lunes, 12 de marzo de 2012

"CASO PALAU"; EL JUEZ EMBARGA LAS PROPIEDADES Y LAS CUENTAS DE MILLET Y MONTULL


Felix Millet, a la izquierda, y Jordi Montull, durante la comisión del Parlament que investigó las irregularidades en la gestión del Palau / CARLES RIBAS
Entre los bienes figuran dos cuadros, de Nonell y Casas, que se depositarán en el MNAC

Jesús García Barcelona

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El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música, Josep Maria Pijoan, ha decretado el embargo de los bienes de los saqueadores confesos de la institución musical, Fèlix Millet y Jordi Montull; de la hija de este, Gemma Montull, y de las esposas de ambos. Se trata, sobre todo, de cuentas corrientes y propiedades inmobiliarias que deben servir para cubrir los 24 millones de euros de fianza impuestos hace casi un año a Millet y a Montull. Entre los bienes figuran dos cuadros —Figura de dona, de Isidre Nonell, y Retrat de la nena Sardà, de Ramon Casas— que el juez ordena depositar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Hasta la fecha, los imputados no han hecho efectiva la totalidad de la fianza por el saqueo del Palau. Millet es el que más ha aportado (más de cuatro millones de euros), mientras que quien fue su mano derecha ha consignado menos de un millón. Los imputados sí habían puesto a disposición del juzgado algunos de los bienes. El pasado mes de enero, los Mossos d’Esquadra presentaron a petición de Pijoan un informe detallado de los inmuebles y productos financieros de todos los imputados. En base a esa nueva lista, el juez ha decretado el embargo. Según fuentes de la investigación, la totalidad de bienes pueden ser insuficientes para cubrir la fianza. Una opinión de la que discrepan fuentes de la defensa de los implicados en el escándalo.

El informe de la policía autonómica detalla las propiedades declaradas por Fèlix Millet en 2010: más de 50 bienes inmuebles repartidos entre Cataluña y Menorca (1,6 millones); acciones y fondos de inversión (2,2 millones) y depósitos en cuentas corrientes (alrededor de 250.000 euros). Millet también dispone de otras propiedades a través de empresas, a lo que hay que sumar ahora, con la decisión del juez, la fortuna de su mujer.

Las pinturas de Casas y Nonell quedarán a resguardo del MNAC, que tras la entrada y registro en el Palau, en el verano de 2009, ya había mostrado su intención de comprarlas e incluso se habían producido reuniones para confirmar la autenticidad de las pinturas y tasarlas. Finalmente, la operación no se llevó a cabo, señalaron fuentes cercanas a la investigación. El embargo afecta también a vehículos, barcos y muebles; entre ellos, un palco y dos asientos del Liceo, confirmaron ayer fuentes judiciales. Una de las cuentas corrientes embargadas que figura a nombre de Gemma Montull corresponde, en realidad, a un menor de edad, por lo que la defensa pedirá que se revise la situación.

“Las responsabilidades civiles están garantizadas en este caso. Solo contando el patrimonio, ya hay de sobras para cubrir la fianza”, explicaron fuentes de la defensa. Según el abogado de Montull, Jordi Pina, los 24 millones impuestos como fianza son “excesivos”. “Nuestros peritos están trabajando con una horquilla mucho más correcta, entre 10 y 16 millones”, apuntó.

"CASO EMARSA"; EL JUEZ RÍOS CITA AL EX ALCALDE DE MANISES PARA ESTUDIAR LA RETIRADA DE SU PASAPORTE

El próximo miércoles 14 de marzo
El juzgado ha embargado un dúplex del ex edil del PP Juan Carlos Gimeno
También se ha retenido una vivienda de la pareja de Enrique Arnal
Imputa a los administradores de las sociedades ACRA y ORBA

Agencias | Valencia

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha citado el próximo miércoles al ex alcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación Provincial Enrique Crespo (PP), imputado en el "caso Emarsa", para la posible adopción de medidas cautelares como la libertad provisional o la retirada de pasaporte.

El titular de este juzgado, que investiga una supuesta malversación de fondos públicos en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha dictado este lunes una providencia en la da trámite a la petición de la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE, y convoca una comparecencia con todas las partes personadas que comenzará a las 9.30 horas.

En la misma, se decidirá si el expresidente de Emarsa queda en situación de libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y si se le retira el pasaporte para evitar que deje el país.

El juez ya ha adoptado esta medida respecto los otros cuatro principales imputados: el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, el ex director financiero Enrique Arnal, el responsable informático, Sebastián García 'Chanin', y el administrador de Notec, José Luis Sena.

Dos viviendas embargadas
Por otra parte, el instructor ha ordenado el embargo preventivo de una vivienda dúplex del exconcejal del PP y ex diputado provincial Juan Carlos Gimeno para cubrir la cantidad de 300.000 euros de responsabilidad civil.

Gimeno fue director de calidad de Emarsa entre 1997 y 2004, y fundó una empresa que facturó cerca de 120.000 euros a la sociedad pública en cursos de formación.

El juez también ha ordenado el embargo de una vivienda de Eva María Marsal, pareja de Arnal y administradora del Grupo Mas, por cubrir la cantidad de 100.000 euros.

En el auto del día 12, el magistrado ordena ampliar la investigación y tener como imputados a Oleksandr Kurales y a Nina Kurales, como administradores de las mercantiles ACRA 575 S.L. y ORBA 68 S.L. El primero era también empleado por cuenta ajena de una mercantil que no es objeto de la presente investigación; y la segunda estaba dada de alta en el Régimen Especial de Empleados Hogar.

Dos imputados más
Según explica en esta resolución, estas dos mercantiles iniciaron su actividad el día 13 de enero de 2006, y ambas -que se constituyeron con un capital de 3.010 euros- tenían el mismo objeto social: la promoción de obra pública y privada, construcción y venta de edificios de toda clase, parcelaciones y urbanizaciones, compra y venta de fincas urbanas y rústicas, y promoción y construcción de viviendas.

Estas dos mercantiles mantuvieron relaciones comerciales con Emarsa a lo largo del ejercicio 2006, sin que hubieran expedientes de contratación. En total, ACRA facturó a Emarsa en este periodo 60.280,03 euros, y ORBA 68.930,62 euros. En las facturas emitidas por ambas mercantiles se recoge que Emarsa era el cliente '4300019', es decir, el mismo número.

Este número de cliente era el que también fijó la mercantil Rehabilita Aqua S.L. para facturar a Emarsa. Esta última empresa estaba administrada por el imputado Daniel Calzada, quien también era propietario de Llar Calzada S.L.

Al respecto, el magistrado mantiene que los presupuestos, mediciones y 'certificaciones' que se adjuntaban a las facturas de ACRA y ORBA eran formalmente idénticos a los que se unían a las facturas emitidas por el empresas de Daniel Calzada. Todas ellas contenían conceptos genéricos que no permitían determinar dónde se habían realizado las obras y trabajos facturados.

Asimismo, y según se desprende de la base de datos de la Agencia Tributaria, los únicos clientes de ACRA en 2006, además de Emarsa, fueron Rehabilita Aqua (22.040 euros) y Llar Calzada (11.500,92 euros); mientras que los únicos clientes de ORBA en el mismo año fueron Rehabilita Aqua (23.580,48 euros) y Llar Calzada (44.692,48). Ninguna de las dos mercantiles declararon ni recibieron imputación alguna en concepto de pagos.

Por estos motivos y "coincidencias", el magistrado decide imputar a estos dos administradores, y también pide oír en calidad de imputados en relación con estos hechos a Daniel Calzada; al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta; al ex director financiero de la entidad, Enrique Arnal; y al ex presidente del Consejo de Administración y consejero delegado, Enrique Crespo.

Además

"CASO MALAYA"; REÑONES: "GIL ME DIJO QUE LLEGÓ A UN ACUERDO CON CHAVES PARA ECHAR A JULIÁN MUÑOZ"

Nuevas revelaciones del ex futbolista
Asegura que el ex regidor 'iba a entregar la ciudad de Marbella al PSOE'
El ex jugador del Atlético de Madrid se enfrenta a 15 años de prisión

José Carlos Villanueva | Málaga

La declaración del ex jugador del Atlético de Madrid Tomás Reñones, este lunes en la Audiencia de Málaga, prometía y no ha dejado a nadie indiferente al aportar nuevas e inéditas revelaciones en el juicio por el caso 'Malaya'. El ex segundo teniente de alcalde del GIL, procesado por prevaricación, malversación y cohecho pasivo, ha asegurado lo siguiente: "Jesús Gil me dijo que había llegado a un acuerdo con Chaves y Zarrías para echar a Julián Muñoz y disolver el GIL".

Hasta el momento ninguno de los acusados, ni siquiera la ex alcaldesa Marisol Yagüe, había sido tan explícito a la hora de vincular al ex presidente de la Junta de Andalucía y su entonces consejero de Presidencia con los pormenores de la moción de censura que acabó con los 40 días de mandato de Julián Muñoz como alcalde electo, en agosto de 2003. "Gil nos dijo que había llegado a un acuerdo con el PSOE y el PA. El PP quería entrar pero ponía como condición la Alcaldía", ha recordado Reñones en relación con aquellos días finales de julio de 2003.

En tal contexto, el ya fallecido ex presidente del Atlético de Madrid, al que Reñones se ha referido como "el señor alcalde" a pesar de que llevaba más de un año inhabilitado en firme, "me volvió a nombrar al señor Zarrías y al señor Chaves y yo le dije que si estaba de acuerdo con ellos, con García Marcos y Carlos Fernández se iban a acabar todos los problemas, porque Gil le estaba entregando la ciudad al PSOE", ha dicho en alusión al supuesto pacto del GIL con la Junta y los socialistas andaluces.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, el ex defensa internacional de la selección española ha negado haber recibido sobornos del principal acusado, Juan Antonio Roca, mediante sobres. Se da la circunstancia de que en su primera declaración, cuando fue detenido en la primavera de 2006, Reñones sí reconoció haber recibido sobres con dinero que la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe "me entregaba como premio". Luego se retractó y dijo que se autoinculpó para no ir a la cárcel. No le sirvió de nada.

En su escrito de calificación provisional la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex segundo teniente de alcalde recibió 162.000 euros del ex asesor urbanístico marbellí, repartidos en distintos sobres entre 2004 y 2006. El Ministerio Público reclama para Reñones 15 años de prisión y 200.000 euros de multa.

Durante el extenso interrogatorio el que fuera concejal delegado de Deportes ha relatado que el elegido para ser alcalde y sustituir a Julián Muñoz era el edil del GIL José Luis Fernández Garrosa: "Todos le votamos a él, pero llegó Marisol Yagüe a la notaría y se armó un lío tremendo, porque ella exigió ser la alcaldesa". Gil aceptó.

Reñones, muy molesto por la imposición de su jefe de filas, ha asegurado que el entonces concejal socialista Silvestre Puertas, firmante junto a Diego Lara de dicha moción de censura le dijo que "todo estaba pactado con la Junta de Andalucía y que yo no estropeara". Puertas y Lara se retiraron de aquella operación de transfuguismo político al día siguiente de suscribir el pacto, al sentirse "engañados" por Isabel García Marcos. Ambos continuaron en la oposición e interpusieron más de una decena de denuncias urbanísticas contra la tránsfuga socialista. Recientemente, gracias a una de ellas, ha sido condenada junto a otros ex ediles, tras pactar con el fiscal multa e inhabilitación.

Además

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL ALCALDE DE LUGO, JOSÉ LÓPEZ OROZCO, IMPUTADO

López Orozco ya compareció en febrero para negar las acusaciones de Dorribo. | S. P.
Por un presunto delito de prevaricación


Tendrá que declarar el próximo 23 de marzo, según él mismo ha confirmado
Dorribo habría vinculado un patrocinio con unas obras en las naves de O Ceao
López Orozco ya compareció en febrero para negar las acusaciones de Dorribo
El regidor acaba de ser elegido como presidente de los socialistas gallegos

Silvia Pena | Lugo

El alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSdeG), tendrá que declarar como imputado dentro de la 'operación Campeón', según él mismo ha confirmado este lunes ante los medios de comunicación. La juez encargada del caso, Estela San José, le imputa un presunto delito de prevaricación que podría estar relacionado con una licencia de edificación otorgada por el Ayuntamiento.

Como ya informó ELMUNDO.es, el levantamiento parcial del secreto de sumario de la investigación deja al descubierto varias declaraciones del empresario Jorge Dorribo en sede judicial, en las que relata el supuesto pago de patrocinios a cambio de la gestión realizada por el alcalde para que el empresario pudiese unir sus naves de Nupel en el polígono de O Ceao a través de una ley derogada. Un aspecto que la juez Estela San José habría decidido investigar.

Dorribo reconocía en su declaración ante la juez que patrocinar los eventos en el Ayuntamiento de Lugo le había resultado "más fácil" que acometer las obras en sus instalaciones. También afirmó que de la gestión se había ocupado personalmente el regidor, con quien habría acordado buscar una fórmula que le permitiese unir unas naves que la ley urbanística no permitía comunicar entre sí, salvo que se efectuase un retranqueo.

En sus declaraciones a la prensa, convocadas en un principio para valorar el congreso del PSdeG de este fin de semana en el que Orozco fue elegido nuevo presidente del partido, el regidor mostró su "sorpresa" por la citación, aunque apostilló que "en Lugo ya no tenemos que sorprendernos de nada". Insistió en que él no trató el tema de la licencia con Dorribo "ni en persona ni por persona interpuesta".

Segunda ronda de declaraciones
Estela San José cita a declarar al alcalde de Lugo en la semana en la que ha comenzado la segunda ronda de testificaciones en el marco de una operación que trata de averiguar si existió una trama vinculada a Laboratorios Nupel para conseguir subvenciones públicas de manera irregular. Una investigación que ya suma 40 imputados y que provocó la dimisión de un diputado del PP, uno del BNG y la imputación del ex ministro de Fomento, José Blanco, lo que ha dado lugar a una pieza separada de la causa que investiga el Tribunal Supremo.

La nueva fase de la investigación lleva hoy de nuevo al Juzgado a los dos ex altos cargos del Igape imputados en la causa, Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva, que volverán a prestar declaración ante la juez.

Declaración de Orozco
En concreto, López Orozco ha precisado que la declaración se producirá a las 10.00 horas del próximo 23 de marzo por un presunto delito de prevaricación. Orozco había salido al paso de las acusaciones de Dorribo previamente, momento en el que anunció que interpondría una querella criminal contra el empresario, una demanda que posteriormente avanzó que ampliaría a tenor de los nuevos datos que trascendieron con el levantamiento del sumario.

"No hay más ni puede haber más", remarcaba Orozco al conocer las acusaciones de Dorribo en relación con el dinero entregado al Ayuntamiento de Lugo a través de patrocinios de varios eventos culturales, como el Arde Lucus o el Lugo10, un programa creado para conmemorar el décimo aniversario de la muralla romana como Patrimonio Mundial.

Orozco aclaró este lunes que su próxima declaración "es una buena oportunidad para explicar a la juez que las licencias cumplen todos los requisitos que tienen que cumplir las licencias, que es un acto reglado. Y por tanto si es así tendré la oportunidad de poder explicarlo". También hizo alusión a las antigüedades que posee en respuesta a unas declaraciones del empresario Jorge Dorribo, en las que aseguraba haber introducido antigüedades en España de manera irregular para políticos y empresarios, entre los que estaría el alcalde de Lugo.

López Orozco rechazó que estas declaraciones tengan nada que ver con él, puesto que, explicó, no posee piezas de este tipo en su vivienda ni bajo su propiedad. Incluso aprovechó para bromear con el tema al comentar que "lo más viejo" de la casa es él mismo.

El alcalde también trasladó su deseo de que "la justicia sea igual para todos", por lo que considera que si el criterio para emitir citaciones judiciales e imputaciones tiene que ver con "las personas que cita Dorribo", se llame a declarar "absolutamente a todo el mundo", en velada referencia al presidente de la Xunta, Alberto Núñéz Feijóo, a quien Dorribo implica en sus conversaciones –recogidas en el sumario- en la concesión de subvenciones públicas otorgadas por el Igape.

El alcalde de la ciudad de las murallas no quiso pasar por alto "el daño enorme" que se le hace a la ciudad, por lo que dejaba caer que "alguien le tiene que poner coto". En relación con la denuncia presentada contra el empresario, abundó que seguirá "hasta el final, porque ya está bien. Ya está bien de que se juegue con la honorabilidad, no solo del alcalde de Lugo que es muy grave sino en contra de mi persona. Estoy dispuesto a llegar hasta el final para rematar con esta cantinela y con esta serpiente de verano", concluyó.

Confianza en Orozco y Blanco en el PSOE
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha confiado en que tanto el exministro de Fomento, José Blanco, como el alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, puedan demostrar su inocencia en el 'caso Campeón', en el que ambos están imputados, y ha asegurado que el partido no tomará de momento ninguna decisión en relación con ellos.

"Vamos a esperar a ver cuál el transcurso del proceso y de momento no vamos a adoptar ninguna decisión", ha dicho Valenciano en rueda de prensa en Ferraz, preguntada sobre si el partido prevé adoptar decisiones sobre estos dos imputados en caso de que avance el proceso contra ellos.

Además

EL ALCALDE SOCIALISTA DE LUGO DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN EL "CASO CAMPEÓN"

El alcalde de Lugo junto a José Blanco/Archivo
SE LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO
La juez Estela San José ha acordado levantar el secreto de las actuaciones en el caso que implica al exministro José Blanco.

LD / agencias

La juez Estela San José, que instruye el sumario de la operación Campeón, ha citado a declarar como imputado al alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), por presunta prevaricación, ha anunciado él mismo en conferencia de prensa.

López Orozco, que deberá comparecer ante la jueza el próximo día 23, ha declarado que desconoce los motivos por los que la jueza le imputa un delito de prevaricación.

En el sumario de la operación Campeón, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones, el principal encausado, el empresario Jorge Dorribo, declaró en una de sus últimas comparecencias ante la jueza, en febrero, que pagó a cambio de favores a algunos políticos, entre ellos López Orozco.

Además, el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que instruye la relación del exministro de Fomento José Blanco con la denominada Operación Campeón, ha acordado levantar el secreto de las actuaciones y dar traslado de las mismas a las partes.

En un auto, fechado el pasado jueves, aunque notificado este lunes, el alto tribunal recuerda que el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, del que es titular Estela San José, acordó hace unos días el alzamiento del secreto de la causa que investiga una presunta trama de cobros ilegales de subvenciones públicas.

El levantamiento parcial se produjo después de que la Audiencia Provincial de Lugo determinase que debería alzarse antes del 4 de marzo al estimar los recursos de queja que interpusieron los abogados defensores de los ex diputados autonómicos Fernando Blanco (BNG) y Pablo Cobián (PP).

Ahora, el juez instructor del Supremo acoge el criterio del Ministerio Fiscal interesándose por el alzamiento del secreto de las diligencias que afectan al hoy diputado socialista y que tramita el alto tribunal dada su condición de aforado.

Esta decisión se produce después de que el juez Soriano ordenara a finales de febrero prorrogar por el plazo de un mes el secreto parcial de las actuaciones a tenor de las "necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias de prueba" practicadas en el juzgado de Lugo.

El Ministerio Público solicitó entonces prolongar el secreto en "salvaguarda de las garantías procesales de los imputados y las exigencias derivadas del interés público, así como de lo revelado en las declaraciones de éstos".

No obstante, el juez instructor sí acordó el pasado 24 de febrero el levantamiento parcial de las actuaciones referidas a las declaraciones del imputado Jorge Dorribo para ponerlas en conocimiento del exvicesecretario general del PSOE.

Por el momento, han declarado ante el Supremo el propio Blanco, los empresarios Jorge Dorribo, José Antonio Orozco, el primo político del exministro, Manuel Bran, y otros empresarios implicados en la trama.

En el marco de la Operación Campeón sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

En el marco de la causa investigada por la juez de Lugo Estela San José, Dorribo acusó a Blanco en distintas declaraciones de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.

El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez.

Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al exministro de Fomento y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico, en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.

En la exposición razonada que la juez remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al exministro por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias derivados de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.