"CASO MERCASEVILLA"; EL EX CONSEJERO DE EMPLEO NIEGA QUE LA SUBVENCIÓN FUERA PARA LOS EMPRESARIOS DE LA RAZA

Fueron los que denunciaron el cobro de comisiones
El ex consejero de Empleo niega que la subvención fuera para los empresarios de La Raza

* Antonio Fernández ha declarado como testigo por el cobro de comisiones ilegales
* Asegura que los 900.000 euros se iban a destinar a la Fundación Mercasevilla
* El ex consejero 'siempre creyó' que los empresarios eran asesores técnicos

Europa Press | Sevilla

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha testificado este lunes ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, que el ex sindicalista jiennense Juan Lanzas "no tuvo papel ninguno" en la subvención excepcional concedida por su departamento a la Fundación Socioasistencial del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, para la creación de una escuela de hostelería.

Igualmente, ha defendido que "no tiene sentido" que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce reclamasen supuestamente comisiones ilegales por la concesión de este proyecto al grupo hostelero 'La Raza', dado que el destinatario de la subvención era la propia fundación y no el grupo empresarial.

Fernández ha prestado declaración en calidad de testigo ante la juez Mercedes Alaya durante algo más de dos horas, tiempo en el que, según el acta de declaraciones, su comparecencia se ha centrado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce sobre dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza'. Al término de su comparecencia, el ex consejero de empleo ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación y tan solo ha manifestado sentirse "contentísimo" por haber comparecido ante al juez.

Por su parte, el abogado defensor del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, imputado en estas diligencias a cuenta de la alusión a él que contiene la grabación sonora que reveló el caso, ha defendido a las puertas de los juzgados que la declaración del ex consejero de Empleo ha sido "enormemente clara y objetiva, muy típico de un político tan avezado como es el señor Fernández".

Sesión 'esclarecedora'
Así, Francisco Baena Bocanegra ha destacado que "fundamentalmente, lo que ha venido es a clarificar todo el sistema de subvenciones por el que discurre formalmente este tipo de subvenciones excepcionales" y ha insistido en que se ha tratado de "una sesión muy tranquila y enriquecedora para el esclarecimiento de la verdad".

De cualquier forma, y según el acta de declaración, la comparecencia de Antonio Fernández ha estado centrada en los 450.000 euros supuestamente reclamados por Mellet y Ponce a dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza' a cambio de la concesión de un proyecto de escuela de hostelería subvencionado por la Consejería de Empleo, extremo investigado por la citada instancia judicial en unas diligencias en las que figuran como imputados ambos ex directivos, Antonio Rivas y la funcionaria Regla Pereira.

Durante su comparecencia, Antonio Fernández ha reconocido que por motivos de su antiguo cargo, conoce al ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, apuntado por el PP como posible mediador o "conseguidor" de subvenciones autonómicas y familiar del titular de la empresa jiennense que prestó labores de asesoramiento en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Mercasevilla, un procedimiento también investigado por la juez Mercedes Alaya en otras diligencias.

No obstante, y ante a las tesis de los empresarios del grupo hostelero, Antonio Fernández ha declarado que desconoce si el ex sindicalista asistió a algún encuentro con los cargos de su departamento en cuanto a la promoción de ayudas como la acordada para esta escuela de hostelería, pero sí ha defendido que "nunca podría asistir a las reuniones como asesor, nunca en esa calidad".
 

Dinero para formar mano de obra
A tal efecto, ha defendido que Juan Lanzas "no tuvo papel ninguno en la tramitación de la subvención excepcional" resuelta por la Consejería de Empleo para la escuela de hostelería en cuestión, un proyecto que, según ha declarado, surgió a iniciativa de la Federación provincial de Hostelería y del propio Antonio Rivas al objeto de formar a "mano de obra especializada" para este sector.

Igualmente, ha señalado Fernández que no le consta que Lanzas "haya intervenido como negociador en ningún expediente de concesión de subvención excepcional ni en ningún expediente de regulación de empleo. Sí ha admitido que "coincidió" con Lanzas en lo que refiere al "expediente" correspondiente a la empresa jiennense Cárnicas Molina, perteneciente al grupo Primayor Andalucía.

Además, Antonio Fernández ha defendido que la destinataria de esta subvención excepcional librada por la Consejería de Empleo para esta escuela de hostelería en cuestión era la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, porque de la documentación expuesta por la representación jurídica del PP en su papel de acusación, "no se desprende que la explotadora de la escuela de hostelería iba a ser el grupo 'La Raza'. Lo único que consta es que las instalaciones donde se iba a ubicar habían sido cedidas por 'Restauraciones Alazar S.L.'.

A tal efecto, ha defendido que "nunca se le dijo que fuera el grupo 'La Raza' la entidad que iba a explotar la escuela de hostelería, sino la propia fundación. Al hilo, ha atribuido al grupo empresarial el papel de "asesor técnico" en el proyecto porque alega desconocer "los acuerdos privados que pudieran existir entre la fundación, la Federación de Empresarios de Hostelería y el grupo 'La Raza'.

Comisiones ilegales 'sin sentido'
Bajo la premisa de que la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla era la destinataria final y única de esta subvención excepcional, Antonio Fernández ha defendido que "no tiene sentido" que en torno al cobro de la ayuda fuera orquestada una petición de comisiones ilegales.

Antonio Fernández ha corroborado también al ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado, porque éste último, desde el citado cargo, "nunca puede comprometer la cantidad de 900.000 euros" para una ayuda como la aplicada al proyecto de la escuela de hostelería, competencia que según ha defendido corresponde al propio consejero de Empleo. En ese sentido, señala que lo que Fuentes Doblado hizo fue "proponer" esta cantidad en base a una "estimación del gasto" de la mencionada iniciativa.

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"CASO MALAYA"; EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DICE QUE ROCA BLANQUEÓ EN EL "PELOTAZO" DE CRUCERO MANÚS 1,6 MILLONES

* "Hay una verdadera organización dedicada a ocultar sus bienes", dice el fiscal

José Carlos Villanueva | Málaga

El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha concretado este lunes, durante el juicio oral por el caso 'Malaya', que el principal acusado, Juan Antonio Roca, blanqueó 1,6 millones de euros. Se trata sólo de la cifra que el Ministerio Público atribuye al 'pelotazo' de Crucero Banús, el primero de los bloques del macrosumario que se está enjuiciando actualmente.

La intervención del acusador público se ha producido a petición del presidente del tribunal, José Godino, después de que a lo largo de la sesión los abogados defensores trataran de cuantificar el volumen de lo blanqueado, mediante sus preguntas dirigidas a los agentes policiales de la Udyco que han testificado.

"Podemos afirmar que hay una verdadera organización dedicada a ocultar los bienes de Roca en determinadas inversiones", ha denunciado López Caballero durante su exposición para referirse al ex asesor urbanístico y los numerosos testaferros de éste.

No menos relevante es la afirmación del mencionado fiscal sobre que a Roca, en su condición de ex cargo municipal, se le imputa blanqueo de capitales porque -sostiene López Caballero- "realizó inversiones que no se corresponden con la fuente lícita de las ganancias que se le suponen", en referencia a sus ingresos como gerente de Urbanismo en Marbella.

Para el fiscal del caso "hay una verdadera operación en común" para el blanqueo de capitales, dentro de toda la macrocausa de 'Malaya', que tiene uno de sus episodios en la pieza que se juzga estos días sobre Crucero Banús.

Como ya es sabido Roca, el ex primer teniente de alcalde del GIL Pedro Roman, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito compraron una parcela en 2001, por 4,3 millones de euros. Meses después, ya en 2002- ya recalificada de uso comercial a apartamentos en ocho plantas, locales y garajes- la vendieron por 10,3, con lo que la plusvalía fue de 6,3 millones.

Dinero de procedencia 'opaca'
Durante su declaración, al comienzo del juicio, Roca aseguró que la inversión que llevó a cabo en la compraventa de dicha parcela, a través de la sociedad suiza Lispag A.G. y una fundación en Liechtnstein, la hizo mediante "dinero de procedencia opaca", que no declaró al fisco español. De ahí, según dijo, la causa de no tributar tampoco por el beneficio obtenido en la compraventa de Crucero Banús.

El fiscal sitúa al abogado Hoffman como "integrante" de la estructura de blanqueo de Roca. No en vano el ex juez instructor, Miguel Ángel Torres, le calificó como "testaferro internacional" del ex asesor urbanístico. A Hoffman se le imputa haber blanqueado 2 millones de euros en dicha operación y 22 millones en el global del macrosumario de la trama de corrupción municipal marbellí.

Uno de los agentes de Udyco que ha declarado sitúa las aportaciones de Pedro Román y Roca, en la inversión inmobiliaria, como de "procedencia ilícita". Al ser preguntado por el origen del dinero se ha basado en "el convencimiento de que provenía de un delito de cohecho", en forma de sobornos recibidos, principalmente, por el ex asesor.

Por su parte, el abogado de la Junta de Andalucía ha aclarado, a petición del tribunal, que el Ejecutivo autonómico acusa también de blanqueo al promotor José Ávila Rojas, comprador de la parcela de Crucero Banús, "porque era consciente de que las participaciones que compraba eran fruto de delitos cometidos por el resto de acusados".

El abogado defensor de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha insistido con sus preguntas en tratar de demostrar que Roca, entre 2000 y 2001, "no estaba incurso en actos de corrupción". Con tal argumento pretende ahondar en la tesis de que su cliente no tenía por qué desconfiar del que se convirtió en su socio inmobiliario.

Vázquez obvia, entre otros, el caso 'Saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999, en el que Roca aparecía junto a Jesús Gil como responsable del desvío de más de 4.400 millones de las antiguas pesetas de los fondos municipales a cuentas privadas. Ello ocasionó un gran escándalo con repercusión nacional y Anticorrupción abrió diligencias. Actualmente, el principal acusado en 'Malaya' cumple condena firme de seis años de prisión, precisamente por el asunto que destapó este periódico.

elmundo.es

"OPERACIÓN ORQUESTA"; TRASLADAN A DEPENDENCIAS POLICIALES A LOS DETENIDOS EN LA COSTA DA MORTE

A CORUÑA

    * Los alcaldes pasarán la noche en dependencias policiales en A Coruña
    * La Policía sacó diversas cajas de documentación de los consistorios
    * El juez de Corcubión inspeccionó el coche y la vivienda del alcalde de Cee
    * Detenidos varios empresarios; el juez acude a la sede de la constructora

Europa Press | Cee (A Coruña)

Los detenidos en el marco de la denominada 'Operación Orquesta' pasarán la noche en dependencias policiales en la ciudad de A Coruña, mientras prosiguen las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Corcubión.

Los alcaldes de Cee, Mazaricos y Fisterra (A Coruña) fueron detenidos este lunes, junto a otros dos ediles de este último municipio y tres empresarios de la zona por supuesta corrupción en la adjudicación de obras, por lo que se les imputan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsificación en documento.

A las dependencias policiales ya han sido trasladados algunos de los detenidos, mientras que el juez Andrés Lago Louro y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) proseguían a las 20.00 horas del lunes con el registro de la sede de la empresa Ogando, ubicada en la parroquia de Senande, en el municipio coruñés de Muxía. En el registro de este inmueble, en cuya planta inferior tiene la sede la constructora y en la superior es vivienda familiar, estaban presentes el responsable de la firma, D. Ogando, y su hijo, que también trabaja para la empresa familiar.

Los detenidos son el alcalde de Cee, Ramón Ramiro Vigo, que representa a un partido independiente que cuenta con dos concejales -después de que otro se haya pasado al grupo de los no adscritos- y que gobierna en coalición con el PSdeG.

También fueron detenidos el alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro, del PP, así como su compañero de partido y regidor de Fisterra, José Manuel Traba Fernández, junto a dos concejales del equipo de gobierno de este ayuntamiento.

Los tres empresarios arrestados son el dueño de la constructora D. Ogando -que desarrolla obras para ayuntamientos de la Costa da Morte- y su hijo, así como un promotor de espectáculos, J.L., que, según fuentes consultadas por Europa Press, se dedica a contratar orquestas para eventos y también a la compra y venta de terrenos.
 

Abundante documentación
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han indicado que las diligencias ordenadas por el titular del juzgado número dos de Corcubión podrían haber derivado de escuchas telefónicas iniciadas a raíz de otra causa y han confirmado que la documentación incautada en los registros de este lunes es abundante y ahora se iniciará su análisis en profundidad para determinar si ha existido algún posible cobro de comisiones irregulares. Además, han apuntado que la investigación, sobre la que se ha decretado el secreto de sumario, arrancó hace "más de un año".

La UDEF desplegó este lunes un amplio dispositivo que llevó furgones policiales a las casas consistoriales de Cee, Fisterra y Mazaricos, así como a la sede de la referida constructora de Muxía. En total se realizaron ocho registros en los mencionados ayuntamientos y en domicilios de los implicados.

El operativo arrancó a primera hora de la mañana, de forma que los agentes de la Policía Nacional identificaron en los tres consistorios a todos los funcionarios y empleados e impidieron el acceso de ciudadanos ajenos a las dependencias municipales. Tanto la documentación material incautada en los diversos registros como aquella que se pudo extraer de ordenadores es abundante.

Empresa familiar
D. Ogando es una empresa familiar dedicada a la construcción y que es muy conocida en la zona de la Costa da Morte porque su dueño lleva "toda vida" en el negocio. Según las fuentes consultadas, no es extraño que desarrolle obra pública para ayuntamientos de la zona.

Al respecto, la teniente de alcalde de Cee (A Coruña), la socialista Amancia Trillo, ha declarado a Europa Press que no tiene constancia de "ninguna actuación irregular" en su municipio por parte de la empresa Construcciones D.Ogando, ubicada en Muxía (A Coruña), con la que tiene contratada la obra de la Casa de la Cultura.

Trillo explicó que la constructora de Muxía está realizando "la última fase de la Casa de la Cultura", que está a punto de terminar. Además, ha señalado que esta constructora ha realizado anteriormente obras en el campo de fútbol de Cee y también ha llevado a cabo actuaciones para otros municipios de la zona.

No obstante, ha incidido en que no le consta que haya realizado actuaciones irregulares. "No temo nada porque no hay nada irregular", ha afirmado, al tiempo que ha trasladado su colaboración "en lo que haga falta" en el marco de la investigación.
 

El alcalde de Muxía, 'impactado'
Por su parte, el alcalde de Muxía, Félix Porto, ha asegurado a Europa Press que se encuentra "impactado" por la noticia de las detenciones. Asimismo, ha afirmado que le constaba que la empresa investigada "trabajaba mucho" para el ayuntamiento de Fisterra y que, a raíz de la operación desarrollada este lunes se enteró de que también lo hacía para el Consistorio de Cee, pero que desconoce la relación con el de Mazaricos.

Porto señaló que su relación con los tres alcaldes detenidos es "humanamente excepcional" y manifestó su "respeto institucional" hacia ambos. "Ni en un mal sueño pensaría esto", ha declarado.

El enorme despliegue policial, que llevó hasta seis furgones policiales por ejemplo a Cee, generó una gran expectación entre los vecinos, que a lo largo de la jornada se acercaron hasta las inmediaciones de la Casa Consistorial, donde se apostaron también un nutrido grupo de medios de comunicación.

Además
    * Operación anticorrupción en la Costa da Morte

elmundo.es

"OPERACIÓN ORQUESTA"; DETENIDOS TRES ALCALDES DE LA COSTA DA MORTE EN UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN

A CORUÑA

    * Son los regidores de las localidades de Cee, Fisterra y Mazaricos
    * También han sido arrestados dos concejales y tres industriales de la zona
    * Están acusados de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho
    * El juzgado de Corcubión ha intervenido los ayuntamientos y registra las sedes

Marcos Nebreda | A Coruña

Al menos ocho personas han sido detenidas en el marco de la 'operación Orquesta', que la Audiencia Nacional desarrolla en varios ayuntamientos de la coruñesa Costa da Morte. La Policía no descarta que se puedan producir nuevas detenciones en las próximas horas.

Entre los arrestados figura el alcalde y dos concejales de Finisterre, el alcalde de Cee y el alcalde de Mazaricos, así como tres industriales de la zona. Se les acusa de delitos contra la Administración Pública, tales como tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, así como de falsificación en documento.

Desde primera hora del lunes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desplazó a los ayuntamientos para llevar a cabo registros, que en total han sido ocho, en los tres consistorios y en varios domicilios. La orden de intervención fue dada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión.

Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, el detenido alcalde de Cee, Ramón Vigo, se encuentra en estos momentos en dependencias del ayuntamiento junto al juez de Corcubión. Les acompañan además la secretaria, la interventora municipal y dos administrativos. A las puertas de la sede consistorial se encuentran también cuatro furgones de la UIP (Unidad de Intervención Policia) así como dos agentes, que han impedido la entrada a los funcionarios.

Las mismas fuentes aseguran que se lleva más de un año trabajando en esta investigación que ahora comienza a ser visible con el operativo de detenciones. Sobre la operación se ha decretado el secreto del sumario.
 

Registros en ayuntamientos y domicilios
Por su parte, fuentes municipales señalaron que en Fisterra al menos 15 agentes se presentaron en varios furgones y tomaron el control del edificio. Algunos entraron para llevar a cabo los registros mientras que otros permanecieron fuera, para restringir el acceso. También en el Ayuntamiento de Mazaricos fuentes municipales corroboraron que 10 o 12 agentes acudieron al edificio, donde procedieron a un registro. En estos momentos, el alcalde también está reunido con los agentes judiciales, informa Adriana Blanco.

El alcalde de Cee es el independiente Ramón Ramiro Vigo, que cuenta con dos concejales desde que un tercero se pasó al grupo de los no adscritos y gobierna en coalición con el PSdeG desde el inicio de la presente legislatura municipal. Es candidato a las próximas municipales. Mazaricos y Fisterra están en manos de los 'populares' José Manuel Santos Maneiro y José Manuel Traba respectivamente.

Los registros en estas localidades coruñesas supuestamente estarían relacionados con la adjudicación de obras a la Constructora Ogando de Muxía (A Coruña), que se habría beneficiado de la adjudicación de obras en condiciones supuestamente irregulares.

La teniente de alcalde de Cee descarta cualquier actuación irregular
La primer teniente de alcalde de Cee, la socialista Amancia Trillo, ha afirmado que tiene "plena confianza" en el alcalde del municipio, Ramón Vigo, detenido por la Policía en el interior del consistorio.

La responsable socialista en Cee dice que se ha enterado "por los medios" y que se personó de inmediato en el ayuntamiento, al que ha intentado entrar varias veces sin éxito. Trillo descarta cualquier actuación irregular o sospechosa, y califica de "sorpresa total" la intervención de la Justicia.

En declaraciones a los periodistas que se agolpan a la puerta del consistorio, Trillo ha señalado que nadie le ha comentado oficialmente la causa que ha motivado esta intervención policial y ha indicado que ha preferido esperar en los aledaños del edificio "por si se requiere su colaboración".

En el interior del inmueble permanece el alcalde, el interventor, el tesorero y dos funcionarios, ha confirmado la vicealcaldesa.

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