TRIBUNALES | Irregularidades en el PGOU de Alicante
Efe | Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investigará la rama del 'caso Brugal' sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en las que podrían haber participado la alcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi.
Así lo indica un auto hecho público este martes por la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal, que se declara competente para asumir la causa remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular solicitó la imputación de ambos dirigentes políticos, aforados por su condición de diputados autonómicos.
El instructor de la causa será el magistrado Juan Climent, que ya se encargó de presidir el juicio de la denominada 'causa de los trajes' del caso Gürtel y que ahora continuará la investigación de un sumario que incluye posibles delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
En esta pieza separada del 'caso Brugal', el Juzgado de Instrucción alicantino observó supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.
Su titular, el juez Manrique Tejada, abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; varios empresarios y dos ex directores generales adjuntos de Bancaja.
El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
Aunque Tejada entiende que la fase de la instrucción no permite concretar el tipo de cohecho, apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.
El Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, partidos personados en la causa, han solicitaron al TSJ valenciano que asuma esta pieza separada del Brugal, algo que rechazaron los letrados de Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, a quien el instructor imputa los citados delitos.
Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez apuntaba "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.
El Estatuto de Autonomía valenciano establece que los diputados de las Cortes Valencianes, así como el presidente de la Generalitat y los miembros del Consell, solo pueden ser enjuiciados por la Sala de lo Civil y Penal.
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