Revés judicial al Gobierno andaluz
* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"
* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"
S. Torres | A. Salvador | Sevilla
La Audiencia de Sevilla ha declarado que las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas. La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, solicitó estos documentos al Gobierno andaluz en su investigación de la trama de los ERE, pero el Ejecutivo de Griñán se los denegó alegando que su contenido era reservado.
En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.
"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".
Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.
Por contra, el auto constituye un severo revés a la posicion jurídica que venía defendiendo la Junta de Andalucía, que tras varios requerimientos de la juez, sólo entregó las actas previamente precintadas, y así se hallan aún en las dependencias judiciales.
En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.
"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".
Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.
Por contra, el auto constituye un severo revés a la posicion jurídica que venía defendiendo la Junta de Andalucía, que tras varios requerimientos de la juez, sólo entregó las actas previamente precintadas, y así se hallan aún en las dependencias judiciales.
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