LA AUDIENCIA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN DE UN EX ALCALDE DEL PSOE DE CARTAYA

Juan Antonio Millán durante una rueda de prensa. | E. Domínguez

HUELVA | También está imputado el ex concejal de Urbanismo

El Ayuntamiento vendió unos terrenos por 3 millones menos de su valor real

El arquitecto que los tasó trabajaba para la empresa beneficiaria

Lorena Correa | Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado la imputación del ex alcalde de Cartaya, el socialista Juan Antonio Millán; el ex concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, y su esposa por corrupción urbanística tras vender unos terrenos a una empresa constructora tres millones de euros por debajo de su valor real para beneficiar, presuntamente, al concejal.

El auto emitido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, ha desestimado el recurso de apelación presentado por los imputados y ha referido que existen "más que objetivos de criminalidad" en la actuación de los mismos. Deberán rendir cuentas ante la Justicia por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas de los funcionarios.

El origen de esta trama se remonta al año 2005. El ayuntamiento, gobernado por el PSOE, firmó un acuerdo urbanístico con la empresa Hierros y Construcciones de San Juan del Puerto (Hiconsa) para la construcción de medio centenar de viviendas en el centro del municipio.

La oposición -PP, IU, PA e Independientes por Cartaya (ICAR)- consideró que la constructora debería haber pagado por esa operación 4,5 millones, según una valoración visada por el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, Hiconsa desembolsó únicamente 1,3 millones por los terrenos, que fue la tasación que realizó un arquitecto contratado el equipo de gobierno, también imputado en la causa.

Este arquitecto trabajaba, precisamente, para la empresa constructora, que se ahorró más de tres millones de euros por la adquisición de la parcela y la licencia de obras.

Además, el arquitecto imputado y la empresa Hiconsa construyeron poco después un chalé para el ex concejal de Urbanismo Miguel Novoa con una licencia de obras que invadía un viario público y excedía el volumen de edificabilidad permitido, según denunció la oposición en los tribunales. Esta vivienda pudo ser resultado de "una cadena de favores en vista de los vínculos personales" que se establecen entre los imputados.

A partir de ahora, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ayamonte dará traslado a las partes personadas para que formulen escrito de acusación previo al juicio oral que juzgará al ex alcalde, que dejó su acta de concejal tras perder la Alcaldía en 2011.

elmundo.es

INHABILITAN DURANTE SIETE AÑOS AL EXALCALDE DE CÓMPETA POR UN DELITO URBANÍSTICO

Leovigildo López, del PP
Efe | Málaga

El exalcalde de Cómpeta, Leovigildo López (PP), ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante siete años por un delito contra la ordenación del territorio al conceder una licencia no adecuada a derecho.

El exregidor también ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga a doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

En el fallo también se condena a la misma inhabilitación y multa a dos concejales y al arquitecto municipal debido, éste último, a que informó favorablemente tanto la concesión de la licencia como la aprobación del proyecto de actuación.

El juzgado considera probado que el alcalde pese a conocer un informe de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "categórico y claro" sobre la no adecuación de la licencia procedió a otorgarla.

Los hechos se remontan a noviembre de 2004 cuando una mujer solicitó al Ayuntamiento de Cómpeta la aprobación del proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar en una zona conocida como "Pago de El Cerro", en una zona no urbanizable.

En marzo de 2005 la Junta de Andalucía formuló informe desfavorable al proyecto de actuación para la construcción de la vivienda al no ajustarse a lo establecido en la ley.

Además, entre otras irregularidades, la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio no consideraba la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos de la finca.

No obstante, y a pesar de lo anterior, E.A.Y., actuando como asesor técnico municipal, emitió un informe favorable "realizando una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística, ignorando de manera voluntaria, las causas en virtud de la cuales se emitió el informe negativo de la Junta de Andalucía".

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2005, la comisión de gobierno de la corporación municipal otorgó la licencia pese a conocer "el informe categórico, claro y evidente de la Junta de Andalucía".

elmundo.es

SUSPENDEN EL JUICIO CONTRA EL EX ALCALDE DE CARRATRACA ACUSADO DE UN DELITO URBANÍSTICO

TRIBUNALES | El ex regidor Óscar Román

Europa Press | Málaga

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha suspendido el juicio previsto para este martes contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Carratraca Óscar Román (IU), acusado de un delito contra la ordenación del territorio, debido a la enfermedad de un letrado, según han informado fuentes judiciales.

La Fiscalía solicita para Román, que presentó en enero su dimisión tras manifestar su desacuerdo con algunos aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y su aplicación, una pena de un año y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.

Los hechos ocurrieron en enero de 2002 cuando, según el escrito provisional del fiscal, el entonces alcalde presuntamente otorgó por decreto a favor de un particular una licencia de segregación de una parcela de suelo clasificado como no urbanizable, "pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables".

La acusación pública sostiene en sus conclusiones iniciales que en dichos informes "se ponía de manifiesto la contrariedad de lo solicitado con la normativa urbanística vigente en el momento de los hechos", determinada, según se precisa, por varios artículos de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

El ministerio fiscal precisa en su calificación, a la que tuvo acceso Europa Press, que el acusado dio la licencia siendo "sabedor de la evidente flagrante contrariedad con la legislación" y entiende que conocía que tal segregación "encubría una auténtica parcelación urbanística y, como tal, ilegal, en suelo no urbanizable".

ELMUNDO.ES

EL ALCALDEDE ALFARNATEJO DICE QUE NO DIO LICENCIAS PARA CONSTRUIR CASAS EN EL CAMPING

TRIBUNALES | Denunciado por el PP

Europa Press | Málaga

El alcalde del municipio malagueño de Alfarnatejo, Antonio Benítez, ha asegurado este lunes que "nunca" ha dado licencia de obras para la construcción de viviendas en el camping y, ha añadido, "no se ha aprobado plan parcial ninguno y sí un proyecto de actuación en el camping".

Benítez ha realizado estas declaraciones tras la denuncia que presentó el PP en el Juzgado de Instrucción de Málaga contra el regidor de esta localidad por un presunto delito contra la ordenación del territorio al conceder una licencia urbanística "conociendo su ilegalidad". Así, según el PP, Benítez ha autorizado la construcción de viviendas en 'El Cortijuelo', aún cuando se trataba de suelo no urbanizable y con informes desfavorables del secretario-interventor.

En este sentido, Benítez ha asegurado, a través de un comunicado, que en algunos puntos "el PP miente a sabiendas" y ha añadido que "el Partido Popular tiene la certeza de que sólo puede llegar a la Alcaldía enturbiando la política local".

"El PP intenta conseguir a través de la justicia lo que yo gané en las urnas, por las que he sido democráticamente elegido por mayoría absoluta por los vecinos de mi pueblo durante tres legislaturas", ha asegurado y se ha preguntado "por qué tanto interés en este pequeño pueblo".

Por otro lado, en relación con la denuncia realizada este domingo por los populares en la que aseguraba que Benítez "empadronó ilegalmente a varias familias en ese enclave", el alcalde de Alfarnatejo insistió en que "el PP sabe, o mejor dicho debería saber, que hay informes jurídicos favorables al empadronamiento en dicho camping".

Por último, se ha cuestionado por qué el PP a nivel provincial pide una moratoria de las viviendas "supuestamente irregulares y al alcalde de Alfarnatejo lo llevan a Fiscalía".

Además
* Denuncian al alcalde socialista de Alfarnatejo por prevaricación

elmundo.es

"OPERACIÓN ALMEXIA"; IMPUTAN A OTRA PERSONA EN ALMOGÍA POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

TRIBUNALES

Europa Press Málaga

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha imputado a una persona, con iniciales J.J.P.P., en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas que se investigan en Almogía, según informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes apuntaron que a esta persona se le imputa un delito contra la ordenación del territorio. Otras fuentes precisaron a Europa Press que se trata de un constructor. Además, en estos días han comparecido también varios testigos.

La instructora del caso confirmó entre noviembre y diciembre pasado las imputaciones hechas por la Guardia Civil respecto a 12 personas investigadas en este caso, entre ellas el alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, al que inicialmente se le imputan los delitos de falsedad documental y prevaricación.

Asimismo, la jueza imputó al arquitecto del Ayuntamiento por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; y al secretario municipal por los delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación.

elmundo.es

"CASO LLÍBER"; DOS ENCARCELADOS Y 14 IMPUTADOS

La trama urbanística por la construcción de 300 chalés en suelo rústico en Llíber arroja un balance judicial de 16 imputados. De ellos, la juez del caso envió a prisión a tres personas: el ex alcalde del PP, José Mas, el aparejador municipal y el cabecilla de la red, el promotor Miguel Montaner. Este último está ahora en libertad provisional tras depositar una fianza de 100.000 euros. El resto de imputados está en libertad con cargos. La magistrada instructora ha abierto una causa por los supuestos delitos de cohecho, estafa, prevariación y contra la ordenación del territorio.

Aparte de los dos encarcelados, la lista de imputados se completa con cinco promotores, un notario, dos abogados, la ex secretaria del Ayuntamiento, el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus, y otros cuatro ediles. La implicación de estos cinco concejales, que aún no han comparecido ante la juez, está motivada por su participación en los plenos en los que el ex regidor Mas autorizó las licencias irregulares.

Por su parte, el ex alcalde Mas está procesado ya por un delito de prevariación derivado de la concesión de 24 licencias para construir chalés en suelo rústico. El fiscal le pide un año y medio de cárcel. Este caso, pendiente de juicio oral, fue anterior a la investigación que motivó su encarcelamiento el pasado mes de diciembre por avalar otros 300 chalés ilegales a cambio de regalos y dinero.

elpaís.com

LA FISCALÍA PIDE 9 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EDIL DE URBANISMO DE CREIXELL

Concedió la licencia de obras a una empresa de forma irregular tras venderle terrenos de su propiedad

F. BALSELLS - Tarragona

La Fiscalía de Tarragona pide nueve años de inhabilitación y una multa de 9.000 euros para el edil de urbanismo de Creixell (Tarragona), Juan José Conesa, por supuestas irregularidades en la compraventa de unos terrenos de su propiedad. Por aquella operación, realizada cuando Conesa era alcalde de la localidad, el fiscal le acusa de un delito contra la ordenación del territorio mediante el cual el acusado habría obtenido unos 65.000 euros de beneficios.

Conesa ostentó la alcaldía de Creixell desde 2001 hasta 2003. En noviembre de 2002 el acusado adquirió solares por unos 25.500 euros mediante la empresa Conesa Estabilizaciones y Jardinería, en la cual figuraba como administrador. Un mes después los vendió a la empresa Castellmar-Euromar 2000 por 90.100 euros, más de tres veces su valor de compra a través de un contrato privado que no se formalizó hasta meses después. El representante de la empresa compradora no otorgó la escritura pública de compraventa hasta mayo de 2003, una vez hubo obtenido las preceptivas licencias de obras tras la supuesta mediación del alcalde.

La Alcaldía promulgó ese mes un decreto en el que concedía la licencia de obras a Castellmar-Euromar 2000 para la construcción de tres viviendas unifamiliares, que luego extendió con otra licencia para construir dos viviendas más. El entonces alcalde desoyó en esa decisión a dos informes del consistorio desfavorables a esos permisos. El arquitecto municipal y el secretario elaboraron sendos documentos en los que subrayaban que los terrenos no cumplían con la condición de solar que fija la ley de urbanismo de la Generalitat. La alcaldía desestimó ambas versiones por motivos no aclarados, detalla el fiscal.

La operación también está supeditada a un posible delito de prevaricación, recoge el escrito de la fiscalía. Ésta sostiene que los terrenos se revalorizaron por la concesión de la licencia de obras y que Conesa firmó el decreto pese a que debía inhibirse de la decisión por ser parte interesada. El juicio se celebrará a mediados de 2010.

elpaís.com

EL JUEZ BUSCA INDICIOS DE PRESUNTOS DELITOS URBANÍSTICOS EN ARBOLEAS

La policía autonómica registró el Ayuntamiento e interrogó al ex secretario

ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería

La policía tomó ayer durante cerca de cinco horas el Ayuntamiento de la localidad almeriense de Arboleas por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa en el marco de una investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. El Consistorio -gobernado por el PSOE- siguió funcionando con normalidad mientras los agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía registraron minuciosamente el despacho del que fue secretario municipal del Ayuntamiento desde 2000 hasta el pasado mes de julio, Fernando García Benito.

La decisiones sobre urbanismo recaen desde 1999 en la Junta de Gobierno

Esta pequeña localidad (4.000 habitantes) está situada en el Valle del Almanzora, una comarca almeriense en la que se calcula que hay alrededor de 5.000 viviendas levantadas sin respetar ordenación urbanística alguna, gran parte de las misma ocupadas por ciudadanos británicos.

García Benito permaneció retenido en las dependencias en las que en la actualidad lleva a cabo su trabajo como técnico de la Administración General mientras los agentes practicaban el registro centrado en la intervención de documentación sobre expedientes urbanísticos ordenado por el juez Alberto Blanco a instancias de la fiscalía.

En concreto, el Ministerio Público instó a localizar documentos originales de solicitudes de licencias de obra, de proyectos de ejecución, de resoluciones de alcaldía y de licencias de primera utilización de edificaciones, además del libro de decreto de resoluciones y el de actas.

La orden del juez instructor del caso incluyó también el registro del contenido del ordenador ubicado en el despacho del ex secretario municipal, quien abandonó por su propio pie la Casa Consistorial pasadas las 16.30. En ese momento, los agentes de la policía autonómica decidieron dar por finalizada la operación que, por el momento, se ha saldado sin detenciones.

El alcalde, Ángel Jesús García, ofreció su versión de los hechos ya horas después y aseguró que no tenía constancia de que "algo se haya hecho incorrectamente en el Ayuntamiento". García -ex concejal de Turismo, Comercio y Deporte hasta que el pasado 30 de enero asumiera la alcaldía de la localidad tras la muerte de su antecesor en el cargo, el también socialista Francisco Pérez Miras- sostuvo que todos los temas urbanísticos recaen desde 1999 sobre la Junta de Gobierno. "En lo que yo conozco, todo es legal", insistía el regidor antes de trasladar su total confianza en el equipo de Gobierno.

La intervención en este Ayuntamiento de la comarca del Almanzora se ha producido después de que el Gobierno andaluz y siete consistorios de la zona -entre ellos el de Arboleas- alcanzaran en septiembre de 2008 un acuerdo de colaboración para buscar soluciones a las alrededor de 5.000 viviendas fuera de ordenación que se asientan en estos municipios.

elpaís.com

PIDEN UN AÑO DE CÁRCEL PARA EL ALCALDE SOCIALISTA DE CASARABONELA

TRIBUNALES | Por delito urbanístico

Efe | Málaga

El alcalde de Casarabonela (Málaga), Sebastián Gómez (PSOE), se enfrentará a una petición fiscal de un año de prisión y ocho de inhabilitación por conceder presuntamente una licencia de obras a sabiendas de la ilegalidad.

El ministerio público pide la apertura de juicio oral y que el regidor sea condenado por un delito contra la ordenación del territorio, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2006 cuando un particular solicitó una licencia municipal de obras para la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el consistorio.

El Ayuntamiento incoó un expediente de licencia de obras y en mayo de 2007 se emitió un informe por la técnico municipal como "no favorable", pero, a pesar de ello, el alcalde dictó el mismo día un decreto que otorgaba la licencia de obras, sin informe jurídico y a sabiendas de la ilegalidad.

Unos días después se notificó al particular la concesión de la licencia de obras y se le especificaba que "era necesario presentar proyecto de ejecución para poder comenzar las obras".

Tras recibirse en el Ayuntamiento un oficio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) donde se ponía en conocimiento las obras que se estaban realizando, al día siguiente el regidor dictó decreto de suspensión de las obras.

El fiscal afirma que "sin aportar ningún documento más al expediente", el particular comenzó las obras que consistían en la ampliación de una vivienda ubicada en suelo no urbanizable.

En abril de 2009 una técnico municipal tras una visita de inspección comprobó que las obras estaban prácticamente finalizadas.

Estas obras, según el fiscal, no son susceptibles de legalidad y fueron llevadas a cabo por el particular amparándose en una licencia ilegal, al haberse concedido pese al informe desfavorable del arquitecto técnico municipal y sin haberse aportado por parte del interesado proyecto de ejecución.

Por todo ello, el ministerio público también pide que el propietario de la vivienda sea juzgado y condenado por otro delito contra la ordenación del territorio a nueve meses de prisión, multa de 15 meses con una cuota diaria de quince euros e inhabilitación para realizar obras durante dos años y seis meses. El fiscal también solicita en su escrito acusatorio que el propietario del inmueble proceda a la demolición de lo ilícitamente construido.

Además
* El alcalde de Sayalonga, condenado

elmundo.es

ELALCALDE DE SAYALONGA SE MARCHA AL SER CONDENADO POR UN DELITO URBANÍSTICO

A un año de cárcel

El alcalde de Sayalonga, José Luis Navas. | ELMUNDO.es

Europa Press | Málaga

El alcalde de Sayalonga (Málaga), José Luis Navas (PSOE) abandona la Alcaldía del municipio, según ha confirmado a Europa Press, después de haber sido condenado por un delito urbanístico en relación con la concesión de una licencia de obra y el posterior archivo del expediente de disciplina urbanística.

Navas ha justificado su dimisión en que prefiere defenderse "sin perjuicio para la imagen del municipio". Así, ha agradecido la confianza del pueblo y afirmó que el proyecto socialista para la localidad "es sólido".

Navas ha anunciado su intención de presentar recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal de Málaga, que lo condenó a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, luego, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de legalidad.

El alcalde, que ya ha informado a su grupo político y a su partido, tanto a nivel local como provincial, de la decisión adoptada, ha manifestado a través de un comunicado que ha desempeñado su cargo "con honestidad y honradez", siendo "un orgullo servir públicamente al pueblo de Sayalonga, siempre defendiendo los intereses generales con entrega y trabajo".

Asimismo, ha agradecido la confianza depositada en él por la ciudadanía y el PSOE durante estos años de gestión en los que ha liderado el proyecto político socialista para Sayalonga, que, según ha apuntado, "goza de buena salud, es sólido y queda ahora en buenas manos". La renuncia se hará efectiva en virtud de los trámites y los calendarios fijados por la ley.

Un juzgado de lo penal lo ha condenado a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, posteriormente, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de la legalidad.

En la sentencia, contra la que se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, se considera probado que se concedió por decreto la licencia para una vivienda unifamiliar con un informe desfavorable del técnico municipal al ser terreno no urbanizable. Además, en 2006, se abrió expediente de restablecimiento de la legalidad, que fue archivado por el alcalde en 2007, con la disconformidad del secretario municipal.

Para el juzgador, el alcalde "prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad", por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma "palmaria" las normas urbanísticas vigentes.

elmundo.es

EL JUEZ ABRE DILIGENCIAS CONTRA EL ALCALDE DE ENGUERA POR LOS PARQUES EÓLICOS

XAVIER ALIAGA - Xàtiva

El juzgado decano de instrucción de Xàtiva ha abierto diligencias contra el alcalde de Enguera (La Canal de Navarrés), Santiago Arévalo, del PP, por un posible delito contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias municipales a la empresa Acciona para la construcción de los parques eólicos Salomón, Benalaz I y Benalaz II. La instrucción arranca de una denuncia presentada en febrero de 2009 por la oposición socialista ante la fiscalía de la Audiencia de Valencia, que acordó en julio remitir el caso a los juzgados de Xàtiva.

La fragmentación es un recurso habitual para sortear la normativa

El proceso penal es paralelo a la petición de la fiscalía a los juzgados de lo contencioso administrativo de Valencia pidiendo la paralización cautelar al comprobar a través del Seprona que los tres parques distan entre sí menos de 2.000 metros y disponen de subestación y líneas de evacuación eléctrica comunes. Un único parque, de hecho, que requeriría autorización de la Administración del Estado.

La fragmentación es un recurso habitual para sortear la normativa, pero la fiscalía recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó un proyecto similar en abril de 2006. El ministerio fiscal reprocha también numerosos incumplimientos de la declaración de impacto ambiental en una zona de especial valor ecológico.

Así las cosas, el Grupo Socialista ha solicitado un pleno extraordinario para anular las licencias municipales de obras. Su portavoz, Alfredo Barberán, explica: "En diciembre de 2008 ya pedimos que se anularan las licencias ante la constatación de que se estaba vulnerando la normativa medioambiental en una zona LIC. No se nos hizo caso y se nos engañó diciendo que estaba todo en regla, cuando los parques no disponen de autorización ambiental integrada". Barberán denunció que los trabajos no están paralizados pese a la petición del fiscal.

El alcalde, mientras, asegura que Acciona ha parado las obras en los parques que ya están prácticamente acabados, Benalaz I y Salomón, no así en Benalaz II, y se acoge a la única decisión judicial firme tomada en torno a los parques, el carpetazo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a un recurso de paralización de Acció Ecologista-Agró.

Arévalo considera que con la ley eólica valenciana en la mano, "estaríamos hablando de tres parques eólicos, cada uno con su central de transformación, y no de uno", y deslizó que "otros pueblos que están haciendo lo mismo", en alusión a Ayora, "no sufren el mismo maremagno judicial". El alcalde reveló que el abogado de la Generalitat planteará que los diversos procedimientos abiertos se unifiquen bajo la jurisdicción del TSJ, por entender que se están dirimiendo decisiones de ámbito autonómico.

elpaís.com

EL SUPREMO REVISA A PUERTA CERRADA LA CONDENA AL EX ALCALDE DE ANDRATX

CASO ANDRATX | A petición de la defensa

* Condenado a cuatro años de cárcel por construirse un chalé en una zona protegida

Europa Press | Madrid

Eugenio Hidalgo

El Tribunal Supremo revisara a puerta cerrada la condena a cuatro años de cárcel impuesta en mayo de 2008 al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola, una de las piezas del llamado 'caso Andratx'.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca también condenó al el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, a tres años y medio de cárcel; y al ex celador de Obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, a cuatro meses de prisión.

Igualmente, el ex letrado municipal de Andratx, Ignacio Mir, fue condenado a un año de cárcel como autor directo de un delito de prevaricación administrativa. Mir fue condenado también con inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración por tiempo de 8 años, así como al pago de una sexta parte de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular.

La Sala que deliberará sobre los recursos de casación de los tres condenados estará integrada por los magistrados Adolfo Prego, Perfecto Andrés Ibáñez, Luciano Varela, Manuel Marchena y Álvaro García Barreiro, informaron fuentes del alto tribunal.

Hidalgo fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a 3 años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público.

Asimismo, el ex primer edil fue inhabilitado para empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un periodo de ocho años por el primer delito y a las penas de 3 años de cárcel e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un tiempo de tres años.

Por otro lado, se le condenó a pagar una multa de 20 meses, con 100 euros de cuota diaria por el delito contra la ordenación del territorio, así como a satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada. Además, la sentencia ordenaba a Hidalgo demoler a su costa la vivienda unifamiliar construida en la finca de su propiedad o sufragar los gastos de demolición.

Por su parte, Massot fue considerado autor directo de un delito de prevaricación y cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, por lo que fue condenado a 2 años por el primero y a 1 y seis meses por el segundo, así como a la inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración por tiempo de 10 años, a la multa de 15 meses con 60 euros de cuota diaria y a pagar dos sextas partes de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Además, según la sentencia, el ex celador de Obras de Andratx, Jaume Gibert, fue condenado a cuatro meses de privación de libertad por cooperación necesaria en un delito contra la ordenación del territorio y, aunque inicialmente el fiscal pedía seis meses, se le consideró un atenuante el que colaborara con la Justicia para esclarecer el caso.

También fue condenado a suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un periodo de 18 meses y multa de diez meses, con 10 euros de cuota diaria, así como a satisfacer una sexta parte de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

ELMUNDO.ES

TRES HUIDOS POR EL "CASO MALAYA"

J. V. - Málaga

Si hubiera que hacer un escalafón de prófugos de la justicia por el caso Malaya, que investiga la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Carlos Fernández ocuparía la primera posición. Al ex edil del Partido Andalucista no se le ha vuelto a ver, al menos oficialmente, desde que el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso, le citó a declarar en verano de 2006.

Operación Malaya
A FONDO
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Un informe de la Unidad de Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional aseguraba que Fernández ha pasado parte de este tiempo en Argentina, aunque ahora vuelve a estar en paradero desconocido. Su posible escondite ha sido objeto de numerosas informaciones que le situaban en Marruecos e incluso en el chalé que sus padres tienen en la urbanización de Cabopino. La Policía sigue buscándole y su defensa insiste en que regresará, "cuando sea el momento".

El ex edil, con al menos una decena de procedimientos pendientes, está acusado de recibir 150.000 euros del ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama corrupta. Será procesado, aún en rebeldía, por los delitos continuados de cohecho, prevaricación, delitos contra la ordenación del territorio, malversación y fraude.

La lista continúa con el empresario acusado de cohecho José Manuel Llorca, inmerso en otros procedimientos judiciales como el caso Fórum Filatélico y Ballena Blanca, y que tampoco acudió a la llamada del instructor.

El galerista Alberto Pedronzo, procesado por blanqueo, es el único que ha dado señales de vida después de un año huido. Para equilibrar, el ex edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) Javier Lendínez, decidió darse a la fuga en octubre de 2008, justo cuando le tocaba cumplir una condena de nueve meses por una causa urbanística. Hasta final de año no se formalizó la orden de busca y captura.

ELPAÍS.COM

UN SOBRINO DE LA REINA ES IMPUTADO EN EL "CASO UNIÓN"

El marido de Alexia de Grecia, implicado en la trama de corrupción de Lanzarote

Carlos Morales, a su llegada ayer al juzgado. - EFE
PAZ BERNAL - LAS PALMAS -

El arquitecto Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia y sobrino político de la reina Sofía, declaró ayer durante más de cinco horas como imputado en el denominado caso Unión por un delito de tráfico de influencias y otro delito contra la ordenación del territorio.

La declaración tuvo lugar en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise ante los agentes de la Unidad Central Operativa, dependencias que abandonó sobre la una de la tarde en el coche de su abogado. El pasado lunes, en el inicio de esta investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en la isla, la Guardia Civil practicó un registro en el despacho de este arquitecto, situado en Puerto Calero, en el que se requisó abundante documentación.

Según fuentes de la investigación, se trata de averiguar si Carlos Morales resultó favorecido en el Plan de Ordenación Urbana de Arrecife. El arquitecto recibió el encargo del proyecto del Palacio de Congresos.

Carlos Morales lleva instalado profesionalmente en su isla natal en los últimos años y su despacho tiene encargos de proyectos importantes, muchos de ellos relacionados con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Estaba previsto que en la tarde de ayer pasaran por estas mismas dependencias otros dos profesionales con despachos de arquitectos en Lanzarote y cuyas sedes de trabajo también fueron registradas.

El caso Unión investiga una supuesta trama de comisiones ilegales a empresarios en la isla de Lanzarote y se ha saldado hasta el momento con 20 detenidos. El juez que instruye el caso ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de siete personas, mientras que ha dejado a otras 13 en libertad, todas ellas con cargos.

Dimas Martín

El principal cerebro de la trama sería Dimas Martín, el máximo dirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), actualmente en la cárcel cumpliendo condena por otro caso. Entre los detenidos también se encuentran destacados socialistas, como Sergio Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, en prisión. El también socialista y consejero de Educación, Rubén Pláceres, dimitió esta semana tras ser imputado en la trama.

PÚBLICO.ES

EL MARIDO DE ALEXIA DE GRECIA IMPUTADO EN LA OPERACIÓN EN LANZAROTE

POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El arquitecto Carlos Morales, esposo de la princesa Alexia de Grecia (sobrina de la Reina Sofía), ha declarado ante la Guardia Civil en Lanzarote, como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y otro supuesto delito contra la ordenación del territorio.

Alexia de Grecia junto a su marido Carlos Morales.



El juez dicta el séptimo ingreso en prisión por la trama de corrupción en Lanzarote

El juez envía a prisión a Dimas Martín por cohecho y tráfico de influencias

Sorpresa por que sea la UCO quién investigue la corrupción urbanística en Lanzarote

L D (Europa Press) Morales salió de las dependencias de la Benemérita pasadas las 13.00 horas, se introdujo en un vehículo y no hizo declaraciones a los periodistas. De esta manera, compareció desde primera hora de la mañana en el puesto de la Guardia Civil, según informaron fuentes próximas a la investigación, que indicaron que también esta tarde declararán en calidad de imputados otros dos arquitectos de la isla que no están detenidos y cuyos registros en sus despachos profesiones fueron practicados el pasado lunes 25 de mayo, al igual que en el estudio de arquitectura del marido de Alexia de Grecia.

De hecho, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron el citado día de abundante documentación tanto en papel como en soporte informático del estudio de arquitectura de Carlos Morales. La Benemérita investiga si Morales resultó favorecido por medios irregulares del Plan de Ordenación Urbana, precisaron las fuentes consultadas.

Su estudio fue uno de los numerosos registros que practicó la Benemérita en viviendas y oficinas en el marco de la denominada 'Operación Unión', iniciada el referido día en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), después de que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero, decretara la detención, entre otros, del ex presidente del Cabildo insular Dimas Martín.

La 'Operación Unión', que salió a la luz pública el pasado lunes 25 de mayo y que investiga una supuesta red de comisiones ilegales a empresarios en Lanzarote, se ha saldado hasta el momento con 20 detenidos, de los que el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de siete personas y otras 13 ha sido liberadas, aunque todas con cargos. Cuatro de los encarcelados son miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), otro es un socialista expulsado de dicha formación y dos son empresarios lanzaroteños.

El juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife ha imputado a todos los implicados un presunto delito de cohecho (soborno), aunque al líder histórico del PIL, Dimas Martín, al que se acusa de ser el cabecilla de la presunta trama de corrupción en Arrecife –donde gobernaban PSOE y PIL hasta que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE consideró roto el pacto con los pilistas el mismo día de estallar el caso y el cese de los encausados–, también se le imputa un supuesto delito de tráfico de influencias.

La operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos de a la organización, como son el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos, concesión de licencias, entre otros, según la Benemérita.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan futuras detenciones o imputaciones, añaden las mismas fuentes.

El secretario insular del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, anunció anoche que los socialistas rompen todos los acuerdos que mantenían con el Partido Independiente de Lanzarote (PIL) y, al mismo tiempo, ha justificado que el pacto se fraguó "cuando Dimas Martín [presidente honorífico del PIL] estaba en la cárcel, las listas estaban renovadas y no había razón para desconfiar".

"Y ahora nos estamos enterando de que Dimas era el que dirigía todo desde la cárcel", aseguró el socialista en una rueda de prensa ex proceso para anunciar su postura ante la supuesta trama de corrupción en la isla.

La ruptura de todos los acuerdos del PSOE con el PIL afectan –en Arrecife ya habían liquidado su acuerdo– al Cabildo y a los municipios lanzaroteños de Tías, San Bartolomé y Teguise. En este último caso, el PSOE es minoría, pero en los otros dos en los que mantendría el control, Espino dijo que el PSOE "garantizará la gobernabilidad" pero no valora aún posibilidad alguna de pactar de forma estable con otros partidos, sino de hacerlo de forma concreta para medidas "puntuales". "No estamos pensando en estos momentos en acuerdos", dijo.

LIBERTADDIGITAL.COM

CONDENADO EL EX ALCALDE DE BURGUILLOS POR UN DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TRIBUNALES | Dimitió el viernes al ser imputado a raíz de una licencia irregular

El alcalde, primero por la derecha, saliendo del juzgado. | El Mundo

Efe | Sevilla

El ex alcalde de Burguillos (Sevilla) José Juan López (PSOE) ha sido condenado por un delito contra la ordenación del territorio, según la sentencia facilitada por el PP.

La sentencia condena a López por la concesión de una licencia urbanística irregular a 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una de multa de 10 euros al día durante 15 meses más las costas del juicio, lo que hace un total de 4.500 euros.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burguillos, Domingo Delgado, se ha mostrado satisfecho por la condena del ex alcalde y ha recalcado que ha dejado "deudas, impago, despilfarro y corrupción".

Además, Delgado ha señalado que "no se han ido todos los responsables, ya que en el ayuntamiento siguen concejales que deben irse si tuvieran un mínimo de dignidad".

El ex alcalde de Burguillos dimitió el 8 de mayo a raíz de ser imputado por un juzgado sevillano tras una denuncia por la concesión de una supuesta licencia urbanística irregular.

Apoyo de Villalobos y Viera

Por su parte, el vicesecretario general del PP de Sevilla, Beltrán Pérez, ha pedido explicaciones sobre "el apoyo sin fisuras del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, y del secretario del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera".

Beltrán ha asegurado que "ese apoyo se debe a algún intercambio de favores entre el propio Ayuntamiento con la dirección provincial socialista, porque seguro que hay algún tipo de contraprestación".

El ex alcalde de Burguillos aún tiene tres causas pendientes en fase de instrucción: una denuncia sobre blanqueo de capitales y coacciones a propietarios de terrenos, otra por construir 53 viviendas en zonas verdes y de colegios y otra por la construcción de naves industriales en terrenos no urbanizables.

ELMUNDO.ES

EL FISCAL PIDE 8 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA LA EX ALCALDESA DE AGUADULCE(ALMERÍA) POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

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SEVILLA, (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla reclama una pena de nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación para la ex alcaldesa del municipio de Aguadulce Isabel Ortiz Fernández (PSOE) por un presunto delito de prevaricación que la ahora concejal de la localidad supuestamente cometió al conceder una licencia urbanística que incumplía la legislación vigente.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal explica que un vecino del municipio, identificado como M.B.Q., presentó a la alcaldesa el 10 de julio de 2006 una solicitud de licencia urbanística para construcción e instalación de naves para ampliación de granja de engorde de pavos, con presupuesto de 222.135 euros.

Según sostiene el Ministerio Público, las parcelas están ubicadas en suelo que tiene la clasificación de suelo no urbanizable por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aguadulce, aprobado definitivamente el 19 de octubre de 2005.

Tras la citada solicitud, el arquitecto técnico municipal emitió un informe previo el 18 de octubre de 2006, en el que se advertía que "podía llevarse a cabo la actuación solicitada si antes se presentaba un proyecto de actuación, con declaración de utilidad pública e interés social conforme a los trámites previstos en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía".

Asimismo, el informe hacía saber a la acusada como alcaldesa que "si se aportaba el proyecto de actuación se podría admitir a trámite y se deberían entonces solicitar los informes sectoriales oportunos, así como el preceptivo de la --por entonces competente-- Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, previa autorización municipal".

Del mismo modo, el 19 de octubre del mismo año, la secretaría del Ayuntamiento informó por escrito a la acusada de que "eran necesarios esos requisitos", entre ellos los previstos en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que "proponía desestimar la petición de licencia hasta que se observara la normativa vigente, que se detallaba".

Para el fiscal, pese a esas advertencias, la acusada, "consciente de la ilegalidad de su proceder, sin recabar aquel proyecto de actuación ni los informes sectoriales de otras oficinas públicas que expresamente se le indicaban, dictó resolución el mismo día 19 de octubre por la que se concedía la licencia con arreglo a las especificaciones contenidas en el proyecto presentado, si bien no fue efectivamente aportado el imprescindible proyecto de actuación".

"Precisó que el autorizado debía presentar el proyecto de actuación, pero aún así no se condicionaba a ello la eficacia de la licencia", prosigue el fiscal, quien agrega que todo esto "dio lugar a que se ejecutaran buena parte de las obras ilegales", aunque "fueron paralizadas el 21 de noviembre de 2007 cuando se supo de las irregularidades, por resolución del alcalde que sucedió a la acusada".

INFORMES DESFAVORABLES

Después de concederse la licencia, la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca (Oficina Comarcal Agraria de Osuna) emitió un informe de 3 de agosto de 2007 exponiendo que la ampliación solicitada no podía ser concedida porque no se cumplían las distancias mínimas exigidas respecto a otras instalaciones en granjas avícolas (500 metros), especificando que con una simple visita a la zona, en los ruedos de Aguadulce, no tendría sentido solicitar este informe. La licencia concedida incumplía pues lo prevenido en el art. 4.9.c del RD 1084/2005, de 16 de septiembre, de Ordenación de la Avicultura y Carne.

Asimismo, la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes emitió el 12 de julio de 2007 otro informe que mostraba el incumplimiento de otras normas urbanísticas en el proyecto autorizado por la licencia que había dado la acusada.

En consecuencia, el fiscal entiende que la acusada concedió la licencia sin analizar el contenido de un proyecto de actuación urbanística que "ni siquiera existía", sin recabar tampoco informes sectoriales que eran imprescindibles antes de la licencia y contra el criterio manifestado por los técnicos incluso el mismo día de conceder la autorización manifiestamente ilegal.

Por todo ello, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio por prevaricación, por el que solicita imponer a la acusada la pena de nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de 8 años.

EUROPAPRESS.ES

LA FISCALÍA DE MÁLAGA PRESENTA 5 DENUNCIAS CONTRA EL ALCALDE DE VIÑUELA POR LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE

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MÁLAGA, (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha presentado cinco denuncias contra el alcalde de Viñuela (Málaga), Juan Millán (PSOE), por conceder por decreto varias licencias presuntamente irregulares para la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, lo que para el fiscal podría constituir cinco delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos continuado.

Según las denuncias del ministerio público, a las que tuvo acceso Europa Press, presuntamente, el regidor concedió estos permisos en 2003 y 2004 para viviendas unifamiliares, "a sabiendas de que no podían concederse" y, por tanto, que los decretos dictados resultaban ser "una decisión totalmente arbitraria e injusta". En tres casos, la concesión fue a empresas.

En tres de los escritos, el fiscal señala que existe informe jurídico en el que se especificaba el procedimiento a seguir para conceder las licencias, aunque no se siguió dicha tramitación. En estos casos, no se realizó informe técnico sobre la adecuación de la licencia a las normas urbanísticas, aunque en el proyecto técnico se hacía constar que se trataba de suelo no urbanizable.

La acusación pública determina en sus denuncias que en ese momento la normativa aplicable era la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ya que las normas subsidiarias de planeamiento de Viñuela, aunque, aprobadas por la comisión provincial en octubre de 1996, no han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Por otro lado, en otros dos casos no existen informes jurídicos concretos, sino sólo un documento de la Secretaría del Ayuntamiento "genérico respecto de la normativa aplicable, pero no específico sobre la solicitud concreta". Tampoco existe en estas licencias informe técnico sobre adecuación.

Una de estas denuncias imputa al alcalde un delito urbanístico de carácter continuado, por conceder licencias de obra para dos viviendas unifamiliares. La Fiscalía abrió varias diligencias de investigación a raíz de un único atestado realizado por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

El fiscal solicita al Consistorio un informe técnico sobre la calificación y clasificación del suelo y que los técnicos de la Delegación de Obras Públicas realicen una inspección del terreno y un documento sobre la posibilidad o no de legalizar las obras.

Millán está pendiente de ser juzgado también por la concesión de licencias para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes, hechos por los que la Fiscalía malagueña solicita un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado, como alcalde de dicho municipio, concedió mediante dos decretos de agosto de 2001 y otro de octubre de 2003 sendas licencias a particulares para construir tres viviendas unifamiliares en Pago Guerrero, actuando "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de La Viñuela".

EUROPAPRESS.ES

JUZGADO ABRE DILIGENCIAS POR UN PRESUNTO DELITO DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO CEUTÍ CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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CEUTA, (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha decidido abrir diligencias previas por un presunto delito penal contra la Ordenación del Territorio contra el consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, Juan Manuel Doncel, por conceder en julio de 2007 una licencia de obras para una promoción de viviendas en la calle Martín Cebollino, en pleno centro de Ceuta, a pesar de que dos años antes, en 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había anulado el estudio de detalle de la zona al ender que era imprescindible una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desarrollarlo.

Según explicaron fuentes judiciales a Europa Press, la primera decisión del juzgado, al que la Fiscalía remitió la denuncia presentada en noviembre pasado por el principal grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE-IU, ha sido librar un oficio al Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (Coace) para que este aporte todas las certificaciones que sobre el asunto obren en su poder y exponga su visión del caso.

El Código Penal prevé penas por este delito de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años y de entre seis meses y dos años de cárcel para las autoridades o funcionarios públicos que, "a sabiendas de su injusticia", hayan informado favorablemente proyectos de edificación "o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes".

El consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, Juan Manuel Doncel (PP), aseguró tras conocer la denuncia del portavoz de UDCE-IU, Mohamed Ali, que su departamento no había concedido "ninguna" licencia en base al estudio de detalle anulado por el TSJA, sino ateniéndose al planeamiento urbanístico vigente para esa zona. Además, el consejero acusó al líder de la oposición de perseguir únicamente "crispar" la vida política local y de formular acusaciones "precipitadas y carentes de fundamento".

EUROPAPRESS.ES

SUSPENDEN EL JUICIO DEL EX ALCALDE DE GAUCÍN (MÁLAGA) POR VARIAS LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE

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MÁLAGA, (EUROPA PRESS) -

El juicio previsto para hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga contra el ex alcalde del municipio malagueño de Gaucín Francisco Corbacho, el que fuera arquitecto municipal y otros ediles por conceder varias licencias presuntamente en suelo no urbanizable ha sido suspendido para que se realice una prueba, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Otras fuentes precisaron que una de las defensas había pedido una diligencia en relación a licencias concedidas en dicho Consistorio desde 2003, la cual no se había llevado a cabo. La Fiscalía malagueña solicita para Corbacho 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público, al acusarle de un delito continuado contra la ordenación del territorio, por la concesión de diez licencias presuntamente ilegales.

Asimismo, también están acusados del mismo delito continuado el entonces arquitecto municipal, que, según el escrito inicial del fiscal, informó favorablemente a dichos permisos a pesar de saber de que no se cumplían los requisitos; y otras cuatro personas que eran concejales entre 2000 y 2003 y que participaron en la aprobación de dichas licencias en comisiones de Gobierno; mientras que a un ex edil se le juzgará por un solo delito urbanístico.

Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, a las que tuvo acceso Europa Press, la primera licencia se pidió para el paraje La Loma del Avendin para la reconstrucción de una vivienda rural y fue aprobada en comisión de gobierno por Corbacho y tres ediles a pesar del informe jurídico del secretario que advertía de requisitos que no se cumplían y de que el suelo era no urbanizable.

En marzo de 2003, la comisión de gobierno aprobó otra licencia solicitada por un extranjero para construir sobre una vivienda ya existente, a pesar de que "no se constató que realmente existiera esa edificación", según el fiscal. En la misma comisión, se dio otro permiso a una pareja extranjera, con un proyecto técnico hecho por la hija del arquitecto acusado, quien informó a favor como en los casos anteriores.

El ministerio público apunta que en agosto de 2003 se otorgó otra licencia, también en suelo no urbanizable, con un informe jurídico en contra, aunque con informe del arquitecto acusado favorable. Otros dos permisos, ambos promovidos por una mercantil, se dieron en octubre de 2003 en una comisión de gobierno en la que la secretaria advirtió de la relación familiar entre la redactora del proyecto y dicho técnico municipal.

Asimismo, se aprobó otra licencia para una piscina pese al informe en contra, aunque el arquitecto técnico "con desprecio de la normativa vigente informó favorablemente a su concesión". El fiscal asegura que el ex alcalde tuvo "absoluto desprecio de las normas administrativas" y concedió otras dos licencias por decreto, en ambos casos con informe favorable del arquitecto a pesar de ser en suelo no urbanizable.

El ex alcalde, que la pasada semana presentó su dimisión como concejal, ya ha sido condenado a 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y siete años de inhabilitación especial por un delito continuado de malversación de caudales públicos y por otro de prevaricación, condena ratificada a finales del pasado año por el Tribunal Supremo.

Cuatro de los ediles --de los que tres ocupan aún cargos públicos en el Consistorio-- se enfrentan a la misma petición fiscal que el ex alcalde de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo público; mientras que para el ex edil acusado de un sólo delito contra la ordenación del territorio se pide nueve meses de prisión y nueve años de inhabilitación.

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