miércoles, 9 de mayo de 2012

"CASO GÜRTEL"; EL PP SEÑALA A COSTA COMO RESPONSABLE EN LA CAUSA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL




“GIMENO, TRILERO, DEVUELVE YA EL DINERO”. Decenas de trabajadores de Canal 9 increparon ayer a su exdirector Pedro García Gimeno a las puertas de la Audiencia Nacional. Gimeno negó ante el juez Ruz el amaño del concurso de la visita del Papa y dijo que los regalos de El Bigotes eran “los normales entre amigos”. / ÁLVARO GARCÍA
La dirección del partido detalla al juez las funciones del ex secretario general

Ignacio Zafra Valencia



La dirección del PP valenciano ha señalado ante el juez que instruye la causa de financiación ilegal de la formación, enmarcada en el caso Gürtel, a su ex secretario general Ricardo Costa como responsable total de la gestión del partido en el periodo investigado: 2004-2009. El escrito remitido al magistrado José Ceres por la formación que preside Alberto Fabra señala que al secretario general le correspondía “la coordinación, a través de los vicesecretarios generales y vicesecretarios ejecutivos, de las áreas de actividad del partido”, así como “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”, tal como indicaban los estatutos vigentes en aquel momento.

El ‘ex número dos’ del PP valenciano intentó salpicar a la dirección regional

Costa, que sigue siendo diputado autonómico, está imputado junto a otros destacados miembros del PPCV y de la Generalitat por presunta financiación ilegal —delito electoral— y falsificación mercantil en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. Según la investigación, ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones de obra civil del Gobierno valenciano sufragaron diversos actos electorales. Dichas aportaciones habrían sido camufladas a través de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia al frente de la cual estaba Álvaro Pérez, El Bigotes. Los actos electorales del PP los hacía Orange Market, pero en vez de pagarlos el partido los cobraba de las constructoras emitiendo para ello facturas por servicios ficticios, según considera acreditado la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito de la dirección regional contiene consideraciones duras hacia quien fuera su número dos. Y responde a uno anterior presentado por Costa ante el juez, en el que solicitaba que se llamara a declarar en calidad de testigo al actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y que se requiriera al partido una batería de documentos que podrían servir para exculparlo. El magistrado denegó la citación de Clemente, pero accedió a reclamar la documentación.

Uno de los puntos solicitados por Costa consistía en que la dirección regional indicara “las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación”.

La respuesta de la dirección, que firma Antonio Clemente, da idea de la tensión que acumula el partido en Valencia: “Cabe en primer lugar preguntarse qué es lo que debe entenderse por ‘gestión ordinaria de la tesorería’, al ser este un concepto jurídico indeterminado”, arranca la contestación.

A continuación, el PPCV señala que las operaciones “de cobros y pagos” de la formación se realizan a través de una cuenta bancaria del partido en la que actualmente figuran cuatro personas como autorizadas, entre las que se cuenta el secretario general, que es el cargo que ocupaba Costa en el periodo investigado. El escrito señala que bastan “dos firmas indistintas de cualesquiera de ellos” para efectuar una operación.

Entre los autorizados hoy se hallan igualmente otros dos responsables del PPCV imputados en la misma causa de financiación ilegal: Yolanda García, que es tesorera y diputada, y Cristina Ibáñez, administradora. A la dirección no le constan, en cambio, “cuentas autorizadas con su firma por Ricardo Costa” entre 2004 y 2008.

El juez también ha recibido, sin embargo, una comunicación del Santander en la que el banco indica que Costa era apoderado con firma mancomunada (eran necesarias dos) para operar en una cuenta del PP valenciano en los años 2007 y 2008.

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"CASO GÜRTEL"; "ORANGE MARKET HACÍA BIEN LOS TRABAJOS ADJUDICADOS EN FITUR", SEGÚN UNA TESTIGO

Coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo
El ex contable de Gürtel se acoge a su derecho a no declarar

Europa Press | Valencia

La coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Ana María Crau Ábalos, ha afirmado que los trabajos encargados a la empresa Orange Market en las diferentes ediciones de la Feria de Turismo Fitur se hacían bien y conforme a lo que se había contratado previamente.

Crau se ha pronunciado en estos términos en su declaración en calidad de testigo ante el magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del 'caso Gürtel'.

Esta testigo ha llegado al tribunal valenciano minutos antes de las 10.00 horas, y ha estado declarando hasta cerca de las 14.30 horas, es decir, casi cuatro horas y media. El interrogatorio se ha alargado puesto que a Crau se le han exhibido una gran variedad de documentos y contratos para que los explicara.

Reproches del fiscal y la acusación
Asimismo, una parte del mismo se ha dedicado a preguntarle si había hablado con sus compañeros de la AVT, que ya han pasado por el TSJCV, sobre lo que se solía preguntar o exhibir. Al respecto, Crau ha contestado que sí, un comportamiento que el ministerio fiscal y la acusación particular -PSPV- le han reprochado.

A lo largo del interrogatorio, la testigo ha explicado que su función dentro de la AVT era, entre otros asuntos, coordinar las diferentes ferias y supervisar los trabajos realizados. En este sentido, a preguntas de las partes, ha comentado que Orange Market hacía bien los trabajos ofertados y adjudicados. Y, si en algún momento, no era de esta manera, ella se encargaba de llamarles la atención para que lo corrigieran.

Así, Crau ha insistido en que se limitaba a supervisar y coordinar los trabajos de las ferias, entre ellas, las de Fitur, y ha subrayado que ella no elaboraba pliegos, ni adjudicaba contratos ni tomaba ningún tipo de decisión superior. Para hacerlo, había gente por encima de ella, según ha dicho.

El ex contable de Gürtel no declara
Tras la extensa declaración de Crau, le tocaba el turno a José Luis Izquierdo, excontable de las empresas de Francisco Correa, uno de los presuntos cabecillas de la trama, quien se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha confirmado el TSJCV.

Las próximas declaraciones de este procedimiento están previstas para el lunes, cuando pasarán por el TSJCV el exgerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el representante de dicha empresa en Valencia, Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'.

Pérez se acogió este mismo lunes a su derecho a no declarar en el juzgado de Madrid donde se instruye una parte del 'caso Gürtel', relativa a las presuntas irregularidades cometidas por la Radio Televisión Valenciana (RTVV) en la adjudicación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de julio de 2006, argumentando que la investigación debería ser invalidada debido a las escuchas en prisión con sus abogados que fueron autorizadas por el juez Baltasar Garzón y por las que el Tribunal Supremo condenó al magistrado 11 años de inhabilitación.

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"OPERACIÓN TRUCO FINAL"; LOS DETENIDOS DE MINSER POR EL AMAÑO DE DOS CONCURSOS, ANTE EL JUEZ

Los detenidos pasando a disposición judicial. | Jordi Avellà
Los detenidos han pasado la noche en los calabozos

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La Policía ha interrogado desde primera hora a los dos exsocios de Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, detenidos en el marco de una nueva investigación judicial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción en la que se investiga el amaño de dos contratos adjudicados por el Consell de UM por un total de 60.000 euros públicos.

Los arrestados han pasado la noche en los calabozos y durante la mañana han respondido a preguntas relacionadas sobre los presuntos contratos fantasma acordados con el Consell de Munar. Esta tarde han pasado a disposición judicial.

El operativo bautizado como 'Operación truco final' investiga el encargo de dos 'informes' que fueron pagados a finales de 2006 a empresas del grupo Minser, un holding regado por la extinta UM desde diferentes administraciones, en este caso a través del Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar, que firmó al menos una de esas contrataciones ahora indagadas, tal y como destapó este diario el pasado mes de diciembre.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares abrió diligencias tras las informaciones de EL MUNDO/ El Día de Baleares. Meses después de iniciar la investigación, que tutela el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, el propio Consell de Mallorca certificó la semana pasada a instancias de la Policía que los trabajos no han aparecido en los archivos de la institución insular. El expediente existe, pero no los informes por los que se dispuso el gasto.

Además

"CASO MERCAMED"; LA FISCALÍA DENUNCIA A 13 PERSONAS POR LAS FACTURAS DOBLES EN LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA | Por prevaricación, malversación y falsificación
La investigación dice que se duplicaron facturas para favorecer a empresarios
Un imputado es el ex vicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo, de IU

José A. Cano | Granada

La Fiscalía Provincial ha interpuesto denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantil contra los al menos 13 implicados en el llamado 'caso Mercamed', por el que la Diputación de Granada emitió facturas dobles durante una feria empresarial en Marruecos en mayo de 2011. El principal imputado es el ex vicepresidente de la institución provincial, Julio Bernardo, de IU.

La Fiscalía atribuye a los imputados los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil. Entre los que tendrán que dar cuenta de sus actuaciones ante el juez encargado del caso, además de Bernardo como responsable del programa Poctefex dentro del cual se llevó a cabo el citado evento de Tetuán, se encuentra Jorge López López, entonces director del Área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, quien asumiera de manera directa y personal la dirección y coordinación de todos los proyectos Poctefex, conocido por la célebre factura de la bolsa de Doritos.

En el decreto de incoación de diligencias, la fiscal Emilia Rancaño ya consideraba que podrían ser responsables de delitos de prevaricación continuada, de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento mercantil.

La investigación se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía diera traslado el pasado 26 de marzo de un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.

El ex vicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

"CASO GÜRTEL"; MILAGROSA MARTÍNEZ ATRIBUYE A LOS TÉCNICOS LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATOS CON ORANGE MARKET

Ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes
Niega irregularidades en la adjudicación de los 'stands' de Fitur

Efe | Valencia

La ex consellera de Turismo Milagrosa Martínez ha negado este martes que existiera irregularidad alguna en la contratación pública de Orange Market para montar el pabellón de la Generalitat en Fitur, y ha atribuido la responsabilidad de esta adjudicación a los técnicos de su departamento.

La actual alcaldesa de Novelda y también expresidenta de las Cortes ha defendido estos argumentos en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde ha comparecido como imputada por la causa de supuesta financiación ilegal del PPCV y presunta prevaricación administrativa derivada de la trama Gürtel.

Según fuentes jurídicas, Martínez ha respondido durante tres horas a las preguntas formuladas por todas las partes personadas en la investigación, que principalmente le han interrogado sobre los contratos públicos con Orange Market para montar al pabellón de la Generalitat en Fitur entre los años 2005 y 2009.

Martínez ha remarcado que, dado su cargo, no intervenía en la gestión de las adjudicaciones, trámites que desarrollaban los técnicos de la Conselleria de Turismo.

Proyecto superior en 'estética y calidad'
El pasado 26 de abril, durante el primer día de declaraciones de testigos e imputados en esta causa, dos de estos técnicos aseguraron que la contratación de la empresa que lideraba Álvaro Pérez "El Bigotes" respondía únicamente a criterios profesionales, y que se decantaron porque su proyecto era superior en "estética y calidad".

Al finalizar su comparecencia, y ante las reiteradas preguntas de los periodistas, la exconsellera de Turismo se ha limitado a repetir: "Muchas gracias, no hay ningún tipo de declaración".

Antes que ella ha prestado declaración, en calidad de testigo, la ex subsecretaria autonómica de Turismo Isabel Villalonga, actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, quien tampoco ha querido comentar nada sobre su comparecencia ante el juez.

El procedimiento por el que ambas han contestado hoy se inició en mayo del pasado año, cuando el Tribunal Superior valenciano aceptó hacerse cargo del mismo a petición del Tribunal Superior de Justicia madrileño.

El instructor, José Ceres, dividió la causa en tres piezas: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, presunto delito de falsedad documental en las alecciones generales de 2008 y posible prevaricación en la contratación de Orange Market durante la etapa de Gobierno de Camps.

Alberto Fabra, 'absolutamente tranquilo'
El actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha reiterado este que las cuentas del PP valenciano son legales y están auditadas por el Tribunal de Cuentas

Preguntado por los periodistas sobre este caso, ha señalado: "Ya he dicho en varias ocasiones que nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas y todo lo que hemos hecho ha cumplido la legalidad".

Además, Fabra, que también es presidente regional de su partido, ha asegurado que está "absolutamente tranquilo" por la labor de los dirigentes políticos de su formación y de los cargos de la Generalitat.


"CASO VOLTOR"; IMPUTAN A BUILS Y AL ALCALDE DE PORRERES POR LA CONCESIÓN IRREGULAR DE 500.000 EUROS

Nueva pieza

Europa Press | Palma

La jueza instructora del caso Voltor, Carmen Abrines, ha citado a declarar como imputados, el día 22, al alcalde de Porreres, Bernat Bauçà, y al exdirector gerente del Instituto de Estrategia Turística Miquel Oliver, mientras que para el 23 ha emplazado al exconseller de Turismo Francesc Buils, en el marco de una nueva pieza que indaga la concesión presuntamente irregular de 500.000 euros por parte del Inestur al Ayuntamiento de Porreres con el fin aparente de desarrollar un proyecto de artes escénicas.

Se trata del último fleco que ha sido incoado en el marco de esta causa, el número 15, después de que la Fiscalía Anticorrupción aportase un escrito por el que solicitaba la apertura de una nueva pieza destinada a averiguar el destino que se dio a los fondos públicos concedidos fruto del convenio -firmado en abril de 2008- dirigido a 'establecer las vías de colaboración entre Inestur y la Fundación Auditorio de Porreres' para impulsar esta iniciativa.

Y es que, tal y como consta en el auto dictado por la magistrada para abrir esta pieza, los imputados "se pusieron de acuerdo para lucrase con fondos públicos del Inestur", para lo cual tanto Buils como Bauçà rubricaron el documento mediante el que el Ayuntamiento de Porreres solicitó al Inestur el ingreso de 250.000 euros correspondientes al año 2008, la misma cantidad que fue abonada un año después.

Así las cosas, los investigadores postulan que, para justificar a qué se aplicaron los 500.000 euros, el Auditorio aportó facturas fechadas en los años 2006, 2007 y los primeros meses de 2008, y por tanto anteriores a la firma del convenio. Es más, otras facturas incluían conceptos ajenos al concepto del acuerdo, la mayoría de los cuales correspondían a obras que supuestamente se llevaron a cabo en el Auditorio.

Asimismo, como justificación de los gastos se presentaron fotocopias de facturas no cotejadas ni compulsadas, mientras que, según la Fiscalía, no hay constancia de que las facturas hayan sido pagas por la Fundación Auditorio de Porreres.

Es por todo ello que las pesquisas apuntan a que los importes transferidos, en lugar de ser aplicados al desarrollo del proyecto de artes escénicas, se habrían utilizado para "supuestas obras ajenas al convenio", al tiempo que se justificaron gastos efectuados con anterioridad a la vigencia del convenio, principalmente correspondientes a los años 2006 y 2007.

Tanto es así que los investigadores sostienen que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración.

"CASO MALAYA"; LOS PROMOTORES SOBORNABAN A ROCA INCLUSO PARA CONSEGUIR ACTOS LEGALES

Declaraciones de policías
Fidel San Román pagó 3 millones por licencias de primera ocupación

José Carlos Villanueva | Málaga

La maquinaria de la corrupción municipal de Marbella estaba bien engrasada y funcionaba tanto para conseguir actos administrativos legales como ilícitos. De hecho, algunos promotores procesados en el juicio del caso 'Malaya' pagaron sobornos al ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, “incluso para actos legales”, tal y como ha declarado este martes el inspector de la Udyco Marcos Romarís.

Dicho investigador ha vuelto a comparecer junto al que fuera su jefe, el inspector José Manuel Rando. Ambos, como ya es sabido, llevaron el peso de las investigaciones policiales desde noviembre de 2005 hasta que entre 2006 y 2007 arrojaron la toalla, desmotivados por continuas injerencias de sus superiores, molestos con que el juez Miguel Ángel Torres 'blindara' el caso, para que sólo los dos mandos le reportaran a él personalmente.

“Se cobra y se paga por actos legales para no demorar en el tiempo” los permisos urbanísticos, ha insistido Romarís para referirse a las entradas y salidas de ingresos en la contabilidad de Roca, provenientes de empresarios. Dichos fondos eran, a su vez, distribuidos por el ex asesor urbanístico entre los cabezas de lista del gobierno tripartito que presidió Marisol Yagüe, entre agosto de 2003 y marzo de 2006, tal y como él mismo tiene declarado en la vista oral.

El ejemplo más ilustrativo de los sobornos de empresarios, para conseguir permisos dentro de la legalidad en Marbella, lo personifica el conocido promotor madrileño Fidel San Román. Su declaración en la sala, como acusado, supuso un auténtico bombazo informativo. Admitió haber pagado 3 millones de euros a Roca a cambio de conseguir licencias de primera ocupación para sus lujosas promociones de viviendas, junto a Puerto Banús.

“O me cuelgo de la soga o tengo que acceder a pagar dinero”. De esta forma, en presente histórico, San Román reconoció los sobornos al principal acusado. A preguntas del fiscal el conocido empresario madrileño relató que “un buen día, mi gerente me dijo que había que entregar dinero para desbloquear la situación”. Todos los pagos se hicieron en las oficinas privadas de Juan Antonio Roca (Maras Asesores) y “en una ocasión en Madrid”, detalló San Román. El procesado sostiene que los fondos entregados a Roca, entre febrero y noviembre de 2005, provenían de “dinero blanco de mis empresas y también de dinero mío”.

La versión del también empresario taurino es diametralmente opuesta a la que mantiene Roca. El considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí declaró ante el fiscal- el 7 de noviembre de 2011- que él había recibido pagos de San Román pero “en concepto de asesoramientos privados”, concretamente más de un millón de euros. El promotor, acusado de cohecho y blanqueo de capitales lo negó tajantemente: “En nuestras empresas no hemos tenido asesoramiento de nadie más que de nuestro equipo”.

El caso de Fidel San Román es distinto a otros como el del promotor granadino José Avila Rojas, que también pagó, presuntamente, sobornos a Roca pero quizás sea el empresario que más construcciones edificó de forma ilegal en Marbella. Luego, salvo excepciones, han sido legalizadas por el nuevo PGOU aprobado entre el PP y la Junta de Andalucía.

A la hora de analizar las salidas y entradas de fondos en la caja B de Roca los inspectores de la Udyco lo han tenido claro este martes en el caso de la empresa Aifos, vinculada a los hoteles Guadalpín, entre otras promociones: “Hay proporcionalidad entre la salida de fondos de Aifos y lo que recibe García Marcos. Se trata de una aportación coetánea en el tiempo”, ha aclarado Romarís.

El abogado de la tránsfuga socialista, José Luis Rueda, ha insistido en que su defendida no firmó el convenio con Aifos del que la Policía deduce que percibió sobornos. Los investigadores han replicado que “en algunos casos existe esa firma de convenio y en otros no”.

Pero a la vista de sus pesquisas policiales “al parecer existió un acuerdo tácito, entre los ediles, de repartirse las cargas de ir al juzgado”, como imputados. Han hablado de un “concierto de voluntades” entre ellos y “los cobros vendrán de acuerdo a ese concierto y no a haber firmado, o no, los convenios” de promotores que pagaron ilícitamente a Roca.

Escolta de Yagüe
En otro orden de cosas, este martes también ha testificado, a petición de la ex alcaldesa Yagüe, una agente de la Policía Local de Marbella que se convirtió en su escolta de mayor confianza durante su gestión como regidora. Dolores Sánchez ha asegurado, a preguntas de la defensa, que durante el verano de 2005 detectó seguimientos a la primer edil marbellí.

“Eran vehículos con placas que correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha concretado la escolta personal de Yagüe a preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero. El Ministerio Público se ha interesado en conocer qué gestiones hizo la Policía Local de Marbella ante el Ministerio del Interior, pero no parece que fueran muchas las indagaciones.

El testimonio de Dolores Sánchez sustenta las tesis de las defensas de los procesados sobre que la Policía Nacional comenzó a investigar meses antes de que, en noviembre de 2005, el juez Torres dictara el auto de apertura de diligencias previas 4796/2005 que dio pie a la operación ‘Malaya’. Si así fuera la investigación judicial quedaría invalidada.

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