EL TSJ CANARIO DESESTIMA EL RECURSO CONTRA EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA CONTRA SORIA

CASO SALMÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar otro revés a Carlos Sosa y ha desestimado el recurso del fiscal contra el archivo de la causa contra el popular canario José Manuel Soria.

Esta semana este mismo tribunal archivó el caso conocido como "Salmón".

José Manuel Soria, presidente del PP canario. (Archivo)

(Libertad Digital) Según informa el diario Canarias7, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha considerado que la denuncia del periodista Carlos Sosa roza "el fraude procesal".

De hecho, el Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el fiscal Luis del Rio contra el archivo de la causa de Sosa contra el popular José Manuel Soria, Luis Soria, María del Carmen Benítez y José Manuel Arnáiz en relación al "caso Salmón".

Caso Salmón

La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, ha dictado un auto en el que archiva el llamado 'caso salmón', en el que figura como imputado por presunto delito de cohecho el presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, además del también secretario general del partido, Manuel Fernández, como supuesto cooperador necesario de cohecho, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El 'caso salmón', que se inició a raíz de una denuncia del periodista Carlos Sosa, del grupo de comunicación Canarias Ahora, investiga el viaje del también vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional a Noruega y Austria en agosto de 2005, acompañado por el empresario turístico ya fallecido Björn Lyng, cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria.

LIBERTADDIGITAL.COM

JUSTICIA Y SOCIEDAD RECURRIRÁ EL ARCHIVO DEL CASO SALMÓN

“Soria aceptó el regalo de un viaje gratis de una persona al que luego se beneficiaría”

El Tribunal Superior de Justicia ha archivado el conocido como caso salmón, donde figura como imputado por presunto delito de cohecho el presidente del PP en las Islas, José Manuel Soria, además del también secretario general del partido, Manuel Fernández, como supuesto cooperador necesario de cohecho. La Asociación Justicia y Sociedad recurrirá el auto del TSJC al considerar que existen “indicios racionales de criminalidad”. “Soria aceptó el regalo de un viaje gratis y fue aceptado siendo presidente del Cabildo”, apunta un abogado de esta asociación, José Manuel Rivero, que advierte además de que el regalo “provenía de una persona que había presentado un anteproyecto y al que luego se beneficiaría”. Por su parte, el popular se mostró desafiante mientras comunicaba el archivo de la causa al presidente de las Islas y socio de Gobierno, Paulino Rivero: “A ver qué dice ahora el cabrón ese…”.

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Justicia y Sociedad recurrirá el archivo del caso salmón porque insiste en que existen “indicios racionales de criminalidad” por parte de Soria. José Manuel Rivero, miembro de esta asociación, explicó a Canarias Ahora que “Soria aceptó el regalo de un viaje gratis y fue aceptado siendo presidente del Cabildo” y apunta además que el auto del TSJC demuestra que aceptó el presente estando en el cargo y que “provenía de una persona que había presentado un anteproyecto y al que luego se beneficiaría”. Ahora la Fiscalía Anticorrupción investigará el recurso.

Aprobación del proyecto del empresario amigo
Los hechos se remontan a 2005, cuando a pesar de los informes desfavorables, el Cabildo de Gran Canaria presidido entonces por Soria aprobó el macroproyecto hotelero de Anfi Tauro que, por sí solo, consumía todas las plazas hoteleras que preveía la norma para toda la provincia. Para regatear la ley se apeló al "interés para la isla" del plan. Posteriormente el Gobierno regional, de Coalición Canaria, rebajó de 3.600 a 1.790 las plazas hoteleras aprobadas. Las diligencias por un posible delito de cohecho y prevaricación se abrieron porque antes de la aprobación del plan Soria viajó a Austria y a Noruega invitado por el empresario Bjorg Lyng, el propietario de Anfi Tauro.

“A ver lo que dice el cabrón este…”
Por su parte, Soria, actualmente vicepresidente del Gobierno canario, se jactó en público del archivo de la causa. En un vídeo del que se ha hecho eco Canarias Ahora, Soria se dirige durante un acto público a charlar con su socio de Gobierno, el presidente regional Paulino Rivero (CC), y le comunica el archivo del caso salmón. Rivero se muestra sorprendido y espeta un “¡Coño, impresionante!”, mientras que Soria sentencia: “Un día inmenso para mí, seis meses mañana tarde y noche, a ver lo que dice el cabrón este ahora…”.

ELPLURAL.COM

ARCHIVADO EL CASO SALMÓN, QUE IMPUTABA POR COHECHO AL PRESIDENTE DEL PP CANARIO

El alto tribunal de Canarias ha considerado que los hechos denunciados no son constitutivos de delito

EFE - Las Palmas de Gran Canaria

La magistrada instructora del llamado caso Salmón, Margarita Varona, ha archivado hoy la denuncia presentada contra el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

En un auto difundido por el alto tribunal canario, Varona decreta el sobreseimiento de las diligencias previas y el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos denunciados, primero por el periodista Carlos Sosa y después en una querella por la Asociación Justicia y Sociedad, no son constitutivos de delito.

No hubo soborno

En sus fundamentos, la magistrada señala que no puede considerarse como un soborno la aceptación por parte de Soria de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega, e indica que tampoco queda acreditado el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos imputado al diputado regional y secretario general del PP, Manuel Fernández.

Según el auto, la invitación a Soria no fue premeditada, sino surgió a iniciativa del músico Justus Franz para que los matrimonios Lyng y Soria fueran a un concierto que iba a dirigir en Salzsburgo en agosto de 2005. La magistrada subraya que el empresario no puso a disposición del político su avión ni lo fletó para el uso exclusivo del matrimonio Soria, sino que les invitó a que les acompañaran porque iba a ir también al concierto. Señala que, excepto los gastos del avión alquilado por Lyng en el que viajó el matrimonio Soria hasta Austria, los vuelos que efectuó el político con su mujer entre ese país, Noruega y Gran Canaria, fueron abonados con cargo a las cuentas del político y su esposa.

Soria pagó por sus vacaciones

Igualmente indica que las vacaciones de verano comprendidas entre los años 2002 y 2008 de la familia Soria en el complejo Anfi del Mar, propiedad de Lyng, también fueron abonadas con el precio que fija la empresa a los clientes con "buenas referencias y solvencia económica". El director general de Anfi del Mar hasta 2007 Calvin Lucock declaró en la instrucción que Soria "nunca estuvo alojado gratis" en el complejo, y en lo relativo a los pagos que hizo en efectivo en el complejo, el auto aclara que el matrimonio posee solvencia económica suficiente para pagar sus vacaciones de esa manera debido a los ingresos que percibe en metálico por su actividad profesional, lo "cual no es ilícito".

Respecto a la relación de este viaje con el posterior informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiedad del empresario, señala que Soria no estuvo presente en el Consejo de Gobierno de la corporación insular, celebrado el 20 de octubre de 2005.

En esa reunión se acordó trasladar al Gobierno canario la petición del Grupo Anfi para que el proyecto se declarara de interés general, única excepción que permite la moratoria turística para edificar este tipo de complejo. El informe del anteproyecto turístico era de interés general para la isla, según los informes elaborados por los técnicos del Cabildo competentes en la materia, refiere el auto, que agrega que Soria "tampoco hizo gestión alguna" ante ellos ni se interesó en modo alguno por la tramitación del expediente.

Por ello, concluye que la aceptación de la invitación por parte de Soria "no tiene el alcance jurídico penal que se pretende en la denuncia y en la querella interpuesta". Se acredita únicamente que dicha invitación "es sólo un acto de decisión unilateral de Lyng acorde a su capacidad económica" y a la relación de amistad que tenían ambos matrimonios.

Negociaciones lícitas

En cuanto al dirigente del PP Manuel Fernández, a quien Justicia y Sociedad en su querella imputaba un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tampoco advierte que se haya producido. Aclara que Fernández había solicitado compatibilizar el desempeño de su cargo de diputado con el de representantes y asesor de varias empresas, entre ellas el Grupo Anfi.

En cualquier caso, en cumplimiento de la cláusula ética de su contrato de asistencia y consultoría, el diputado tampoco asistió a la sesión de la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de la que era miembro, cuando dictaminó sobre la declaración de interés general del proyecto turístico de Lyng, y no participó en el pleno del Parlamento donde se votó.

A juicio de la magistrada, el solo hecho de pertenecer a la citada comisión "no determina la comisión del delito de negociaciones prohibidas que se le imputa". Así, concluye que "no se ha acreditado actividad alguna desempeñada por Fernández que haya comprometido su función de diputado o haya vulnerado la compatibilidad concedida".

ELPAÍS.COM

EL LÍDER DEL PP CANARIO DECLARA POR SEGUNDA VEZ ANTE LA JUEZ POR EL "CASO SALMÓN"

José Manuel Soria está imputado por cohecho al beneficiar supuestamente a un empresario hotelero noruego que le invitó a un viaje a su país

Madrid

El presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno insular, José Manuel Soria, se encuentra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para comparecer por segunda vez ante la magistrada Margarita Varona que instruye el caso Salmón, como imputado por un supuesto delito de cohecho.

* Un juez repone en el cargo a un acusado de corrupción en Telde

La Fiscalía Anticorrupción presentó en octubre del año pasado un escrito en el que pedía investigar a Soria por el conocido como viaje del salmón, en el que supuestamente el líder del PP canario aceptó una invitación del empresario Björn Lyng para visitar Noruega, en la época en la que era presidente del Cabildo de Gran Canaria, en 2005. La denuncia señalaba que el empresario noruego, entonces propietario del complejo turístico canario Anfi del Mar, pudo recibir trato de favor del Cabildo de Gran Canaria, dado que emitió un informe a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en dicho complejo.

Una semana de retraso

Acompañado por su abogado, Soria ha llegado sobre las 9.30 horas a las dependencias judiciales sonriente y en medio de una gran expectación mediática, pero ha evitado hacer declaraciones, informa EP. El líder popular tenía que haber comparecido el pasado 24 de abril, pero su testimonio se retrasó porque el resto de declaraciones duraron más de lo previsto.

Entre quienes acudieron entonces al juzgado se encontraban varias personas vinculadas al complejo hotelero, como el director general de la división del grupo Anfi, José Luis Martínez; David Sánchez Garrido, de los servicios jurídicos de la empresa; la directora del Hotel Club Gran Anfi, Nieves Ginés Montesoto; y María Dolores Hidalgo, del departamento de atención al cliente de Anfi.

El dirigente del PP en Canarias prestó declaración el pasado 26 de noviembre ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC y aportó diversos certificados de sus pagos durante su viaje a Noruega y Austria en 2005 y subrayó en que las facturas del citado viaje están "justificadas documental y fehacientemente". Al salir de su declaración como imputado por presunto cohecho, Soria aseguró haber acreditado "fehacientemente y documentalmente" que pagó más de 3.000 euros en su viaje invitado por el empresario ya fallecido. La magistrada del TSJC mantuvo la imputación por cohecho contra el presidente del PP en Canarias.

ELPAÍS.COM

ONCE CASOS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN POLÍTICA LLEGARÁN A JUICIO EN 2009 EN CANARIAS

Jurados populares serán los encargados de enjuiciar a los cargos públicos implicados en corruptelas políticas.

Los casos de corrupción centrarán la actividad judicial junto con los juicios penales por asesinatos que conmocionaron a la sociedad canaria y por el mayor incendio de Gran Canaria.

ACNPRESS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 'Caso Eólico', 'Faycán', 'Góndola', 'Paraíso', 'Las Teresitas', 'Tindaya', 'Tebeto', 'Salmón', 'Arona', 'brisan', los hoteles ilegales en Lanzarote, y juicios por la vía Penal como el de la joven Yulisa, el presunto secuestrador Marcos R., o los de Expedita Santana, el presunto violador en serie Miguel Ángel M.R., y el mayor incendio de Gran Canaria, llegarán previsiblemente a las salas de las Audiencias de Canarias durante el próximo 2009. Algunos de ellos, como el 'caso Faycán', lo harán tras más de dos años de procedimientos que se han visto ralentizados por las investigaciones previas y por la carga de trabajo en los juzgados.

El artículo 1 de la Ley del Jurado establece que los ciudadanos participan en la Administración de Justicia para delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, y así el Código Penal recoge en el artículo 419 y siguiente los delitos de cohecho, malversación de caudales, prevaricación, tráfico de influencias, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios, imputados a casi medio centenar de cargos públicos y a personas relacionadas con la administración.

Serán, por lo tanto, ciudadanos de a pie quienes deliberen la inocencia o culpabilidad de los políticos canarios que en los últimos años se han visto envueltos en casos de presunta corrupción.

La primera operación que puso en jaque a los responsables políticos de las islas fue el conocido como ‘caso Eólico’, una trama de presunta corrupción centrada en la gestión de la energía eólica de las islas, iniciada por la denuncia que presentó en marzo de 2005, el empresario Alberto Santana.

En febrero de 2006 comenzó una serie de detenciones de cargos públicos que acostumbró a los canarios a ver cómo se llevaba a cabo procedimientos que hasta ahora sólo se habían visto en televisión con la reciente y glamourosa ‘operación Malaya’.

El ‘caso Eólico’ inició su vendaval con las detenciones, en febrero de 2006, en Gran Canaria y Madrid de Celso Perdomo, entonces director general de Industria del Gobierno de Canarias, su novia Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria; Honorato López, jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias; Wilebaldo Luis Llanes, titular de una red de empresas, y Alfredo Briganty, secretario del consejo de administración de la empresa promotora de recursos eólicos, el empresario Enrique Guzmán; y Jesús González Martin, jefe de tesorería de La Caja Insular de Ahorros de Canarias.

En el marco de esta investigación surge un nuevo caso que afecta al presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, y provoca que tenga que apartarse de su cargo. Mientras se realizaban escuchas telefónicas a uno de los presuntos implicados en el ‘caso Eólico’, Wilebaldo Luis Llanes, los investigadores encuentran conversaciones entre Llanes y Martín.

De esta pieza separada se desprenden "supuestos hechos delictivos referidos a la actuación ilegal que promoviese o favoreciese la puesta en libertad de Rafael Bornia Bordón [y amigo de Wilebaldo Luis Llanes], procesado por un delito de tráfico de drogas por el que se encontraba en prisión provisional". En ella se concluía la posible participación en los nuevos hechos delictivos de José Antonio Martín Martin, magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de su sección primera.

Es en marzo cuando la fuerza eólica salpicó al municipio grancanario de Telde y sale a la luz el ‘caso Faycán’ y, desde entonces, el número de imputados asciende a medio centenar, entre los que figuran el alcalde de la ciudad en aquel momento, Francisco Valido (PP); varios concejales de su partido y de su entonces socio en el pacto local, la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca), Guillermo Reyes, empresarios y empleados municipales.

'FAYCÁN'. Muchas páginas de periódicos han llenado los protagonistas de este caso, como por ejemplo, el que se ha llamado 'clan Torres', pues se produjo la detención de la concejala del PP, María Antonia Torres, su marido Enrique Orts, asesor del Ayuntamiento y varios de sus hijos.

Una vez llegados a este punto, los canarios se acostumbran a que no sólo en Marbella hay presuntos ladrones de guante blanco. La expectación durante meses a las puertas de los juzgados teldenses es imparable. El 7 de noviembre de 2007 la policía detiene al alcalde del municipio, Francisco Valido, y a cinco concejales más, iniciándose la era del ‘faycanato’.

Las garras de la corrupción amplían su cerco y bajan desde Las Palmas de Gran Canaria a Telde e incluso a Mogán. Se destapa la ‘operación Góndola’, donde la presunta corrupción urbanística alcanza al alcalde ‘popular’ del municipio, Francisco Gonzalez, a la teniente de alcalde y a varios concejales.

Su punto álgido llegó cuando la Fiscalía Anticorrupción remitió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una pieza separada con escuchas telefónicas entre el empresario Santiago Santana Cazorla, imputado en este procedimiento, y el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín (CC), con el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y con el jefe del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias. Finalmente la Justicia desvinculó al ex presidente de la Comunidad de su implicación en este caso.

La ‘operación Paraíso’ amplía el radio de la corruptela a San Bartolomé de Tirajana a mediados de 2007 y comienza con seis detenciones, la principal la de Francisco Guedes, polémico político que en el anterior mandato municipal fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él.

'BRISAN'. Santa Brígida se impregna también de una nueva operación con ‘Brisan’ cuando en octubre de 2004, Victoria Casas, acompañada de Antonio Ramírez, portavoz socialista en el momento de la denuncia y Amalia Bosch (Los Verdes) denunciaron a la Audiencia de Cuentas a los ex alcalde de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz; a Luis Troya, ex concejal de Urbanismo; a Antonio Ventura, empleado de la Concejalía de Vías y Obras, a tres interventores municipales y a un empresario.

El contenido de la denuncia es de contrataciones irregulares a empresas del entonces alcalde, Carmelo Vega, y de las que también se beneficiaba el responsable de Urbanismo, Luis Troya, por eludir la Ley de Contratos al utilizar vales municipales con arbitrariedad y por prestación de servicios sin contratos.

Es en 2008 cuando se remata el trabajo policial y la investigación judicial con las detenciones de siete personas que han destapado oficialmente cuatro años de sospechas en torno a la gestión del ex alcalde satauteño, Carmelo Vega (PP), detenido junto al también ex alcalde, Antonio Díaz, Luis Troya, Antonio Ventura, los interventores municipales Santiago Hernández, Antonio Ventura y Jacinto Hernández; y el empresario Pedro Morales

Recientemente, el periodista Carlos Sosa denunció al actual presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, y Manuel Fernández, secretario general del mismo partido. La denuncia está relacionada con un viaje a Noruega en 2005 con el propietario de la empresa Anfi Tauro, meses antes de que el Cabildo, que presidía el luego imputado, aprobara la creación de 3.600 camas hoteleras a favor del establecimiento, promoviendo la urbanización como excepción a la ley de moratoria vigente.

TENERIFE. La isla de Tenerife también ha protagonizado casos de corrupción en los últimos años que llegarán a los juzgados en el nuevo año. Probablemente, el ‘caso Arona’ llene las salas de los juzgados durante días. La denuncia contra la Junta de Gobierno del municipio por prevaricación afectó a la libertad de Roberto de Luis (aparejador) y Zenón Rodríguez (arquitecto), que abonaron una fianza de 80.000 euros cada uno.

El 11 de abril de 2008 se amplía la denuncia y afecta al gobierno actual, electo en mayo de 2007 por 41 licencias urbanísticas con informes negativos en el período diciembre 2006 al mismo mes de 2007.

En Fuerteventura, el ‘caso Tebeto’ pone en jaque al Gobierno de Canarias con la denuncia de la empresa Sociedad Canteras Cabo Verde, SA, que se remonta al año 2004. La empresa entiende que dejó de ganar 104 millones de euros por una concesión minera que obtuvo entonces y que no pudo ejecutar en Montañetas de Tebeto (Fuerteventura) al cancelarse el expediente.

En ese momento, el consejero de Industria del Gobierno de Canarias era Luis Soria (PP), implicado en otros casos de presunta corrupción. La adjudicación de la licencia vulnera la Ley de Minas y va contra el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, según exponen los textos legales.

SIEMPRE QUEDARÁ ‘LAS TERESITAS’. El ‘caso Las Teresitas’ cumple todos los requisitos fundamentales de la “eternización” de la justicia. Es complejo saber si los juicios se celebrarán este próximo año aunque sí volverán a centrar actividad judicial.

El denominado caso Las Teresitas se remonta a 1998 cuando los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González crean la sociedad Inversiones Las Teresitas y solicitan un crédito de 5.500 millones de pesetas a CajaCanarias, dándose la circunstancia de que González era en aquel momento vicepresidente de su comité ejecutivo.

Dicha anomalía es investigada por el Banco de España, pues entiende que uno de sus directivos podría tratar de darse un crédito a sí mismo con la única garantía de los terrenos a comprar en la zona de Las Teresitas.

Finalmente, los casos penales del presunto secuestrador de la furgoneta blanca, Marcos R., detenido el pasado año y muy sonado por su trabajo en un crematorio de animales; el del violador en serie de La Feria (Las Palmas de Gran Canaria), cuya investigación continúa, el asesinato de Yulisa, cuyo juicio está señalado para enero, el enjuiciamiento del hombre que mató presuntamente a una niña coreana; o, últimamente, la trágica muerte de Iván Robaina en un cruel acto de violencia callejera.

Los incontables casos de hoteles ilegales en Lanzarote, los numeros de violencia de género y el mayor incendio de Gran Canaria, provocado presuntamente por un guarda forestal de Tejeda, para quien el fiscal solicita hasta 20 años de prisión, mantendrán las salas de los juzgados copadas de gran expectación mediática.

LASPROVINCIAS.ES

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN RESPALDA LA DENUNCIA CONTRA JOSÉ MANUEL SORIA POR COHECHO

El vicepresidente canario será investigado por un viaje de placer con un empresario noruego al que luego presuntamente dio un trato de favor

AGENCIAS - Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía Anticorrupción del Estado considera que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, debe ser investigado por un supuesto delito de cohecho en el caso Salmón, durante su periodo como presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Fuentes cercanas al caso han informado de que el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, se personará por ello en la causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas (TSJC) contra Soria, también presidente del PP en Canarias, a raíz de una denuncia presentada por el periodista Carlos Sosa.

José manuel Soria López

Dicha denuncia está relacionada con un viaje en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario de Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng. El citado informe tuvo lugar en fechas posteriores al viaje realizado por ambos.

La denuncia que fue admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, también fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha confiado hoy en que se archive la causa, durante una rueda de prensa sobre el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales, en la que se ha mostrado convencido de que los titulares de los periódicos serán "por lo menos del mismo tamaño de los que se producirán estos días" una vez resuelto el caso.

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