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miércoles, 28 de marzo de 2012

NUEVAS IMPUTACIONES POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN EL "CASO DEL VOTO POR CORREO"


A las imputaciones de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude que pesan sobre dirigentes socialistas se suma la de asociación ilícita.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha ampliado la imputación de los principales dirigentes del PSOE local por el caso del voto por correo y ha añadido el delito de asociación ilícita a los ya conocidos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Un nuevo auto del juez Miguel Ángel García Gutiérrez, al que ha tenido acceso Efe, correspondiente a una nueva pieza del caso del voto por correo que investiga supuestas irregularidades en los comicios generales del 2008, amplía la imputación de delitos, así como el número de personas implicadas en el procedimiento, que supera la treintena.

Entre ellos se encuentran dos exdelegados del Gobierno socialista en Melilla, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, actual secretario general del PSOE en la ciudad, además de su predecesor en el cargo, Dionisio Muñoz, y el presidente del principal partido de la oposición, Mustafa Aberchan.

También figuran dos altos cargos del Ministerio de Trabajo, el exdirector de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y el exsubdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya, así como el responsable de Empleo en la ciudad, Joaquín Arana, la de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla, el exsecretario de Organización del PSOE y actual secretario general de UGT, Alonso Díaz, y el entonces responsable de Correos.

La imputación del delito de asociación ilícita, se basa, según el nuevo auto, en que tanto Muñoz como Aberchan, como responsables de los partidos de la coalición PSOE-CPM, partieron de una idea preconcebida para llevar a cabo un entramado orientado al llamamiento masivo al voto por correo, a través de un "método ilícito".

De esta manera, se inicia, según el juez, una campaña electoral ilícita para hacer llegar a la población la información de que, si votaban por correo en los comicios generales de marzo de 2008, serían beneficiarios de un puesto de trabajo en los planes de empleo, dependientes de la Delegación de Gobierno de Melilla.

Dicha información es extendida por toda Melilla a través de los "cabezas de barrio" y del boca a boca de los ciudadanos, obteniendo como información que, para acceder a los puestos de trabajos de los planes de empleo, debían desplazarse a las sedes de Juventudes Socialistas o CPM, ubicadas en un mismo edificio.

Una vez comenzaron a llegar ciudadanos a las sedes de los partidos con la intención de obtener un puesto de trabajo en los planes de empleo públicos, éstos eran informados del modo en el que debían realizar el trámite.

Los ciudadanos se desplazaban hasta Correos, donde debían hacer entrega de la solicitud del voto por correspondencia, previamente rellenada en la sede de alguno de los partidos, para, posteriormente, volver a dichas sedes con el resguardo de haber realizado dicha solicitud, momento en el que eran inscritos en un listado preliminar de personas que habían comenzado a realizar el trámite a través de dichos partidos, según el auto.

La participación del director provincial de Correos, Juan José Redondo, consistía supuestamente en desviar de su trámite legal los sobres del INE-OCE, una vez que estos llegaban a la oficina de correos para reparto, siendo entregados al cepemista Abdelrrahem Sellam, exdiputado autonómico.

Tras la campaña electoral "ilícita", los organizadores de la trama supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado.

Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, cuya subvención, según el juez, fue autorizada por dos altos cargos del Ministerio, basándose en una norma "derogada".

Además, se cambiaron los códigos ocupacionales de los candidatos, siendo seleccionados de esta forma las personas interesadas.

jueves, 27 de octubre de 2011

EL "CASO SCALA" LLEGA A LA AUDIENCIA

Desvío de fondos públicos

* La Fiscalía pide 115 años y medio de prisión para sus 18 encausados

Europa Press | Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma será la encargada de enjuiciar a los 18 acusados del caso Scala, una compleja trama de presunta corrupción centrada en el desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal inculpado es el ex conseller de Industria, Comercio y Energía, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) después de que el proceso haya entrado este jueves en la Audiencia y, por turno de reparto, haya sido asumido por la Sección Primera, que precisamente será también la encargada de juzgar en enero al expresidente del Govern, Jaume Matas, así como la pieza número 1 del caso Voltor, cuyo principal acusado el exconseller de Turismo del Govern y expresidente de UM, Miquel Nadal. Por el momento no se ha fijado fecha para la vista oral del caso Scala.

Una causa en el marco de la cual la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, se enfrentan a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).

Además de los dos exaltos cargos, las acusaciones reclaman 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En el marco de estas pesquisas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

La Fiscalía apunta al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
 
Los delitos
Por todo ello, sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.

Cabe recordar que en su auto de apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, acordaba una fianza de responsabilidad civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, los tres principales imputados de la causa, y de la que también debían responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exigía 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas debía prestar otros 23.473 euros.

Por su parte, en su escrito la Fiscalía reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.

Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular

elmundo.es

domingo, 1 de noviembre de 2009

"OPERACIÓN PRETORIA"; GARZÓN ENCARCELA A LOS DOS EX ALTOS CARGOS DE CIU Y AL ALCALDE DE SANTA COLOMA

Acusados de defraudar hasta 45 millones de euros

Alavedra, Prenafeta, García, Muñoz y Dobarco irán al presidio de Soto del Real
Muñoz está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude y falsedad
Acusa a los ex cargos de CiU de blanqueo de capitales y tráfico de influencias
Los tres empresarios y el director gerente de Santa Coloma, libres bajo fianza
El PSC expulsará a sus militantes implicados y busca sustituto a Muñoz

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para cinco de los políticos a los que implica en una red de corrupción urbanística bautizada como 'Pretoria II' y por la que han sido detenidas un total de nueve personas, acusada de defraudar un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Entre los encarcelados se encuentran los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, así como el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, el ex diputado del PSC Luis García y el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.

Garzón, que de esta manera coincide en parte con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, también ha decretado cárcel eludible con el pago de 100.000 euros para el empresario Manuel Carrillo y de 500.000 euros para los constructores Lluís Casamitjana y Josep Singla. Una medida que también afecta al director gerente de Servicios de Santa Coloma, Pasqual Vela, quien tendrá que abonar 25.000 euros para seguir en libertad.

El magistrado de la Audiencia Nacional, según el auto hecho público a última hora de este viernes, imputa los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias a Prenafeta y Alavedra. Delitos que también atribuye al ex diputado del PSC, Luis García, más conocido como 'Luigi', y quien además deberá responder de un delito de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial.

El alcalde de Santa Coloma y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz, por su parte, está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales y falsedad en documento oficial y mercantil. Acusaciones todas ellas, a excepción del cohecho, que recaen también sobre el concejal de Urbanismo de la localidad barcelonesa, Manuel Dobarco.

Los empresarios Lluís Casamitjana y Josep Singla están acusados de asociación ilícita y tráfico de influencias, aunque el primero de ellos también dará cuenta de las acusaciones de blanqueo de dinero y fraude a la administración de Hacienda.

Manuel Carrillo, por su parte, ha sido acusado únicamente de cohecho, mientras que Pasqual Vela responderá de las imputaciones por fraude y cobros ilegales y un delito de encubrimiento.

El PSC expulsará a todos los imputadosEl PSC, tal y como adelantó cuando se conoció la detención de Bartomeu Muñoz y sus ayudantes, ha confirmado que los expulsará del partido el próximo lunes.

En un comunicado, el partido ha anunciado pocos minutos después de conocerse el contenido del auto de Garzón que la medida se aprobará durante una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva.

El partido, además de iniciar los trámites para sustituir a Muñoz al frente de la alcaldía colomense, nombrará dos comisiones gestoras de la agrupación de Santa Coloma y la federación socialista del Barcelonès Nord -cuyo secretario primero es Muñoz desde 1981-, y sus funciones ejecutivas las tomará la Secretaría de Organización del PSC.

Esta misma noche, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha reivindicado en un comunicado la "honorabilidad" de la institución y de quienes trabajan en ella tras el ingreso en prisión del alcalde Bartomeu Muñoz pero no ha aclarado si este último va a ser sustituido.

El secretario general del PP Catalán, Jordi Cornet, ha aprovechado la noticia para exigir que "José Montilla dé explicación como máximo responsable del PSC, al que pertenecen los actores principales de la trama de corrupción".

viernes, 28 de agosto de 2009

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID ORDENA QUE CORREA SIGA EN PRISIÓN PROVISIONAL

'GÜRTEL' | Desestima la petición de la defensa del imputado

* Los magistrados ven riesgo de fuga y peligro de que destruya pruebas

Europa Press | Madrid

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido mantener la prisión provisional para el supuesto líder de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, atendiendo así a la solicitud de la Fiscalía y en contra de la petición del abogado del detenido.

Los magistrados adoptaron esta decisión tras escuchar durante una vistilla los motivos alegados por el abogado de Correa, José Antonio Choclán, y las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura sobre la prisión provisional del principal imputado en el 'caso Gürtel'.

En la vista, las representantes de la Fiscalía Anticorrupción se opusieron a que Correa abandonara la cárcel por el riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas. La Sala convocó esta vistilla después de que anulara el último auto de prisión dictado por no convocarse precisamente esta vista previa por un error de forma.

A las puertas de la sede judicial, el abogado insistió en declaraciones a la prensa en que tanto los problemas de salud que sufre Correa -depresión y claustrofobia- como sus circunstancias familiares son motivos adicionales para que su cliente salga de prisión.

"El principal motivo es que no se ha celebrado juicio y no se ha ejercitado todavía una defensa contradictoria. Siete meses de prisión para un presunto inocente es un periodo suficientemente largo", alegó Choclán para sustentar su solicitud de libertad.

Preguntado por el estado de salud de su cliente, al que visitó el jueves en la cárcel de Soto del Real, se limitó a señalar que se encuentra "bien". Tras la celebración de la vista, Choclán informó a los medios que las fiscales habían impugnado las razones de su recurso, aunque declinó especificar los motivos en los que basaron su argumentación.

Los magistrados revocaron otro auto de prisión emitido el pasado 17 de julio por un error en la transcripción porque "la Sala acordó señalar día y hora para la deliberación del recurso, cuando procedía señalar día y hora para celebrar la vista", tal y como había solicitado el letrado de Correa.

El presunto líder de la trama de corrupción ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 12 de febrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El pasado 30 de abril, el instructor del TSJM acordó mantener su prisión al imputarle los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.

ELMUNDO.ES

lunes, 1 de junio de 2009

EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO DE MUÑOZ Y DEL NIDO EN EL "CASO "MINUTAS"



TRIBUNALES | Auto judicial


José María del Nido y Julián Muñoz en una imagen de archivo de 2005. | elmundo.es











* El magistrado mantiene las imputaciones de otras 16 personas

Marta Sánchez Esparza | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el ex alcalde Julián Muñoz y el presidente del Sevilla F.C. y ex asesor jurídico del Ayuntamiento marbellí, José María del Nido, en el denominado 'caso Minutas', por considerar que existen indicios de que cometieron varios delitos continuados de prevaricación administrativa, asociación ilícita, fraude y malversación de caudales públicos, en relación con las presuntas irregularidades en los encargos efectuados desde el Ayuntamiento de Marbella a los servicios de asistencia jurídica del abogado entre los años 2000 y 2001.

El procedimiento judicial se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción interpuesta en julio del año 2006, y en él figuran como encausados el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, la ex mujer de Del Nido, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y cerca de una decena de ex concejales del GIL en el Consistorio marbellí.

Según la querella de la Fiscalía, Del Nido habría facturado directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella, y 1,6 millones procedentes de las sociedades municipales del Consistorio marbellí. La denuncia se produjo después de que el Tribunal de Cuentas remitiera a la Fiscalía el proyecto de informe de fiscalización del Ayuntamiento y sus sociedades durante 2000 y 2001, tras detectar indicios de responsabilidad penal.

El magistrado instructor imputa ahora en su nuevo auto al presidente del Sevilla F.C. delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, aunque en el caso de los tres últimos delitos sólo como cooperador necesario, y no como autor de los mismos. Además, el juez le atribuye un delito continuado de falsedad en documento privado o en documento mercantil.

A Julián Muñoz el juez le acusa de forma indiciaria de delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, así como un delito societario, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Junto a Muñoz y Del Nido el magistrado ha pedido que se continúe el proceso contra otros 16 imputados, entre los que figura Roca, a quien el juez instructor considera responsable de un delito de malversación de caudales públicos y otro delito de fraude. A la ex mujer de José María del Nido, A.C.S., el juez la considera responsable de malversación, prevaricación y fraude.

En cuanto a los ex concejales Tomás Reñones, Marisa Alcalá, Rafael González, Alberto García Muñoz, Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa, el instructor les responsabiliza de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Según el auto del juez, el ex secretario Leopoldo Barrantes sería responsable por su parte de delitos de falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.

El juez ha dado traslado del nuevo auto a las partes, y ha instado a la Fiscalía y a la acusación particular a formular sus escritos de conclusiones en el plazo de 30 días. El instructor ha dictado el sobreseimiento libre y archivo de las acusaciones para otras cuatro personas que habían sido imputadas inicialmente en la causa, entre ellas el ex presidente de Ceuta, Antonio Sampietro, y el ex concejal Victoriano Rodríguez, así como el sobreseimiento provisional respecto de la ex edil Dolores Zurdo, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

ELMUNDO.ES

viernes, 22 de mayo de 2009

EL EDIL DEL PP EN ESTEPONA, RICARDO GALEOTE, IMPUTADO EN EL "CASO GÜRTEL" RENUNCIA AL ACTA



El edil del PP en Estepona imputado en el 'caso Gürtel' renuncia al acta

Ricardo Galeote retrasó su decisión convencido de que el juez le iba a levantar su imputación en breve



El pleno de la corporación municipal de Estepona (Málaga) ha aprobado la renuncia del concejal del PP, Ricardo Galeote, después de que se haya retrasado en varias ocasiones.

Galeote presentó por registro de entrada su dimisión el pasado 12 de marzo, una semana después de que el instructor del caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón, le imputara posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, en el marco de la trama corrupta que afecta al entorno del PP.

No obstante, en el pleno en el que se debía dar cuenta de su renuncia, Galeote presentó otro escrito solicitando que se dejara el asunto sobre la mesa convencido de que se le iba a levantar su imputación en breve. Pero el juez mantiene su imputación.

42.469 euros

Según el auto del juez Garzón, Galeote podría haber cobrado 42.469 euros de la trama encabezada por Francisco Correa, presunto cerebro de la red, entre los años 2001 y 2003, periodo en el que fue gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona.

El puesto de Galeote será asumido por Miguel Ángel López

Las empresas de Correa facturaron además 123.000 euros a la citada empresa municipal.

El puesto de Galeote será asumido por Miguel Ángel López, que ya fue edil de 1999 a 2007 y que tuvo responsabilidad de gobierno entre 2001 y 2003, periodo de mandato popular en Estepona.

PÚBLICO.ES

jueves, 14 de mayo de 2009

IMPUTADO EL EX CONCEJAL DE MAJADAHONDA JUAN JOSÉ MORENO ALONSO

TRIBUNALES | Acusado de 6 delitos de corrupción

Europa Press | Madrid

El magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, imputó al ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso participación en una trama y los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La imputación se formalizó tras prestar declaración por su implicación en la trama corrupta de empresas encabezada por Francisco Correa. Se trata de los delitos genéricos que investiga el TSJM en la totalidad de los imputados.

De igual modo, el magistrado acusó de los mismos delitos de corrupción a Eduardo Jaussi, quien fuera diseñador de escenarios para la empresa Special Events, y a Christian Rodríguez Maza, durante un tiempo gestor de las sociedades patrimoniales de Correa.

Hasta ahora, Pedreira acusa de estos delitos de corrupción a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, así como al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, entre otros implicados en la trama de corrupción.

Martín Vasco y López Viejo son los aforados madrileños con medidas cautelares impuestas. La pasada semana, Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento penal. Mientras que fijó una fianza de 750.000 euros para López viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido todavía la fianza establecida.

El pasado martes, el instructor fijó una fianza de un millón de euros para Galeote, a quien Garzón le atribuye la percepción de la trama de Correa de más de 600.000 euros durante los doce años que estuvo como edil.

El Tribunal de Madrid considera que entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación aparecía la posible percepción por López Viejo, Martín Vasco y Bosch "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.

En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.

ELMUNDO.ES

jueves, 7 de mayo de 2009

FIANZA DE 750.000 EUROS A LÓPEZ VIEJO, EX CONSEJERO DE DEPORTES DE AGUIRRE, POR EL "CASO GÜRTEL"



Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad

López Viejo, en la Asamblea de Madrid. MÓNICA

PATXOT

EFE - Madrid

El juez instructor del caso Gürtel ha impuesto una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), que han añadido que el magistrado Antonio Pedreira ha mantenido la situación de prisión provisional de Antoine Sánchez, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira imputó ayer al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre por su implicación en el caso Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Sobornos de Correa

Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa.

"Se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio..."

En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el ex consejero "se lleva una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...".

El ex consejero de Deportes es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. El magistrado imputa a Bosch y a Martín Vasco la comisión de los seis delitos genéricos de la causa y participación en una trama. Los dos se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario.

A Martín Vasco el juez le impuso ayer una fianza de 955.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se deriven del caso. Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.

Ayer, el PP suspendió de militancia a los tres diputados (Bosch y Martín Vasco y López Viejo), aunque no ha hecho lo mismo Aguirre. La decisión la adoptó el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama corrupta.

PÚBLICO.ES

miércoles, 6 de mayo de 2009

LA POLICÍA REGISTRA LA CELDA DE FRANCISCO CORREA Y PABLO CRESPO


El registro se produce un día después de que el ex secretario de organización del PP en Galicia declarara ante el juez Pedreira

AGENCIAS / Madrid

Agentes de la Policía Judicial han registrado a primera hora de esta tarde la celda que comparten en la prisión de Soto del Real (Madrid) el presunto cabecilla de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, han informado fuentes penitenciarias.

* El TSJM imputa al ex consejero López Viejo por el 'caso Gürtel'
* Rajoy suspende a todos los implicados en Gürtel menos a Camps y Bárcenas

El registro de la celda, llevado a cabo bajo mandamiento judicial, se ha producido precisamente al día siguiente de que Crespo prestara declaración ante el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira. El juez ha imputado a Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular en Galicia, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

Durante el registro de la celda, de apenas diez metros cuadrados, han estado presentes ambos reclusos, sus dos abogados, así como un agente judicial. Se desconoce qué documentación o efectos han podido intervenir los agentes de la Policía Nacional que han procedido a la inspección de la celda que ocupan ambos imputados en la trama de corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envío el pasado 12 de febrero a prisión a los tres cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Garzón acusó a Correa de liderar supuestamente un grupo organizado que creó un entramado de empresas para nutrirse de fondos públicos a través de sobornos a funcionarios y autoridades de administraciones vinculadas al PP de Madrid y Valencia.

ELPAÍS.COM

martes, 5 de mayo de 2009

EL PP SUSPENDE DE MILITANCIA A LOS DIPUTADOS LÓPEZ VIEJO, MARTÍN VASCO Y ALFONSO BOSCH

Benjamín Martin Vasco, López Viejo y Alfonso Bosch, suspendidos de militancia en el PP. (Imagen: 20MINUTOS.ES)

* El partido admite así la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.
* Los tres son parlamentarios en la Asamblea de Madrid.
* CLAVES para entender la trama | CRONOLOGÍA del 'caso Gürtel'.

AGENCIAS.

El Partido Popular ha suspendido este martes cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa.

La decisión la ha adoptado el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa, según han informado fuentes del PP.

Horas antes el Tribunal Superior de Madrid imputó a Martín Vasco y le impuso una fianza de 995.000 euros

La noticia se ha producido horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputase a Martín Vasco por su implicación en la trama y le impusiese una fianza de 955.000 euros.

Martín Vasco se negó este martes a declarar ante el magistrado Antonio Pedreira, que le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad. Lo mismo hizo la semana pasada el parlamentario autonómico Alfonso Bosch, acusado de los mismo delitos.

La suspensión cautelar de militancia, recalcó el PP, no vulnera la "presunción de inocencia". Esta decisión ya ha sido comunicada al presidente del PP, Mariano Rajoy, a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre.

20MINUTOS,ES

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lunes, 4 de mayo de 2009

EL HOMBRE A QUIEN AGUIRRE CONFIÓ LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE, YA ESTÁ IMPUTADO OFICIALMENTE EN LA GURTEL


El Plural forzó su dimisión al publicar que habría cobrado comisiones de más de 2 millones de euros


El diputado en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco En la foto), tendrá que declarar mañana ante el juez del Tribuna Superior de Justicia de Madrid como imputado en la trama de corrupción. El instructor de la causa, Antonio Pedreira, interrogará también mañana al ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo, uno de los tres presuntos implicados en la trama que permanece en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón; y al empleado de la sociedad Orange Market en Valencia Adrián Senín.

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o El presidente de la comisión del espionaje, Martín Vasco, asegura ser víctima de un chantaje

Martín Vasco, hombre muy cercano a Esperanza Aguirre, fue el elegido para presidir la comisión del espionaje en la Asamblea de Madrid. Según reveló El Plural el pasado 10 de febrero, compartía con el principal imputado en la causa, Francisco Correa, amistad y negocios. En este sentido, y según explica Isabel Jordán, una de las imputadas, en una conversación telefónica que forma parte del sumario, Martín Vasco habría amenazado con "reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda". Esta amenaza se habría producido tras una discusión con el ex alcalde de Arganda y también imputado en la trama, Ginés López. Jordán añade que finalmente se compró su silencio por 2,4 millones de euros.

Dimitió tras verse señalado en El Plural
La primera reacción de Martín Vasco tras revelarse sus conexiones con la trama y cómo aparecía su nombre en el sumario, fue la de negar categóricamente todo. De hecho llegó a amenazar a los que publicasen tales falsedades y, de primeras, se negó a dimitir como presidente de la comisión. Finalmente no tuvo más remedio que hacerlo. Entrevistado por El Plural, Martín Vasco, reconoció que su renuncia se debió a las informaciones publicadas y anunció una querella contra Isabel Jordán.

Declara el martes como imputado
Quien sí ha visto indicios de delito contra Martín Vasco, que sigue conservando su escaño en el parlamento regional, ha sido el juez instructor, ante quien debe presentarse mañana como imputado. Es el segundo aforado madrileño imputado en la causa. La semana pasado el parlamentario autonómico Alfonso Bosch Tejedor fue imputado por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad.

ELPLURAL.COM

EL TSJM IMPUTA AL "POPULAR" BENAJMÍN MARTÍN VASCO POR SU VINCULACIÓN A LA TRAMA DE CORREA


E.P. Madrid.-

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco (en la foto) por su implicación en la trama corrupta de dádivas y sobornos que salpica al Partido Popular en la que se investigan la comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad, informó hoy el TSJM.

Martín Vasco, que declarará mañana ante el TSJM, pasa a ser el segundo aforado madrileño imputado de manera formal en el procedimiento. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch por participación en la trama encabezada por Francisco Correa y por los seis delitos genéricos de la causa. Bosch se negó a prestar declaración hasta que no se levanten el secreto de las actuaciones.

El Tribunal de Madrid atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.

En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.

Martín Vasco presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la 'Operación Gürtel' no perjudicara al Grupo Parlamentario. Según recogen las conversación grabadas a Felisa Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional.

ELCONFIDENCIAL.COM

jueves, 30 de abril de 2009

EL TSJM MANTIENE EN PRISIÓN A FRANCISCO CORREA POR EL "CASO GÜRTEL"


El supuesto 'cerebro' de la trama desarticulada en la operación Gürtel ha comparecido hoy ante el alto tribunal

ELPAÍS.com / EUROPA PRESS - Madrid -

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira ha decidido mantener en prisión al presunto cerebro de la trama de corrupción ligada a cargos del PP que se investiga en el llamado caso Gürtel, Francisco Correa, tras tomarle declaración durante tres horas y media.
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Según han informado fuentes del TSJM, el magistrado ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha opuesto a la petición de la defensa de Correa de que se le pusiera en libertad y ha considerado que debe permanecer en prisión preventiva, situación en la que se encuentra desde el pasado 12 de febrero.

El empresario Francisco Correa había abandonado esta mañana en ambulancia la prisión de Soto del Real de camino al juzgado que le ha tomado declaración. Según fuentes penitenciarias, esta medida -los reos suelen viajar en un furgón de la Guardia Civil- ha sido adoptada porque Correa padece claustrofobia y podría sufrir una crisis de ansiedad. Finalmente, Correa ha llegado TSJM en torno a las 11.00 en un turismo tras cambiar de vehículo al llegar a la capital. Según publica la Cadena SER, el preso ha tenido que ser asistido en dos ocasiones durante su encarcelamiento por este tipo de dolencias psicológicas.

El supuesto cerebro de la trama corrupta destapada por el caso Gürtel ha declarado hoy, dos meses y medio después de ingresar en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al imputarle delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Correa ha sido el cuarto imputado que ha declarado ante el magistrado Antonio Pedreira después de que el Tribunal de Madrid aceptara el 31 de marzo asumir la competencia del caso.

El diputado regional Alfonso Bosch, el ex viceconsejero Carlos Clemente y el abogado Santiago Lago comparecieron el martes ante el instructor por participar en la trama corrupta y por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Mientras que Bosch, al que Garzón le atribuye haber recibido de la trama 250.000 euros, se negó a declarar, Clemente se limitó a decir que "jamás" ha recibido dinero fuera de su sueldo.

"Mover voluntades" en favor de sus intereses

Garzón envió el pasado 12 de febrero a prisión al supuesto cabecilla de la red corrupta de empresas por liderar un grupo organizado que creó un entramado de empresas para nutrirse de fondos públicos a través de sobornos a funcionarios y autoridades de administraciones vinculadas al PP de Madrid y Valencia. Según el juez, con el objetivo de "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses económicos", los miembros de la trama les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero". De esta forma, lograban "obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".

Asimismo, el magistrado interrogará hoy a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns, el presidente de la Constructora Hispánica, y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente. Según Garzón, García Pozuelo-Asíns "habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas", entre ellas los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Pozuelo de Alarcón. Sobre Carrasco, el juez sostenía que entregó a la trama diversas cantidades de dinero supuestamente destinadas al tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Galeote. Este último ha sido apartado de las listas del PP para las elecciones europeas del próximo 7 de junio.

ELPAÍS.COM

miércoles, 29 de abril de 2009

EL DIPUTADO DE AGUIRRE ACUSADO DE COBRAR 250.000 EUROS DE CORREA SE NIEGA A DECLARAR

Los escándalos de corrupción vinculados al PP

JOSÉ A. HERNANDEZ - Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid inició ayer los tres primeros interrogatorios de implicados en el caso Gürtel, donde hay casi 60 personas imputadas en relación con la trama de corrupción que afecta a altos cargos del PP. Alfonso Bosch Tejedor, parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid y a quien el juez Garzón atribuía, antes de inhibirse del caso, haber recibido unos 250.000 euros de la supuesta trama, se acogió ayer a su derecho a no declarar hasta que sea levantado el secreto del sumario y pueda conocer las imputaciones que existen sobre él, según fuentes de las partes. La Fiscalía Anticorrupción le imputa varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y cohecho.

El nuevo juez instructor del caso, Antonio Pedreira, mantuvo ayer los cargos contra él a pesar de su negativa a declarar, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A su salida del tribunal, Bosch eludió las preguntas de los numerosos periodistas que le aguardaban. Sólo manifestó: "Lo que tenía que decir lo he dicho ante el juez". Bosch intervino en la organización de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, desde el Ayuntamiento de El Escorial, localidad madrileña de la que era en 2002 segundo teniente de alcalde.

Otro de los citados ayer fue el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Madrid Juan Carlos Clemente, quien supuestamente cobró 16.000 euros de la trama corrupta. "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", aseguró. El abogado de Clemente señaló que la fiscal no ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia y él mismo había pedido al juez, el pasado 15 de abril, declarar. También estaba citado ayer el abogado Santiago Lago Borstein, quien negó su intervención en la trama.

El juez interrogará mañana a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco, además de al cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa, que se halla en la cárcel y a quien el juez Garzón imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

ELPAÍS.COM

miércoles, 1 de abril de 2009

GARZÓN ACUSA AL TESORERO DEL PP Y A UN EURODIPUTADO DEL COBRAR 2 MILLONES DE CORREA














Luis Bárcenas y Gerardo Galeote

* La trama habría dado 1.353.000 euros a Bárcenas y 652.000 a Galeote
* Galeote y su mujer 24.000 euros para el pago de dos Land Rover Discovery
* El auto señala que hubo dinero destinado a financiar la campaña gallega del 98
* Bárcenas presentará una querella contra Garzón en el Supremo

Europa Press | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusó al tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros, y apunta, además a que el eurodiputado 'popular' Gerardo Galeote, pudo percibir de la organización liderada por el empresario Francisco Correa, 652.000 euros, según se desprende del auto por el que remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El magistrado hace referencia al contenido de tres informes policiales aportados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre ambos miembros del PP, que han quedado identificados por los agentes "sin ningún género de dudas".

Estos informes concretan las cantidades económicas recibidas, que incluyen la entrega a Galeote de una suma económica de un importe de 628.310 euros y la entrega de parte del precio (un total de 12.000 euros) de dos Land Rover Discovery recibidos por él y su mujer. Bárcenas, por su parte, percibió un total de 1.353.000, añade el juez.

'Integrados' en la trama para adjudicar eventos a Correa

Según Garzón, "la conducta presunta, pero concreta" de Bárcenas y Galeote se habría desarrollado "en el seno de la organización liderada por Francisco Correa en la que aquellos estarían integrados y prestarían los servicios requeridos por éste" gracias a su posición en el PP y "de la capacidad de concesión o gestión de eventos para la organización" de Correa, "recibiendo por ello cantidades en efectivo o pagos en especie".

Correa y Crespo disponían de un archivo con apuntes contables encabezado con la frases 'Detalles entregas L.B'

Las pesquisas policiales han permitido averiguar que los imputados Francisco Correa y Pablo Crespo disponían de archivos personales con apuntes contables sobre ambos aforados, uno de ellos encabezado con la frase 'Detalles entregas L.B" en la contabilidad 'en negro' que se llevaba en uno de los pisos empleados por la trama, situado en la calle Serrano. El auto detalla que el tesorero del PP recibió pagos en sobres que incluían cantidades variables que van desde los 3.000 hasta los 42.480 euros y que le fueron entregadas en la sede del PP nacional en la madrileña calle Génova y en su domicilio particular.

"Correa habría reconocido, en las grabaciones aportadas, que hizo entregas de dinero a Luis Bárcenas, en Génova y en su casa, en efectivo, de obras u adjudicaciones y que el dinero lo sacaron a un paraído fiscal", dice el juez. Garzón revela que los miembros de la trama se referían a él como "Luis el cabrón" porque "no les daba trabajo y les había cortado el que tenían".

Financiación de la campaña electoral en Galicia en 1998

La contabilidad de la trama examinada por la UDEF revela también que algunas de las entregas económicas a Bárcenas pudieron tener relación con la financiación de las elecciones gallegas de 1998. Así, la policía ha localizado cuatro apuntes por un valor total de 131.570 euros bajo el encabezamiento 'cobro elecciones gallegas'. El magistrado asegura que dichas "ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos".

El magistrado, que considera que Bárcenas y Galeote podrían haber cometido delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo de dinero y un delito adicional contra la administración pública, indica, además, que el senador por Cantabria recibió billetes de avión y viajes, entre ellos uno realizado a Escocia en 1997.

Los datos constan en la causa, a través de informes elaborados por la UDEF y que motivaron que el juez preguntara en dos ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción si debía inhibirse en favor del Tribunal Supremo al haber hallado indicios contra éste tipo de aforados (diputado nacional y eurodiputado).

Coches, ropa y gastos millonarios para Galeote

En cuanto a la participación concreta en la trama de Galeote, eurodiputado del PP desde 1994, el juez se basa en la información aportada por la UDEF que apunta a que habría recibido cantidades de dinero así como otros regalos que van desde un vehículo Mercedes, cifrado en 3.500.000 pesetas, compras en tiendas como 'Gastón y Daniela', cifrados en más de un millon de pesetas, o reservas en apartamentos y abonos millonarios.

El auto hace referencia a la creación de una cuenta para el PP europeo con pagos de billetes de avión y hoteles

Además, el auto hace referencia a la creación de una "'Cuenta Especial PPE', con un listado de detalles de gastos electorales especiales del Grupo Parlamentario Europeo que recogen facturas entre abril y mayo de 1999 derivadas de estancias en hoteles, billetes de avión de forma nominativa, por importe de 10.669 euros". El magistrado se refiere también a otras cuentas donde se habrían pagado gastos por valor de 8.068 euros y 3.000 euros.

La Fiscalía había dicho que los indicios no eran suficientes

La tesis de Garzón ha sido siempre que la causa es competencia del Supremo por arrastrar Bárcenas y Galeote a los otros 55 imputados, cuyos datos envía ahora el juez al TSJM, además de transferir a este tribunal la responsabilidad sobre los tres imputados en prisión, Francisco Correa y sus dos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Sin embargo, la Fiscalía siempre se ha opuesto, la última vez el lunes, al estimar que los indicios contra ambos no eran suficientes.

El senador por Cantabria ha anunciado que presentará una querella contra el juez Garzón en la Sala II del Tribunal Supremo por estas acusaciones.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó aceptar la inhibición planteada por Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'operación Gürtel', al encontrar indicios de que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias.

En un auto notificado este martes, del que ha sido ponente el propio presidente del TSJM, Javier Vieira Morante, se pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que "cese en cualquier actividad instructora" en el momento en el que se le comunique esta decisión, y que le remita la "totalidad" de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Esta petición se realiza sin perjuicio de lo que diga en su día el Tribunal Superior de Valencia, en favor del cual se inhibió Garzón respecto de los indicios encontrados contra el presidente de dicha comunidad, Francisco Camps y del secretario general del PP de Valencia y diputado en dicha comunidad, Ricardo Costa. En el caso de que el alto tribunal valenciano aceptara su competencia, "podría producirse una concurrencia con esta Sala", señala el TSJM, "cuya resolución debe anticiparse cuanto antes".

ELMUNDO.ES

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LOS PAGOS DE CORREA A BÁRCENAS Y GALEOTE SIEMBRAN DUDAS SOBRE LAS CUENTAS DEL PP


Baltasar Garzón se deshizo ayer, definitivamente, del caso Gürtel. Pero antes de remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez implicó al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado popular Gerardo Galeote en el cobro de casi dos millones de euros en sobornos de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.

El auto de Garzón, además, siembra dudas sobre las cuentas del PP. Aunque el juez no señala directamente indicios de delito relacionados con una supuesta financiación ilegal del partido, sí deja entrever que una parte del dinero procedente de esos sobornos pudo servir para sufragar la campaña de las elecciones gallegas de 1998 o el congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Marbella en 1999.

El juez sostiene que ambos aforados podrían haber cometido los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y cohecho. Bárcenas, según Garzón, habría recibido sobornos de la trama corrupta por más de 1,35 millones de euros entre 1998 y 2004, mientras que Galeote cobró presuntamente 652.000 euros. Así se desprende de los apuntes contables que reflejan las entradas y salidas de dinero de la caja B del entramado de empresas controlado por Correa.

El PP expresó ayer, a través de un comunicado, su "más absoluto rechazo" al auto de Garzón, y denunció que el juez de la Audiencia Nacional, "desatendiendo expresamente los informes del Ministerio Fiscal", y a sabiendas del carácter de aforados de ambos parlamentarios, ha tratado nuevamente de "incriminarles" en el caso Gürtel. Bárcenas anunció la presentación de una querella criminal contra Garzón ante el Tribunal Supremo.

En una de las grabaciones incluidas en el sumario instruido por el juez, Correa afirmaba: "Yo a Bárcenas le he llevado 1.000 millones de pesetas a Génova [sede nacional del PP] y a su casa". La dirección del partido siempre ha negado con rotundidad que los sobornos supuestamente cobrados por Bárcenas o por alguno de los dirigentes del PP imputados en el caso Gürtel se hayan desviado a sus arcas. Según Mariano Rajoy, la trama corrupta "no ha entregado ni un solo euro al PP".

"Cobro elecciones gallegas"

El auto hecho público ayer por Garzón revela que entre la documentación intervenida al contable de la trama figuran cuatro apuntes bajo el encabezamiento "Cobro elecciones gallegas", que probarían que Bárcenas recibió, entre 1997 y 2002, algo más de 130.000 euros. El actual tesorero del PP, por su parte, entregó un millón de pesetas (6.000 euros) que fueron a parar a la "caja de seguridad" de Correa. "Dichas operaciones se refieren a la campaña electoral en Galicia en el año 1998", señala el juez, "y ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos".

Galeote, por su parte, también disponía de un archivo personal con apuntes contables en la caja B del entramado de empresas de Correa. El auto de Garzón cita una "Cuenta Especial PPE" -en alusión al Partido Popular Europeo- en la que figura un "listado de detalles de gastos electorales especiales del grupo del Parlamento Europeo", entre ellos facturas de hoteles y billetes de avión por importe de 10.669 euros.

Otra cuenta, denominada "Congreso PPE, julio 99, Marbella", contiene la relación de gastos pagados por Pasadena y Special Events -dos de las empresas de Correa-, que incluyen billetes de avión, estancias en hoteles, alquiler de vehículos, cargos de tarjetas de crédito o restaurantes, por valor de 8.068 euros. También en la cuenta "Caja B.XLS" aparece un apunte de fecha 14 de enero de 2000 "de entrega de Francisco Correa con cargo a la cumbre del Partido Popular Europeo en febrero de 2000 por importe de 500.000 pesetas (3.000 euros), congreso en el que el señor Galeote tuvo un papel destacado".

En otro auto hecho público el pasado 5 de marzo, Garzón ya apuntaba a la posible financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. La trama corrupta dirigida por Correa habría ingresado, según el juez, más de 400.000 euros en las arcas del partido como contraprestación por los contratos que le fueron adjudicados por el Ejecutivo de Francisco Camps.

"Sin género de dudas"

Para la investigación ha sido clave la confirmación de que las siglas L. B. y G. G. se corresponden con Luis Bárcenas y Gerardo Galeote. Según explica Garzón, el día 5 de marzo los funcionarios judiciales se ratificaron ante el juez y el fiscal, "identificando a D. José Galeote Quecedo y a D. Luis Bárcenas Gutiérrez, sin género de dudas".

Según recoge el auto, la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) ha reconstruido los diferentes apuntes contables de la trama para probar el origen de las iniciales que se repiten en la documentación requisada. Entre los indicios que apuntan a Bárcenas destacan las grabaciones donde Correa reconoce que entregaba dinero al tesorero del PP; o las declaraciones ante Garzón de la imputada Isabel Jordán, que confirmó la relación entre Correa y Bárcenas. Además, las siglas L. B. aparecen de forma alterna con las abreviaturas "L. Bárcenas" y "L. Barc".

El contable de Correa, José Luis Izquierdo, así como su chófer, también constataron los encuentros en la sede de Génova entre el líder de la trama y el tesorero del PP. Garzón recuerda que Bárcenas, entonces en su condición de gerente, formaba parte de la Tesorería del PP cuando las empresas de Correa organizaban los eventos de esta formación política. En cuanto al apelativo de "el cabrón" con el que varios de los imputados se referían a Bárcenas, el magistrado indica que Jordán y Correa lo comienzan a emplear cuando el tesorero corta "el flujo de trabajo" hacia sus empresas.

En el caso de Galeote, la investigación afirma que su identidad corresponde a las siglas "G. G.", presentes en los documentos intervenidos a la trama junto con menciones a "Sr. Galeote", "G. Galeote", "Cuenta Especial PPE" o "Congreso PPE". Además, Garzón señala que existe una relación directa entre Galeote y Correa, así como entre el padre del eurodiputado (José Galeote, miembro del Ayuntamiento de Boadilla) y Correa.

"Claramente incriminatorio"

Garzón subraya que el contenido de las diligencias sobre Bárcenas y Galeote es "claramente incriminatorio", pero precisa que no puede seguir con la acción procesal al tratarse de dos personas aforadas. Por ello, insiste en la necesidad de que sea el Tribunal Supremo el que continúe con la instrucción. A su juicio, esperar a nuevas evidencias "podría ser gravemente perjudicial, al no poder investigarse directamente al aforado".

En un primer momento, cuando Garzón sólo disponía de un primer informe de la UDEF fechado el 23 de febrero, la Fiscalía consideró que los indicios contra estos aforados eran insuficientes. El 6 de marzo, la UDEF aportó un nuevo documento donde se concretaban las cantidades presuntamente recibidas por Bárcenas y Galeote. El 23 de marzo, esta unidad policial presentó un tercer informe relativo a la identificación de Bárcenas y Galeote, en el que, además, se ampliaban los indicios incriminatorios.

Garzón reunió los informes y los envió a la Fiscalía para que le autorizara a enviar al Tribunal Supremo los hechos atribuidos a Bárcenas y Galeote. El Ministerio Fiscal contestó el pasado lunes al juez que deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien decida si la implicación del tesorero y el eurodiputado debe llegar al Supremo.

Pasión por los coches caros

Los vehículos de lujo se han convertido también en protagonistas colaterales del caso Gürtel. Primero fue el Jaguar que supuestamente Correa habría entregado a Jesús Sepúlveda, ex alcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la número tres del PP, Ana Mato. Ahora, Garzón asegura que "varias operaciones de compraventa de vehículos estarían relacionadas con Galeote y lo vincularían a Correa y/o empresas de su entorno".

En concreto, un vehículo Land Rover, modelo Freelander, matrícula 8714DGW; y otro Land Rover, modelo Discovery Serie II, matrícula 6871CGJ, transferidos a favor de Galeote el 5 de octubre de 2005 y el 26 de mayo de 2004, respectivamente. Asimismo, la investigación se refiere al pago de un Mercedes valorado en 3.000.000 de pesetas, con fecha de 30 de diciembre de 1999, que aparece en una hoja de contabilidad denominada "Gerardo Galeote.xls".

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