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miércoles, 17 de abril de 2013

"CASO SCALA"; CARDONA ERA "QUIEN ORDENABA INYECTAR FONDOS ANTE EL GASTO DEL CDEIB"

Juicio
Cardona era 'quien ordenaba inyectar fondos ante el gasto del CDEIB'

Europa Press | Palma

La ex jefa del departamento de gestión económica de la conselleria de Comercio durante los cuatro años en que se urdió una presunta trama de desvió de fondos a través del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB), ha apuntado en su declaración como testigo que el ex conseller Josep Juan Cardona era quien "indiscutiblemente" ordenaba la constante inyección de fondos desde otros departamentos ante el "excesivo" gasto al que estaba sometido el organismo público.

En su comparecencia ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, la ex responsable ha recordado cómo el presupuesto del que estaba dotado el consorcio "se agotaba con cierta rapidez", de modo que "había que hacer varias transferencias de dinero a lo largo de un año", después de que así lo solicitara Cardona, quien reclamaba ampliaciones de crédito para llevar a cabo las actuaciones que planificaba.

Según ha recordado a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en varias ocasiones transmitió al entonces conseller que "los gastos eran desproporcionados" y se "permitía" preguntarle que "qué pasaba con tanto viaje a China", donde supuestamente Cardona y los también exaltos cargos Kurt Viaene y Antònia Ordinas desplegaron negocios aprovechando las actividades de promoción que la Conselleria impulsaba con fondos públicos en el país asiático.

"La confianza que tenía con él me permitía trasladarle de este modo mis preocupaciones", ha apuntado la testigo, quien ha explicado que ella se encargaba de tramitar las transferencias de crédito y que Cardona era quien, además, "indiscutiblemente" era quien autorizaba "en última instancia" la asistencia a ferias o a cualquier otro acto por parte del CDEIB. En cualquier caso, ha manifestado que nunca llegó a ver ningún estudio o trabajo de los que se encargaban desde el consorcio, de ahí que preguntase "cuál era el resultado de tanto viaje".

La testigo ha recordado cómo finalmente, al cabo de varios años, fue cesada de su cargo a raíz de las declaraciones que, en esta línea, efectuó en el marco de esta causa.

En concreto, la Fiscalía apunta en relación con estos hechos que el presupuesto anual del que disponía el CDEIB resultaba notablemente insuficiente, agotándose dichos fondos en los primeros meses, lo que provocaba que constantemente se requiriese la inyección constante de fondos públicos procedentes de la Conselleria de Industria o desde organismos dependientes de la misma bajo la cobertura de supuestos convenios de colaboración.

El Ministerio Público postula además que se tuvo que acudir a un préstamo bancario por importe de cuatro millones de euros, al tiempo que desde el CDEIB se contrataban numerosos servicios sin la dotación financiera correspondiente, lo que conllevaba que tuviesen que abonarse multitud de servicios mediante el sistema de endosos.

lunes, 15 de abril de 2013

"CASO SCALA"; LA MUJER DE ORDINAS ADMITE QUE EMITIÓ FACTURAS EN FAVOR DE LA TRAMA


TRIBUNALES | Caso Scala


Europa Press | Palma

Isabel Rosselló, cantante de ópera y esposa de la exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antònia Ordinas, ha admitido durante su declaración como acusada en el juicio por el caso Scala que, a través de su empresa Gabinete Alays, emitió por orden de su esposa, en favor de la trama presuntamente urdida en torno al organismo público.

La acusada ha prestado declaración durante poco más de veinte minutos ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, y en su comparecencia ha manifestado que, junto a Ordinas, ha devuelto en el marco de esta causa más de 600.000 euros, procedentes de las comisiones que su mujer guardaba en dos cajas de Cola Cao en el jardín de su casa, así como de la venta de su vivienda.

En cualquier caso, Rosselló, a preguntas de su abogado, ha manifestado que aún no ha reintegrado todo el dinero defraudado, comprometiéndose así a reparar por completo el daño causado.

Por otro lado, y en relación a otra de las empresas vinculadas a la trama, Sayju, adjudicataria de numerosos contratos por parte del CDEIB para la realización de estudios y participación en eventos que supuestamente no respondían a finalidad pública alguna, la soprano ha manifestado que en el caso de esta mercantil no se encargaba de elaborar las facturas sino que ha afirmado creer que las hacía otra de las inculpadas, Daniela Beaumont.

La Fiscalía apunta a que de Sayju eran socios ocultos tanto Ordinas como el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona y el exdirector general de Ordenación del Territorio Kurt Viaene, principales acusados en la vista oral que se celebra desde hace una semana, mientras que era gestionada de hecho por la exgerente del CDEIB y por Beaumont.

En cuanto a Gabinete Alays, las acusaciones sostienen que Rosselló actuó por oden de Cardona, Viaene y Ordinas para constituir esta sociedad al efecto, entre otros objetivos, de ser contratada por su compañera sentimental y emitir facturas falsas para encubrir el cobro de comisiones a los adjudicatarios del CDEIB.

Pago de comisiones
Por su parte, otro de los inculpados que esta mañana ha prestado declaración, Jaime Gil, ex director general bajo el gobierno de Jaume Matas y administrador de otra de las mercantiles que se encuentra bajo lupa judicial, Taller Gràfic, ha reconocido que pagó comisiones a Ordinas mientras que, en lo que a los trabajos que realizó para el CDEIB se refiere, los entregó "puntualmente y no recibí ninguna queja".

De hecho, ha señalado que los trabajos fueron utilizados por la Administración, entre ellos folletos impresos y cajas de productos, por los que Gabinete Alays emitió facturas por indicación de Ordinas. Finalmente, ha indicado que siempre cobraba después de que los trabajos ya estuvieran hechos.

"CASO SCALA"; "CARDONA ME ENCARGÓ EN EL PARLAMENT LOS FOLLETOS PARA EL PP DE IBIZA"


Juicio
El publicista Joan Rosselló admite el pago de comisiones del 15% a Ordinas

Eduardo Colom | Europa Press | Palma

El publicista Joan Rosselló, acusado en el marco del caso Scala, ha admitido el pago de comisiones del 5 al 15% a Antonia Ordinas, la ex directora del CDEIB y una de las imputadas en la causa que investiga la financiación irregular del PP balear durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB). Rosselló ha explicado que le exigían el pago de estas comisiones como proveedor del organismo público.

Según ha contado en su declaración durante el juicio por esta causa, que se ha reanudado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma, era la ex gerente del CDEIB Antònia Ordinas quien le pedía las comisiones y le comentaba al principio que "eran para financiar al PP", mientras que posteriormente "ya no sólo eran para el partido sino para repartir" con el entonces conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, y el ex conseller director de Promoción Industrial Kurt Viaene.

Las empresas de Rosselló facturaron 5,5 millones de euros a la conselleria de Cardona.

Rosselló es el publicista que, siendo proveedor del CDEIB, se encargó de hacer los folletos de propaganda electoral del PP de Ibiza. Rosselló ha recordado cómo Cardona, en la propia sede del Parlament balear, le encargó la elaboración de esos folletos electorales del PP de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2007, cuyo transporte desde Mallorca a Ibiza y Formentera fue sufragado, según las acusaciones, con fondos del CDEIB. Un trabajo por el que el consorcio pagó unos 30.000 euros.

A preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, el empresario, para quien el Ministerio Público solicita un año y cinco meses de prisión, ha explicado que las comisiones se pagaban a través de facturas que le entregaba Ordinas y que procedían del llamado Gabinete Alays, de la que era formalmente administradora la pareja de la ex gerente del CDEIB, Isabel Rosselló -también acusada-.

Por otro lado, Rosselló, administrador de las mercantiles Estudi Joan Rosselló y Fires Geremi, supuestamente vinculadas a la trama, ha recordado cómo Cardona, en el Parlament balear, le encargó la elaboración de unos folletos electorales del PP de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2007, cuyo transporte desde Mallorca a Ibiza y Formentera fue sufragado, según las acusaciones, con fondos del CDEIB.

'Niveles de urgencia brutales'
"No tengo la memoria que tiene tanta gente, pero me acuerdo que tras este encuentro hubo varias reuniones más con Cardona para pulir los contenidos", ha precisado el acusado, apuntando que el exconseller le puso en contacto con el exjefe de gabinete de éste en la Conselleria, José Manuel Alcaraz, para tratar este asunto.

Fue cuando el trabajo estaba "casi terminado" cuando Ordinas le dijo que, por instrucciones de Cardona, no se le iba a pagar la realización de la propaganda ante la elevada facturación que durante ese mandato había percibido del CDEIB, lo que "lógicamente me sentó mal porque no tenía por qué regalar nada".

El inculpado ha negado que, cuando trabajaba para el consorcio, cobrase primero por servicios posteriores, aseverando que "siempre he hecho primero el trabajo y luego he cobrado" y recordado que el CDEIB "siempre ha trabajado a unos niveles de urgencia brutales".

Por otra parte, una de las acusadas no ha podido asistir a la sesión de hoy, puesto que, según ha contado su acusado al inicio de la sesión, el pasado viernes sufrió un infarto de miocardio y continúa hospitalizada.

miércoles, 10 de abril de 2013

"CASO SCALA"; ORDINAS IDENTIFICA A CARDONA EN SUS NOTAS SOBRE EL REPARTO DEL NEGOCIO

Tercer día de juicio
Kurt Viaene señaló al ex alcalde en su escrito de confesión
Admite el amaño de 5,5 millones para diseñar la imagen de las ferias por sobornos
Dice que autorizó 'una subvención encubierta' a Asaja cuando la presidía Company

Eduardo Colom | Palma

Antonia Ordinas, la ex directora del CDEIB, una de las principales imputadas en el caso Scala, cuya tercera sesión del juicio se celebra hoy en la sección primera de la Audiencia de Palma, ha declarado ante el juez que el ex conseller de Industria Josep Joan Cardona le contó que el ex alcalde de Manacor, Antoni Pastor, le presionó para que otorgara unas contrataciones "a dedo". Con esta declaración, Ordinas ratifica la confesión de Kurt Viaene, imputado también en la causa, que implicó Pastor en la trama.

La ex directora del CDEIB ha continuado con su declaración, que empezó ayer por la mañana, y con su relato de cómo se cobraban y repartían las comisiones en el consorcio investigado. Ordinas ha identificadoa Cardona en sus notas sobre el reparto del negocio. Al mostrarle una anotación que pone "PKFA 1.000 euros a partir del primer pago", la ex directora ha señalado que la P. corresponde a Pep Cardona.

Ordinas ha admitido el amaño del pago de 5,5 millones de euros públicos para diseñar la imagen de las ferias a cambio de sobornos de entre el 5% y el 15%. Todo en efectivo y con facturas falsas a sus tapaderas.

Como ejemplo de las farsas que montaron en el CDEIB para apropiarse de fondos públicos, Ordinas ha contado cómo usaron como pretexto la elaboración de un informe titulado "¿Superará India a China?".

Otra de las situaciones irregulares que ha contado Ordinas ha sido el día en que Felipe Ferré, imputado también en el caso, le entregó "un documento bancario falso" y cuando ella se lo comentó al director de una oficina bancaria, este le dijo que no lo denunciara porque Ferré era pariente del ex presidente Jaume Matas.

Durante la segunda sesión del juicio celebrada ayer, Ordinas contó que "los 250.000 euros que había en las latas de Cola Cao eran de comisiones cobradas durante aquellos".

El fiscal ha exhibido durante la declaración anotaciones de Ordinas dirigidas a Asaja cuando la asociación (de jóvenes agricultores) estaba presidida por el ahora conseller Biel Company. Se trata de dos convenios de hasta 36.000 euros anuales y según la ex directora del CDEIB, también eran "subvenciones encubiertas". En esa ocasión, ha asegurado que seguía de nuevo órdenes del ex conseller Cardona.

Ordinas, que pactó con la Fiscalía, contó que "había dólares de una comisión por un trabajo en Los Ángeles". La ex directora del CDEIB ha apuntado que tenía el dinero guardado en un banco, pero cuando empezaron a salir en prensa supuestas irregularidades del CDEIB que ella dirigía quiso "tener el dinero cerca". Entonces, ha señalado, fue cuando lo escondió en las famosas latas de Cola Cao, que están expuestas en la sala durante el juicio.

El ex directora del consorcio investigado es la tercera principal acusada en la trama. En su domicilio se halló la famosa lata de Cola Cao durante un registro. Para ella, que ha colaborado en la investigación de los hechos y ha devuelto dinero, la Fiscalía pide ahora 4 años de cárcel, en lugar de los siete que pedía inicialmente y la multa de 1,05 millones.

La confesión de Viaene
El ex director general de Promoción Industrial en la legislatura 2003-07, Kurt Viaene, entregó el primer día de juicio un escrito de confesión en el que afirma que él mismo pagó comisiones al ex conseller de Industria. "Entregué a Cardona cinco sobres con 20.000 euros cada uno", asegura en su escrito de cinco páginas Viaene, que vió cómo la Fiscalía ha rebajado su petición de pena a 5 años y 10 meses de cárcel, en lugar de los 20 que pedía inicalmente.

Segun señaló en su confesión Viaene, las comisiones provenían del dinero público desviado con empresas tapadera. El ex director general de Promoción Industrial aseguró también que Cardona tenía "el control férreo" de todo, la "última palabra" en todo, y que era accionistsa a través suyo (de Viaene) de empresas que cobraban el dinero.

Cardona es el único acusado que no ha pactado con la Fiscalía y precisamente ayer, en la primera sesión del juicio, Kurt Viaene también le señaló directamente a él como principal responsable.

La causa está ligada al hallazgo durante la instrucción de dichas latas de Cola Cao que ocultaba presunto dinero malversado y que han estado expuestas en la sala durante toda la sesión. En este segundo día de juicio está prevista también la declaración del ex conseller de Industria de la última legislatura de Jaume Matas, Josep Joan Cardona.

Además

jueves, 27 de octubre de 2011

EL "CASO SCALA" LLEGA A LA AUDIENCIA

Desvío de fondos públicos

* La Fiscalía pide 115 años y medio de prisión para sus 18 encausados

Europa Press | Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma será la encargada de enjuiciar a los 18 acusados del caso Scala, una compleja trama de presunta corrupción centrada en el desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal inculpado es el ex conseller de Industria, Comercio y Energía, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) después de que el proceso haya entrado este jueves en la Audiencia y, por turno de reparto, haya sido asumido por la Sección Primera, que precisamente será también la encargada de juzgar en enero al expresidente del Govern, Jaume Matas, así como la pieza número 1 del caso Voltor, cuyo principal acusado el exconseller de Turismo del Govern y expresidente de UM, Miquel Nadal. Por el momento no se ha fijado fecha para la vista oral del caso Scala.

Una causa en el marco de la cual la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, se enfrentan a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).

Además de los dos exaltos cargos, las acusaciones reclaman 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En el marco de estas pesquisas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

La Fiscalía apunta al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
 
Los delitos
Por todo ello, sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.

Cabe recordar que en su auto de apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, acordaba una fianza de responsabilidad civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, los tres principales imputados de la causa, y de la que también debían responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exigía 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas debía prestar otros 23.473 euros.

Por su parte, en su escrito la Fiscalía reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.

Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular

elmundo.es

lunes, 30 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; LA FISCALÍA SUBRAYA QUE LOS CONTRATOS SE SIMULARON PARA QUE CARDONA Y OTROS SE LUCRARAN

Corrupción en el CDEIB

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción subraya, en su escrito de acusación de 418 páginas que ha presentado en el marco del caso Scala, que "absolutamente" todos los expedientes de contratación tramitados durante la pasada legislatura del PP por el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) fueron simulados a fin de que los fondos de esta empresa pública finalizasen en las cuentas del entonces conseller Josep Joan Cardona y otros acusados que se vieron beneficiados de esta presunta trama.

En un contundente escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público afirma, en base al análisis de los 133 contratos impulsados por el Consorcio y de las numerosas facturas halladas sin justificación alguna que las ampare, que los expedientes de contratación fueron la pieza "fundamental" del "engranaje" ideado por los imputados para lucrarse y tienen su origen "en un acto ilegal y arbitrario" efectuado al margen de la Ley.

"No se trata de meras irregularidades, sino de infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas que entran en plena contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de la administración e incurriendo en una ilegalidad voluntaria", incide la acusación pública, que solicita para los 18 acusados de esta causa un total de 115 años y medio de prisión así como elevadas indemnizaciones. Las penas de cárcel más elevadas las piden para Cardona, ex conseller de Comercio, Industria y Energía (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).

Tal y como asevera el escrito, en todos los expedientes de contratación es Cardona quien acuerda su inicio y quien resuelve la adjudicación a determinadas empresas, que habían sido creadas al efecto y que eran controladas por los principales acusados a través de presuntos testaferros. Un complejo entramado del que, de acuerdo a las investigaciones, se sirvieron para desviar más de siete millones de euros de las arcas públicas.

Y es que con su conducta, los imputados consiguieron que más de 3,7 millones de euros públicos fuesen desviados para su beneficio privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros 3,3 millones. Asimismo, obtuvieron el cobro de más de 1,2 millones de euros de las comisiones que los proveedores del CDEIB se vieron obligados a pagar por su contratación.

Cabe señalar que, además de Cardona y Viaene, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, pide 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En concreto, sobre Cardona, principal imputado en esta compleja causa, pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, mientras que la Fiscalía solicita el decomiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.


elmundo.es

jueves, 26 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; LA JUEZA IMPONE UNA FIANZA DE 7,3 MILLONES A CARDONA, VIAENE Y ORDINAS

Los tres serán enjuiciados
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La juez del caso Scala ha decidido sentar en el banquillo al ex conseller del PP en la legislatura de Jaume Matas, Josep Joan Cardona, por el saqueo del CDEIB. Además, le impone una fianza civil de 7,3 millones de euros a la que deberá hacer frente junto a la exgerente de este organismo, Antònia Ordinas, y el ex director general de Promoción Económica Kurt Viaene, que también serán enjuiciados.

De los 7,3 millones la juez obliga al PP a abonar como responsable civil subsidiario, 14.000 euros por los gastos electorales que fueron abonados con cargo al CDEIB.

La decisión de la magistrada se produce tan solo tres días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un escrito de calificación de más de 400 páginas, 21 años de prisión para el ex conseller, al considerarlo principal responsable del desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para beneficiar a empresas de personas allegadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

martes, 24 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; EL GOVERN SE SUMA A LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA DE 21 AÑOS DE CÁRCEL PARA CARMONA

Europa Press | Palma

La abogacía de la Comunidad Autónoma solicita 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, sumándose de este modo a la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Scala. En esta misma línea, reclama 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, principales acusados de esta causa.

Así consta en el escrito de calificación que ha presentado la acusación particular, ejercida por la abogada Mari Ángeles Berrocal, quien se ha adherido al que ya presentó este lunes el Ministerio Público, según han informado fuentes jurídicas. Ambas acusaciones se dirigen contra un total de 18 personas que presuntamente participaron en una trama que habría servido para desviar unos siete millones de euros desde el CDEIB a empresas próximas durante la anterior legislatura del PP (2003-2007).

Al igual que la Fiscalía, la Comunidad Autónoma acusa a Cardona, Viaene y Ordinas de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude a la Administración y cohecho. Además, para todos los imputados reclama penas privativas de libertad, si bien no en todos los casos implicará su ingreso en prisión por ser menos de dos años los que la Fiscalía solicita para ellos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Ahora la jueza instructora del caso, Piedad Marín, debe dictar auto de apertura de juicio oral.

Cabe subrayar que las dos acusaciones achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

De este modo, al igual que ya detallaban la Fiscalía y la acusación particular al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB a todas las ferias y eventos posibles así como contratar cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público, una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, postulan, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse. De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB, según apuntaba la Fiscalía.

En este contexto, las acusaciones apuntan al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.
Otros imputados contra quienes se dirigen las acusaciones

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía Y la acusación particular solitan penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También figuran en los escritos el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.


elmundo.es

lunes, 23 de mayo de 2011

"CASO SCALA"; PIDEN 21 AÑOS DE CÁRCEL PARA CARDONA POR DESVIAR SIETE MILLONES A TRAVÉS DEL CDEIB

Petición de la Fiscalía
Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción solicita, en un escrito de calificación de más de 400 páginas, 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, al considerarlo principal responsable del desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para beneficiar a empresas de personas allegadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Sin embargo, Cardona no será el único ex alto cargo del PP que se sentará en el banquillo de los acusados en el marco del caso Scala ya que el Ministerio Público pide asimismo 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas. La acusación se dirige también contra otros 16 inculpados que presuntamente se vieron beneficiados de esta trama.

En concreto, la Fiscalía acusa a los tres principales encausados de cometer los delitos de malversación, asociación ilícita, fraude y cohecho, según han informado fuentes jurídicas. Y es que la acusación pública achaca a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos.

Tal y como ya detallaba la Fiscalía al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, relataba el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.

Robo sistemático
Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.

Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía solita penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.
 
elmundo.es

jueves, 16 de julio de 2009

MATAS PREPARA ACCIONES CRIMINALES CONTRA FERRÉ POR CALUMNIAS

CASO SCALA | Y por denuncia falsa

* El ex concejal de Lloseta del PP y familiar del propio Matas le acusa de ordenar inflar facturas en un 40% para una feria en Miami

Efe | Palma

El ex presidente del Govern balear, el popular Jaume Matas ha encargado a su abogado, Rafael Perera, que prepare acciones criminales contra el ex concejal de Lloseta del PP y familiar del propio Matas, Felip Ferré, por calumnias y denuncia falsa.

Ferré, que está imputado en el llamado caso Scala que investiga presunta corrupción en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la pasada legislatura, ha declarado esta semana ante el juzgado de Instrucción número 4 de Palma que el ex presidente Matas conocía la supuesta trama.

Perera ha emitido un comunicado en el que anuncia que, en nombre de Matas se ha personado en el citado juzgado "para rechazar rotundamente las acusaciones totalmente falsas hechas por Felip Ferré" contra el ex presidente, al que ha acusado de ordenar inflar facturas en la pasada legislatura.

"Además he ofrecido al juzgado la declaración personal de Jaume Matas, quien al efecto se desplazaría desde Estados Unidos para comparecer ante dicho juzgado y dar toda clase de explicaciones desmintiendo las 'invenciones' que, por motivos bastardos, se ha atrevido a hacer el citado Ferré", señala la nota de Perera.

El letrado también aclara en su comunicado que Matas le ha precisado "accidentalmente que, aunque es cierto que tiene algún parentesco con la mujer de Felip Ferré, sus contactos con él fueron muy escasos y esporádicos y jamás tuvieron relación con las actividades políticas que éste desarrollaba", concluye.

Felipe Ferré, casado con una sobrina del ex presidente del Govern, afirmó en su declaración que "Jaume Matas siempre estaba cubierto, ya que intentaba eludir todo contacto directo" con el ex concejal.

Asimismo, Ferré ha acusado al ex conseller de Comercio, Industria y Energía y actual diputado del PP en el Parlament balear, Josep Juan Cardona, de haberse lucrado con fondos del CDEIB; al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene; a la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas; y al socio de ésta última, Arnaldus Mateo Van den Hurk.

A éstos tres últimos los ha acusado de haber creado una presunta trama de corrupción vinculada a tres empresas: Comarca Global Consulting, Gourmet and Boutique Island e Ias Hong Kong.

Además

* Cardona niega haberse lucrado de fondos públicos
* Flaquer: 'Nunca pedí comisiones ni inflé facturas'
* PP lo tacha de 'rollo macabeo'
* Ferré ratifica su acusación contra Matas

ELMUNDO.ES

miércoles, 15 de julio de 2009

FERRÉ RATIFICA SU ACUSACIÓN CONTRA MATAS E IMPLICA A RAMIS EN LA TRAMA CDEIB

Corrupción

* El imputado consuma el pacto con la Fiscalía que desveló EL MUNDO
* Incrimina a la cúpula del PP sin documentos que avalen su testimonio
* 'Matas ordenó inflar facturas en un 40% para una feria en Miami'
* Cuantifica 'en 250.000 euros' lo que fue a parar al PP

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

«Estaba de viaje con [el conseller de Industria] Josep Juan Cardona y el director general Kurt Viaene, y estando de escala en el aeropuerto de Frankfurt el conseller recibió una llamada de Jaime Matas». Así arranca uno de los pasajes de la declaración judicial escrita con la que, como adelantó detalladamente EL MUNDO, uno de los imputados del caso CDEIB trata de incriminar directamente al ex presidente del Govern del PP en la millonaria trama de corrupción y cobro de comisiones. Se trata de Felipe Ferrè, ex concejal del PP de Lloseta y contratista del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares acusado de usar sus empresas para desviar fondos y cobrar comisiones y quien ahora, un año después de ser imputado y tras negociar previamente con la Fiscalía a cambio de una eventual rebaja en sus cargos, ha decidido «colaborar con la Justicia».

«Cuando colgó el teléfono, Cardona estaba muy indignado porque Matas le había dicho que por orden suya debía realizarse una feria en Miami sólo de comunidades autónomas gobernadas por el PP porque tenía un compromiso con Madrid y el comentario de Cardona fue que por lo visto el que montaba la feria era 'su amigo', que supongo que es Zaplana», prosigue Ferré en la confesión entregada, ratificada y ampliada hace unos días ante la jueza que investiga el caso. Una ratificación que ha estado bajo secreto de sumario hasta esta semana. «Entonces se llegó a un acuerdo entre la comunidad balear, la comunidad de Madrid y la comunidad de Valencia para participar en esta feria y Matas le dijo a Cardona que hinchase la factura de Gourmet –Gourmet and Boutique Islands, empresa administrada por Ferré con la que se sacaba dinero del CDEIB y cuya propiedad «real» la Fiscalía atribuye a Cardona y Viaene– correspondiente a la feria de Miami; así me lo dijo Cardona».

«Antònia Ordinas (la ex gerente del Consorcio) me ordenó hinchar la factura de Gourmet con el 40%, y esto eran órdenes directas de Matas», continúa la confesión. Al final, remata Ferré, se emitió una factura de 20.654,06 euros el 5 de mayo de 2006. «El 40% de esa factura se la entregué a Ordinas y no sé si llegó algo a Matas; mi conclusión es que una parte del dinero se fue a parar al PP».

Asimismo, y pese a que no ha aportado pruebas documentales que acrediten su versión, en su declaración Ferré asegura que Matas fue quien autorizó el proyecto Honey Moon, un millonario plan de supuesta promoción turística que pasaba por producir un concurso de televisión en China en el que se sortearía un viaje a Mallorca. Un plan que la Fiscalía sostiene que no fue sino una excusa para sacar fondos del CDEIB.

Implica a Flaquer

Incluso llega a decir que «recibía llamadas al móvil del propio Matas, siempre con número oculto, interesándose por mi trabajo» y que el ex presidente conocía la existencia de una trama de empresas participadas por los dirigentes del CDEIB para expoliar sus arcas «ya que estaba al tanto de todo lo que yo hacía sin habérselo comentado antes».

Además
PP tacha de "rollo macabeo" que Ferré implique a Matas en el caso Scala

ELMUNDO.ES

martes, 14 de julio de 2009

CITAN DE NUEVO A CARDONA DESPUÉS DE QUE FERRÉ LE ACUSE DE LUCRARSE

Con el CDEIB
Será interrogado de nuevo como imputado tras negociar con la Fiscalía
Le atribuye el cobro de comisiones
Eduardo Colom Esteban Urreiztieta Palma
El ex conseller de Industria y Comercio y actual diputado parlamentario del Partido Popular Josep Juan Cardona ha sido citado nuevamente a declarar ante el Juzgado de Instrucción nº 4 que investiga la trama de corrupción en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB). Organismo público que dependía de su departamento durante la pasada legislatura y que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por haber sido «saqueado» por un grupo supuestamente compinchado de políticos y empresarios al frente del cual los fiscales sitúan al propio Cardona.

El líder popular ibicenco deberá someterse a un nuevo interrogatorio judicial el próximo 6 de agosto (ya ha ido en otra ocasión) después de que uno de los contratistas investigados del CDEIB, el ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré, le acusase a finales del pasado mes de junio de haberse lucrado directamente mediante el cobro de comisiones de la trama de empresas que se llevaban contratos públicos.

Un testimonio, el de Ferré, que ha sido promovido por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares para reactivar un caso que estalló el 29 de septiembre de 2008 con la detención de la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, acusada del cobro masivo de comisiones –hasta el 40% del presupuesto público que salía para eventos destinados a promocionar productos típicos o estudios de mercado– y de asociarse en diversas empresas al propio Ferré para autoadjudicarse contratos millonarios.

El ex edil de Lloseta había ido a declarar en anteriores ocasiones y principalmente se había dedicado a incriminar a Ordinas y al ex director general de Industria Kurt Viaene, también imputado en el caso. Sin embargo, no fue hasta hace apenas unas semanas, ya con la instrucción judicial muy avanzada y tras haber negociado con los fiscales, cuando presentó una oferta de confesión de contenido demoledor que dio origen a la apertura de una nueva pieza secreta. Y que provocó que Piedad Marín, titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Palma que se hace cargo del caso, llamase de nuevo a Ferré para que fuese interrogado. A cambio de su testimonio, Ferré previsiblemente obtendrá ventajas procesales para su defensa.

martes, 16 de junio de 2009

EL PP PRESENTARÁ UNA QUEJA ANTE EL CGPJ POR LAS "FILTRACIONES" DEL "CASO SCALA"


La formación popular afirma que hay una «persecución» judicial por parte de la Fiscalía

Rosa Estarás, presidenta del Partido Popular en Baleares

JOSEP MARÍA AGUILÓ | PALMA DE MALLORCA

El portavoz del PP balear, Carlos Simarro, dio a conocer ayer que la formación popular presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia ante «las continuas filtraciones a los medios de comunicación» de documentos relativos al llamado «caso Scala», que investiga un presunto caso de corrupción que se habría producido en la pasada legislatura en el seno del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), órgano que dependía del consejero de Comercio, Josep Juan Cardona, que se halla imputado por este caso.

Según la anterior responsable del CDEIB, Antònia Ordinas, parte del dinero cobrado por la adjudicación irregular de contratos se habría destinado a la edición de publicidad electoral del PP en Ibiza, extremo que Simarro volvió a desmentir.

Arropado por la dirección regional del partido, con su presidenta Rosa Estaràs al frente, Simarro dijo que ahora habría «una persecución» judicial contra el PP.

Las citadas «filtraciones» estarían provocando «juicios paralelos» y una situación de «indefensión», al llegar a la prensa acusaciones que desconocen los propios imputados. Simarro defendió la «honorabilidad» de Cardona, y señaló que el objetivo de la Fiscalía sería «lesionar a la gente y a los partidos contrarios».

Preguntado por la posibilidad de que la Fiscalía pueda estar actuando de forma inversa en otros casos, en velada alusión a la actual presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, y al «caso Son Oms», Simarro dijo que lo que contra el PP sería «persecución» en UM estaría siendo «salvaguarda».

Asimismo, afirmó que el PP ha actuado de forma «contundente» cuando ha habido presuntos casos de corrupción en su partido, y añadió que si desde el Gobierno balear se pide la dimisión de Cardona, debería pedirse también la del presidente del Consejo de Ibiza, el socialista Xicu Tarrés, y la de diversos cargos de UM

ABC.ES

martes, 9 de junio de 2009

EL FISCAL PIDE QUE EL "CASO SCALA" PASE AL TSJB PARA ENJUICIAR A CARDONA

ACOSO A LA CORRUPCIÓN. ANTICORRUPCIÓN IMPUTA VARIOS DELITOS AL DIPUTADO DEL PP

Josep Juan Cardona y su abogado Josep Zaforteza, en los juzgados de Vía Alemania. Foto: M.Massuti

La magistrada de instrucción 4 tendrá que decidir si plantea una exposición motivada

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. La fiscalía anticorrupción ha pedido formalmente a la jueza de instrucción 4 de Palma que se inhiba del caso Scala, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al CDEIB (el Consorci per el Desenvolupament Econòmic de Balears en el anterior Govern del PP), ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y de cara al enjuiciamiento del hoy diputado autonómico del PP Josep Juan Cardona. Anticorrupción imputa al ex conseller de Comercio Cardona los delitos de malversación de caudales, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y fraude a la administración, por un lado, y, por otro, lo relaciona con el pago de gastos electorales del PP con fondos públicos.

Los fiscales delegados de anticorrupción en Balears Pedro Horrach y Juan Carrau han redactado un pormenorizado escrito donde reseñan los indicios que existen contra Cardona, defendido por Josep Zaforteza y Alberto García. Cardona ya figura como imputado en el sumario que instruye la magistrada Piedad Marín. Pero para avanzar en la causa, dictar la apertura de juicio oral contra él, acusarle formalmente y enjuiciarlo es competente la sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB, dada su condición de diputado aforado. La magistrada tendrá que decidir ahora si eleva al Alto Tribunal una exposición razonada sobre la conveniencia de encausar a Cardona.

Estudios y trípticos

Cardona, por un lado, está imputado como presunto responsable por no hacer nada para impedirlo, o participar activamente, de la supuesta trama que entre 2003 y 2007 se dedicó a saquear los fondos del CDEIB y desviar cientos de miles de euros a los bolsillos particulares de los principales responsables de la organización o sus familiares, entre ellos Antònia Ordinas, ex gerente del consorcio; su esposa, la soprano e historiadora Isabel Roselló; y el ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene. También un reducido grupo de empresarios, publicistas y consultores externos consiguieron miles de euros de fondos del Govern por su presunta implicación en la trama: ya sea pagando comisiones a la cúpula del organismo, cargando sobrecostes o mediante estudios o informes absurdos, a veces copiados de internet, o beneficiándose de substanciosas contratas. Cardona también es sospechoso de pagar con dinero público el envío a Eivissa de miles de trípticos electorales del PP ibicenco, que el presidía.

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lunes, 6 de octubre de 2008

LAS ACUSADAS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN ESCONDÍAN EL DINERO EN SU JARDÍN

JOSEP MARÍA AGUILÓ | PALMA DE MALLORCA

La juez Piedad Marín, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma de Mallorca, decretó el sábado por la noche el ingreso en prisión sin fianza de uno de los principales acusados por la Fiscalía en el caso de la presunta trama de corrupción que se habría desarrollado en el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) entre 2003 y 2007, en concreto, del ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene, a quien se le imputa la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la Administración, delitos que Viaene negó el sábado haber cometido.

Su declaración contrastaba, no obstante, con la que pocas horas antes habían hecho ante la misma juez las otras dos principales acusadas en este caso, Antònia Ordinas, gerente del CDEIB en la pasada legislatura autonómica, y su esposa, la soprano Isabel Rosselló. En concreto, Ordinas reconoció que entre 2003 y 2007 cobró comisiones ilegales de diversas empresas a cambio de adjudicarles contratos, y afirmó también que Viaene cobraba igualmente comisiones, en connivencia con ella.

El juez decreta prisión sin fianza para el ex director general de la Promoción Industrial

Reconoce los delitos
Asimismo, reconoció todos los delitos que le imputa la Fiscalía, que serían los mismos que habrían cometido su esposa y el ex director general de Promoción Industrial. Tanto el CDEIB como la Dirección General de Promoción Industrial dependen de la Consejería de Comercio, y los hechos ahora investigados se habrían producido cuando el presidente del Ejecutivo autonómico era el popular Jaume Matas.

Hace ahora justo una semana, el pasado lunes, se puso en marcha en Mallorca la denominada «operación Scala», desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Agencia Tributaria y el Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía, que se inició con la detención provisional de 11 personas y con el registro de diversas oficinas y viviendas.

Ordinas y Rosselló, que habían sido detenidas ya el mismo lunes, se habían negado a declarar el pasado martes ante la policía y el pasado jueves ante el juez, que ese mismo día decretó el ingreso en prisión sin fianza de ambas.

En su declaración del pasado sábado, el matrimonio dijo también a la juez que estaba dispuesto, además, a hacer entrega de unos 240.000 euros que tenía escondidos en el jardín de su finca, ubicada en el municipio mallorquín de Pòrtol. Ordinas explicó a la juez que ese dinero procedería de parte de las comisiones ilegales que habría cobrado años atrás.

En un bote de cacao
Una comisión judicial se desplazó entonces, a primera hora de la tarde del sábado, hacia dicho chalet, junto con Ordinas y con Rosselló, y una vez allí, la ex gerente del CDEIB señaló el lugar en donde tenía oculto ese dinero, una bolsa y una caja metálica de cacao en polvo enterradas entre unas coles del pequeño huerto que cultivaba el matrimonio, en donde fueron encontrados diversos documentos y la citada cantidad de dinero.

En los primeros momentos de la investigación, se creía que Ordinas y Rosselló habrían cobrado en comisiones ilegales en torno al millón y medio de euros, si bien tras las declaraciones efectuadas a mediados de la pasada semana por parte de algunos de los empresarios imputados en este caso, ahora se considera que las comisiones podrían haber llegado hasta los dos millones de euros en total, ya que, en alguna ocasión, Ordinas habría cobrado hasta un 60 por cien del importe global del contrato que adjudicó. Los pagos se hacían, al parecer, a través de la cuenta corriente de Rosselló y de una sociedad de la que ella era la única administradora.

Otro hecho que se está investigando ahora es el de la fórmula que se habría utilizado para hacer los contratos, ya que todo apunta a que Ordinas utilizó un despacho de asesores para que redactaran los documentos que luego eran presentados a los empresarios, ante las sospechas y los recelos que, ya desde un primer momento, habrían despertado en técnicos del CDEIB el elevado número de contratos que se hacían.

ABC.ES