EL"CASO RENEDO" DESENCADENA NUEVAS DENUNCIAS DE FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO

El abogado de la exjefa de servicio se contenta con su liberación y frenará el recurso que pedía rebajar la fianza de 200.000 euros

RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.

Siete meses y medio lleva el 'caso Renedo' acaparando la atención de los medios de comunicación y evidenciando que en Asturias hay jueces y policías dispuestos a investigar a consejeros, directores generales, altos funcionarios y empresarios. El ejemplo está calando y «ya son varios los empleados públicos que de forma anónima o personal, con más o menos documentación, se acercan a la comisaría para denunciar presuntos ilícitos de los que vienen siendo testigos», desvela un investigador al que se ha ordenado verificar parte de estas nuevas acusaciones de corrupción.

El propio desarrollo del 'caso Renedo' ha dado pie a ello. El asunto se originó entorno a Marta Renedo, una exjefa de servicio que entre 2003 y 2010 habría presuntamente desplegado hasta cuatro métodos distintos para desviarse fondos públicos. El más lucrativo de ellos pasaría por promover adjudicaciones de contratos menores a una sociedad de la que era administradora única. Bastaba con introducir el nombre de la funcionaria en servicios de internet como Axesor o Einforma -especializados en información mercantil- para descubrir que era dueña de una empresa increíble, capaz de generar 1.008 euros al día de ingresos con apenas un trabajador reconocido. Así, el caso ha puesto de manifiesto que la Administración regional carece de sistemas de control que le adviertan de quién está detrás de las empresas con las que firma contratos.

Tras constatar este 'agujero' la primera instructora, Ana López Pandiella, optó por no limitar el caso a los manejos de Renedo. Aprovechando el auxilio judicial prestado por la Agencia Tributaria, amplió la investigación a cada uno de los 35.000 empleados públicos y sus respectivas familias. Utilizando una base de datos con la identidad de todos ellos, solicitó que los técnicos de Hacienda comprobasen cuántos tienen participaciones en empresas que se adjudican contratos públicos, subvenciones, o mantienen relaciones comerciales con suministradores del Principado.

Finalmente, y con la ayuda de la Brigada de Policía Judicial, los resultados iniciales se han ido cribando hasta centrarse en una docena larga de sociedades. El Gobierno regional ya ha entregado los expedientes de contratación que autorizaron la entrega de dinero a estas firmas, todas ellas vinculadas por lazos familiares a ex altos cargos y funcionarios de nivel dentro de la anterior administración. El levantamiento del secreto de sumario que pesa sobre esta pieza «es cuestión de días o semanas», avanzan desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.
 

Florida Arena e Igrafo
La ambición investigadora, así como las nuevas denuncias, amenazan con crear un escenario que el actual instructor, Ángel Sorando Pinilla, ha tratado de combatir. «Esta no es ni puede ser una causa general contra la corrupción en Asturias, ni este es el único juzgado de instrucción del Principado», escribió en un auto del pasado junio en el cual reafirmaba su decisión de desgajar del sumario principal una docena de piezas que remitió a distintos juzgados del Principado.

La decisión acaba de ser refrendada por la Audiencia Provincial, pero su respaldo podría revelarse insuficiente. Parte de los juzgados de instrucción que por turno de reparto recibieron las piezas del 'caso Renedo' han aprovechado la potestad que tienen para rechazarlos. Es el caso, por ejemplo, de la pieza relativa al presunto trato de favor que Igrafo pudo haber tenido en el Florida Arena, cuya documentación está ya de vuelta en Instrucción 2 de Oviedo. En manos de su titular queda archivarla o asumir que, si no la investiga él, probablemente nadie lo hará.

El trabajo se le complica así a Sorando, quien, según ha podido saber EL COMERCIO, podría recibir en las próximas semanas una investigación iniciada en otro Juzgado de Instrucción sobre contrataciones realizadas desde la extinta Consejería de Medio Rural y Pesca. Los presuntos ilícitos habrían sido denunciados en este caso por un empleado del propio departamento.

A la espera de este traslado y de que sigan verificándose las nuevas denuncias, la actualidad del caso pasa por el interrogatorio al que está citada hoy, lunes, la exconsejera Ana Rosa Migoya, quien declara como testigo, sin asistencia letrada, y bajo la obligación de decir la verdad y responder a cuantas preguntas le hagan el instructor y las partes personadas en el caso. Entre ellas están los abogados del Principado, Bloque por Asturies, Agrupación de vecinos y amigos de Llanes (Avall) y el Partido Progresista de Belmonte.
 

Posible vuelta a Villabona
La situación procesal de su exsubordinada Marta Renedo también está sujeta a debate. Aunque salió en libertad bajo fianza de 200.000 euros el miércoles, hay dos frentes abiertos sobre esta garantía. Por un lado, una acusación particular ha recurrido solicitando a la Audiencia Provincial que eleve la cantidad hasta los 500.000 euros. En caso de que el tribunal le de la razón, la funcionaria dispondría de un periodo de entre cinco y diez días para satisfacer las nuevas garantías o regresar a Villabona.
 

El otro frente se va ha encargar de cerrarlo el abogado de la imputada, Luis Tuero. En su momento, el letrado interpuso un recurso de reforma subsidiario de apelación exigiendo que la fianza quedase en 50.000 euros. Dado que la solicitud no fue estimada hasta esa cuantía, la petición será elevada a la Audiencia Provincial para que la examine. Sin embargo y con la cliente ya en la calle, «pienso desistir para dejarlo ya así», adelanta Tuero.

elcomercio.es

"CASO MAREA"; MARTA RENEDO, YA EN LIBERTAD: "ESTOY BIEN, CONTENTA; A VER QUÉ PASA AHORA, A ESPERAR"

Renedo, junto al carrito en el que llevaba sus enseres, se abraza a su hermano José Antonio, en presencia de Tuero. luisma murias

El juez ordena la excarcelación de la imputada tras los informes favorables de un perito y la fiscalía - La ex jefa de servicio alaba la unidad educativa de la cárcel, que considera «un proyecto muy bueno»

Oviedo / Villabona,

L. Á. VEGA

La última imputada del «caso Marea» que aún permanecía en la cárcel, Marta Renedo Avilés, salió de prisión a las cinco y media de la tarde de ayer, después de que el juez instructor, Ángel Sorando, ordenase su excarcelación a la vista de los informes favorables respecto a los avales hipotecarios presentados por la familia. Sonriente, con nuevo color de pelo, visiblemente más delgada y gran aplomo, la principal implicada del caso de corrupción en la Administración del Principado durante la época socialista salió por la puerta de comunicaciones de la cárcel, con un carrito en el que llevaba sus pertenencias. Casi siete meses y medio después de ser mandada a prisión por la juez Ana López Pandiella, de Gijón, la ex jefa de servicio pudo reunirse con sus familiares. «Estoy bien, muy contenta. A ver qué pasa ahora, a esperar», dijo durante sus primeros instantes de libertad.

El juez Sorando firmó el auto de libertad en torno a las dos de la tarde. El viernes había sido remitido al Juzgado número 2 de Oviedo el informe de uno de los dos peritos nombrados para valorar los avales presentados por los familiares de Renedo, sobre dos inmuebles situados en Avilés y Gijón. La fiscalía se dio ayer por satisfecha con los avales presentados. A continuación, se envió un mandamiento a la prisión para ponerla en libertad.

Tres horas después, Renedo salía arrastrando un carrito de color azul, como los que se utilizan en los centros hospitalarios para recoger la ropa sucia. Dentro llevaba sus pertenencias. «Ponte recta», le dijo un funcionario que la acompañó hasta la salida, al ver a los periodistas que la estaban fotografiando. Fuera del recinto carcelario le esperaban su hermano, el abogado José Antonio Renedo, y el letrado de su defensa, Luis Tuero. «¿Cómo estás, cariño?», dijo la funcionaria, mientras abrazaba a su hermano. En ese momento sonreía feliz.

La ex jefa de servicio, que hubo de esperar dos semanas en la cárcel desde que el juez sustituto Francisco Javier Rodríguez Luengos acordase la rebaja de su fianza de medio millón a 200.000 euros, aseguró en esos primeros instantes de libertad que estaba muy contenta. No quiso, sin embargo, hablar de cuestiones judiciales, ni aclarar si mantiene su inocencia. «Ya dije lo que tenía que decir ante el juez», aseguró. Su idea ahora es «estar tranquila» con su familia, según transmitió Tuero.

Sí quiso, en cambio, elogiar el trato que ha recibido en el módulo terapéutico de la cárcel y la labor social que realiza. «El proyecto es muy bueno», aseguró. En unos días, Renedo tiene pensado ofrecer una rueda de prensa, en la que hablará de la unidad terapéutica y educativa, en la que, según su abogado, se implicó en diversas tareas, como la educación de otras presas en materia de higiene. Según Tuero, «la experiencia en el módulo ha sido muy positiva para ella».

La funcionaria, que está suspendida de empleo y sueldo, se marchó junto a su hermano en un coche y se dirigió a su casa de la calle La Cámara de Avilés, donde se reencontró con su familia. Tal como indicó José Antonio Renedo, tras la impresión de las primeras semanas, la familia ha asumido la situación en que se encuentra la ex jefa de servicio del Principado y le dan todo su apoyo.

Ahora, Renedo está pendiente del recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Oviedo, en el que reclama que se le rebaje la fianza aún más, a 50.000 euros.

El «caso Marea» entra la semana que viene en una nueva dimensión, con la declaración, el lunes, a las nueve y media de la mañana, de la ex consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya. Se han establecido fuertes restricciones por parte del Tribunal Superior de Justicia con el fin de evitar que los medios de comunicación puedan tomar imágenes de la ex consejera dentro de los Juzgados. Migoya deberá explicar, por ejemplo, el hecho de que aparezca su firma en una factura de 157.000 euros a favor de una de las empresas fantasma de Renedo, Oxiplans, a través de la que presuntamente desvió grandes cantidades.

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"CASO RENEDO"; EL OPERARIO QUE CUSTODIÓ EL ORDENADOR DE RENEDO AFIRMA QUE NADIE LO INTERVINO

R. M. | OVIEDO.

Daniel L. trabaja para Accenture, empresa a la que el Principado tiene subcontratados determinados servicios informáticos. Ayer se vio obligado a declarar como testigo del 'caso Renedo' ante el actual magistrado-juez que instruye el asunto, Ángel Sorando Pinilla.

El interés de la testifical estaba en desentrañar lo que realmente ocurrió tras la destitución de la jefa de servicio Marta Renedo Avilés, el 17 de febrero de 2010. La entonces consejera, Ana Rosa Migoya, reconoció durante su comparecencia de este lunes que además de firmar el cese, dio la orden para que se preservaran del despacho de la funcionaria las pruebas que pudieran ser de interés. La hoy diputada socialista aseguró que esa fue su instrucción, pero que desconoce quién la llevó a cabo y de qué forma.

Ayer, Daniel L. reconoció haber participado en esa operación, encargándose del precinto y traslado del ordenador personal de Renedo. Según indicó, el día 23 a las 11.20 horas se procedió al precinto, quedando el útil guardado en un almacén del cual él es el único que tiene llave. Nadie habría hecho uso de la misma hasta que el día 25 se personaron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía reclamando el ordenador. Sobre el mismo asunto está hoy citada a declarar Catalina A.G., la funcionaria que conocía la clave del ordenador.

elcomercio.es

MIGOYA NIEGA ANTE EL JUEZ CUAQUIER RELACIÓN CON EL "CASO RENEDO"

La diputada Ana Rosa Migoya acudió, ayer por la mañana, a declarar en el juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. En la foto, en el momento de entrar. PABLO LORENZANA

La diputada declara que tuvo conocimiento de las actividades irregulares «en febrero de 2010»

Pilar CAMPO OVIEDO

La diputada y ex portavoz del Gobierno socialista, Ana Rosa Migoya, se desvinculó ayer de cualquier relación con la presunta trama en la adjudicación de contratos en la administración del Principado que investiga el juzgado de instrucción 2 de Oviedo. Ante su titular, el magistrado-juez Ángel Sorando, reiteró que ni conocía a la funcionaria Marta Renedo, ni supo de las presuntas actividades irregulares que estaba realizando desde su jefatura de servicio en la Dirección General de Modernización, hasta “principios de febrero de 2010”. En esa fecha, el ex director general de este departamento, Alberto Pérez Cueto, le comunicó sus sospechas tras comprobar la falsificación de su firma para validar la adjudicación de un contrato para una empresa ficticia que gestionaba la funcionaria. Su reacción fue cesarla inmediatamente y presentar una denuncia ante la Fiscalía.

La ex consejera ratificaba así en sede judicial la misma línea argumental que ha venido sosteniendo desde que estalló el escándalo por el que están imputados el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, la ex funcionaria Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín).

Ana Rosa Migoya comparecía como testigo ante el magistrado-juez. Aunque algunas acusaciones populares habían solicitado que acudiera en calidad de imputada, el magistrado-juez rechazó esta posibilidad. Sin embargo, paradójicamente, según resaltaron las acusaciones al término de la declaración, Sorando le advirtió expresamente que podía acogerse a su derecho a no contestar; una posibilidad que jamás se concede a los testigos que son los que tienen la obligación de decir la verdad.

Esta recomendación judicial fue interpretada, en medios jurídicos, como “una forma de preservar la continuidad de la causa en el juzgado porque si apreciaba algún indicio habría que parar inmediatamente la declaración para su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dada su condición de aforada”. Fuentes jurídicas consultadas admitieron que esta advertencía es algo “muy poco habitual”.

La Fiscalía y algunas defensas no formularon preguntas. A su salida del juzgado, Migoya recalcó que había acudido a “comparecer en calidad de testigo en el ánimo de colaborar con la Justicia”. Indicó que había contestado a todas las preguntas que le habían formulado relativas a las actuaciones de las que tenía conocimiento por su responsabilidad, si bien eludió especificar sus respuestas ya que iban dirigidas “a las partes personadas y no romperé ese criterio”, corroboró.

Fuentes jurídicas afirmaron que, durante su declaración, la ex consejera admitió que había firmado la validación de algunas facturas, como la de la empresa fantasma Oxiplans, al dar por buena la autorización previa del departamento correspondiente.

lavozdeasturias.es

"CASO RENEDO"; CALENDARIO PARA UN SUMARIO

Dos resoluciones clave del ‘caso Renedo’ se resolverán en cuestión de días

S.D.M. OVIEDO

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina y a punto de cumplirse seis meses desde que se destapó la caja de los truenos, la investigación del caso Renedo continúa sumando folios a un sumario que ya pasa de los 32.000. Esta misma semana nuevos nombres aparecen relacionados con una instrucción a la que todavía parecen quedarle muchos hilos por desenredar.

01 novedades Nuevas sospechas sobre un aforado 

Hace apenas unos días el titular del juzgado número 2 de Oviedo, Ángel Sorando, remitió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) una separata del sumario al considerar que puede haber indicios de la implicación de un aforado en la supuesta trama de corrupción. Ese aforado es, en principio, la consejera en funciones de Cultura del Principado y diputada regional, Mercedes Álvarez, que ya ha saltado a la palestra para defender su inocencia.

Esa separata, que se corresponde con la parte de la instrucción sobre la que todavía pesa el secreto de las actuaciones, ya obra en manos de la Sala Civil-Penal del TSJA, que es la encargada de tramitar los asuntos penales que afecten a diputados y miembros del Gobierno. La sala, que según todos los indicios resolverá esta misma semana, puede decidir abrir una causa contra Mercedes Álvarez, archivarla al no encontrar indicios de delito o bien devolvérsela al magistrado Sorando, según confirmaron expertos consultados por LA VOZ, porque cree que no está bien justificada y que debe seguir investigando.

En principio, parece que el nombre de Mercedes Álvarez aparece en las grabaciones de conservaciones realizadas durante la investigación, citada por gente que dice conocer a sus familiares y que ellos son el mejor medio para llegar hasta ella.

La consejera se mostró sorprendida por su supuesta implicación. Considera “kafkiano” que se la relaciones con el caso, niega conocer a Marta Renedo, ya que la ex alta funcionaria que da nombre a la instrucción se fue de Cultura un año y medio antes de que Mercedes Álvarez llegara al cargo. También considera “deplorable” que se haya tenido que enterar por los medios de comunicación de lo que está pasando y resalta que su departamento “colaboró desde el primer día con la investigación y remitió toda la información que se le solicitó.

02 los ‘pinchazos’ Las grabaciones, en entredicho 

Cuatro de los cinco imputados hasta el momento en el caso Renedo han recurrido las grabaciones que constan en el sumario y que son el núcleo fundamental del que se ha ido desentrañando la madeja de la supuesta trama de corrupción. Alegan errores procedimentales, de plazos y de justificación. Quieren que se descarten los pinchazos y que, a continuación, se archive el caso. Algunas de las justificaciones de los letrados son muy gráficas y alegan que el caso se ha sobredimensionado.

Los imputados que se han acogido a esta línea son la ex directora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, representada por Ángel Bernal; la propia Marta Renedo, con Luis Tuero; y los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, con el abogado Miguel Valdés-Hevia; y de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, con el letrado Javier Díaz Dapena.

Los cuatro imputados esperan que la resolución judicial sea muy rápida, incluso que se produzca esta misma semana. Las grabaciones son una pieza fundamental, por lo que de esta decisión depende en gran medida el futuro del caso.

Los abogados defensores confían en que sus tesis salgan adelante, pero otros letrados como Esteban Aparicio que representa a la asociación llanisca AVALL, que se ha persona en el caos, afirma que no hay base para desechar esas conversaciones y todas las actuaciones que desencadenaron.

03 tras las vacaciones El juez escuchará nuevas pruebas 

Ya hay más testimonios fijados por el magistrado Ángel Sorando para el mes de septiembre. Uno de ellos es el de la consejera en funciones de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que para entonces ya no ocupará ningún cargo dentro del Gobierno. Su comparecencia, en calidad de testigo, está prevista para el día 12 de septiembre y ha sido interesada por el partido bloque por Asturias, que también está personado en el caso. Al día siguiente, pasarán por los juzgados dos funcionarios más.

Además, Esteban Aparicio, el letrado que representa a AVALL avanza que solicitará más pruebas testificales, como por ejemplo “la declaración de todos los funcionarios que tienen estampada su firma en los contratos que la propia Administración ha reconocido como irregulares”, además de otros trabajadores públicos que dependían de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Principado, de la que es titular en funciones Alberto Pérez Cueto, que ya compareció hace dos semanas.

04 encarceladas Dos de los imputados siguen en prisión 

De los cinco imputados has ta el momento en el caso Renedo, tres están en libertad bajo fianza, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Siguen en prisión María Jesús Otero y Marta Renedo. Sus abogados ya han recurrido su encarcelamiento sin ningún éxito, así que casi con total probabilidad pasarán el verano en prisión. Sólo les queda recurrir al Tribunal Supremo, porque ya han agotado todas las instancias inferiores, en las que temen que destruyan pruebas o que se fugen.

Lavozdeasturias.es

EL "CASO RENEDO" SEÑALA YA A CINCO CONSEJERÍAS

Álvarez Areces defiende la «honestidad» de Mercedes Álvarez y pide «que no se enturbie continuamente la política asturiana»

Cuando el 3 de febrero de 2010 Azucena V. F. presentó una denuncia tras descubrir que alguien había abierto una cuenta bancaria a su nombre y estaba realizando ingresos en la misma, probablemente no llegó a imaginar la tormenta que iba a desencadenar en la política asturiana. Un año y medio después de esa demanda, y tras meses de escuchas, análisis de facturas y otras indagaciones, el caso que comenzó con la investigación de las actuaciones irregulares de la funcionaria Marta Renedo salpica ya, de una u otra forma, a cinco consejerías del Principado o, lo que es lo mismo, la mitad del Gobierno regional.

La primera en quedar bajo la lupa de la jueza Ana López Pandiella -antes de que ésta enviara el sumario a Oviedo- fue la Consejería de Administraciones Públicas, en la que Marta Renedo trabajaba como jefa de servicio. Lo fue no sólo porque la funcionaria tuviera allí su puesto de trabajo, sino porque el desvío de fondos a empresas propiedad de Marta Renedo llevaba la firma, entre otros, del director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto, rúbricas que presuntamente habían sido falsificadas por la jefa de servicio detenida -y que lleva ya más de cinco meses en prisión-. La propia consejera, Ana Rosa Migoya, está citada para declarar como testigo el próximo 12 de septiembre.

A partir de la intervención de las conversaciones telefónicas de Marta Renedo, que comenzaron tras su destitución, se llegó a los empresarios Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, y se descubrió su relación con el entonces consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, y con la directora general de Planificación, María Jesús Otero. Los investigadores sospechan que ambos cargos públicos favorecieron a estas empresas a la hora de adjudicar contratos del Principado, permitiéndoles concurrir de forma irregular y obteniendo a cambio una compensación económica o trabajos para la empresa del hijo del exconsejero.

En la parte del sumario ya conocida aparecen además escuchas que hacen referencia a contactos de los empresarios imputados con alto personal de otras dos consejerías: la de Economía y Hacienda y la de Presidencia, Justicia e Igualdad. Los interrogatorios practicados en las últimas semanas por el juez Ángel Sorando permitieron ahondar más aún en las conexiones de estos departamentos con el 'caso Renedo'. En concreto salió a la luz la relación de Sánchez y Muñiz con un funcionario, Luciano, supuestamente jefe de sección de Economía y Hacienda, quien iría informando a ambos del estado en el que se encontraban algunos expedientes y les daba además consejo sobre cómo presentar ofertas. Además se hizo referencia a la relación personal de Víctor Manuel Muñiz con el exdirector general de Justicia, Manuel Cabaleiro, con quien comía asiduamente.

Esta semana la Consejería de Cultura y Turismo -a la que ya existían referencias en algunas conversaciones intervenidas a Marta Renedo, quien estuvo trabajando allí hasta 2007, antes de ser trasladada a Administraciones Públicas- se sumó a la lista de departamentos relacionados con esta causa, después de que el juez Sorando remitiera al TSJA una parte del sumario para que investigue si su actual titular, Mercedes Álvarez, incurrió en la comisión de algún delito. El magistrado se basa en documentos que aún permanecen bajo secreto. Ayer el presidente en funciones, Vicente Álvarez Areces, defendió la «honestidad» de la consejera y consideró que «no hay ningún elemento de imputación». En declaraciones a la TPA, pidió «no enturbiar continuamente la vida política asturiana».

elcomercio.es

LA FISCALÍA AVALA LAS ESCUCHAS DEL "CASO RENEDO"

El Principado estima que hay indicios «suficientes» contra la ex alta funcionaria al margen de los ‘pinchazos’

PILAR CAMPO OVIEDO

La Fiscalía avala la validez de las escuchas telefónicas a los imputados por la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en el Principado, una semana después de que el fiscal superior, Gerardo Herrero, admitiera que en caso de ser anuladas “daría al traste con la investigación”. Por su parte, el Principado, que ejercita la acusación particular únicamente contra Marta Renedo, entiende que hay pruebas indiciarias “suficientes” para dirigir los cargos contra la ex alta funcionaria al margen de las escuchas.

Sus posicionamientos se conocieron ayer, después de que las partes agotaran el día de gracia concedido tras vencer, el pasado lunes, el plazo para presentar sus alegaciones al recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el abogado Miguel Valdés-Hevia, en representación del empresario imputado Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).

La decisión última sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas está ya en manos del magistrado-juez Ángel Sorando, titular del juzgado de instrucción 2 de Oviedo, que asumió la causa después de que el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial acordara la inhibición de la jueza Ana López Pandiella, titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón, al considerar que el órgano competente era el de Oviedo.

Las alegaciones Mientras las defensas piden su nulidad por las irregularidades detectadas, las acusaciones defienden su legalidad al entender que no hubo extralimitación. La Fiscalía contestó al recurso defendiendo su validez. Gerardo Herrero descartó que existan los “defectos alegados”, al haberse practicado “conforme a la legislación vigente” y haber sido “debidamente notificadas” al fiscal. La Fiscalía adiverte de que los autos están “perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible (del 22 de febrero al 9 de septiembre de 2010)” así como que las transcripciones “fueron correctas, con un control constante del juzgado”. El fiscal también entiende que se ha respetado el derecho al juez “predeterminado por la ley”.

Valdés-Hevia sostiene, por el contrario, que los autos dictados por la jueza Pandiella, por los que acordaba las escuchas de las conversaciones de su cliente con la ex alta funcionaria Marta Renedo y sus prórrogas, Svulneraron “el derecho al secreto de las comunicaciones, no fueron notificados al fiscal, lo que impidió su control y no se justificaba el carácter delictivo de los hechos”. A su tesis se sumaron los abogados Javier Díaz Dapena, que defiende al empresario Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), Ángel Bernal en nombre de la ex directora general María Jesús Otero y Luis Tuero, en representación de Renedo. El abogado Sergio Herrero no quiso confirmar si se ha adherido al recurso en nombre del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

lavozdeasturias.es

LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES POPULARES SALEN EN DEFENSA DEL "CASO RENEDO"

Herrero avala la «legalidad y motivación» de las escuchas y el Principado mantiene la consistencia de las pruebas contra Renedo

RAMÓN MUÑIZ | GIJÓN.

«Esto es como el Oeste, todos avanzamos mirándonos de reojo, pero cuando uno abre fuego, no te puedes ya quedar quieto, tienes que disparar». De manera tan gráfica describía la semana pasada uno de los abogados del 'caso Renedo' la jugada que acababa de producirse. La defensa del imputado Víctor Manuel Muñiz, empresario de Igrafo, había registrado un recurso solicitando la nulidad de las escuchas telefónicas y de cuantas diligencias se derivaron de ellas. El órdago es a la grande y, efectivamente, las partes se han visto obligadas a tomar posición.

Los representantes de los coimputados Marta Renedo, María Jesús Otero y Alfonso Carlos Sánchez han apoyado la nulidad mediante alegaciones donde dan un paso más y exigen el archivo de la causa. Sostienen que las diligencias incluidas en el sumario se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales de sus mandantes, lo que invalidaría el resultado. En el bando contrario, las acusaciones populares de Avall, Bloque por Asturies y el Partido Progresista de Belmonte han salido al paso y defienden que la instrucción iniciada por la magistrada-juez Ana López Pandiella y continuada ahora por su homólogo Ángel Sorando Pinilla «cumple escrupulosamente» la legalidad.

En un terreno con mayor apariencia de neutralidad se mueven el Ministerio Fiscal y el Principado, que actúa en la causa como acusación particular para reclamar la reposición del daño que se hubiera causado al erario público. La Fiscalía de Asturias, que dirige Gerardo Herrero, informó ayer que tras analizar el recurso sostiene «la validez de las escuchas, no existiendo ninguno de los defectos alegados» por el letrado de Víctor Muñiz. «Las escuchas se practicaron conforme a la legislación vigente y fueron debidamente notificadas al Ministerio Fiscal», abunda. «Los autos que acuerdan estas intervenciones y las correspondientes prórrogas están perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible», defiende la Fiscalía. Sobre el modo en que las cintas fueron transcritas -omitiendo los agentes policiales las partes de escaso interés- considera el Ministerio Público que fueron «igualmente correctas, con un control constante por parte del Juzgado Instructor».

Por último, la Fiscalía defiende la labor de Ana López Pandiella por investigar unos indicios cuya denuncia llegó a su juzgado. El hecho de que luego la Audiencia Provincial entendiera que la causa debía proseguir en Oviedo no supone que la instructora no fuese la juez predeterminada por la ley, tal y como sostiene la parte recurrente.

El Principado también ha reflejado su posición mediante un escrito en el que elude pronunciarse sobre la validez de las escuchas, pero marca un límite al debate. Aunque los 'pinchazos' fuesen anulados, «siguen existiendo indicios más que suficientes contra la funcionaria Marta Renedo; la Administración regional denunció las prácticas de esta funcionaria con una serie de pruebas sobre su hacer y su empresa Implans Mounts cuya vigencia debe mantenerse al margen del recurso», explica su letrado, Juan Serra.

«Los autos que acuerdan las escuchas están perfectamente motivados», dice el fiscal
 

La anulación de los pinchazos no debe afectar a la causa contra Renedo, advierte el Principado

elcomercio.es

LOS INTERROGATORIOS DEL "CASO RENEDO" DESVELAN CONEXIONES EN OTRAS CONSEJERÍAS

Las declaraciones de altos cargos de Educación revelan relaciones de los empresarios con personal de Economía y de Justicia

RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.

Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, están imputados en el 'caso Renedo' por los manejos presuntamente corruptos que mantenían con personas claves en la Consejería de Administraciones Públicas (la jefa de servicio Marta Renedo Avilés) y de Educación y Ciencia (el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y la exdirectora general María Jesús Otero). Las escuchas a las que fueron sometidos el pasado año sugerían relaciones también con trabajadores de otros departamentos. Los interrogatorios que el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla ha dirigido en los últimos días permiten ahora perfilar mejor esas conexiones en, al menos, dos consejerías: Economía y Hacienda y Presidencia, Justicia e Igualdad.

Los 'pinchazos' demuestran que los dos empresarios hablaban, cada uno por su cuenta, con un empleado del Principado al que denominan «Luciano» y que les va informando del estado en el que se encuentran algunos expedientes, además de darles consejos sobre cómo preparar sus respectivas ofertas.

El que más confianza tiene es Alfonso Carlos Sánchez. El funcionario le llega a pedir cuatro carnés para ver el fútbol, mientras el empresario «le dice que vive de él (de Luciano)». En las transcripciones de noviembre, el funcionario le concerta una comida con un tercero «que no se atreve demasiado, sobre todo ahora mismo», y le informa de gestiones entre María José Ramos y Rabanal. A cada duda que manifiesta el empleado público, Sánchez opone que «la situación es salvaje y hay que adelantarse, tomar medidas». El dueño de APSA confiesa a su amigo que «tengo miedo que me dejen fuera de juego» en relación a un contrato con el nuevo HUCA; «le pide consejo; Luciano le dice que hable primero con Floro».

Los contactos entre Luciano y Víctor Muñiz son más limitados. El 6 de mayo el de Igrafo pide una entrevista a Luciano, quien concede al encuentro mientras no sea dentro de la consejería. Quedan en verse en unas horas. Tras la cita, el empresario llamará a uno de sus socios señalándole que por Luciano sabe que «el problema no era que estuviese mal presentada la oferta». Este periódico ha podido confirmar que el teléfono desde el que llamaba «Luciano» a ambos aparece en la guía del Principado asignado a Luciano G. S., jefe de sección en Economía y Hacienda. Según el mismo listín, sólo existen otros dos trabajadores del Principado con ese nombre.

El interrogatorio que Sorando celebró el pasado día 20 con P. R. P., exsecretario general de Educación, abunda en el asunto. Durante el mismo, el testigo aseguró conocer bien cuál es el procedimiento interno que sigue la Administración antes de elaborar sus catálogos homologados. Estos listados recogen una relación de productos como el material de oficina o el mobiliario, de uso frecuente. El Principado pacta un precio fijo con una serie reducida de empresas y a partir de entonces, cualquier órgano de contratación puede encargar los productos, simplificando el procedimiento y los controles a superar. Igrafo y Almacenes Pumarín son de las pocas empresas que consiguen esta relación con la Administración.

El abogado de Avall preguntó a P. R. P. si, gracias a su experiencia en la materia, tenía conocimiento de «un tal Luciano». «Es un funcionario de carrera que estaba en esa sección (...) pienso que era de un grupo C, administrativo (...) era el que participaba en esa homologación, en coordinación con todas las consejerías». Según explicó, a la hora de elaborar los catálogos, funcionarios del resto de consejerías acudían al departamento de Luciano a «explicar sus necesidades».

El testigo también aportó datos de otra relación hasta ahora desconocida. Durante el interrogatorio a que fue sometido, el abogado que defiende a la exdirectora general María Jesús Otero demandó aclarar las competencias que P. R. P. tenía en las contrataciones de Educación. El aludido señaló que como secretario general técnico ejercía una responsabilidad «genérica». Dijo que tenía capacidad para autorizar y disponer gastos por debajo de los 30.050 euros por delegación del consejero, pero que él daba tal refrendo a propuestas que le llegaban desde la dirección general correspondiente, que era la encargada de escoger a los proveedores.

Citas todas las semanas
P. R. P. ejerció dichas responsabilidades entre los meses de julio de 2006 y 2007. A preguntas de Avall, admitió que precisamente uno de los contratistas más habituales en Educación, Víctor Muñiz, trató de captarle para unas comidas que celebraba semanalmente con un alto cargo conocido de ambos: «Manuel Cabaleiro». Entonces era director general de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico. Entre julio de 2007 y noviembre de 2008 ejerció de director general de Justicia. «Les vi muchas veces juntos (...) debían comer un día a la semana (...) ¿Que si trataron de invitarme? Sí, en más de una ocasión, sobre todo Víctor Manuel».

La relación de Cabaleiro y Muñiz se mantiene incluso después de que éste último abandone formalmente la Administración. En varias ocasiones los agentes identifican conversaciones entre el empresario y alguien a quien en ocasiones identifican como «Cavaleiro» y otros como «Cabaleiro». Una de estas charlas se produce a las 13.42 horas del ocho de julio pasado. Hace escasos minutos que Vicente Álvarez Areces ha anunciado que no volverá a optar a la Presidencia del Gobierno. El de Igrafo llama al teléfono que aún hoy utiliza Manuel Cabaleiro. Debaten la noticia y «el interlocutor dice que siempre ayudará a Víctor, esté fuera o dentro...».

elcomercio.es

LA FISCAL DEL "CASO RENEDO" "YA ESTÁ EN CONDICIONES DE EJERCER LA ACUSACIÓN"

Gerardo Herrero señala que aún hay diligencias abiertas para analizar la documentación «de varias empresas y diferentes consejerías»

O. SUÁREZ / R. MUÑIZ | GIJÓN.

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, detalló ayer el estado en el que se encuentra la instrucción del 'caso Renedo'. «Existen aún unas diligencias abiertas, en las que se está analizando documentación de varias empresas, así como la relación con diferentes consejerías». En lo tocante a los cinco imputados que hay hasta ahora (José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez), «la fiscal tiene ya prácticamente finalizado el relato de los hechos; si no se producen novedades, está en condiciones de ejercer la acusación».

El Ministerio Fiscal sigue pendiente de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre una de las primeras medidas adoptadas por el magistrado que instruye el caso desde que pasara a Oviedo: imponer un secreto sobre el sumario que incluía al fiscal. «No es legal», entiende el fiscal. La semana pasada, el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, autorizó el inicio del análisis de los documentos ocupados a Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), empresa de la que es accionista Víctor Manuel Muñiz.

El miércoles que viene, además, tiene citados a B. F. S. y V. H. M., dos funcionarios que pasaron por la Secretaría General Técnica de Educación. Durante la etapa de Riopedre, la de Educación fue la consejería con mayor rotación en este puesto, llamado a fiscalizar las contrataciones. El día 20 les siguen P. R. P., del mismo departamento, y Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización en funciones, y superior inmediato de Marta Renedo. Todos responderán a las preguntas del magistrado y de las partes personadas, incluidas las acusaciones populares, ejercidas por el Bloque por Asturies y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall).

Sorando acaba de solicitar que el Principado remita el expediente de las obras de cableado informático en el centro cultural de La Fresneda (Siero). En junio de 2006, la Consejería de Cultura, de la que era titular Ana Rosa Migoya, anunció las obras por 66.500 euros. Dos meses antes, un expediente autorizado por la consejera, ordenaba el pago de 26.500 euros por la instalación de un programa informático en el mismo centro a Oxiplans, una tapadera que presuntamente usaba Renedo para desviar fondos a sus bolsillos.

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"CASO RENEDO"; LA FISCAL "YA ESTÁ EN CONDICIONES DE EJERCER LA ACUSACIÓN"

Asturias

Gerardo Herrero señala que aún hay diligencias abiertas para analizar la documentación «de varias empresas y diferentes consejerías»

O. SUÁREZ / R. MUÑIZ | GIJÓN.

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, detalló ayer el estado en el que se encuentra la instrucción del 'caso Renedo'. «Existen aún unas diligencias abiertas, en las que se está analizando documentación de varias empresas, así como la relación con diferentes consejerías». En lo tocante a los cinco imputados que hay hasta ahora (José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez), «la fiscal tiene ya prácticamente finalizado el relato de los hechos; si no se producen novedades, está en condiciones de ejercer la acusación».

 

El Ministerio Fiscal sigue pendiente de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre una de las primeras medidas adoptadas por el magistrado que instruye el caso desde que pasara a Oviedo: imponer un secreto sobre el sumario que incluía al fiscal. «No es legal», entiende el fiscal. La semana pasada, el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, autorizó el inicio del análisis de los documentos ocupados a Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), empresa de la que es accionista Víctor Manuel Muñiz.

El miércoles que viene, además, tiene citados a B. F. S. y V. H. M., dos funcionarios que pasaron por la Secretaría General Técnica de Educación. Durante la etapa de Riopedre, la de Educación fue la consejería con mayor rotación en este puesto, llamado a fiscalizar las contrataciones. El día 20 les siguen P. R. P., del mismo departamento, y Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización en funciones, y superior inmediato de Marta Renedo. Todos responderán a las preguntas del magistrado y de las partes personadas, incluidas las acusaciones populares, ejercidas por el Bloque por Asturies y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall).

Sorando acaba de solicitar que el Principado remita el expediente de las obras de cableado informático en el centro cultural de La Fresneda (Siero). En junio de 2006, la Consejería de Cultura, de la que era titular Ana Rosa Migoya, anunció las obras por 66.500 euros. Dos meses antes, un expediente autorizado por la consejera, ordenaba el pago de 26.500 euros por la instalación de un programa informático en el mismo centro a Oxiplans, una tapadera que presuntamente usaba Renedo para desviar fondos a sus bolsillos.

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EL JUEZ DEL "CASO RENEDO" LLEVA UN MES ESPERANDO QUE EL PRINCIPADO LE DÉ REFUERZOS

Administraciones Públicas no ha resuelto la petición para ampliar el personal del Juzgado o permitir a la plantilla hacer horas extra

RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.
 

Menos carga de trabajo y más personal de apoyo. Estas son las dos peticiones que el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla formalizó nada más recibir el 'caso Renedo', a mediados de abril. Los 62.500 folios de sumario que 'heredaba' de su predecesora, la instructora Ana López Pandiella, prometían desbordar al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, del que es titular, y que está compuesto por una decena de funcionarios y un secretario judicial.

La primera de las solicitudes dependía de sus compañeros de oficio y ya ha sido resuelta. Sorando Pinilla reclamó eximir durante seis meses a su Juzgado del reparto de querellas. En la junta de jueces celebrada hace dos semanas, sus compañeros de Instrucción replicaron que tres meses sería lo más prudencial. Finalmente la Sala de Gobierno concedió el plazo inicial de seis meses. Desde el pasado día 18, no entran en Instrucción 2 las querellas, actos procesales que en realidad no suponen ni el 2% de los asuntos ingresados pero que luego, eso sí, acarrean una importante dosis de papeleo.

Distinto es el procedimiento para reclamar más personal. Aquí es el secretario judicial quien tiene que cursar la solicitud ante el secretario coordinador. El escrito proponía dotar a Instrucción 2 de un par de funcionarios más o permitir que dos de los que ya componen la plantilla tengan permiso para hacer horas extra por las tardes.

El secretario coordinador realizó un informe recogiendo la propuesta y lo remitió al secretario de Gobierno, quien ya trasladó la cuestión a la Administración que tiene competencia sobre el personal de Justicia, esto es, al Principado.

El primero en valorar el asunto es la Dirección General de Justicia, perteneciente a la Consejería de Justicia, cuya titular en funciones es María José Ramos. Tal y como están distribuidas las responsabilidades en la Administración regional, el papel de esta dirección general se limita a analizar la solicitud y realizar el informe sobre la misma para que decida, finalmente, la consejería que tiene atribuidas las competencias en materia de personal: Administraciones Públicas.

El departamento que dirige Ana Rosa Migoya no ha resuelto aún esta cuestión, lo que está obligando a Sorando Pinilla a arreglárselas con el personal habitual. De momento tiene a dos funcionarias atendiendo el papeleo que mueve el 'caso Renedo', sin que puedan dedicarse a ello en exclusividad.

Cabe precisar que la investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Principado dio un salto cualitativo, en lo que a administración de justicia se refiere, en el momento en el que Sorando Pinilla atendió la petición de las defensas y levantó parte del secreto de sumario. Fue una medida con un efecto secundario más que previsible: todas las partes personadas aprovecharían el conocimiento de la investigación para plantear un aluvión de recursos, peticiones de nuevas diligencias e incluso solicitudes para nuevas imputaciones. Aunque la investigación que dirigió Ana López Pandiella enfrentaba grandes dosis de documentación, la magistrada-juez gijonesa sí que pudo lidiar el asunto sin ampliar la nómina de funcionarios adscrita al Juzgado de Instrucción 4.

En cambio ahora, con cinco imputados, dos acusaciones particulares, otras dos populares ya personadas y otra más en trámites de hacerlo, el movimiento de papeles está aumentando exponencialmente.

La falta de refuerzos amenaza con ralentizar el proceso, una contrariedad que también podría darse si Administraciones Públicas no resuelve adecuadamente la petición. En manos de la consejería está enviar dos trabajadores, reclutados de la bolsa de empleo, o permitir que el personal que ya trabaja en Instrucción 2 y conoce los procedimientos pueda ampliar su horario laboral. Los sindicatos de Justicia vienen desde hace años avisando de este tipo recambios. A su juicio, los suplentes que salen de las bolsas de empleo no tienen la formación necesaria para trabajar de forma eficaz en una administración tan delicada como la de Justicia.

La Policía de Gijón
Mientras se resuelven las cuestiones del Juzgado, la investigación mantiene su ritmo gracias en parte a una decisión de la que es responsable Baldomero Araujo, el jefe superior de Policía de Asturias. Cuando el sumario pasó a Oviedo, cabía hacer lo propio con los agentes adscritos al caso. Sin embargo, dada la complejidad de las pesquisas y el entramado investigado, el asunto se sigue manteniendo bajo los dominios del inspector jefe Arturo P. M., de la Brigada de Policía Judicial de Gijón, que ahora reporta sus avances a Sorando como antes lo hizo con López Pandiella.

elcomercio.es

"CASO RENEDO"; LA CLAVE DE LOS TESTIGOS

Sorando retoma la práctica de pruebas en el ‘caso Renedo’

PILAR CAMPO OVIEDO

El sumario de la investigación de la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en la administración del Principado, en la que están imputados políticos, altos funcionarios y empresarios, sigue acumulando espacio en las estanterías del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. El magistrado-juez Ángel Sorando retomará, a mediados de este mes, el pulso de las diligencias con la práctica de nuevas pruebas testificales y periciales, consideradas claves en la causa.

Sorando cerrará así los flecos que quedan por aclarar para determinar la distinta participación de las personas que aparecen en el sumario en los delitos imputados -desde malversación de caudales a tráfico de influencias o blanqueo de capitales- de cara a la delimitación de su posible responsabilidad. A los cinco imputados ya conocidos -el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su ex número 2, María Jesús Otero, la funcionaria destituida Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín)- se suma una lista de una docena de personas que ya prestaron declaración y están encausadas como imputadas no detenidas.

Las citaciones para los testigos que aún no han testificado ya han salido del juzgado. Los primeros que tendrán que pasar por la sede judicial serán cuatro funcionarios que estuvieron adscritos a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, cuando era titular José Luis Iglesias Riopedre, y a quienes se les interrogará sobre el protocolo de actuación que se siguió en su departamento en materia de contrataciones. El juez intentará así despejar las dudas que suscitaron los contratos suscritos entre la administración, las empresas cuyos propietarios están imputados y algunos de los acusados. Los funcionarios B. F. S. y V. H.M. comparecerán el día 15, mientras que P. R.P. acudirá al juzgado el día 20 y A.M.F.M. tiene fijada su comparecencia para dos días más tarde.

El director general de Modernización y Telecomunicaciones, José Alberto Pérez Cueto, jefe directo de Marta Renedo, irá el día 20 de este mismo mes para realizar una prueba caligráfica y conocer así si su firma es la que aparece estampada en algunos de los documentos que obran en el sumario y que pertenecen a autorizaciones de contratos que eran presuntamente desviados a la empresa Implans Mounts, de la que era administradora única Marta Renedo, o si, como él mantiene, había sido falsificada.

La prueba testifical se completará, tras el paréntesis veraniego, coincidiendo con el inicio del curso judicial en septiembre con la declaración, en calidad de testigo, de la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del gobierno regional, Ana Rosa Migoya, que está prevista para el día 12. Otros dos funcionarios pasarán por dependencias judiciales: D.L.D. -el día 13- y C. A.G., que tendrá que testificar al día siguiente. Ambos han sido citados, como testigos, al haber sido las personas que precintaron el ordenador que Renedo utilizaba en su despacho de Administraciones Públicas y que posteriormente fue entregado a la Policía Judicial.

lavozdeasturias.es

LA POLICÍA DUDA DE SI EL ORDENADOR QUE ENTREGÓ LA CONSEJERÍA ES EL DE RENEDO

Bloque por Asturies pide que Migoya explique al juez por qué el disco duro no estaba en el despacho de la funcionaria

I. VILLAR | GIJÓN.

El abogado de Bloque por Asturies, una de las partes que participan como acusación particular en el proceso abierto por el 'caso Renedo', pedirá hoy formalmente al juez Ángel Sorando que tome declaración a la consejera de Administraciones Públicas del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, para que explique por qué cuando la Policía Judicial registró el despacho de Marta Renedo, ocho días después de su cese en 2010, la Unidad Central de Procesamiento (CPU) de su ordenador -la parte que contiene el disco duro y por tanto todos los datos de memoria- no se encontraba allí. Según explicó ayer el portavoz del partido y candidato a la presidencia del Principado, Rafael Palacios, el día que los funcionarios judiciales entraron en la consejería en la mesa de la funcionaria tan sólo encontraron un monitor, ya que la CPU había sido retirada por el Centro de Gestión de Servicios Informáticos, «una subcontrata».

 

En el acta de entrada y registro del despacho de Marta Renedo, levantada el 25 de febrero de 2010, queda constancia de este hecho. Según recoge ese documento, «a pesar de que en la mesa de trabajo figura un monitor de ordenador (PC), no existe 'torre' o PC en el despacho». El director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Alberto Pérez Cueto, presente en el registro, explicó a los funcionarios que el ordenador había sido trasladado a otra ubicación. Posteriormente, el coordinador del almacén del Centro de Gestión de Servicios les hace entrega «de lo que según manifiestan es el PC que estaba instalado en el despacho de Marta Renedo», que según reza en el acta «estaba precintado con candado y contraseña».

 

De ese ordenador se extrajo un disco duro con 80 gigabytes de memoria que posteriormente fue desprecintado y analizado, si bien la forma en que fue entregado motivó que, en el informe presentado al juzgado de Instrucción, la Policía puntualizase que «no se puede acreditar por parte de este Grupo de investigación a priori que el disco duro intervenido pertenezca al lugar de trabajo de Marta Renedo».

 

Según Bloque por Asturies «se ha producido una grave actuación por parte de la Consejería de Administraciones Públicas en lo referente a la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los presuntos casos de corrupción dentro de la Administración del Principado». Consideran asimismo que «estas actuaciones ponen en duda que la administración socialista asturiana quiera de verdad colaborar con la Policía, ya que se ha alterado uno de los escenarios donde presuntamente se cometieron los delitos».

 
Preguntas a la consejera

A raíz de estos hechos, el letrado que representa al partido como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo presentará hoy dos solicitudes con las que se pretende esclarecer en particular este asunto. Por un lado pedirá al juez Ángel Sorando que tome declaración a Migoya, con la intención de que la consejera explique «quién dio la orden de retirar el ordenador de Marta Renedo, por qué se tomó esta decisión, quién realizó el traslado del ordenador, dónde estuvo, quién hizo la custodia del mismo, si se manipuló y, en caso afirmativo, cuál era el objetivo de esa manipulación». Bloque por Asturies solicitará también que técnicos cualificados e independientes practiquen una prueba pericial para determinar si en fechas posteriores al cese de Marta Renedo el ordenador fue manipulado para borrar datos o para otro tipo de actuaciones.

 

Rafael Palacios definió ayer esta situación en torno a la intervención del ordenador de trabajo de Marta Renedo como «extremadamente grave» y destacó que quien lo custodió fue «personal de una empresa privada, que no son ni siquiera funcionarios de la Administración».

elcomercio.es

BLOQUE POR ASTURIES PEDIRÁ QUE MIGOYA SEA CITADA PARA DECLARAR DEN EL "CASO RENEDO"

J. A. G.OVIEDO.

El candidato de Bloque por Asturies-Unidá Nacionalista Asturiana a la Presidencia del Principado explicó ayer que su formación pedirá como parte personada en la causa que la actual consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, sea citada a declarar en el marco del denominado 'caso Renedo' por una supuesta ocultación a la Policía del ordenador que utilizaba la ex funcionaria Marta Renedo.

Rafael Palacios precisó que un informe de la Policía Judicial significa que cuando los agentes entraron el 25 de febrero de 2010 en el despacho de la funcionaria, ubicado en la Dirección General de Modernización, no pudieron localizar ningún equipo informático, ni acreditar, por tanto, que el ordenador intervenido hubiera sido el de la imputada.

«A pesar de haber monitor no se pudo localizar el equipo, por lo que no se puede acreditar que el disco duro intervenido pertenezca al lugar de trabajo de Renedo», desgranó el portavoz de Bloque por Asturies.

A la vista de estos hechos, la organización asturianista, que tiene un diputado en la Junta General, solicitará hoy mismo que la consejera de Administración Pública y portavoz del Ejecutivo regional ofrezca explicaciones ante el juez que instruye la causa de por qué se decidió retirar el ordenador antes de la llegada de la Policía Judicial y quiénes realizaron el traslado y la custodia del equipo. Bloque por Asturies, que concurre a las urnas en coalición con UNA, plantea en esta campaña la necesidad de renovar la clase política asturiana y acabar con la corrupción en las administraciones.

elcomercio.es