porque la primera opción "no les garantizaba alcanzar su propósito".
El terreno pasó por varias ventas para despistar
El estudio detalle fue aprobado en 2003 en comisión de gobierno, de la que formaban parte Lara y Rodríguez, para que la finca se destinara a la construcción de pisos, a sabiendas de la ilegalidad. Con posterioridad, tramitaron el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en levantar un bloque de apartamentos.
82 apartamentos de uso turístico
En 2004, siendo alcalde Trinidad -Rodríguez seguía de concejal de Urbanismo-, la promotora dueña del solar pidió al Ayuntamiento licencia de obras para la construcción de 82 apartamentos turísticos, que le fue concedida con un informe técnico favorable del arquitecto municipal -que seguía siendo el mismo-, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado".
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