"CASO MAQUILLAJE"; UN FUNCIONARIO DECLARA QUE NADAL PERMITIÓ UNA ADJUDICACIÓN CON UN CERTIFICADO FALSO

Tribunales. Declaran tres funcionarios en las diligencias del caso maquillaje

Un abogado del Consell detectó un documento manipulado en el expediente de Ona Mallorca

Jeroni Mas, en los pasillos del juzgado de instrucción 2 de Palma. Foto: Miquel Massuti

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. Jeroni Mas, un asesor jurídico del Consell en el año 2000 y que formó parte de la mesa de contratación para la creación de la radio pública insular Ona Mallorca, declaró ayer ante el juez del caso Maquillaje que el entonces conseller de Servicios Generales de dicha institución por UM, Miquel Nadal, no hizo nada tras ser informado por él de un certificado falso en el expediente. Mas añadió que detectó el documento supuestamente manipulado y que habló personalmente con Nadal, que no tomó medida alguna.

Miquel Nadal, defendido por Josep Zaforteza y Alberto García, está acusado en este sumario, y entre otras imputaciones, de conceder de manera irregular al empresario Alfredo Conde la creación y explotación de Ona Mallorca. Según los investigadores, el productor Conde no reunía los requisitos legales, entre ellos la clasificación empresarial para poder contratar con las Administraciones Públicas.

Pese a estas irregularidades, Nadal habría hecho valer su condición de conseller ejecutivo para conseguir que Conde se hiciera con el contrato, que luego fue renovado en otras cuatro ocasiones.

El juez de instrucción 2 de Palma decidió hace unos días imputar en la causa a Jeroni Mas, Antonia Nicolau y Brígida Llinas, tres de los técnicos del Consell que tomaron parte en el primer concurso. Los funcionarios declararon ayer ante el juez y el fiscal Juan Carrau, asistidos por la abogada del Consell, Carmen de España.

Según los atestados policiales, Conde nunca llegó a presentar el certificado de clasificación empresarial, un documento que emite el Govern y que avala la solidez del licitador. El productor únicamente habría aportado la solicitud para que se le diera dicha clasificación. La mesa de contratación reunida el 20 de noviembre del 2000 no mencionó la carencia de la clasificación, pero sí que dio fe de que la oferta de Studio Media carecía de otros documentos.

Nadal en su última declaración confirmó que asistió, como presidente a la mesa de contratación del 20 de noviembre del 2000, pero declinó en los técnicos las tareas de supervisar las ofertas. "Tenía absoluta confianza en los técnicos y no miré los pliegos", aseguró el edil de Palma por UM. Miquel Ángel Grimalt, conseller de Medio Ambiente hasta el pasado día 5, también participó en aquel expediente en su calidad de coordinador de área de Servicios Generales y está encausado. Grimalt, defendido por Josep de Luis, también acusa a Nadal de favorecer a Conde al no haber rescindido el contrato cuando el segundo incumplió los plazos sobre la programación.

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"CASO PALMA ARENA"; MATAS PIDIÓ A UN HOTELERO QUE DIERA EMPLEO A SU ESPOSA

Areal había abandonado otro empleo similar "porque no captó ni un cliente"

El empresario pagó 60.000 euros en un año a la mujer del entonces president, según la investigación policial

Jaume Matas y su esposa Maite Areal. Foto: Modem Press

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. Jaume Matas solicitó al hotelero Miquel Ramis Martorell, ex alcalde de Muro por Convergencia Democrática Murera, que diera un empleo a Maite Areal. La esposa del entonces president del Govern trabajó en 2007 como relaciones públicas de uno de los mejores establecimientos de Palma, el Valparaíso, porque el político se lo pidió como un favor. Areal acababa de abandonar un puesto similar en una consultoría mallorquina porque "no había captado ni un solo cliente en más de un año", según se desprende de la investigación del caso Palma Arena.

El juez José Castro, que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Matas, ha citado para la semana que viene en calidad de testigos a los empresarios que contrataron a Areal.

La Policía Judicial de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llevan meses rastreando al milímetro el patrimonio de Matas y de algunos de sus familiares más próximos: su esposa, su cuñado Fernando Areal y su madre, entre otros. Los investigadores presumen de que Matas, citado a declarar como imputado en el Palma Arena para el 23 de marzo y defendido por Rafael Perera, pudo obtener ingentes sumas de dinero producto de cohechos o comisiones. Estos fondos negros los habría invertido en sus inmuebles, especialmente en la vivienda conocida como el "palacete" y otro piso de lujo en Madrid.

Sin despacho
Ramis ha declarado que Matas le pidió el favor en 2006 y le dijo que el trabajo de su esposa era para un año, desde enero a diciembre del 2007. El empresario asegura que fichó a Maite Areal porque era una persona que "conocía a mucha gente, tanto en Mallorca como en Madrid". El sueldo pactado fue de 60.000 euros brutos anuales, en 14 pagas. Areal no ocupó ningún despacho en la sede del hotel o de la cadena a la que pertenece: "No tenía un lugar físico para trabajar, sus funciones las hacía a caballo entre Palma y Madrid, donde residían sus hijos".

El empresario de Muro dio de alta en la Seguridad Social a la cónyuge del político, pero no le hizo un contrato formal. "Fue un acuerdo verbal debido a las relaciones de confianza entre las dos partes", ha puntualizado el testigo. El hotelero también ha aportado otro dato sobre el vínculo laboral de su relaciones públicas: "Únicamente me rendía cuentas a mí".

La empresa turística pagó a Maite Areal hasta diciembre de 2007. La relación laboral se acabó cuando Matas y su esposa se fueron a vivir a Estados Unidos.

En la pasada legislatura, el hotel fue escenario de numerosos actos donde el Govern de Matas participó como organizador o colaborador. Estos eventos fueron conferencias, reuniones, seminarios, etc. Por ejemplo, en abril del 2007 el president Jaume Matas asistió en ese establecimiento a una conferencia del científico Manuel Patarroyo. Su esposa ya era la relaciones públicas del hotel.

La consultora Martorell Asesores (antes Centro de Cálculo Balear) también empleó a Maite Areal desde noviembre de 2005 hasta diciembre de 2006, aunque le pagó tres nóminas más en 2007, que la esposa del president devolvió. "Trabajaba en el departamento de marketing como relaciones públicas, buscaba clientes para la sociedad en la calle (fuera de la empresa); no tenía horario, iba por libre; cobraba unos 2.000 euros netos al mes. Al final no consiguió ni un cliente y cuando se lo reprochamos, se marchó", han declarado Miguel Amengual y Miguel Martorell, dos de sus gestores.

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EL JUEZ ACUSA AL ALCALDE DE AVALAR UNA ILEGALIDAD "A SABIENDAS"

D. DOMÍNGUEZ - A Coruña

Al juez no le han convencido las explicaciones del regidor esta semana y ha decidido mantener su imputacion por los delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Carballal considera que existen "evidencias" de que el regidor utilizó su condición para beneficiar a la empresa Álvarez Cacabelos, en la que trabaja su hermano David Cacabelos, y adjudicarle el proyecto del edificio administrativo en la calle Cándido Acuña de O Grove. El regidor solicitó en septiembre de 2008 que se incoase el expediente de contratación del proyecto de construcción, a pesar de que la firma de su hermano ya había redactado el proyecto en abril. El proceso fue avalado por el alcalde "a sabiendas de su ilegalidad", cita el auto.

El auto concluye que el alcalde también actuó de forma ilegal al contratar las obras, cuyo presupuesto asciende a 1,3 millones de euros. La beneficiaria del concurso fue la constructora Álvarez Prol, a pesar de que en la oferta no constaba el proyecto de ejecución y de que su propuesta adolecía de numerosos defectos, como indica el juez. Entre ellos, la falta de pliegos técnicos de materiales e instalaciones, de memoria constructiva o del cuadro de precios por unidades.

La empresa presentó las mejoras del proyecto fuera de plazo, lo que fue determinante para que la mesa de contratación la eligiese. En esa mesa estaba sentado como arquitecto invitado el hijo del dueño de la firma beneficiaria. En diciembre de 2008, se certificó el inicio de las obras y el gasto de 100.000 euros para poder percibir una subvención de 80.000 euros de la Xunta. Un notario da fe en abril de 2009 de que no existe actividad alguna en el solar.

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA ORDENA INVESTIGAR AL EX GERENTE DE URBANISMO

Un empresario acusa a Manuel Marchena de ofrecerse para amañar un concurso

J. MARTÍN-ARROYO / R. RINCÓN - Sevilla

Giro inesperado en el caso Mercasevilla. La juez instructora, Mercedes Alaya, ha pedido a la policía que investigue al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, después de que el promotor de Larena98, Antonio Pardal, le acusara de ofrecerse para amañar varios concursos destinados a construir viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla. Pardal asegura que recibió propuestas de concesiones ilegales por parte de Marchena, pero también de un director general de la Junta y un cargo de confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

"Me ofreció proyectos de VPO que me serían otorgados en su día"

El empresario realizó la grave acusación contra Marchena el pasado lunes ante la policía judicial: "A cambio de abandonar Mercasevilla (rescindir el contrato de superficie) me ofreció poder concursar en varios proyectos de VPO que me serían otorgados en su día".

El constructor poseía los derechos de suelo de la empresa municipal y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero como dejó de abonar dicha cuota por los problemas que hacían inviable la parcela, tanto Mercasevilla como el Consistorio buscaban que renunciara a dichos derechos, tal y como finalmente hizo en favor de la constructora Sando.

El empresario acusó asimismo a Marchena de pedirle que patrocinase el club Patín Macarena de hockey sobre patines, a lo que accedió y aportó "cuatro o cinco millones de pesetas". "Esta propuesta me la realizó un tal Marín, político designado por el Ayuntamiento de Sevilla en el distrito Macarena", aclaró Pardal. Probablemente Pardal se refiera a José Marín, ex secretario del distrito Macarena.

Ante su previsible declaración en comisaría, Marchena defendió su actuación como gerente de Urbanismo: "Tengo la conciencia tranquila. Siempre me he conducido por la estricta observancia de la legalidad en la defensa de los proyectos de la ciudad". Marchena aclaró que de momento no ha recibido ninguna notificación de la policía ni de la juez, pero aseguró que acudirá a declarar si le llaman. "Me pongo a disposición de la policía judicial y de la juez para aclarar con toda diligencia cualquier detalle que se me solicite sobre esta cuestión".

El promotor acusó asimismo a un director general de la Junta residente en El Pedroso (Sevilla) de prometerle "la concesión de una estación para pasar la ITV de vehículos a cambio de seguir pagando el canon". Pardal afirmó ante la juez que recibió "todo tipo de presiones por parte del ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, principal imputado en la causa. Por último, el promotor acusó a la cúpula de Mercasevilla y otra persona joven "que decía ser la mano derecha del alcalde", de ofrecerle la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla.

Además, el promotor relató que mantuvo cuatro reuniones con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para tratar "las anomalías de Mercasevilla". Monteseirín le dijo que desconocía las irregularidades y le prometió que trataría el asunto con Marchena "para aclarar la situación".

Graves acusaciones
- El promotor Antonio Pardal ha acusado al ex gerente de Urbanismo de Sevilla Manuel Marchena de ofrecerse para amañar varios concursos de VPO a cambio de que mantuviera un canon a Mercasevilla.

- Tras la acusación, la juez ha ordenado a la policía judicial que investigue las ofertas ilegales que denuncia Pardal.

- Entre estos ofrecimientos, Pardal acusa a un director general de la Junta y a un joven "que decía ser la mano derecha del alcalde".

elpaís.com

"CASO MAQUILLAJE"; "ADVERTÍ A NADAL DE QUE HABÍA UN CERTIFICADO FALSO Y NO ANULÓ EL CONTRATO"

La trama para saquear el Consell

* El secretario del Consell acusa al líder de UM de amañar la adjudicación
* Asegura que le alertó en persona de que se había manipulado el expediente

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El secretario del Consell de Mallorca acusó ayer directamente a Miquel Nadal ante el juez que instruye la denominada Operación Maquillaje de adjudicar la radio pública a los testaferros de Bartomeu Vicens pese a que le advirtió expresamente de que el expediente albergaba graves irregularidades. Tantas como que Jeroni Mas aseguró en su declaración como imputado que detectó la existencia de «un certificado falso» entre la documentación aportada por la empresa Studio Media Comunicació, S.L., propiedad de Alfredo Conde y de su mujer Elisabeth Diéguez, que fue el matrimonio que cobró en nombre de Vicens sus comisiones del 15% a cambio de lograr la recalificación del polígono industrial de Son Oms.

Mas aludió concretamente a una «acreditación manipulada» que justificaba que la empresa contaba con la clasificación obligatoria para contratar con la institución insular. Un requisito que «la ley española exigía a los contratos de servicios superiores a 120.000 euros». Tras detectar estos hechos, explicó que lo puso inmediatamente en conocimiento del líder de UM, que se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza por su implicación en la denominada Operación Voltor.

«Fui a hablar con el Sr. Nadal sobre el 15 de marzo de 2001 y le dije que la documentación podía haber sido alterada y que, además, faltaba una escritura que habíamos visto inicialmente», explicó Mas durante su interrogatorio aludiendo a que no sólo se topó con documentos amañados sino con la desaparición de otros. «Estaba presente la interventora del Consell de Mallorca, Brigida Llinàs, y Nadal sabía que teníamos experiencia en Mesas de Contratación, que somos serios», prosiguió.

«No recuerdo exactamente la conversación», continuó el secretario del Consell de Mallorca en presencia del fiscal Anticorrupción Joan Carrau, «pero salimos bastante tranquilizados». «La primera impresión fue pensar que habían metido la pata. Pero después, meditándolo mejor y consultándolo con la interventora adjunta, llegamos a la conclusión de que era imposible que fuera un error», abundó el funcionario de máximo rango de la institución insular.

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