CINCO FIGURAS DE UNIÓ MALLORQUINA, EN LA CÁRCEL DE PALMA POR CORRUPCIÓN

M. A. Munar, M. Nadal y los exconsellers de Economía, M. A. Flaquer, y de Territorio, B. Vicens en la Audiencia Provincial de Palma, el 4 de julio. / EFE

Nadal cumple condena con Buils, Rebassa y Vicens

Munar está encarcelada por riesgo de fuga con condenas de 11 años

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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UM

María Antònia Munar

Miquel Nadal

Corrupción política

Hasta cinco presos, con condenas por corrupción que ejercieron cargos públicos con Unió Mallorquina (UM) en la anterior legislatura en Baleares, coincidirán desde este viernes en la cárcel de Palma. Cuatro de ellos para cumplir penas firmes dictadas por la Audiencia de Palma y ratificadas por el Tribunal Supremo mientras que la quinta persona recluida, Maria Antònia Munar, exlíder de UM y expresidenta del Parlamento, está en prisión por riesgo de fuga. Munar suma 11 años y medio de penas de cárcel por corrupción, que ella ha recurrido, por concesiones amañadas de contratos y ventas públicas.

Miquel Nadal, expresidente de UM y exconsejero de Turismo, ingresa este viernes para cumplir una pena de cuatro años de cárcel por malversar caudales públicos en un contrato menor de 15.000 euros para retribuir trabajos partidistas, al compensar a un activista local. Nadal tiene otras condenas y distintos casos pendientes de juicio y ya ha dado pasos ante fiscales y jueces para ser un pentito, un colaborador de la Justicia para aminorar su carga de cumplimiento entre rejas.

Otro exconsejero de Turismo, Xisco Buils, está en la cárcel por otro contrato malversado de 13.000 euros públicos de los que él firmó el pago de 2.900, con las mismas finalidades partidistas ilegales que en el caso de Nadal. Otro cargo intermedio de UM en la consejería de Turismo, Antoni Rebassa, ha de cumplir cuatro años de reclusión por el mismo episodio que Buils.

El más veterano de los reclusos de Palma que militaron en UM (el partido estalló y se disolvió en 2010), es Tomeu Vicens, exsecretario general del partido, que fue diputado balear, consejero del Territorio en el Consell de Mallorca y compañero de despacho de negocios con Maria Antònia Munar.

Vicens está liquidando las dos penas de tres años por malversación de caudales públicos los contratos menores de 12.000 euros que usó para compensar a su asesor fiscal y a sendos testaferros. Este reo ha devenido un colaborador de la Fiscalia Anticorrupción, a los tres años de estar preso, para lograr penas mínimas y evitar prolongar su estancia en el centro penitenciario.

El antiguo partido de Unió Mallorquina (UM), clave para decidir el poder en Baleares, Mallorca y muchos municipios entre los años 1980 y 2010, tenía 800 afiliados reales. En las últimas elecciones a las que acudió, las autonómicas de 2007 sumó 27.178 votos, el 6,88% sobre una población electora de 699.000. UM apoyó al PP y al PSOE-PSM-IU, indistintamente.

Los presos exPP llegarán a siete en Palma e Ibiza

Desde hace tres años años, excargos del PP cumplen condenas de corrupción en la cárcel del Palma. El exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, está al final de las distintas condenas acumuladas y reducidas hasta cuatro años por corrupción urbanística. Hasta ocho años carga Jaume Massot, exjefe de Urbanismo de Andratx y exdirector del Territorio del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007). Un funcionario de la órbita de Massot e Hidalgo, el celador Jaume Gibert suma cinco años y es un ‘pentito’.

Un caso al margen es Rodrigo de Santos, exnúmero dos del Ayuntamiento de Palma y que fue gerente de la campaña electoral de Matas, que cumple pena de cinco años de cárcel por abusos sexuales y, anteriormente recibió una condena de dos años por malversar fondos con la tarjeta de la empresa pública de la capital. De Santos, con cinco hijos, era activista católico integrista y ya tiene permisos de salida. Perdió su condición de funcionario.

A su vez, en la cárcel de la isla de Ibiza, está preso también desde esta semana y por riesgo de fuga el exconsejero del Gobierno de Matas, José Juan Cardona. El exlíder del PP en Ibiza tiene fue condenado a 16 años de cárcel por la Audiencia de Palma por el llamado ‘caso Scala’, en el que se malversaron hasta 8 millones de euros públicos.

El exdirector general de Cardona, Kurt Viaene, condenado a más de cinco años en un pacto de conformidad, tiene previsto ingresar en horas en la cárcel de Palma, al igual que otra condenada del ‘caso Scala’, la exgerente de un consorcio de promoción, Antonia Ordinas , con más de tres años y medio, quien como Kurt Viane colaboró con la justicia y retornó parte de los malversado. Ambos asumieron las penas de la Audiencia y anunciaron su ingreso.

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ABREN JUICIO ORAL CONTRA DEL NIDO Y MUÑOZ POR EL CASO "FERGOCON"

MARBELLA | Investigan la irregularidad en la contratación de obras municipales

Otras once personas estarían implicadas

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra el letrado José María del Nido, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y otras 11 personas más, en el caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de dicha localidad en 2001 y 2002. Además, insta a que paguen 3,8 millones de fianza como responsabilidad civil.

Además, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado declara a la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento del caso. En esta causa se ha investigado una serie de obras contratadas a la empresa Fergocon, vinculada a dos hermanos de Del Nido; sociedad que supuestamente se habría creado con el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas "sin expediente y sin procedimiento" adecuado.

Así, se ordena abrir juicio oral contra Del Nido y el exalcalde marbellí por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación, todos con carácter continuado. Para ambos, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento como acusación particular, han pedido 11 años de prisión.

Además, el juzgado que ha instruido esta causa, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la apertura de juicio oral contra dos hermanos del letrado; así como contra varios técnicos entonces del Consistorio marbellí, exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor municipal, al que sólo acusa el ministerio fiscal y no el Ayuntamiento. En total, 13 personas.

En cuanto a la responsabilidades civiles, en la resolución se requiere para que presten fianza en la cantidad global de 3,8 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles". Así, se requiere 3,052 millones, que constituye un 80 por ciento, a la entidad Fergocon, Muñoz y los tres hermanos Del Nido; mientras que se requiere lo restante a los otros nueve acusados.

El fiscal ya presentó sus conclusiones provisionales, en las que explicaba que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del letrado sevillano, se constituyó "para canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz" y también se creó otra empresa para facturar trabajos a través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos del letrado.

El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la "aparente ejecución" de las actuaciones y el pago de las facturas emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras públicas "con perjuicio para los intereses municipales".

Estas contrataciones se hicieron a través de una empresa municipal de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del pleno o comisión. "Se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de contratación pública", dice el fiscal, ya que fue "sin presupuesto" previo, "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros.

elmundo.es

UN PAÍS PARA CORRUPTOS: 300 CASOS Y 1.200 MILLONES DE EUROS

Ayer lunes saltó el último caso: imputadas tres primas del Rey y doce empresarios por blanquear dinero en Suiza. El pasado jueves 6 de junio le tocó a la anterior cúpula de Caja Madrid: prisión sin fianza para Miguel Blesa por irregularidades en la compra del City National Bank of Florida. 15 días atrás los protagonistas fueron los ERE de Andalucía: la juez Alaya encarcela a cuatro detenidos, entre ellos el sindicalista de UGT Juan Lanzas, por cobro de comisiones... No hay semana en España que no salga a la luz un nueva imputación o caso de corrupción vinculado a dinero público. Paro, corrupción y economía no dejan dormir

Según los cálculos de este periódico, actualmente se contabilizan en nuestro país alrededor de 300 imputados por casos de corrupción, en todas las comunidades autónomas.

La malversación de caudales públicos, el blanqueo de capitales y el desvío de fondos de todos estos casos suman ya una cantidad que se acerca a los 1.200 millones de euros. Tan sólo el caso de los ERE falsos de Andalucía apunta al reparto de un fondo de reptiles de una cantidad que podría rondar los 712 millones de euros en la última década, pero es que la cifra global podría ser aún mayor porque no incluye ni las supuestas comisiones del 3 por ciento o más que habría cobrado en Cataluña CiU al frente de la Generalitat por otorgar contratos públicos, ni los desvíos del Caso Malaya, en Marbella, muy difíciles de cuantificar.

Las investigaciones en marcha y los informes policiales apuntan que una gran parte del dinero salido de la corrupción podría haber acabado en Suiza. Es el caso de Luis Bárcenas, extesorero del PP; de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y antiguo dueño del grupo Viajes Marsans o de la familia Ruiz-Mateos; del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y posiblemente también de la familia Pujol y de altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

La corrupción salpica a todos los partidos y en todos los ámbitos de la administración. La mayor parte se queda en el ámbito municipal, pero hay también escándalos como el del caso Nóos, el caso Gürtel y los supuestos sobresueldos en el PP, el de los ERE irregulares del PSOE en Andalucía o la presunta financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música que amenazan incluso los propios cimientos del sistema.

144 investigaciones

En conjunto, y de acuerdo con los cálculos y estimaciones realizados por este periódico, la lista la encabeza el Partido Popular, con un total de 144 casos bajo investigación judicial desde que empezó la crisis. Pero tampoco el PSOE se queda atrás, con otros 112 más y subiendo, pese a haber perdido una gran cuota de poder, en el mapa de la corrupción. Algo ya más alejados aparecen CiU e Izquierda Unida, con diez casos más cada uno; el PNV con siete; y Coalición Canaria y Unió Mallorquina con otros seis también cada uno de ellos.

Por comunidades autónomas, la región más afectada por las corruptelas políticas, con gran diferencia sobre las demás, es Andalucía. Acapara 89 casos, lo que supone casi un tercio del total. Especialmente señaladas aparecen también Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Galicia y Baleares.

Gao Ping y las primas del Rey

La última imputación salpicó ayer, de nuevo, a la Casa Real. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde ayer lunes y hasta el próximo 17 de junio a doce empresarios y tres primas lejanas del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama mafiosa china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización.

Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega Cedrón y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de esta última, María Ilia García de Sáez.

Nuevos datos de Urdangarin

En el caso Urdangarin, la investigación que más ha sacudido a la sociedad española desde el pasado año, ayer se conoció -según publicaba el diario El País- que el duque de Palma ordenó falsear facturas para cobrar hasta 240.000 euros al Gobierno de la Comunidad Valenciana. El dato lo dio ayer al juez Castro -que instruye el caso- el publicista valenciano Miguel Zorío, dueño de Lobby de Comunicación, e imputado en el caso Nóos.

Zorío afirmó que desde el Instituto Nóos -el duque de Palma, concretamente- se le hizo modificar el concepto de las facturas presentadas a la Generalitat Valenciana de Francisco Camps una vez que se rechazara una partida. El convenio de dos años con el Instituto Nóos fue por tres millones de euros, de los que la Generalitat pagó 382.203 euros, pero devolvió sin pagar 123 facturas por unos 2 millones que rechazó por no ajustadas a la normativa.

El empresario Zorío, que mantuvo intensas relaciones y negocios con el Instituto Nóos, modificó las facturas de asesoría para el proyecto no realizado de los Juegos Europeos, unos trabajos que no se habían realizado, según la acusación. Zorío detalló que Lobby de Comunicación tenía un contrato con el Instituto Nóos para montar la oficina de la candidatura de Valencia a organizar los Juegos Europeos, con un compromiso de cobro de dos millones de euros en cuatro aportaciones.

También en este caso, ayer la agencia Europa Press informó que el empresario Álex Sánchez Mollinger, que fue interrogado ayer como testigo por el juez Castro, reveló que tanto él como el Duque de Palma cobraron unos 10.000 euros del Valencia Club de Fútbol por cada reunión que mantuvieron -tres en total- para buscar patrocinadores al equipo valencianista.

Hay que recordar que Iñaki Urdangarin también percibió unos 600.000 euros de otro club, el Villarreal CF, por un informe dirigido a buscar un patrocinador para su estadio ante las perspectivas de retorno de esa inversión, ya que se esperaba ingresar un montante de 38 millones de euros en diez años, tal y como puso de manifiesto en su día el presidente del club recién ascendido a Primera División, Fernando Roig.

Blesa y los 100 millones

La entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, la semana pasada, confirmó las noticias publicadas por este periódico sobre la gestiones irregulares del banquero. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid Elpidio José Silva acordó la prisión incondicional sin fianza de Blesa en la causa en la que investiga la compra del City National Bank (CNB) de Florida (EEUU) por parte de Caja Madrid en 2008. Se trata de la segunda vez que el expresidente de Caja Madrid ingresaba en prisión, ya que fue encarcelado por esta misma causa el pasado 16 de mayo, aunque el juez le fijó en esa ocasión una fianza de 2,5 millones de euros, que el banquero abonó al día siguiente.

El ingreso en prisión bajo fianza de Miguel Blesa supuso un hito en el desarrollo de la crisis financiera y el primero desde la entrada de Mario Conde por el caso Banesto. Desde entonces, en nuestro país, a diferencia de otros como Reino Unido o Islandia, ningún banquero ha sido condenado a la cárcel por su gestión al frente de una entidad que ha tenido que ser rescatada con cuantiosas ayudas.

De todas formas, los tribunales investigan a día de hoy a cerca de un centenar de banqueros (90) por su responsabilidad al frente de las antiguas cajas de ahorros.

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"CASO CLOACA"; EL JUEZ DA EL PRIMER PASO PARA SENTAR A LA EX CONSELLERA JULVE EN EL BANQUILLO

CORRUPCIÓN | Desvío de fondos en la recogida selectiva

Pone fin a la instrucción de una de las numerosas causas que afectan a UM

Europa Press | Palma

El juez instructor del caso Cloaca, centrado en un presunto desvío de fondos del Consell de Mallorca por servicios de recogida selectiva de residuos, ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a la ex portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve, tras dos años de instrucción de una de las numerosas causas que afectan a la extinta formación regionalista.

Mediante el auto de pase a procedimiento abreviado que ha dictado este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, pone fin a la instrucción de este caso y da pie a la Fiscalía Anticorrupción para que pueda presentar su escrito de acusación sobre estos hechos, paso previo a la apertura de juicio oral, o por el contrario solicite el sobreseimiento de este procedimiento judicial.

El magistrado ha decretado que, junto a Julve, representada en esta causa por Gabriel Garcías, el proceso penal continúe asimismo contra el empresario Simón Galmés y la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, así como para los también imputados César García y Miguel Rullán.

Por el contrario, el juez ha acordado el archivo para, entre otros, el empresario de FCC Enrique Francia, defendido por el letrado Luis Jordana de Poza; la técnica del Consell María Morey, asistida por el letrado Josep de Luis; el exjefe de servicios del Departamento de Residuos Fernando Ruano, y el exdirector insular Guillem Riera, al no apreciar indicios delictivos contra ellos.

En su extensa resolución, el juez apunta a la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración, entre otros hechos por el presunto desvío de unos dos millones de euros por trabajos no prestados por parte de las UTE Resenetma -en la que estaba integrada Melchor Mascaró- y FCC-Lumsa, mercantiles a las que la Institución insular les adjudicó en 2002, mediante un negociado sin publicidad, el servicio de recogida selectiva.

El instructor señala que, años después, un cambio en el sistema de facturación provocó que las adjudicatarias cobrasen del Consell por servicios que en realidad estaban prestando otras empresas, que a su vez percibían fondos de diversos ayuntamientos por estos mismos servicios. En este sentido, el magistrado asevera que tanto Julve como Riera fueron los responsables de la modificación, si bien precisa que no se aprecia que existiera "ánimo de lucro" por parte de los exaltos cargos públicos.

De forma paralela, el auto hace alusión a las actuaciones de control que, de forma paralela, debían llevar a cabo las concesionarias del Consell sobre la prestación de sus servicios de recogida selectiva, bien directamente o a través de otra empresa contratada al efecto. No obstante, destaca que la empresa a la que le encargaron este seguimiento, Ses Nostres Eines, cobró por ello 9.000 euros mensuales -con cargo a las arcas públicas- sin que conste que realizase control alguno.

De hecho, el magistrado recalca al respecto que en los archivos de la Administración supramunicipal no constan "más que unos pocos informes" de Ses Nostres Eines cuyo contenido es "una mera copia de información facilitada por las empresas adjudicatarias", derivándose de ello que "la contraprestación a tan elevada cantidad no existió". El instructor indica además que el objeto social de Ses Nostres Eines nada tenía que ver con la recogida de residuos.

Suministro de sillas por 30.000 euros públicos

Finalmente, otro de los hechos que han sido objeto de investigación fue la aprobación, por parte del Consell, de un expediente de contratación para el suministro de 2.150 sillas de resina blanca con brazos, para lo cual las empresas que fueron invitadas pertenecían al mismo grupo empresarial, "conculcando los principios de la Ley de Contratación Pública". Según el auto, Coloma Castañer firmó el informe justificativo de este suministro mientras que Julve fue la encargada de resolver el inicio de la licitación.

Es más, el juez señala cómo las sillas fueron pagadas, por un total de 29.928 euros públicos, el 13 de diciembre de 2006 en virtud de una factura falsa emitida contra la Institución por Ses Nostres Eines el 2 de octubre, a pesar de que esta empresa las adquirió para suministrarlas al Consell dos meses después.

Cabe recordar que la Fiscalía elevó a más de tres millones de euros la cantidad supuestamente desviada en el marco de este procedimiento, mientras que un informe pericial del Consell la cifró en más de cinco millones (pese a que su autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado). Por su parte, las concesionarias alegaron por el contrario que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas en este proceso. Más en concreto, el informe aportado por una de las defensas cifraba en 203.711 euros la cantidad supuestamente sobrefacturada.

elmundo.es

EL EXGERENTE DE EMARSA REVELA QUE DIO 100.000 EUROS AL PP DE VALENCIA

El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, tras una comparecencia judicial. / JOSÉ JORDÁN

Esteban Cuesta sitúa al PP en la lista de beneficiarios del saqueo de la empresa

Un concejal de Rita Barberá destinó el dinero a pagar un homenaje a los afiliados del partido

DESCARGABLE La autodenuncia de Esteban Cuesta (pdf)

Miquel Alberola Valencia

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Silvestre Senent, recibió 100.000 euros de Emarsa, según la confesión voluntaria que Esteban Cuesta, el exgerente de la empresa metropolitana liquidada en 2010 con un agujero de 11 millones de euros, entregó este jueves en el Juzgado de Instrucción número 15. Entre los años 2005 y 2009, Senent recibió este dinero fraccionado en “cinco o seis” pagos de 20.000 euros que le fueron entregados a través de Santos Peral, secretario general del PP en el distrito de Patraix, en Valencia, y también empleado de Emarsa. Este dinero, según Cuesta, se habría destinado al “pago del homenaje a los afiliados al PP en el restaurante Alameda Palace” de Valencia.

"El señor Senent llamaba directamente a Santos Peral para que preparara el dinero, se lo entregaba y luego, pasado bastante tiempo desde la realización del evento, me pasaban la factura para su firma. Según todos ellos era práctica habitual de antes de mi llegada", explica Cuesta. Durante ese tiempo, Senent era secretario general del partido en Valencia, cargo que abandonó, tras 20 años, a mediados de enero de 2013.

La autoconfesión de Cuesta, que está imputado por estafa, malversación de caudales, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y delitos societarios en el marco de su actividad en la depuradora de Pinedo, sitúa al PP en la lista de beneficiarios del saqueo de Emarsa. Cuesta explica en su escrito que el concejal de Hacienda del Gobierno de Rita Barberá protegía a uno de los personajes más turbios de la trama, el responsable de informática Sebastián García Martínez, Chanín.

En 2004, el entonces gerente de Emarsa planeó despedirle, según su relato, pero tuvo que desistir por esta razón: “Me dijeron que era intocable, que lo protegía Silvestre Senent”. El actual teniente de alcalde de Valencia presidió Emarsa antes de la llegada al cargo, en 2002, de Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, también imputado.

No es la primera vez que las sombras de sospechas se proyectan sobre Senent. El exconcejal del PP y exdirector de calidad de Emarsa, Juan Carlos Gimeno, también imputado en el caso Emarsa, aseguró en su tercera declaración ante el juez instructor, que el concejal de Hacienda obtuvo diversos regalos de Emarsa: relojes, cheques regalo de unos grandes almacenes, ordenadores o teléfonos a cuenta de la extinta entidad metropolitana encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo. También la que fuera secretaria del gerente de Emarsa durante siete años, Marisol Gálvez, afirmó en una declaración que, según su información, Emarsa también regaló ordenadores a la asesora de Senent, María Dolores Cubells. Gálvez declaró asimismo como testigo que en dos ocasiones llevó regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pagados por la depuradora. Fueron dos bolsos de la marca de lujo Loewe que ella mismo se encargó de comprar los bolsos y llevarlos al Ayuntamiento.

Cuesta, que fue presidente de la agrupación local de Poblats de l’Oest del PP y alcalde pedáneo de Benimàmet por nombramiento de Rita Barberá, refiere en su escrito que cuando se hizo cargo de la gerencia de Emarsa, tras una reunión con el presidente de Emarsa, Enrique Crespo, se le explicó el patrón que debía seguir: “Unas empresas van a realizar las tareas de verdad y otras facturarán por la diferencia”. Un informe elaborado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que era propietaria de Emarsa, comparó la producción y facturación de residuos de la planta en esa etapa, así como los datos proporcionados por la unión temporal de empresas que gestiona ahora la depuradora, y el resultado es que entonces se producía hasta "dos y tres veces" más lodo que ahora. Lo que, traducido por la acusación popular, significa que las cifras de producción de residuos se hinchaban para poder pagar más por servicios ficticios. Varios testigos han admitido que la sociedad pagaba 42 euros por tonelada de lodo al empresario José Ignacio Roca, sobre el que pesa una orden de busca y captura internacional, quien subcontrataba a otra empresa (Notec) que lo hacía por 18 euros.

El exgerente Cuesta reconoce que la diferencia se la repartían entre Roca, Notec y “por partes iguales”, él, Crespo, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, estos últimos responsables de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), un órgano de la Generalitat encargado del control de las depuradoras. Como ya habían declarado dos imputados previamente y ahora ha admitido el exgerente, Cuesta recibía el dinero y se encargaba de darles su parte a los otros tres implicados. Entre los cuatro, llegaron a percibir 180.000 euros al mes. Primero, la entrega se hacía en cajas de zapatos. Posteriormente, Roca depuró la técnica y la distribución de dinero se hacían mediante tarjetas de crédito vinculadas a cuentas del empresario prófugo de la justicia, desde las que Cuesta, Crespo, Bernácer y Morenilla iban haciendo retiradas de efectivo, según ha ratificado ahora el exgerente.

Tras conocer la autoconfesión de Cuesta, el concejal Senent ha negado que recibiera dinero para financiar las cenas de militantes. "Cuando se han organizado cenas, cada uno, yo el primero, ha pagado el tiquet, y están todos los militantes del partido para saberlo, o sea que eso no es verdad y es mentira".

El PSPV, Compromís y EU han exigido este viernes al PP una explicación sobre las declaraciones del exgerente de Emarsa. Tanto el PSPV como Compromís han anunciado que pedirán a la fiscalía que investigue la posible financiación irregular del PP local.

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"CASO OVER MARKETING"; EL PP BALEAR DECLARÓ GASTOS "PALMARIAMENTE FALSARIOS", SEGÚN EL JUEZ

José Castro investiga el 'caso Over MC' sobre la supuesta financiación ilegal del partido

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Caso Over MC

Financiación ilegal

Caso Palma Arena

Corrupción política

Los gastos electorales declarados por el Partido Popular de Baleares, en la liquidación de las campañas autonómicas de 2003 y 2007, “eran irrisorios en sí mismos y palmariamente falsarios”. Lo escribe en un auto el juez José Castro, que investiga el llamado caso Over MC sobre la supuesta financiación ilegal del PP y la malversación de caudales en el Gobierno balear del presidente Jaume Matas. Castro indica que hay “comprometedores documentos” con anotaciones sobre un acuerdo de empresas de no cobrar o no facturar al PP o de “cobrar en dinero procedente de una caja B”.

La contabilidad oficial del PP balear ante la Sindicatura de Cuentas no cuadra con la alzada por la Guardia Civil, que contabilizó en las notas internas de la agencia Over M C que cobró del PP 181.031,65 euros en la campaña electoral de 2007. En las facturas oficiales el PP solo incluyó el pago de 20.000 euros a una firma de la citada agencia.

El partido de Matas, en los comicios de 2007, gastó 1,1 millones de euros y declaró oficialmente 554.102 euros. En un análisis de la Agencia Tributaria consta que Over M C facturaba anualmente a la comunidad entre 737.000 euros y 435.000 según los años. A la Comunidad de Madrid le facturó 1,4 millones en un ejercicio.

Apreciaciones críticas

El juez Castro efectúa las referidas apreciaciones criticas para rechazar la no imputación de unos de los gerentes del PP, Antonio Robles, que tramitó facturas de gastos electorales como si fueran servicios encomendados por empresarios hoteleros, para disfrazar, supuestamente, el origen del gasto.

El instructor reseña que ya en el caso Palma Arena el publicista Miguel Romero de Nimbus declaró haber percibido dinero negro del PP de Matas. La declaración del dueño de Over M C, autoinculpatoria, es uno de los ejes de la instrucción.

Por otra parte, el juez acepta la personación del entrenador de pádel y comisionista de Over M C, Alberto Rodríguez Piñón, al que se intervino una misiva de agradecimiento del expresidente José María Aznar. Este respondía, brevemente, al informe del jugador sobre los trabajos efectuados en la campaña electoral en Baleares. El letrado de Piñón dice que la carta es “irrelevante” y tilda a Aznar de “amigo personal”. El deportista cobró en 2003 un sueldo de 58.467 euros netos de la agencia Over M C.

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"CASO IBATUR"; EL JUEZ IMPUTA A MATAS EN OTRO CASO DE CONTRATACIONES IRREGULARES EN BALEARES

CORRUPCIÓN | Auto del juez

Se abre una pieza separada para incluir la parte del caso Over

El magistrado también imputa a José María Rodríguez y al dueño de Trui

Se investigan contrataciones irregulares desde la conselleria de Turismo

María Fuenteálamo | Eduardo Colom | Palma

El juzgado de Instrución nº 2 de Palma ha imputado en el caso Ibatur al ex presidente del Govern balear, Jaume Matas. El magistrado ha emitido un auto por el cual se abre una pieza separada para incluir la parte del caso Over que tiene que ver con las contrataciones por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) con Over Marketing. En dicho escrito también se imputa al ex delegado del Gobierno en Baleares José María Rodríguez y al dueño de Trui, Miquel Jaume.

En su declaración ante el juez José Castro, el dueño de Over, Daniel Mercado, apuntó a una serie de contratos con Feria Service -actualmente perteneciente a Trui- en los que habría mediado Rodríguez. De esta forma se incluirán en esta causa las investigaciones sobre varios contratos referidos con Fitur.

En el caso Ibatur se investigan presuntas contrataciones irregulares desde la conselleria de Turismo bajo el mandato de Matas. Se trata de una trama urdida durante su segunda legislatura (2003-2007) a través del Instituto Balear de Turismo y por la que se habrían desviado millones de euros públicos. En concreto se investiga un presunto desvío de fondos en la contratación irregular de Over en el marco de la feria FITUR de 2004 y 2005.

Estas nuevas imputaciones se centran en un convenio de colaboración suscrito entre Over Marketing y el Ibatur. Según el auto, dicho convenio lo llevaron a cabo el ex conseller de Turismo Joan Flaquer y Daniel Mercado por un importe de 90.000 euros.

El juez considera en su escrito que existen indicios que consituyen los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y fraude a la Administración pública, entre otros.

Otros ex altos cargos imputados que ya estaban encausados en el caso Ibatur son el propio Flaquer y los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía.

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"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "EL ESCÁNDALO DE LA COOPERACIÓN": BLASCO, IMPUTADO POR SEIS DELITOS

Rafael Blasco en las Cortes valencianas minutos después de conocer la providencia de la juez del TSJ. / MÒNICA TORRES

La juez investiga al ya exportavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas por fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental

Provindencia de la juez Pía Calderón

Un político hechizado por el poder

Federico Simón Valencia

La juez Pía Calderón, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha citado a declarar a Rafael Blasco, actual portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el 18 de octubre en calidad de imputado por los supuestos delitos de fraude de subvenciones, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental, cometidos durante su etapa como consejero de Solidaridad y Ciudadanía, cuando era responsable de la gestión de los fondos para cooperación internacional.

Blasco ha asegurado, minutos después de conocer su imputación, que después de una situación "de indefensión que se ha alargado 24 meses" y en la que no se ha podido defender, la imputación supone una "oportunidad" para dar explicaciones de una acusación que "no tiene ningún fundamento ni ninguna base judicial". El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía se ha mostrado convencido de que la causa "se sustanciará con un sobreseimiento".

Tras conocer su imputación, Blasco ha contactado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que se encuentra en Madrid en la Conferencia de Presidentes para comunicarle su situación judicial y le ha comentado que, tal como anunció en junio, dejará la portavocía del PP. Fabra y Blasco se han emplazado para hablar mañana. Según Blasco, Fabra ha considerado "un acierto" su decisión.

Blasco ya puso su cargo a disposición del grupo parlamentario del PP y del presidente de la Generalitat después de que la jueza viera indicios de delito en su actuación al frente la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y delegó sus funciones en Rafael Maluenda. Ha anunciado que mantendrá su condición de diputado porque ha apuntado que abandonarlo "sería una inconguencia", basándose en la presunción de inocencia ya que no ha sido condenado. Ha insistido en que ha puesto su cargo a disposición del partido porque no quiere ser "ningún problema".

La imputación de Blasco era cuestión de tiempo. La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había "sólidos indicios" sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.

La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.

Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.

Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.

La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en el que se habla de un posible pago al consejero: “Los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno… Ok? Házselo llegar en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se lo deje a la secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “JJ tendrá que poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000 caracteres harían referencia a 5.000 euros.

Hay varios correos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice: “Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y el lunes, recuérdaselo”.

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.

La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.

El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.

La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.

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"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "CASO COOPERACIÓN"; BLASCO DIMITE COMO PORTAVOZ TRAS SER IMPUTADO POR EL FRAUDE DE LAS ONG

Rafael Blasco desde su escaño de las Cortes Valencianas. | Benito Pajares

Declarará ante el TSJ de Valencia el 18 de octubre

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La juez atribuyó a Blasco delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos

Francisco Álvarez | Rodrigo Terrasa | Valencia

El hasta hoy portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha anunciado su dimisión tras ser imputado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el conocido como 'caso Cooperación', que investiga una presunta trama de desvío de fondos del Gobierno valenciano dirigidos al Tercer Mundo durante los años en los que fue conseller de Solidaridad, de 2008 a 2011.

En una providencia dada a conocer poco después del mediodía, la juez Pía Calderón, la encargada de instruir esta causa en el TSJ de Valencia, ha citado a declarar al dirigente 'popular' el próximo 18 de octubre, a las 10 horas ante la existencia de "sólidos indicios de su participación en la comisión de los hechos investigados inicialmente calificados como fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental".

Esta comunicación se ha producido apenas 24 horas después de que este mismo tribunal imputara a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su antecesor Luis Díaz Alperi (ambos diputados autonómicos) por el 'caso Brugal'. Ambos comparecerán ante el juez Juan Climent un día después, el 19 de octubre.

La reacción de Blasco no se ha hecho esperar. En declaraciones a la SER, ha anunciado que dimite como síndico 'popular' "convencido de su inocencia", cumpliendo así con el compromiso alcanzado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, antes del verano, una vez que el cerco judicial parecía estrecharse cada vez más sobre su figura.

Al parecer, podría formalizar su decisión en la próxima reunión del grupo parlamentario, que habitualmente se produce antes de los plenos en la Cámara autonómica y que esta semana arrancará durante la mañana del miércoles.

No obstante, fuentes del PP han confirmado a Efe que el ex conseller, que ya había sido apartado de sus funciones como portavoz (no así del cargo, que mantenía formalmente), mantendrá su escaño como diputado autonómico, lo que le otorga la condición de aforado y garantiza que el proceso continúe en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La imputación de Rafael Blasco se antojaba una cuestión de tiempo después de que la primera semana de septiembre, el TSJ se declarara competente para seguir la investigación y designara a la magistrada Pía Calderón como instructora. Era el capítulo previo al escrito este martes.

Y era la respuesta a la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, la juez Nieves Molina, de remitir el caso al TSJ tras hallar indicios de delito en la conducta del ex conseller.

La juez estimaba que Blasco podría haber cometido delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

De su auto, demoledor, se derivaban las sospechas de que Blasco cobró dinero de una trama en la que presuntamente participaron empresarios afines y altos cargos de su confianza.

Según consta en el sumario del caso, la trama captó cerca de 6 millones de euros destinados a ayudas al Tercer Mundo. Subvenciones concedidas por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua, por ejemplo, acabaron destinándose, presuntamente, a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

La juez cree que Blasco "conocía el fin último de Augusto César Tauroni [cabecilla de la trama] de lucrarse con los fondos obtenidos de las subvenciones de la Consejería de Solidaridad" y sospecha que incluso participó con Tauroni de sociedades en EEUU.

Un mes antes, en junio, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, ya había decidido apartar a Blasco de sus funciones tras la primera providencia judicial que apuntaba al portavoz del PP. "Él sabe cuáles son las barreras que no se pueden pasar dentro del PP", advirtió Fabra.

Desde entonces Blasco no ha ejercido como portavoz en las Cortes (fue relevado por Rafael Maluenda) pero no ha perdido su cargo.

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Miguel Ángel Cámara, en unas jornadas de movilidad sostenible. | Sergio Enríquez-Nistal

POLÍTICA

Agencias | Murcia

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía, para que preste declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El pasado 9 de abril el alcalde de Murcia, del Partido Popular, defendió que en el Ayuntamiento de Murcia "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general".

Cámara hizo estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apuntaba que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia tenía previsto imputarle en el denominado caso 'Umbra', tal como finalmente ha ocurrido.

Esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.

El PP murciano ha salido en defensa de Cámara, expresando en una nota su "plena confianza" en su gestión. "Como siempre, el PP expresa su respeto a la Justicia y muestra su plena transparencia y colaboración con todas las instancias judiciales y los principios consagrados por la Constitución Española", concluye la nota.

La concejal portavoz del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, también ha querido apoyar a su alcalde y ha defendido la legalidad de los convenios urbanísticos investigados en esta operación, añadiendo que, en lo referente a la legalidad de los convenios de la zona norte de la ciudad, "fue investigada y avalada en su día por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el análisis riguroso del Tribunal de Cuentas

Operación Umbra

La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

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