MANOS LIMPIAS ACUSA AL ALCALDE DE PONFERRADA DE FAVORECER A ULIBARRI

“Hay indicios de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”


El sindicato ultraderechista Manos Limpias ha sorprendido con el anuncio de que denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Ponferrada, el popular Carlos López Riesco (en la foto), y al empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar, por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencia.

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Manos Limpias ha destacado por presentarse en numerosas demandas judiciales generalmente en contra de decisiones de las administraciones gobernadas por partidos de izquierda, por eso ha sorprendido su anuncio de que presentará una denuncia contra la administración popular en Ponferrada. Un blanco habitual de los ataques de este colectivo ha sido el juez Baltasar Garzón, contra quien han interpuesto múltiples querellas, la última de ellas por su instrucción de la causa de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil.

"Trato de favor en Ponferrada"
El secretario general del sindicato, Miguel Bernard, ex dirigente del partido político ultraderechista Frente Nacional, ha alegado que la documentación analizada por su organización ofrece indicios "objetivos y racionales para presumir que en el Ayuntamiento de Ponferrada se ha producido un trato de favor, un tráfico de influencias, presuntamente cohecho y malversación de caudales públicos" en torno a las adjudicaciones de servicios y la concesión de obras a las compañías del grupo Begar, por parte del consistorio.

"Favorecer al monopolio" Ulibarri
Bernard ha insistido en que la única finalidad de estas supuestas irregularidades es, según el secretario general de Manos Limpias, "favorecer a una persona en concreto" y al "holding de empresas inmobiliarias de este empresario" que, según ha añadido Bernard, "prácticamente ocupa el monopolio dentro de la zona".

Los contratos
La documentación que maneja el sindicato Manos Limpias incluye varias actuaciones de la sociedad gestora del suelo municipal, Pongesur, así como otros contratos relativos a la adjudicación de los servicios de mantenimiento de jardines y "otras obras de gran calado" realizadas en Ponferrada y concedidas, "principalmente a Begar Construcciones y Contratas S.A."

Fuentes del propio Ayuntamiento
Manos Limpias reveló que la documentación examinada por los asesores del sindicato para adjuntar al expediente procede "de fuentes políticas y funcionariales de dentro del ayuntamiento", y que la mayor parte de las irregularidades encontradas en los documentos suponen "la vulneración de la ley de contratos del Estado, la falta de publicidad adecuada o el incumplimiento de la concurrencia".

El imperio de los contratos públicos
El empresario leonés José Luis Ulibarri construyó su imperio gracias principalmente a sus múltiples contratos y adjudicaciones en comunidades controladas por el PP, en Castilla y León, la Comunidad valenciana y Madrid. Ulibarri mantiene excelentes relaciones con los Gobiernos regionales de esas comunidades, hasta el punto de que está imputado en la trama de corrupción Gürtel como uno de los contratistas que presuntamente sobornó a cambio de adjudicaciones.

ELPLURAL.COM

ADJUDICACIONES ILÍCITAS Y CONCESIONES VINCULAN AL ALCALDE POPULAR DE PONFERRADA CON EL IMPUTADO ULIBARRI

Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia han anulado concursos ganados por el Grupo Begar

Los negocios del empresario José Luis Ulibarri con posibles irregularidades no se limitan a los investigados tras su imputación en la trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón y que salpica a empresarios y altos cargos del PP de Madrid y Valencia. En el municipio de Ponferrada (León), al menos tres sentencias han declarado ilícitas actividades de su grupo de empresas, Begar, y el trato de favor recibido por parte del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista presentará la próxima semana ante la Fiscalía Anticorrupción numerosa documentación sobre estas y otras actuaciones irregulares vinculadas con el consistorio que dirige Carlos López Riesco, alcalde del municipio y diputado nacional del PP.

Hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Castilla y León implican al Ayuntamiento popular de Ponferrada (León) a través de su empresa gestora del suelo público (Pongesur) en actuaciones irregulares. Muchas de ellas están vinculadas además al Grupo Begar, el conglomerado de empresas de José Luis Ulibarri, que está imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. La oposición socialista del Ayuntamiento presentará la próxima semana documentación sobre todas estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público estudie si debe abrir una investigación contra la gestora del suelo público municipal.

Irregularidades de López Riesco de la mano de Ulibarri
Según el Grupo Socialista, estas resoluciones judiciales “evidencian la ilegalidad de las más importantes actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante los últimos años por el alcalde y diputado popular Carlos López Riesco en Ponferrada”. Además, señalan que algunas de estas actuaciones “han ido de la mano” de Ulibarri, cuyas conexiones con el consistorio incluyen “adjudicaciones de parcelas declaradas ilícitas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, “cuantiosas y jugosísimas concesiones de servicios públicos”, “concursos declarados igualmente ilícitos e innumerables adjudicaciones de obras públicas”.

Adjudicación del Auditorio Municipal
En concreto, de las ocho sentencias que se llevarán ante Anticorrupción y que señalan actividades irregulares de Pongesur, tres apuntan directamente contra el empresario imputado por Garzón. La primera de ellas, dictada por el Tribunal Superior de Justicia primero (febrero de 2007) y, en sentencia firme por el Supremo después (abril de 2008), anulaba el concurso por el cual se adjudicó al Grupo Begar la construcción de un Auditorio Municipal.

Planta de hormigón en suelo rústico
En junio de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León también anuló una autorización de la Junta de Gobierno municipal que permitía a la empresa Gaveras del Bierzo, incluida en Begar, la instalación en suelo rústico de una planta de hormigón.

Las parcelas de La Rosaleda
En tercer lugar, el Tribunal Superior castellano-leonés también anuló la adjudicación y venta de parcelas del terreno conocido como La Rosaleda, donde los principales beneficiarios fueron las constructoras de Ulibarri UFC y Leocasa. En el caso de este concurso, se intuye también un posible delito fiscal dado que, aunque hubo parcelas adjudicadas a tres empresas no vinculadas con el empresario, estos terrenos nunca se registraron a su nombre, sino que se inscribieron como propiedad de UFC. Esta operación incumplía el pliego de condiciones del concurso, que no permitía transacciones comerciales de las parcelas hasta después de constituidas las escrituras públicas. De este modo, la constructora de Ulibarri se habría ahorrado pagar impuestos de transmisiones al comprárselas a sus propietarios originales.

Concesiones
Al margen de las operaciones irregulares urbanísticas, el consistorio de López Riesco ha hecho numerosas concesiones y adjudicaciones a las empresas del imputado Ulibarri. De hecho, el magnate controla, casi en régimen de monopolio, la gestión del transporte urbano de Ponferrada, el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad y la limpieza de los edificios municipales (este servicio ha modificado el contrato al menos en seis ocasiones desde que le fue concedido en 2004).

Obras públicas
Además, al empresario se le han adjudicado en los últimos años al menos siete obras públicas, por las que sus sociedades han ingresado unos honorarios de unos quince millones y medio de euros.

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elplural.com

EL ALCALDE DE PONFERRADA Y CINCO MIEMBROS DEL PP, IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN

Están llamados a declarar ante el juez en los próximos días

V.V.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) imputó ayer al alcalde del municipio, Carlos López Riesco y a los cinco consejeros de la empresa pública del suelo (PONGESUR), por presuntos delitos de prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar en los próximos días por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social.

Tal y como reveló elplural.com el pasado 15 de febrero, representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, presentaron una querella contra López Riesco, y los cinco consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación.

Tras ratificarse la querella, el juzgado ha decidido llevarla a trámite, imputando a los seis querellados, que tendrán que declarar entre los próximos días 23 y 26 de marzo, según determina el auto al que ha tenido acceso este periódico.

López Riesco y el resto de los consejeros están acusado de presuntos delitos de prevaricación por ceder presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, propiedad del controvertido empresario leonés José Luis Ulibarri. Las concesiones de terreno se habrían hecho aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal dicha cesión.

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ELPLURAL.COM

EL ALCALDE DE PONFERRADA, DEL PP, ACUSADO DE PREVARICACIÓN

El ex edil del caso Nevenka, otro posible implicado

V.V.

El alcalde del municipio leonés de Ponferrada, el popular Carlos López Riesco, está acusado de un presunto delito de prevaricación por la enajenación irregular de suelo en la localidad. López Riesco, junto con otros cinco consejeros de la empresa municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), cedieron presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal la cesión del suelo.

Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, han presentado esta mañana una querella contra López Riesco, y los cuatro consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusan de sendos delitos de prevaricación.

Caso Nevenka
En el texto de la querella, al que ha tenido acceso elplural.com, también se menciona, aunque no como imputado, a Ismael Álvarez Rodríguez, ex alcalde popular de Ponferrada, que en 2002 se vio obligado a dimitir tras verse envuelto en un escándalo de acoso sexual hacia la concejal de su propio grupo Nevenka Fernández. Ismael Álvarez fue presidente de Pongesur hasta 2002, por lo que no está probado, por el momento, que tuviese relación con la adjudicación irregular de los terrenos, aunque no se descarta una imputación cuando se inicien las diligencias del caso.

Condiciones de cesión del suelo
En enero de 2002 la empresa municipal Pongesur, de la que López Riesco, alcalde popular de Ponferrada, es vicepresidente, fijó las condiciones para la enajenación de suelo destinado a la construcción de viviendas en Ponferrada, por las que se establecía que podían acceder a concurso “todas las personas físicas o jurídicas” que, entre otros requisitos estuvieran “al corriente en las obligaciones tributarias y de la seguridad social”, una premisa que no cumplía la constructora UFC.

UFC, sin registrar en la Seguridad Social
Pese a que la ley indica expresamente la prohibición de contratar empresas que no estén inscritas en el régimen de Seguridad Social, Pongesur adjudicó en febrero de 2002 a UFC una parcela para 539 viviendas, a las que posteriormente se sumó la venta directa de otras 626 viviendas más. En el registro de la propiedad de la constructora figuran, además, un total de otras 1058 viviendas más adquiridas por medio de otros concursos.

Las operaciones tuvieron lugar en 2002, pero, a 25 de octubre de 2005, según marca un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social incluido en la querella, UFC “no figura inscrita como empresario en el sistema de Seguridad Social y no tiene ni ha tenido asignado código de cuenta de cotización en ningún régimen del sistema de Seguridad Social”.

Responsabilidad directa
López Riesco, junto con el resto de consejeros de Pongesur, tendrían responsabilidad directa en la adjudicación del terreno a UFC, ya que votaron favorablemente a la cesión de las parcelas y autorizaron que las empresas Pizarras Fravinsa, Fernández de la Mata, Aplicación Urbana y CRS, adjudicatarias originales de otros terrenos, se los vendieran a la constructora. La implicación de Ismael Álvarez es más complicada, puesto que cesó de su cargo de presidente de la compañía en las mismas fechas en que se produjo la adjudicación.

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